Observadores electorales dan a Proceso un juicio provisional: las elecciones del domingo 1 estuvieron alejadas de la equidad y la legalidad. Y explican que las denuncias de compra y coacción del voto, las irregularidades documentadas y la debilidad manifiesta de las instituciones se suma a la intimidación y los altos niveles de violencia en varias entidades del país, a donde los enviados de diversas ONG simplemente no pudieron ir.
MÉXICO, D.F.- Miles de denuncias por la compra y coacción del voto; instituciones “debilitadas”, “insuficientes” e incluso “ineficientes” y cientos de irregularidades en el Estado de México son los principales problemas denunciados por los observadores nacionales y extranjeros durante la jornada del domingo 1 y que, dicen, arrojan serias dudas sobre la equidad y legalidad del proceso electoral.
Además los estados donde ha ocurrido la mayoría de los más de 60 mil asesinatos de la guerra contra el narcotráfico –Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, los más notorios– no tuvieron observadores: los de las delegaciones y organizaciones civiles mexicanas y extranjeras se vieron obligados a excluir la tercera parte del país de su monitoreo y declarar “puntos ciegos” al menos 10 entidades.
En esas regiones, afirman varios grupos de observadores y analistas, no existieron las condiciones “necesarias” para un efectivo protocolo de observación y vivieron escenarios de violencia extrema que volvieron “imposible” el monitoreo electoral.
Advierten que las miles de anomalías detectadas en las zonas que sí fue posible observar implican un grave retroceso en la consolidación de la democracia en México y plantean serias interrogantes sobre la equidad y la legalidad de la jornada electoral que concluyó con el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI, según el conteo preliminar del Instituto Federal Electoral (IFE) al cierre de esta edición.
“Zonas de guerra”
Beatriz Camacho, directora de la ONG Alianza Cívica (AC) –que en los comicios presidenciales de 2006 exigió el recuento voto por voto– dice a Proceso que para esta elección decidieron no enviar a ninguno de sus 500 observadores a 10 estados considerados “zonas de guerra”: entre ellos Tamaulipas, Durango, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
“No tenemos elementos para saber si esos estados estuvieron vigilados”, afirma Camacho. “Son puntos ciegos donde ni siquiera podemos saber cuántas personas dejaron de votar o fueron intimidadas”.
La ONG registró que grupos de narcotraficantes amenazaron comunidades enteras en Michoacán desde semanas antes de la elección. En zonas de Tamaulipas y Nuevo León también se reportó que los partidos políticos tuvieron que “negociar” con narcotraficantes para instalar propaganda electoral y llevar a cabo sus tareas básicas durante la jornada.
“Estos focos rojos nos dejaron a los observadores a merced de los representantes de los partidos políticos”, señala Camacho. “No hay estudios para entender los costos de la violencia y la inseguridad en la elección, como sí existen en Colombia, por ejemplo”.
Además de los 10 estados que no fueron observados, apenas hubo una limitada presencia de AC en otras regiones conflictivas.
“Estuvimos en Sinaloa, pero sólo en Culiacán. En Chihuahua sólo fuimos a Ciudad Juárez porque es el referente más importante, pero no fuimos a la Sierra, no nos fuimos a meter a las localidades rurales”, dice Juan Acosta Castillo, coordinador de los observadores de la ONG.
En Rincón Chamula, Chiapas, uno de los estados no monitoreados por AC el IFE cerró nueve casillas por hechos violentos en los que se “perdieron” tres paquetes electorales completos.
En los estados que sí fueron vigilados AC reportó cientos de casos de compra y coacción del voto, lo que significó, según un muestreo estadístico hecho por la ONG al terminar la elección, que 26% de los ciudadanos sufrió la violación a la secrecía del voto en todas las casillas del país.
El mismo muestreo reveló que 15% de la ciudadanía denunció conocer a personas que fueron presionadas por los partidos políticos para comprar o condicionar su voto. Ese porcentaje es el más alto desde la elección presidencial de 1994, explica Camacho, quien afirmó que es necesaria una reforma electoral que imponga una reducción al financiamiento excesivo de los partidos políticos y que al mismo tiempo les prohíba actuar con impunidad durante procesos electorales.
“Confío en el conteo de los votos al nivel de las instituciones electorales”, señala la directora de AC. “Pero considero que todas las irregularidades en las casillas influyen de manera determinante en los resultados de la elección. Plantean dudas sobre la equidad y la legalidad de la elección, lo que se cocinó previamente y que hoy culminó con este resultado”.
Hasta el cierre de edición el sitio observacionelectoral2012.com.mx –plataforma oficial de monitoreo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– registró mil 233 denuncias de irregularidades, compra y coacción del voto, intimidación y violencia en todo el país.
Por su parte el sitio contamos.org.mx, creado por un grupo ciudadano, registró hasta el cierre de edición mil 922 denuncias similares. Éstas serán canalizadas a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), organismo que AC considera “debilitado” por su bajo presupuesto y poca efectividad.
“El resultado de la compra y coacción del voto es difícil de cuantificar y el IFE, la Fepade y el Tribunal (Electoral) resultan autoridades insuficientes y en algunos casos ineficientes para tan grave problema”, afirma Camacho.
