Para vivir mejor (Calderón dixit), la válvula interna de escape produce a todo lo que da: en 2011, un millón 600 mil mexicanos obligadamente se incorporaron el ejército de la informalidad, una cantidad mayor a la suma de empleos formales registrados en todo el sexenio calderonista. En el año citado, cada día alrededor de 4 mil 383 connacionales escogieron avenida, calle o mercado, sacaron su trapito, lo extendieron en el suelo y a los transeúntes ofrecieron lo que pudieron para obtener algo de ingreso y sobrevivir en esta República de los discursos.
De ese tamaño es el resultado de la presidencia del empleo. Y la información no la proporciona el clásico energúmeno que habla mal de México (el susodicho dixit), sino una institución pública, el Inegi, la cual ayer precisó que 14 millones de personas sobreviven en la informalidad, sin ningún tipo de prestación legal, carentes de cobertura en salud y con ingresos aún menores a los prevalecientes en el cada día más pequeño sector formal de la economía (es necesario precisar que, por metodología, en ese universo el Inegi no incluye a 2.2 millones de trabajadoras domésticas y a 1.8 millones de agricultores de autosubsistencia, de tal suerte que el número real ascendería a 18 millones de personas, ni a millones de informales dentro de la formalidad, por medio del galopante outsourcing).
Con base en la información divulgada ayer por el Inegi, se puede precisar que en 11 años de panismo en Los Pinos el trabajo informal se incrementó 41.12 por ciento, contra 15.7 por ciento de avance en empleos formales permanentes; es decir, por cada uno de estos últimos la informalidad generó tres. En dicho periodo 1.8 millones de mexicanos lograron emplearse permanentemente en el sector formal, mientras 4.1 millones terminaron en la informalidad (40 por ciento de ellos sólo en 2011, año en el que, según dicho del inquilino de Los Pinos, México siguió generando más oportunidades de estudio y de trabajo para sus jóvenes). He allí otra realidad que pretende taparse con discursos.
Lo anterior confirma varias cosas, por si alguien tuviera duda: la informalidad en México es un grave problema estructural; que durante la estancia panista en la residencia oficial siete de cada 10 empleos se han registrado en la economía informal, como lo documentó la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha fomentado la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso; que la informalidad distorsiona el nivel de desempleo real en el país; que con este dato duro puede entenderse parte sustancial de la peligrosa situación financiera del IMSS, y que, de plano, la presidencia del empleo no trascendió el eslogan de la campaña electoral de 2006.
En cinco años de calderonato, la población económicamente activa se incrementó en casi 6 millones de mexicanos; de ellos, sólo 22.5 por ciento lograron emplearse (permanente y/o temporalmente) en el sector formal de la economía. El resto, a la desocupación, la informalidad, el exilio económico o el crimen organizado. De ese tamaño son las oportunidades que ofrece el modelo económico defendido a capa y espada por los últimos cinco gobiernos neoliberales.
En diciembre de 2006, 27.46 millones de mexicanos (64 por ciento de la población ocupada) obtenían un ingreso de cero a tres salarios mínimos; cinco años después, ese número creció 31.22 millones (65.3 por ciento de la población ocupada), lo que deja en claro –por si alguien dudara– de que en el sexenio de para vivir mejor la situación, de por sí delicada, empeoró. Y para redondear, en 2006 casi 27 millones de connacionales (62.68 por ciento de la población ocupada) no tenían acceso a las instituciones de salud; al cierre de 2011 esa cifra creció a 30.83 millones (64.44 por ciento de la población ocupada).
Por lo que toca a la desocupación oficial en el país, el Inegi informó que en el cuarto trimestre de 2011 los mexicanos en tal condición sumaron 2.4 millones (4.8 por ciento de la población económicamente activa), indicador que no considera a 6.2 millones adicionales de personas que de tanto buscar chamba y no encontrarla simple y sencillamente es calificada como población disponible, aunque estén desempleadas. En las áreas más urbanizadas del país (100 mil y más habitantes) la tasa llegó a 5.8 por ciento, mientras que en las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue de 4.9 por ciento, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 4 por ciento y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en 3 por ciento.
Otro aspecto documentado por el Inegi es el de la subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario, según apunta. Al respecto, en el último trimestre de 2011 la población subocupada en el país sumó 4.3 millones de personas, 835 mil más que un año atrás. La presencia de la subocupación representó 9 por ciento de la población ocupada.
Llama la atención cómo se compone el universo de la población ocupada, porque da cuenta que en este país cada día se produce menos y se sirve más, es decir, se genera menos riqueza, y se generan más plazas en el sector servicios. Explica el Inegi que al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, 6.7 millones de personas (13.9 por ciento del total) trabajan en el sector primario, 11.2 millones (23.4 por ciento) en el secundario o industrial, y 29.6 millones (62 por ciento de la población ocupada) en el terciario o de los servicios. El restante 0.7 por ciento no especificó su actividad económica. Los montos correspondientes que se presentaron en el periodo octubre-diciembre de 2010, fueron de 6.5, 10.8 y 27.8 millones de personas, en el mismo orden, de tal suerte que el sector servicios (de todo tipo) es el que genera las plazas laborales.
En materia de desocupación oficial, las entidades de la República con mayores tasas al cierre del cuarto trimestre de 2011 fueron: Baja California (7 por ciento de la población económicamente activa), Tamaulipas (6.8), Aguascalientes (6.3), Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Tabasco y Zacatecas (6.1 en cada caso), Tlaxcala (6), y estado de México (5.9). En contraste, las tasas oficiales más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero (2.1), Chiapas (2.2), Yucatán (2.4), Morelos (2.7), Campeche (2.8), y Michoacán y Oaxaca (2.9 en cada caso).
Las rebanadas del pastel
En fin, datos duros y alarmantes que no deben quedar afuera del análisis a la hora de depositar el voto en las próximas elecciones.
Fuente: La Jornada
