La administración federal favorece a empresas multinacionales a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por prácticas corruptas, particularmente cohechos, mediante contratos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina y Pronósticos Deportivos, entre otras.
En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas compañías trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios; por haber regalado inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; consentir a funcionarios públicos con sus tarjetas de crédito, guardaropa, lunas de miel; y por “entretenimiento inapropiado”.
El pago de sobornos se realiza por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero hasta estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturan éstos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también la creación de fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.
Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.
En tal condición, el gobierno de Estados Unidos ha obtenido confesiones de éstas prácticas de compañías como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, entre otras. A todas se les impuso multas millonarias e intereses que ingresaron a las arcas públicas de ese país.
En contraste, la administración de Calderón continuó transfiriendo millones de pesos del erario a dichas compañías, vía contratos gubernamentales, a pesar de que algunas confesaron que sus prácticas disolutas tuvieron como epicentro a México.
Las indagatorias
Las investigaciones sobre la corrupción que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocan al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadunidenses ofrecer pagarles a los funcionarios de los gobiernos extranjeros o empleados de las compañías estatales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva; otorgarles regalos, viajes, comisiones o cualquier oferta en efectivo o también no monetaria.
Todas las empresas estadunidenses, incluso las extranjeras que cotizan en el mercado de valores de ese país, están obligadas a cumplir con los mandatos del Acta así como otras leyes antisoborno como la Ley Sarbanes-Oxley, en cualquier punto del mundo donde operen.
Después del escándalo del gigante energético Enron, que puso al descubierto las fraudulentas prácticas contables de la trasnacional para maquillar un capital que la colocaba como la número siete de Estados Unidos, apoyada en la estafa por su empresa auditora –el renombrado despacho Arthur Andersen–, el Departamento de Justicia abrió investigaciones a 120 empresas, muchas de las cuales todavía continúan en integración. Pero los resultados de las indagatorias hasta hoy concluidas son alarmantes: consorcios que oficialmente promueven códigos de ética, y que se dicen socialmente responsables, están envueltos en burdas prácticas de soborno hasta en los países más pobres.
Cuando las autoridades estadunidenses anunciaron las investigaciones, algunas empresas llamaron voluntariamente a este Departamento para confesar sus “pecados”. Detrás de esto había una intensión clara de obtener indulgencia y “negociar” sus penas, ello ante la advertencia pública que hizo el jefe del Departamento de Justicia asignado a la coordinación de las investigaciones, Mark Mendelsohn, en el sentido de que “si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar”.
Así, corporaciones que promueven un prestigio e imagen corporativa revelaron insólitas tretas contables para ocultar sus ilegales pagos. Otras, que estaban bajo investigación, sus directivos tuvieron la audacia de pretender maquillar sus informes para engañar a la Comisión de Valores y al FBI.
Soborno nigeriano, privilegios mexicanos
Una de las indagatorias que la Comisión de Valores considera entre las más relevantes, se refiere a los cohechos de compañías del sector energético que operan tanto en el mercado mexicano como en el nigeriano. El parámetro a nivel mundial es que en ese sector los dos países con más altos niveles de corrupción son México y Nigeria, donde los corporativos –que en otras regiones se desempeñan con legalidad– ven en el soborno como la vía para obtener contratos gubernamentales altamente rentables y ganancias rápidas.
El Departamento de Justicia abrió una investigación en contra del consorcio Technip –con sede en París– dedicado a la ingeniería, construcción y servicios; de la empresa italiana Eni y su filial holandesa Snamprogetti; y la estadunidense Kellogg Brown & Root, entonces subsidiaria de la corporación Halliburton.
Todas estas compañías se asociaron para trabajar en Nigeria bajo la sigla TSKJ, y obtuvieron, en menos de una década, contratos de la Nigeria LNG Limited –empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno– por 6 mil millones de dólares, bajo una estrategia infalible: sistemáticos sobornos a funcionarios públicos. La indagatoria detalla que éstos se pagaron entre 1995 y 2004 para obtener los contratos para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado por miles de millones de dólares.
El director de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores, Robert Khuzami, señala en el informe del caso que “el soborno era una práctica tan aceptada que la empresa conjunta tenía un eufemísticamente denominado ‘Comité Cultural’, en el que los cohechos abiertamente se discutían, aprobaban y conmemoraban”.
Desde que se asociaron los ejecutivos de las trasnacionales crearon el llamado “Comité Cultural”, en éste los más altos ejecutivos de ventas de cada empresa definían los planes y montos de los sobornos. Constituyeron una compañía fantasma controlada por un abogado de Inglaterra y una empresa comercial japonesa, con las cuales firmaron contratos falsos por 180 millones de dólares que cada trasnacional registró contablemente como “consultoría” y “servicios con subcontratistas”. Enviaban también dinero a cuentas bancarias en Suiza y de allí se triangulaban a las de cada funcionario destinatario de los “pagos”, con quienes previamente habían pactado el monto durante comidas realizadas en Londres.
