Miles de usuarios han presentado quejas ante la Profeco
En municipios mexiquenses acusan de “terrorismo” a la comisión
Por 10 mil pesos mensuales, los “recibos locos” en Baja California
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenada hace dos años por el gobierno federal para ser remplazada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha acarreado numerosos conflictos en distintas zonas del país.
La secuela de la extinción de LFC incluye aumento exorbitante y arbitrario de tarifas, fallas múltiples en el suministro del servicio, problemas ambientales, desempleo y el consiguiente deterioro de comunidades cuya economía estaba ligada a esa compañía, cerrada el 11 de octubre de 2009.
Esa situación, que ha causado crispación social, se contrapone a las promesas hechas en su momento por las autoridades de que la medida beneficiaría a los usuarios.
Así, desde el presidente Felipe Calderón hasta Javier Lozano, secretario de Trabajo y operador de la liquidación, aseguraban que la CFE, “empresa de clase mundial”, se haría cargo del suministro con eficiencia y transparencia. Eso no ha ocurrido.
Desde entonces, el caos, el abuso y la corrupción han marcado la relación de la CFE con usuarios de toda clase.
En Nuevo Necaxa –localidad ubicada en la sierra Norte de Puebla–, cuna de la generación eléctrica en el país, la extinción de LFC paralizó 70 por ciento de la economía, decenas de jóvenes (hijos de ex trabajadores) abandonaron sus estudios y emigraron más de 900 electricistas.
Las deficiencias de la CFE afectan por igual a usuarios domésticos y comerciantes, como sucedió en el estado de México, donde se reportaron cobros hasta de 500 mil pesos.
En Durango, Chihuahua y Michoacán el pago aumentó 500, 300 y 200 por ciento, respectivamente. Es decir, adeudos de 200 pasaron a ser de mil pesos.
En Nayarit y Quintana Roo se detectaron adeudos de instituciones gubernamentales hasta por 31 millones de pesos.
La ineficiencia en el servicio ha sido la constante, y las familias de escasos recursos en ningún caso han encontrado respuesta a sus quejas individuales o grupales ante la CFE.
Miles de usuarios de varios estados han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por “facturaciones incoherentes”.
Sólo en Hidalgo se han presentado 3 mil 500 quejas en lo que va del año; en Quintana Roo, una cada 48 horas; en Morelos, 220 en el bimestre anterior; en Guanajuato, 600 en dos años, y en el estado de México, 500 también en dos años.
La decadencia de un emblema
En Nuevo Necaxa la economía sufrió una caída de 70 por ciento debido a la migración de 900 ex trabajadores de la LFC, que decidieron instalarse en Tlaxcala, Veracruz, Pachuca y Puebla con el fin de autoemplearse como comerciantes ambulantes, vendedores de electrodomésticos y prestadores de servicios.
El subsecretario general de la división Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar, denunció que ex trabajadores de LFC son discriminados en empresas públicas y privadas.
Los electricistas que han rechazado las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan cada 14 días tres por ciento de sus ingresos para el fondo de subsidio, que llega a sumar unos 170 mil pesos.
Facturas por 600 mil pesos
Frente al hartazgo por la indiferencia del personal de la CFE, habitantes de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Xochicalco y Chimalhuacán han comenzado a organizarse, sobre todo en esta última localidad.
Afirman ser víctimas de “terrorismo” de la CFE, que no acepta ninguna negociación que no sea la firma de un convenio donde el notificado acepte pagar el monto total de adeudos estimados a partir de septiembre de 2009, que llegan a ser de 7 mil pesos por el servicio para viviendas y de 700 mil para locales comerciales.
Una de los cientos de afectados, Ángela Ramos, quien pagaba 280 pesos bimestrales a LFC, cuando la CFE tomó el control se encontró con que tenía una deuda de 9 mil 600 pesos.
En Chimalhuacán, a partir de enero de 2010, la CFE envío facturaciones hasta de 15 mil pesos.
La situación es más grave para el comercio establecido, sobre todo en zonas donde la extinta compañía no concluyó los trabajos de regularización. Allí la comisión pretende cobrar facturas que superan medio millón de pesos por “anomalías” en el servicio.
En el norte del país la situación no es diferente. En las zonas agrícolas de Chihuahua organizaciones como el Frente Democrático Campesino, Agrodinámica Nacional y la Confederación Nacional Campesina han denunciado el acoso de la CFE debido a los adeudos que tienen desde hace años por el cobro de energía en los pozos para riego agrícola.
A pesar de los convenios de pagos que se han firmado con la paraestatal para cubrir parte de los adeudos, que han llegado a sumar 600 millones de pesos, los agricultores sostienen que con el precio de la energía es imposible pagar lo que se debe y seguir produciendo.
En Baja California, “los recibos locos” –como se les conoce por estar fuera de lógica por los parámetros históricos de consumo familiar– llegan hasta por 10 mil pesos mensuales en viviendas, según registros del Frente Cívico Mexicalense (FCM).
Sergio Tamai, dirigente del FCM, ha solicitado a la comisión tarifas “acordes a las condiciones del clima”, ya que en la capital de Baja California se registran temperaturas superiores a 45 grados centígrados durante cuatro meses del año.
En Sinaloa, datos proporcionados por restauranteros indican que 98 por ciento de los negocios de ese sector cierran durante el primer año de haber abierto debido a los altos costos por consumo de energía eléctrica, que han aumentado cerca de 300 por ciento en el último año.
En Durango, en lo que va del año la CFE ha elevado el cobro en los recibos por concepto de energía en la zona urbana hasta 500 por ciento.
Raúl Arellano, de 70 años, contó que vive solamente con su esposa, y cuando están en su vivienda son pocos los aparatos eléctricos que usan, mientras los focos “todos son ahorradores y se prenden poco”. Aun así, el año pasado pagó en promedio 220 pesos por bimestre, y ahora 994.
En Tabasco, más de 410 mil usuarios se encuentran en huelga de pagos contra la CFE en protesta por las altas tarifas del servicio, que representa un pasivo de más de 2 mil 275 millones de pesos a la paraestatal.
Así, dos años después de la desaparición de Luz y Fuerza, la CFE está lejos de ser, como su lema indica, “una empresa de clase mundial”. Al contrario, sus abusos e ineficiencias han contribuido a agudizar la crispación social que vive el país.
Fuente: La Jornada
