lunes, 10 de octubre de 2011

Legado del calderonismo: devaluación, gasolinazos, inflación

Aun año y días de que el presidente Calderón concluya su estancia en Los Pinos, toma cuerpo lo que será su herencia. En el terreno económico y financiero, un desastre.

Analistas de Bancomer y Banamex coinciden en señalar que el precio del dólar estará por arriba de 13.50 pesos la próxima Navidad. Será una devaluación en promedio de dos pesos. Por otro lado, el gobernador del Banco de México expresa su confianza en que volverá la anterior cotización –¿$11.50?– a mediano plazo. ¿Qué es el mediano plazo: un mes, seis meses, un año? Una devaluación de dos pesos es un golpe inmediato, fulminante, duro contra las empresas y las familias del norte del país. Compran casi todo al otro lado de la frontera: desde papas y leche hasta cuadernos. Ya en este momento están sufriendo el agobio. También el resto del país comienza a resentirlo: todo está aumentando de precio. Las tortillas a más de 13 pesos. ¿Y las acciones del gobierno calderonista para amortiguar el golpe devaluatorio? Ninguna hasta hoy. Al contrario, volvió a aumentar el precio de la gasolina este fin de semana, no obstante que el petróleo crudo va a la baja en el mercado internacional, y a pesar de que la gasolina también va a la baja en Estados Unidos y China, la primera y segunda economías del mundo. Desde el sábado el costo de las gasolinas y el diesel es el siguiente: Premium, $10.50; Magna, $9.56, y diesel $9.92. Se habla de un supuesto subsidio gracias al cual no son mayores. Sin embargo, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en un gesto poco común en un funcionario público, aclaró que el tal subsidio no es otra cosa que un movimiento contable. En tiempos cuando la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos, Hacienda clasifica la diferencia como un impuesto. Cuando sucede lo contrario, como en estos días, en que es más cara allá que aquí, la clasifica como un subsidio. Por cierto, los muchos años en que operó como impuesto, Hacienda cobró el gravamen sin autorización del Congreso.





Fuente: La Jornada