El consorcio francés comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2001, “cuando Technip se convirtió en un emisor, tenía la obligación de cumplir con el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. En cambio, continuó con su descarado plan de hacer pagos de soborno”, indica en el informe Antonia Chion, codirectora de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores.
Contacto en México
Entre 2004 y 2007, se crearon en México dos subsidiarias que ingresaron al padrón de proveedores del gobierno federal, junto con su casa matriz y otras cuatro de sus filiales domiciliadas en el extranjero: Technip France; Technip Italy SpA; Technip KTI SpA; Technip USA Corporation; Technip de México, S de RL de CV; Technip Servicios de México, SC; y Technipleres, SA de CV, todas contratistas del gobierno mexicano.
En 2010, cuando la Comisión de Valores hacía pública la multa millonaria que impuso a Technip y sus socios, 1 mil 200 millones de dólares, considerado el monto más alto por violaciones a la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en México, el gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), le adjudicaba a la compañía un lucrativo contrato por 605 millones de pesos para la construcción de una unidad recuperadora de azufre en la Refinería de Salamanca (número CO-RSAL-013/10); la ingeniería para el proyecto de la plataforma PB-KU-H, por 38 millones de pesos (contrato 412423817); y la asistencia técnica para trabajos de ingeniería en la misma plataforma, por 6 millones de pesos, entre otros.
Respecto a las relaciones del gobierno con la empresa italiana Eni, en medio de la investigación oficial que ésta enfrentaba por múltiples violaciones al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción firmó con esa empresa un convenio para un Programa de Capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de pozos de aguas profundas, registra en uno de sus informes correspondiente a 2008 la paraestatal.
Sobre el papel de esa empresa en el llamado “plan de soborno nigeriano”, la Comisión de Valores indica que para pagar sus cohechos, Eni operaba cuentas en bancos suizos, maletines y “carretadas” de dinero en efectivo. Y es que como algunos de los sobornos en efectivo eran en nairas –la moneda de Nigeria–, el volumen era tan abultado que se requería de un automóvil para transpórtalo. Los sobornos que la empresa italiana pagaba tenían también como destinatario un partido político nigeriano.
Respecto a Kellogg Brown & Root, tanto esa compañía como su casa matriz, Halliburton, eran antes y después de los cohechos beneficiarias de millonarios contratos con Pemex. Sus relaciones comerciales con la paraestatal también estaban envueltas en polémicas, como la que generó la asignación que entre 1997 y 1998 Petróleos le hizo para que Kellogg Brown & Root instalara sistemas de procesamiento de gas e inyección en Cantarell. Los equipos debían estar operando desde 2000, pero ésta entregó la obra hasta 2004. Ante tal atraso, Pemex rescindió el contrato, y en respuesta, la trasnacional llevó al gobierno mexicano a juicio ante la Corte Internacional de Comercio de París, demandándole 807 millones de dólares. Apenas en agosto pasado se declaró la nulidad del laudo, pero quizá la compañía apele la decisión.
Pese a la disputa en la que el Estado ha invertido cuantiosos recursos en defensa, y aún después del escándalo en que el consorcio se vio envuelto por los sobornos nigerianos –en los cuales la agencia anticorrupción de Nigeria implicó hasta al exvicepresidente Dick Cheney, como directivo de Halliburton y Kellogg Brown & Root–, el gobierno mexicano mantiene a este último con contrataciones en la principal empresa del Estado, como la número 4500285709, que le fijó la Refinería de Tula por asignación directa, para “servicios técnicos” –durante cinco días–, por 144 mil 213 pesos.
También que el 30 de diciembre de 2009 signó con la Refinería de Salina Cruz, por 327 mil 313 pesos, para hacer algunos arreglos a una de sus plantas de compresión (número 4500310834). En 2010 la misma gerencia le encargó otra reparación, bajo el contrato 4500353869, por 4 millones 380 mil 238 pesos.
Halliburton –que fue la casa matriz de Kellogg Brown & Root hasta 2007– es desde hace varias décadas una de las principales beneficiarias de las contrataciones de Pemex. En los años inmediatos a la indagatoria de la Comisión de Valores, facturó por más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sistema Compranet.
El caso Siemens
En diciembre de 2008, el Departamento de Justicia hizo pública la declaración de altos ejecutivos del gigante alemán Siemens AG, de una prolongada práctica de sobornos como táctica para llevar a sus arcas ganancias multimillonarias, en muchos de los países donde opera, en su mayoría de contrataciones gubernamentales.
De acuerdo con el expediente judicial, durante casi una década, desde 1998 hasta 2007, Siemens realizó pagos ilegales por 1 mil 360 millones de dólares a través de diversos mecanismos. De esa suma, 554 millones 500 mil dólares se pagaron para fines desconocidos; 341 millones de dólares para consultores empresariales; y los otros 805 millones 500 mil dólares fueron perfectamente identificados como cohechos a funcionarios gubernamentales extranjeros –mexicanos incluidos– a quienes se les entregaron a través de fondos y cajas ilegales.
Por el monto de sus sobornos y la ramificación geográfica donde se pagaron –que prácticamente abarca todas las regiones del mundo– el de Siemens fue considerado por la Comisión de Valores como un caso sin precedentes.
