Es corresponsable de violaciones a derechos, dicen PRD y PT
Los grupos legislativos de PRD y PT en la Cámara de Diputados presentaron ayer una solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es “uno de los autores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico”, la cual, señalaron, ha provocado violaciones a derechos fundamentales y la muerte de más de 50 mil mexicanos.
La petición, que se entregó en la Secretaría General de la Cámara, sostiene que García Luna “es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes”.
También le atribuyen el desvío de recursos públicos con fines de promoción personal y apología de la política que enfrenta al gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada.
El texto del documento resalta: “A la fecha, el servidor público enfrenta serias acusaciones de corrupción, mismas que son del dominio público; señalamientos de tener supuestos vínculos con un sector del narcotráfico; acusaciones de opacidad en la administración de los recursos públicos; denuncias públicas de enriquecimiento ilegítimo, y entrega de recursos cuantiosos a empresas privadas, entre ellas Televisa”, para la producción del programa El Equipo.
Los legisladores que suscriben la solicitud, entre ellos los perredistas Alejandro Encinas y Leticia Quezada, así como la diputada del PT Laura Itzel Castillo, afirmaron que García Luna habría violado la Constitución “al recibir una condecoración de un gobierno extranjero sin la autorización del Congreso de la Unión y ser, entre otros, el autor intelectual de la política de seguridad pública que ha generado la muerte violenta de más de 50 mil mexicanos, quienes gozaban del principio de presunción de inocencia”.
Los diputados expresan que la política puesta en marcha contra la delincuencia organizada ha violado el artículo primero constitucional, sobre la inviolabilidad de los derechos humanos y la garantía de protección más amplia a los ciudadanos mexicanos.
Además, consideraron que la falta de planeación, coordinación y enlace institucional de García Luna con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina “ha generado una evidente invasión de funciones y competencias” entre las tres dependencias.
También se le atribuyen omisiones en las labores ordinarias de investigación y acción, “que han causado trastornos graves en el funcionamiento normal de las instituciones y ha acarreado el encarcelamiento y muerte de miles de personas que gozaban del principio de presunción de inocencia, y en general un agravamiento del fenómeno delincuencial ante la existencia de una política de seguridad mal ideada y ejecutada”.
Fuente: La Jornada
