Se informará al pueblo que ambos validaron la desaparición de LFC
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó que empezará sendas campañas contra el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, y de la aspirante al Gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes.
El primero aceptó que su partido validó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que generó el despido de 44 mil electricistas, lo que lo revela como otro enemigo de los trabajadores, y la segunda, por haber operado para que no hubiera controversia constitucional contra el decreto expropiatorio.
En conferencia de prensa, el secretario general del SME, Martín Esparza, señaló que las campañas contra los priístas consisten en informar a la opinión pública por medio de volantes, mantas, pancartas, foros y otros medios, que Peña Nieto es otro hijo del neoliberalismo, que seguirá la política de privatización salinista y que incluso se ha pronunciado por la aprobación de la reforma laboral.
De Paredes Rangel, se difundirá que operó políticamente para que los legisladores del PRI aceptaran el incremento a los impuestos y no apoyaran la controversia constitucional contra la expropiación de LFC –entre otras cosas–, a cambio de que no hubiera coalición en las elecciones del estado de México, expuso el dirigente.
Informó que el pasado día 13 fueron admitidas en las instancias del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos las quejas interpuestas por el SME contra el gobierno de Felipe Calderón por violaciones a los derechos laborales de los trabajadores electricistas.
La Oficina Nacional Administrativa de Canadá (NAO) y la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) de Estados Unidos nos han notificado la admisión de nuestra queja por las graves violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los acuerdos de colaboración laboral del TLCAN, dijo.
Apuntó que las quejas presentadas por el SME fueron respaldadas por más de 100 organizaciones sindicales y sociales de ambos países, y que ahora la oficina de Canadá tendrá 120 días para examinarlas y la de Estados Unidos 180, y luego emitirán resoluciones.
Asimismo, sostuvo que el sindicato seguirá movilizado en el exterior y en el país hasta lograr que les devuelvan sus empleos, y a la vez continuará en la mesa de negociaciones en Gobernación, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que firmó esta instancia para que se les reinstale.
Fuente: La Jornada