“Este patrón de cohecho exhibido por Siemens no tenía precedentes en su escala y alcance geográfico. La corrupción incluyó más de 1.4 miles de millones de dólares en sobornos a autoridades gubernamentales en Asia, África, Europa, Oriente Medio y las Américas”, señala en el informe Linda Chatman Thomsen, directora de la División de Coacción de la Comisión de Valores.
Ese “patrón de cohecho”, como Chatman definió el actuar de Siemens, tuvo a funcionarios del gobierno mexicano como destinatarios de por lo menos 2 millones 600 mil dólares de la enorme bolsa de sobornos. A finales de 2004, la trasnacional le entregó esa cantidad a un “consultor de negocios con conexiones políticas” –identificado así en el expediente del Departamento de Justicia sin que se detalle su nombre– para que éste a su vez entregara un “pago” a un alto funcionario de Pemex para resolver la vieja disputa que dirimen éste y Siemens, derivada de la contratación para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
La querella de la paraestatal con Siemens se originó después de que ésta y sus asociados para ese contrato la coreana Sunkyong Engineering y la mexicana Triturados Basálticos –sociedad conocida como Consorcio Proyecto Cadereyta– entregaron las obras inconclusas, deficientes y con sobrecostos que originaron que su precio final: 3 mil millones de dólares, se incrementara en más de 40 por ciento del costo original.
Siemens demandó a Pemex un pago adicional y originó un altercado también ante la Cámara de Comercio Internacional, en la que la compañía alemana le reclama a México 500 millones de dólares. Ésta destinaba millones de dólares a sobornos porque le garantizaban ganancias multiplicadas: entre 2000 y 2002 sus subsidiarias en Francia, Siemens SAS; Turquía, Siemens Sanayi ve Ticaret AS; y en Oriente Medio, Osram Middle East FZE y Gas Turbine Technologies SpA (GTT), recibieron 42 contratos por 80 millones de dólares, de los Ministerios de Electricidad y Petróleo del gobierno de Irak bajo el Programa de Petróleo por Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para obtener esos contratos, Siemens pagó 2 millones de dólares en comisiones ilícitas al gobierno iraquí, pero obtuvo ganancias por 38 millones de dólares. Además, infló los precios 10 por ciento.
Para llevar a sus arcas millones de dólares del erario de Argentina, Venezuela, Bangladés y Turquía destinó otros milloncitos de dólares a sobornos: de septiembre de 1998 a 2007, Siemens Argentina compró a diversos funcionarios con 31 millones de dólares, a cambio de un proyecto nacional de tarjetas de identificación por un valor de 1 mil millones de dólares.
Siemens Venezuela pagó cohechos por casi 19 millones de dólares vía cuentas en bancos de Estados Unidos, a cambio de la asignación de dos importantes proyectos: el Metro Valencia y el Metro Maracaibo.
Entre mayo de 2001 y agosto de 2006, Siemens Bangladés pagó sobornos de 6 millones de dólares a funcionarios gubernamentales, para la asignación de la licitación de un proyecto de telefonía móvil. Las transferencias se hicieron también vía cuentas en Estados Unidos.
En diciembre de 2008, derivado de la aceptación de culpabilidad ante un juez de Distrito de Columbia, se les fijaron multas por 450 millones de dólares. El secretario de justicia Auxiliar del Departamento de Justicia, Matthew Friedrich, definió en unas líneas las prácticas corporativas de la trasnacional, que la colocaron como uno de los principales proveedores de su sector para varios gobiernos del mundo: “Los documentos presentados hoy al Tribunal dejan en claro que, en gran parte de sus operaciones en el mundo, el cohecho era un procedimiento estándar para Siemens”.
Pese al escándalo que a finales de 2008 envolvió al consorcio, el gobierno mexicano le mantuvo como uno de sus proveedores principales en áreas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y muchas más entidades. Siemens tiene registradas 23 subsidiarias como proveedoras de éste. Le vende equipo eléctrico, electrotécnico, maquinaria de construcción, subestaciones eléctricas, turbinas de vapor y de gas, generadores, medidores, tecnología y software en el ramo eléctrico y electrónico y equipos de telecomunicaciones. Al sector médico, equipos de diagnóstico y reactivos analíticos, principalmente.
Recién se había hecho pública la indagatoria de las autoridades estadunidenses contra Siemens cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social le compró una unidad radiológica por 33 millones de pesos. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le encargó la configuración de su sistema de telefonía (5 millones 990 mil pesos); Pronósticos para la Asistencia Pública le rentó computadoras (12 mil 899 pesos); la Comisión Federal de Electricidad le compró radiadores (1 millón 585 mil pesos); la Secretaría de Marina le contrató el mantenimiento de 69 equipos electromédicos (23 millones de pesos); Pemex Gas le encargó la reparación de motores (7 millones de pesos), entre otras contrataciones del resto de subsidiarias de Pemex, el sector salud y de seguridad pública.
