Niños, casi la mitad de 52 millones de pobres; las consecuencias serán más duraderas que en otros países.
La reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años, con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres, dato que “indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países”, sostuvo un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El gasto público destinado a atender necesidades sociales en México es una tercera parte del gasto promedio entre los países que pertenecen a ese organismo, indicó el informe Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio.
Además de escaso, respecto al promedio de las naciones de la OCDE, el gasto público para atender necesidades sociales no se distribuye mayoritariamente entre las personas con más necesidad de recibirlo para atender carencias. El reporte apuntó que el 20 por ciento de los más pobres apenas recibe 10 por ciento de las transferencias canalizadas a la reducción de la pobreza.
El informe expuso que en México se han impulsado iniciativas “interesantes” para aliviar la pobreza. Cita el programa Oportunidades, que con distintos nombres y algunas variaciones y mejoras se ha mantenido por 15 años, desde que fue puesto en práctica con el nombre de Progresa en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo. La OCDE mencionó que Oportunidades, mediante el cual se realizan transferencias de efectivo a familias, a cambio de que los niños sean llevados a la escuela y a revisiones médicas, ha contribuido a aumentar las tasas de escolarización y facilitado la transición entre la educación primaria y secundaria. A la vez, ha reducido la mortalidad materna y mejorado la salud infantil, abundó.
Sin embargo, apuntó, la reducción de la desigualdad y la pobreza sigue planteando “grandes desafíos”. El documento definió que “a pesar de los notables avances realizados, aún persisten retos importantes que deben ser enfrentados con miras a reducir la pobreza y la desigualdad en México”. Uno de ellos tiene que ver con el gasto público destinado a atender necesidades sociales.
De 1985 a la fecha, el gasto público para atender necesidades sociales pasó de representar menos de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 7.2 por ciento. Aun con el incremento, el porcentaje de gasto público destinado en México al renglón social “apenas representa un poco más de la tercera parte del gasto porcentual promedio que realizan los demás países de la OCDE”.
El organismo mencionó en el documento que, si bien la pobreza había venido disminuyendo a lo largo de los últimos decenios, “en fechas recientes ha vuelto a aumentar”.
Según cifras oficiales, 52 millones de personas vivían en condición de pobreza en 2010. “El alto nivel de pobreza absoluta se refleja también en otros indicadores relativos a las condiciones de vida: por ejemplo, la mortalidad infantil, que en México es tres veces superior al promedio de la OCDE, y la tasa de analfabetismo, que supera a la media del conjunto de la organización”, abundó el infome.
Agregó: “la población mexicana es relativamente joven. Por lo mismo, los niños constituyen casi la mitad de los pobres. Este dato indica que en México la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países de la OCDE. Al mismo tiempo, el problema de la pobreza en la tercera edad es una cuestión apremiante, dado que afecta a 30 por ciento de las personas de 75 años en adelante, es decir, 1.5 veces superior a la del conjunto de la población. Tomando en cuenta el envejecimiento de la sociedad, se corre el riesgo de que la proporción de ancianos pobres aumente aún más en el futuro”.
El organismo recomendó que se incrementen las transferencias de recursos públicos a familias pobres para reducir la pobreza de manera significativa.
Las transferencias sociales en efectivo sólo representan alrededor de 8 por ciento del ingreso familiar disponible y la mitad de esas prestaciones benefician a quienes están situados en el segmento superior de la escala de distribución, de acuerdo con el informe, que asegura que 20 por ciento de la población más pobre sólo recibe 10 por ciento de los fondos públicos canalizados a través de estos programas.
Privatizar tierras agrícolas
En el informe, la OCDE dedicó un capítulo a la agricultura, en el que mencionó que en México ese sector emplea a 13 por ciento de la población económicamente activa (actualmente de 49 millones de personas) y genera 3.8 por ciento del producto interno bruto.
“Además de una estructura productiva conformada por unidades agropecuarias muy pequeñas, más de la mitad del territorio mexicano se administra mediante algún tipo de propiedad social, como ejidos o comunidades agrarias”. Abundó que las reformas al sistema de tierras comunales impuesto en 1992 (durante el gobierno del ex presidente Salinas) redujeron restricciones que “pesaban sobre la transmisión de la tierra con la intención de mejorar la flexibilidad de la producción agropecuaria y de fomentar la inversión. Sin embargo, en la práctica el impacto ha sido limitado”.
El estudio no lo menciona, pero la reforma a la propiedad de la tierra agrícola en el gobierno del expresidente Salinas, que implicó la modificación de la Constitución, generó amplio rechazo de agrupaciones campesinas y de pequeños productores. Algunos analistas ubican esta reforma como una, entre varias, de las causas que detonaron el alzamiento zapatista en enero de 1994.
El sistema comunal de tierras pretende, abundó el reporte, satisfacer ciertas necesidades sociales en ausencia de redes de seguridad social más amplias como las que existen en la mayoría de países de la OCDE.
Fuente: La Jornada
