Juez rechaza ordenar arresto del presidente del consejo de administración
Mexicana de Aviación tiene 18 meses sin volar y todavía no tiene los 250 millones de dólares para reanudar operaciones; sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) le aprobó el manual de sistemas de gestión de seguridad operacional, el primero para una aerolínea nacional, y también obtuvo permiso para instalar un centro de capacitación.
La empresa informó que este documento va con su compromiso de garantizar la integridad de sus operaciones. Sin embargo, si en las próximas 48 horas Med Atlántica no logra demostrar la existencia y legalidad del dinero necesario para capitalizar a Mexicana, el juez felipe Consuelo Soto podría dar por terminada la prórroga por tiempo indefinido que aprobó apenas la semana pasada.
Por separado, una juez federal negó la orden de aprehensión contra Manuel Borja Chico, presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, pero ordenó capturar a los consejeros de la aerolínea, Ricardo Arturo Bastón Aguilar y Eduardo Gámez Martínez, acusados de defraudación fiscal por 53 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
En consecuencia, fiscales federales solicitaron a un tribunal unitario modificar el fallo de Graciela Malja Aguirre, juez segunda de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, para que en segunda instancia se ordene el arresto de Borja.
La evasión que se persigue corresponde a una querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en la que se acusa a los consejeros no haber pagado el impuesto sobre la renta sólo durante mayo de 2010. El caso es inusitado, pues generalmente la PGR ejercita acción penal por evasiones de este tipo correspondientes a un periodo anual y no se refiere tampoco al inicio de concurso mercantil.
Ayer Mexicana anunció que le aprobaron el manual de gestión de seguridad, lo que sin duda es un avance, pues esa condición es fundamental en aeronaves y es una de las áreas a las que mayor supervisión dedica la DGAC que fue la instancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El primer argumento del gobierno federal para sacar a Aviacsa del aire hace casi tres años fue que no garantizaba la seguridad de los pasajeros ,por lo que sus aeronaves fueron sometidas a rigurosas inspecciones, y cuando fueron aprobadas entonces el argumento para sacarla definitivamente del mercado fueron adeudos fiscales.
Fuente: La Jornada