El caso Pride
En diciembre de 2009 las autoridades estadunidenses hicieron públicos los resultados de una investigación en contra de Pride, por sobornos a funcionarios de varios países, México incluido. El consorcio texano –dedicado a la operación, renta y venta de plataformas– es uno de los fuertes capitales accionarios de Wall Street. Opera en países de todas las regiones del mundo, pero el gobierno mexicano es uno de sus principales clientes.
Es la segunda empresa con más contratos de arrendamiento de plataformas y equipos de perforación en la Sonda de Campeche (la primera es Noble International, LDT). Sólo entre 2004 y 2008, le facturó a Pemex más de 10 mil millones de pesos en arrendamiento de plataformas, a la casa matriz Pride International Inc y a sus subsidiarias Pride Internacional de México LLC, Pride Central America, Pride Drilling LLC, Pride Foramer y México Drilling Limited LLC.
La trama que precedió a la escandalosa aceptación de sobornos en México, Venezuela, Brasil, Arabia Saudita, Kazajistán, Libia, Nigeria, Angola, Malasia, India y la República Democrática del Congo, inició en marzo de 2006, cuando Pride le informó a la Comisión de Valores que no podría presentarle su reporte financiero anual, correspondiente a 2005, porque el Departamento de Auditoría Interna había detectado “pagos inapropiados” a funcionarios extranjeros. La investigación que por su parte integró la Comisión indica que los altos directivos de Pride sabían de esos cohechos y “aún así, fallaron en hacer un esfuerzo conciente para corregir o prevenir la anomalía”.
En México la empresa sobornó a más de un funcionario de Aduanas –no identificados en el expediente– para acelerar los trámites para que ingresara una de las plataformas de perforación que le renta a Pemex y para evadir pagos de impuestos aduaneros y multas. Y sobornó también a funcionarios de la paraestatal –tampoco reconocidos– con “miles de dólares” en efectivo y “entretenimiento inapropiado”, para que arrendaran una de sus plataformas.
La aceptación pública de las prácticas corruptoras generó el descontento entre sus accionistas, incluso uno de ellos, Kyle Arnold presentó una demanda contra altos funcionarios y consejeros de la compañía, caso 2009-66082, que se ventila en una corte de Texas.
Cuando la Comisión de Valores hizo públicas las prácticas de Pride, altos ejecutivos del consorcio se vieron obligados a renunciar, entre ellos el gerente para México. Sin embargo, los negocios del consorcio siguieron prosperando. Pemex le contrató por adjudicación directa equipos como la Pride 1003E, por 250 millones de pesos (contrato 411005816) o la plataforma Pride Texas, por 491 millones de pesos (contrato 411005813), ambas por un periodo de dos años.
Al estar bajo investigación judicial por soborno, la paraestatal signó contratos o dio extensiones a tratados de arrendamiento de 10 de sus plataformas en la Sonda de Campeche, ello, a pesar de las deficientes condiciones físicas de sus equipos, conforme evidenciaron los check list elaborados por Pemex a dichas plataformas, (Contralínea, 9 noviembre de 2008).
Éstos indicaban que las plataformas de Pride tenían deficiencias en el abituallamiento, los equipos de comunicación y particularmente los de seguridad, y algunas hasta carecían de las licencias de uso del software con el que operaban. En tales condiciones se rentaron la Pride 100SE, la Pride Tenesse, la Pride Oklahoma, la Pride Louisiana, la Pride Texas, la Pride Mississippi y la Pride Colorado.
Un caso particular es el de la Pride California, arrendada mediante el contrato 421007825, del 29 de octubre de 2007 al 27 de octubre de 2008, que reportó tantas irregularidades que el representante del consorcio ante Pemex, Bruce Thornock y el coordinador de Operaciones de Pride, José Rodrigo Nieto Loyo, se negaron a firmar las actas. La plataforma no tenía documentos de certificación aplicable vigente, esto es que ninguna casa clasificadora había avalado su calidad. En cuanto a la infraestructura, registró deficiencias en su helipuerto, en el área de grúas era emergente el mantenimiento anticorrosivo y la cabina tenía una fuga de aceite hidráulico y no tenía cristales. Los mecanismos de perforación estaban oxidados y los barandales doblados. El equipo de seguridad no tenía mantenimiento. Todo el mobiliario del área habitacional estaba deteriorado. No había equipo instrumental médico.
Pride es uno de los consorcios que en sus políticas internas incluye un código de conducta que estipula que todos los ejecutivos y empleados deben cumplir a cabalidad la ley antisoborno. En la práctica, directivos de por lo menos 12 países no lo hicieron. Su actuar corruptor le costó al consorcio 50 millones de dólares, monto que la Comisión de Valores le fijó como multa. Éstos ingresaron a las arcas públicas estadunidenses, ni un sólo peso a las mexicanas.
En la víspera del escándalo, el gobierno calderonista le inyectó más recursos cuando los directivos de Pemex modificaron los plazos contractuales y montos del alquiler de sus plataformas Pride California, Pride Wisconsin y Pride Nebraska, entre otras.
