Argumenta Valdez falta de atribuciones; la FEPADE ve difícil que declaren testigos
El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pusieron ayer sus límites a una posible investigación por compra y coacción de voto durante las pasadas elecciones presidenciales.
Leonardo Valdés, a nombre de los nueve consejeros, argumentó que el instituto electoral carece de atribuciones para sancionar esos ilícitos y destacó que los castigos son competencia estricta de la FEPADE.
En un mensaje público leído por el presidente consejero, el Consejo General del IFE garantizó que las investigaciones relacionadas con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos se llevan a cabo con apego a la ley. No obstante, insistió, quien debe resolver los delitos electorales es la fiscalía especializada.
"Es importante aclarar, que la competencia plena y las atribuciones del IFE, en materia de origen y aplicación de recursos, se ubican en los temas del control, vigilancia y fiscalización de los partidos políticos y sus campañas", destacó Valdés en su pronunciamiento.
"Es en ese campo, y en la investigación de los procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de actos de los distintos sujetos regulados, que pudieran implicar una presión o coacción del voto, donde el IFE realiza las indagatorias necesarias para emitir una resolución. Contrario a lo anterior, el IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal, mismos que son competencia plena de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales".
Mientras tanto, en una reunión con medios de comunicación, Imelda Calvillo, titular de la FEPADE, dijo que ese órgano no contaba hasta ayer con testimonios de quienes aceptaron vender su voto a cambio de un pago, recompensa o dádiva, que, aseguró, es requisito que debe de tener el Ministerio Público antes de poder consignar el expediente ante un juez.
"Es difícil, lo sabemos, que tengamos a estas personas declarando ante el Ministerio Público y que reconozcan que ellos comprometieron su voto", subrayó.
Calvillo indicó que en el caso de la presunta compra de votos mediante el uso de tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana, la FEPADE inició la averiguación previa de oficio, pues la Coalición del Movimiento Progresista, que públicamente ha responsabilizado al PRI por estos hechos, no ha presentado denuncia ante el Ministerio Público.
Fuente: Reforma