En Chimalhuacán, Estado de México, que según estudios de AC es el más clientelar del país, los observadores encontraron decenas de representantes del PRI apostados en cada casilla y en algunos casos manteniendo una estricta vigilancia de los votantes, a quienes les indicaban a qué mesa ir primero para votar y dónde reunirse con otros priistas a la salida de la casilla.
“El voto no fue secreto en esta elección”, dice a Proceso Pamela Starr, visitante acreditada y también profesora de relaciones internacionales y diplomacia de la Universidad del Sur de California.
Representantes del PRD en casillas del mismo municipio de Chimalhuacán denunciaron ante los observadores que incluso la policía del Estado de México estaba expulsando observadores de las casillas.
En las de la sección 2132 de Ixtapaluca, Estado de México, las autoridades electorales intentaron intimidar a los visitantes extranjeros por hacer preguntas a los funcionarios de casilla.
Dominios del PRI
Ya desde el día anterior a la elección 29 visitantes procedentes de 12 países de Latinoamérica y Europa y reunidos en la sede del PRD en el Distrito Federal había advertido “preocupantes” irregularidades en
Chimalhuacán, Estado de México; en el Valle del Mayo, en el sur de Sonora, así como numerosas denuncias en distintas regiones rurales de Chiapas, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo.
Al final de la jornada electoral y tras registrar “serias” denuncias de compra y coacción del voto, intimidación, violencia física y verbal en múltiples casillas del Estado de México, Hidalgo y Morelos, los observadores consideraron que “el voto libre pudo ser alterado” en esas regiones durante la jornada electoral.
Giulia Sirigu, observadora italiana e investigadora de la Universidad de Manchester, afirma a Proceso que pudo atestiguar la compra del voto en Ecatepec y otras comunidades del Estado de México, con numerosas irregularidades donde el PRI ejerció “un dominio total”.
Los representantes del PRI, dice Sirigu, prohibían la entrada a casillas a funcionarios y observadores y establecieron en residencias particulares centros desde donde operaban la compra del voto y recolectaban paquetes de credenciales de elector.
“En Puebla no se registraron incidentes pero sé que el Estado de México es diferente”, señala Sirigu. “Sé que hubo una alteración del voto”.
Además de los cientos de irregularidades documentadas los observadores afirman que fue “imposible” abarcar todo el territorio nacional y que sería “irresponsable” avalar el resultado de la elección con su limitada cobertura.
“Seria una atrocidad nuestra hacer un pronunciamiento definitivo sobre esta jornada electoral”, dice a Proceso Julio Muriente Pérez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico. “Hay un discurso ideológico que pretende legitimar a priori el proceso electoral, pero yo no me atrevo a hacer una expresión categórica sobre la validez del resultado”.
Dos días antes de la elección Aleyda Ferreyra, coordinadora del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del PNUD en México afirmó que había una “cobertura saludable” del territorio nacional, pero aceptó que ese organismo ignoraba en qué regiones del país específicamente se ubicaron las 56 organizaciones que reciben financiamiento del fondo.
El PNUD afirmó que AC cubriría todo el país, a pesar de que esta última comunicó desde junio que no tendrían presencia en 10 estados.
“El nuevo equipo del PNUD no tiene mucha experiencia de observación en México. Vemos una falta de sensibilidad de su parte hacia el contexto mexicano y esto nos preocupa mucho”, señala Beatriz Camacho.
“Es lamentable que traten de decir que todo está bien cuando en realidad hubo muchos focos rojos. Estamos igual que en Colombia hace algunos años.”
Claudia Montecinos, vocera de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, asegura a este semanario que los 96 observadores de ese grupo –la delegación extranjera más numerosa– cubrieron todos los estados del país.
Pero no precisó, pese a repetidas solicitudes, cuántos de esos observadores estuvieron distribuidos en los estados más violentos del país ni las localidades que monitorearon.
Eric Olson, director adjunto del Centro Internacional Woodrow Wilson, basado en Washington, dice a Proceso que las misiones de observación internacional en México, provenientes sobre todo desde Estados Unidos, han sido muy limitadas desde la elección presidencial de 2000, que él monitoreó oficialmente y que implicó la derrota del PRI.
“Los observadores están haciendo un esfuerzo, pero hay que reconocer que hay límites en la observación por las condiciones en algunos estados y municipios”, señala Olson, quien se encuentra en México para analizar el proceso electoral. “Sería un error decir que no hay ningún problema en ningún lado del país. No se puede estar en todos lados. Aun así hubo una cobertura amplia y se pudo velar y denunciar a reserva de los lugares más peligrosos”.
Ted Lewis, jefe de la delegación de la ONG estadunidense Global Exchange –que denunció la iniquidad de la elección presidencial de 2006–, afirma a este semanario que el PNUD no puede “pretender” que existió una observación “adecuada” de los comicios.
“Tienen que admitir que en el contexto de la violencia en México nadie quiere estar en riesgo. No es posible investigar en lugares donde incluso la muerte de periodistas es sistemática”, advierte Lewis, quien ha observado las últimas tres elecciones presidenciales en México pero que declinó integrar una misión de observación para ésta, a causa de la inseguridad. “Es imposible certificar la elección bajo estas circunstancias”.
Fuente: Proceso