El sobornar para que se arrendaran éstas no era una práctica exclusiva de Pride, Noble, una de sus principales competidoras también ocupaba una partida especial para cohechos gubernamentales. La Comisión de Valores le comprobó que sobornó a funcionarios de las aduanas en Nigeria para que extendieran los permisos aduanales a sus plataformas, arrendadas a la industria petrolera estatal.
La Comisión le impuso una multa de 2 millones 590 mil dólares, Pemex le renovó sus contratos. Noble es la principal arrendadora de plataformas en la Sonda de Campeche, rentadas algunas en condiciones de chatarra, como lo demuestran los chek list elaborados de manera interna por la paraestatal. Ahora se le vislumbra como una de las potenciales beneficiarias de los contratos para aguas profundas.
El polémico caso ABB
Una de las más recientes investigaciones del Departamento de Justicia que implicaron a funcionarios mexicanos en sobornos de trasnacionales, es la del consorcio suizo ABB Ltd y de la empresa texana Lindsey Manufacturing Company a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En una investigación del FBI y la Oficina Local de Houston de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, llevó a ante un juez federal del Sur de Texas, ésta se declaró culpable de los cargos de violación de las disposiciones antisoborno del Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para violar dichas disposiciones.
Ésta admitió que su oficina en la ciudad de Sugar Land, Texas, ABB Network Management pagó sobornos de 1997 a 2004 por casi 2 millones de dólares a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad; a cambio recibió contratos por más de 81 millones de dólares. Los cohechos se pagaron a través de diversos intermediarios, incluida una empresa mexicana que era su representante de ventas en sus contratos con la CFE.
El 16 de noviembre de 2009, Fernando Maya Basurto, directivo de la compañía se declaró culpable en el cargo de conspiración. Admitió que como representante de ventas de ABB Network Management, conspiró con terceros para realizar pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a lavar el dinero de los sobornos y participó en el encubrimiento para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores. Ese día se presentaron acusaciones formales en contra del exgerente general de ABB Network Management, John Joseph O’Shea: 18 cargos de conspiración, violaciones del Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero internacional y falsificación de registros asociados a su supuesto papel en el ardid de soborno.
Como gerente general de ABB en Texas, organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de lucrativos contratos. O’Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México, según el cual ésta recibía un porcentaje de las ganancias generadas de los negocios con compañías gubernamentales de servicios públicos mexicanas, entre ellas la CFE.
En diciembre de 1997, ésta le otorgó un contrato conocido como el Sitracen, para realizar mejoras estructurales a su sistema de redes eléctricas, que le generó a ABB más de 44 millones de dólares de ganancias. Después, en octubre de 2003, la CFE le otorgó un contrato multianual para el mantenimiento y mejoras respecto del contrato Sitracen, conocido como el contrato Evergreen, que le dejó a ABB ganancias por más de 37 millones de dólares.
Para el contrato Evergreen, O’Shea y Basurto, funcionarios de la CFE y otras personas acordaron que el 10 por ciento de las ganancias serían devueltas a funcionarios de la paraestatal a modo de soborno. O’Shea recibiría como comisión el 1 por ciento de los dividendos. Para triangular los sobornos, éste, Basurto y los otros usaron facturas falsas de empresas mexicanas de supuestos “servicios técnicos” y “servicios de soporte de mantenimiento”. También hubo otros pagos adicionales por “comisiones” a Basurto y su familia que luego fueron transferidos a funcionarios de la CFE.
En conexión con el contrato Evergreen, O’Shea autorizó más de 900 mil dólares en sobornos a funcionarios de la CFE antes de que una investigación interna por parte de la corporación suiza detuviera las transferencias. Derivado de dicha investigación, de acuerdo con información divulgada por las autoridades estadunidenses, ABB les informó “voluntariamente” de sus pagos ilegales.
O’Shea fue despedido y después de su salida Basurto y otros ejecutivos participaron en una operación de encubrimiento para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia: inventariaron documentos apócrifos que supuestamente eran evidencia de una relación comercial legítima entre la oficina de ABB en Texas y las empresas mexicanas que entregaron las facturas falsas. Las autoridades descubrieron correos electrónicos en los cuales Basurto y O’Shea comentaron la redacción de correspondencia y un contrato falsos.
México no fue el único país donde ABB entregó cohechos. Otra indagatoria del Departamento de Justicia documentó que entre 2000 y 2004, sobornó con más de 300 mil dólares a funcionarios del gobierno de Irak para obtener contratos por 6 millones de dólares con las paraestatales Compañía General de Producción de Energía Eléctrica, Baghdad Mayoralty y la Compañía Estatal de Distribución de Electricidad de Baghdad.
En septiembre de 2010, ABB y dos de sus subsidiarias aceptaron pagarle a la justicia estadunidense 58 millones de dólares en multas criminales y civiles, más los intereses. Fue hasta que las autoridades estadunidenses ventilaron el escándalo cuando en octubre de 2010, la CFE presentó demandas civiles en su contra. No obstante, ABB continuó como su proveedor de productos y servicios.
En Washington, la Comisión de Valores anunciaba acusaciones formales contra una empresa de California, Lindsey Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos también por sobornos a funcionaros de la CFE a cambio de contratos. La compañía realiza sistemas de restauración de emergencia y otros equipos de electricidad.
La indagatoria a cargo de la Comisión de Valores y el FBI llevaron al banquillo de los acusados a Keith E Lindsey y a Steve K Lee, de Lindsey Manufacturing Company bajo ocho cargos, de conspiración para violar la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. La acusación formal incluyó también a los mexicanos Enrique Faustino Aguilar Noriega y a Ángela María Gómez Aguilar, ambos de Cuernavaca, acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Ambos eran directores de Grupo Internacional de Asesores, SA, el cual alegaba proveer servicios de representación de ventas para empresas que realicen negocios con la Comisión Federal de Electricidad.
Lindsey Manufacturing contrató a Grupo como su representante de ventas en México y para obtener contratos con la CFE. Gracias a su operación, ésta se convirtió en uno de sus mejores clientes, a cambio de lo cual, Lindsey les entregaba jugosas comisiones. De febrero de 2002 a marzo de 2009, Lindsey Manufacturing, Lindsey, Lee y Aguilar Noriega desarrollaron un plan de soborno y operaciones fraudulentas en contra del dinero público que ejerce la CFE, en el que Aguilar Noriega recibió una comisión del 30 por ciento sobre todos los bienes y servicios que Lindsey Manufacturing vendió a la Comisión. Todo el porcentaje era el monto de los cohechos, cuya parte proporcional se cargó a la facturación con la Comisión. Es decir, cada contrato se infló un 30 por ciento para asegurar que el costo adicional pagado a Aguilar Noriega fuera absorbido por ésta y no por Lindsey Manufacturing.
Para transferir los recursos se usaron facturas apócrifas del Grupo a Lindsey Manufacturing por el 30 por ciento del precio del contrato. Luego Aguilar Noriega y Gómez Aguilar lavaron el dinero en la cuenta de corretaje de Grupo para pagar los cohechos a los destinatarios finales.
En este tipo de operaciones compraron el yate Dream seeker por 1 millón 800 mil dólares para el director de Operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz y el ferrari de 297 mil 500 dólares. También le cubrieron más de 170 mil dólares de su tarjeta American Express, con la que Moreno se ajuareó en las exclusivas tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York y de Beverly Hills: Gucci, Louis Vuitton, Armani, Hugo Boss y Versace, a cuenta de los contratistas de la Comisión, o, mejor dicho, de los precios inflados en los contratos de ésta. Además de 600 mil dólares que enviaron a sus parientes.
El Departamento de Justicia tenía a la compañía californiana bajo investigación por sobornos directos, la Comisión de Valores y la administración de Calderón le seguían entregando contratos, entre ellos el 700238137, por 1 millón 313 mil pesos; el 700238282, por 900 mil millones de pesos; y el 700237230, por 1 millón 174 mil de pesos.
General Electric y sus socios
En julio de 2010, la Comisión de Valores acusó a General Electric Company de infringir el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, por su participación en un plan de cohecho por 3 millones 500 mil dólares a funcionarios iraquíes para obtener contratos para suministro de equipos médicos y de depuración de agua y contratos del Programa de Petróleo por alimentos de la ONU.
General Electric y sus asociados Marquette Hellige, de Alemania; OEC Medical Systems, de Suiza; Ionics Italba SrL, de Italia; y Nycomed Imaging, de Noruega, sobornaron con millones de dólares en efectivo, computadoras, suministros médicos y servicios a los funcionarios iraquíes a cambio de jugosos contratos. Nycomed Imaging pagó 750 mil dólares de sobornos a cambio de contratos que le redituaron 5 millones de dólares en “ganancias indebidas”. Ionics Italba pagó 795 mil dólares en cohechos y devengó 2 millones 300 mil dólares en dividendos ilícitos.
En México General Electric Company es contratista del gobierno federal principalmente de entidades del sector energético: Pemex y sus subsidiarias Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica. A Pemex Gas le prové de equipo y mantenimiento; a Pemex Exploración de dispositivos, trabajos de mantenimiento y de modernización; a Pemex Refinación de aparatos, acondicionamiento, conservación y reparación de sus plantas. Otro de sus clientes estrella es la CFE, a la que le suministra de equipo diverso, maquinarias, refacciones y mantenimiento, capacitación e informática y servicios de inspección e ingeniería.
Marquette Hellige, que la Comisión de Valores identificó como responsable de sobornar a funcionarios iraquíes con más de 1 millón de dólares, suministra de sus dispositivos e instrumentales al sector salud mexicano a través de empresas intermediarias. Lo mismo que Nycomed Imaging con sus productos médicos. El Departamento de Justicia las enjuició en un tribunal de Columbia. La Comisión les fijó multas por 23 millones de dólares. México mantuvo sus relaciones comerciales.
Transportistas sobornadoras
En noviembre de 2010, la Comisión de Valores hizo públicas las “multas criminales” a una empresa de transporte de carga global y cinco empresas y subsidiarias de servicios de gas y petróleo, por sobornar a funcionarios de por lo menos siete países –Brasil, Angola, Azerbaiyán, Kazakhstan, Nigeria, Rusia y Turkmenistán–, para “obviar reglas y normas locales asociadas a la importación de bienes y materiales a numerosas jurisdicciones extranjeras”.
Ante un Tribunal Federal del Sur de Texas, Panalpina World Transport (Holding) LTD, empresa de servicios de transporte de carga global y logística –con sede en Basilea, Suiza– y su subsidiaria estadunidense, Panalpina Inc, admitieron que las compañías a través de anexas y afiliadas (colectivamente, “Panalpina”) realizaron un “ardid” para pagar cohechos a numerosos funcionarios extranjeros en nombre de muchos de sus clientes del ramo del petróleo y el gas.
Entre 2002 y 2007, pagaron al menos 27 millones de dólares en sobornos. En esta trama, los clientes de Panalpina, entre ellos Shell Nigeria Exploration and Production Company LTD, Transocean LTD y Tidewater Marine International Inc, admitieron que las compañías aprobaron el pago de cohechos en su nombre en Nigeria y registraron falsamente éstos como gastos comerciales legítimos en sus libros, registros y cuentas contables.
Panalpina, la empresa a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó como responsable de conspiración para quebrantar las disposiciones contra el soborno del Acta y de “de ayudar y secundar a ciertos clientes en la violación de las disposiciones sobre libros y registros de la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero”, es también contratista del gobierno federal mexicano. La CFE, Bancomext y el Fondo de Cultura Económica le han contratado diversos servicios de transporte.
El resto de las compañías, clientes de Panalpina, a las cuales, también la Comisión de Valores halló implicadas en los cohechos a funcionarios públicos, son también flamantes proveedores del Estado: Shell en el ramo de la construcción, energético, asesorías, supervisiones y en el mercado de los lubricantes.
Transocean LDT –proveedor global de servicios de perforación petrolera en la costa y equipos, basados en Vernier, Suiza– tiene registradas siete subsidiarias como proveedoras del gobierno mexicano en servicios de perforación de pozos petroleros y de gas, arrendamiento de plataformas de perforación y asesorías.
Tanto Shell como ésta son identificados al interior de Pemex como potenciales operadoras en el sector de aguas profundas. Tidewater Marine International Inc, subsidiaria de Tidewater Inc, la otra acusada por la Comisión de Valores de violar las disposiciones antisoborno, provee a Pemex de servicios de transporte de su personal y equipos vía lancha. Le arrienda también barcos para maniobras en la Sonda de Campeche y el transporte de hidrocarburos.
En 2010, cuando en Estados Unidos Tidewater estaba bajo investigación del Departamento de Estado bajo los cargos de sobornar a funcionarios, el gobierno federal a través de Pemex le adjudicaba contratos como el 428220824 para el servicio de transporte de materiales, por 45 millones de pesos; el 428220813, por 28 millones de pesos; el 428229878, por 36 millones de pesos; y el 428220820, por 39 millones de pesos, entre otros. Y estaban también vigentes otras convenciones multianuales como el 428218874, por 295 millones de pesos.
El costo del cohecho
El Banco Mundial estima que cada año en el mundo se pagan más de 1 billón de dólares en sobornos, lo que en promedio representa el 20 por ciento de la inversión extranjera promedio.
En esa espiral de colusiones que implican los pagos de éstos, el dinero público se derrocha en cantidades exorbitantes, sobre todo en países como México, donde al año el gobierno destina en promedio entre 7 y 10 por ciento del producto interno bruto a las adquisiciones públicas, que son además el principal blanco de soborno.
El Instituto Mexicano para la Competitividad identifica la “corrupción” y “colusión”, como factores que “inflan los precios de los bienes y servicios que compra el gobierno”. El caso de Lindsey Manufacturing es ilustrativo: cada contratación le costó a la CFE 30 por ciento más cara.
El efecto social es más lamentable. La Comisión de Valores señala en uno de sus informes que “la corrupción tiene efectos especialmente negativos en economías emergentes. Cuando los funcionarios públicos de un país en desarrollo abusan, como rutina, de su poder por ganancias personales, su pueblo sufre. No se construyen caminos, las escuelas permanecen en ruinas y los servicios públicos básicos dejan de proveerse. Asimismo, cuando sobreviene la corruptela en cualquier nación, sus instituciones se deterioran”.
Aunado lo que cada caso de soborno trasnacional representa, un grave problema es cuando no se castiga, como ocurre en México, lo que se convierte en una fuga de capital, explica Rosa María Estrada, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Comisión de Valores registra por ejemplo, que sólo las multas criminales que en 2010 le impusieron a las empresas por violaciones al Acta, generaron más de 1 billón de dólares que se ingresaron a las arcas públicas de Estados Unidos, entre ellas se incluyen a varias de las sobornadoras de funcionarios mexicanos.
Soborno cosmético
Las investigaciones que en conjunto realizan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación y la Comisión de Valores incluye a consorcios de todo tipo, que tienen en México un estratégico mercado.
Desde la empresa química Innospec Inc, el consorcio de Delaware que fabrica en exclusivo un compuesto de tetraetilo de plomo que se emplea para las gasolinas, hasta la compañía de cosméticos Avón –que es una de las más grandes del mundo– promueven códigos de conducta pero en su historial ante la Comisión de Valores, acumulan vergonzantes historias de cohecho.
Innospec pagó más de 1 millón 500 mil dólares en sobornos, en dinero efectivo y viajes a funcionarios del Ministerio del Petróleo de Irak para venderle su plomo de tetraetilo y asegurarse de que un producto de la competencia no se aprobara; a cambio obtuvo compras por 40 millones de euros.
En junio de 2008, el corporativo Avon Cosmetics declaró el inicio de una investigación interna por cohechos de sus ejecutivos a funcionarios del gobierno chino. Esta historia se originó a partir de que –desde 1998– China prohibió la venta directa de sus productos. Se obligó a que Avón instalara establecimientos de belleza para su comercialización. Unos años después, extrañamente, se le concedió a ésta la venta en diversos puntos del país y luego el Ministerio de Comercio le otorgó la licencia. Detrás de las concesiones estaban los “pagos”: dinero en efectivo, viajes, regalos y entretenimiento.
El mercado mismo castigó al consorcio al hacerse público el despido de algunos de sus altos ejecutivos y la razón, sus acciones sufrieron un considerable descalabro. El gobierno mexicano ha autorizado al corporativo Avón importantes concesiones: los derechos para explotar varios afluentes de agua.
Defraudadores financieros, asesores estrella
En abril de 2010, la Comisión de Valores acusó al Grupo Goldman Sachs y a su vicepresidente, Fabrice Tourre, por defraudar a los inversionistas con un producto hipotecario de alto riesgo (crédito subprime) en momentos en que en Estados Unidos el mercado de la vivienda empezaba a desplomarse.
Goldman Sachs estructuró y comercializó una obligación de deuda con garantía sintética que giraba en torno al rendimiento de valores respaldados por hipotecas residenciales de alto riesgo. El Grupo no dio a conocer a los inversionistas información vital acerca de la obligación de deuda con garantía, en particular el papel que jugó un importante fondo de cobertura en el proceso de selección de cartera y el hecho de que el fondo de cobertura había tomado una posición corta frente la obligación de deuda con garantía.
La Comisión de Valores llevó a Goldman Sachs a los tribunales de Nueva York, y tres meses después, el consorcio aceptaba pagar 550 millones de dólares como sanción, la más grande aplicada por la Comisión a una empresa de Wall Street, de los cuales, 250 millones serían para los inversionistas y 300 millones para el Tesoro.
“Ésta es la mayor multa de la historia aplicada contra una empresa de servicios financieros por la Comisión de Valores”, dijo Robert Khuzami, director de la División de Aplicación de la Ley de la Comisión. “Este acuerdo es una lección para las empresas de Wall Street de que ningún producto es demasiado complejo, ni ningún inversionista lo suficientemente sofisticado como para evitar pagar un alto precio si una empresa infringe los principios fundamentales del trato honesto y la negociación leal”.
Lorin L Reisner, director adjunto de la División de Aplicación de la Ley de la Comisión de Valores, añadió: “El mensaje inconfundible de esta demanda y del acuerdo establecido hoy es que las verdades a medias y el engaño no se pueden tolerar, y que la integridad de los mercados de valores depende de que todos los participantes de éste adhieran de manera inflexible a los requisitos de fidelidad y honestidad”.
En México Goldman Sachs ha sido contratada para asesorías financieras, para proyectos importantes como el Etileno XXI (contrato 5400022475). Se le encargó también validar la fórmula del precio de venta del etano que produce Pemex Gas y Petroquímica Básica (contrato 5400021979). El consorcio está registrado como proveedor del gobierno federal como fondo de infraestructura, domiciliado en Nueva York.
Caso Citigroup
Otro de los consorcios financieros enjuiciados por malas prácticas corporativas es la compañía de servicios financieros,Citigroup Inc. Las autoridades estadunidenses le abrieron una indagatoria por “engañar” a los inversionistas sobre la exposición de la empresa a activos vinculados con hipotecas de alto riesgo.
De acuerdo con el acta acusatoria de la Comisión de Valores, Citigroup declaró –tanto en sus teleconferencias con los inversionistas como en sus informes bursátiles presentados entre el 20 de julio y el 15 de octubre de 2007– que la exposición de su banco de inversión a los activos hipotecarios de alto riesgo era de 13 mil millones o menos, sin embargo, la cifra en realidad ascendía a más de 50 mil millones.
En el expediente de la Comisión de Valores se indica que “Citigroup, en respuesta al intenso interés de los inversionistas sobre el asunto, hizo declaraciones engañosas de forma reiterada durante sus teleconferencias con los inversionistas y en sus informes bursátiles sobre el alcance de sus participaciones en activos respaldados por hipotecas de alto riesgo”. En cambio en México el gobierno permitió que hiciera el que podría inferirse como uno de sus mejores negocios: la operación de Banamex. En México Citigroup fue uno de los fuertes beneficiaros de las políticas gubernamentales de rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario.
Fuente: Contralínea
