Aun cuando el sistema de pensiones y jubilaciones representa la mayor contingencia financiera en algunos estados del país, el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones (FARP) permanece intacto a casi cuatro años de su creación, asegura el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Carlos Alberto Garza.
Entrevistado por El Economista, afirma que desde diciembre del 2007, cuando se aprobó la creación del FARP, algunos gobiernos locales buscaron beneficiarse de él; sin embargo, no estuvieron dispuestos a asumir el costo político de acatar los lineamientos que marca.
“Existe la disposición de muchos gobernadores de asumir las reglas; no obstante, cuando llegan a su Congreso se pierde o se frenan los avances”, indica.
En esencia son tres los requisitos solicitados para recibir las bondades del programa: establecer un sistema de cuentas individuales; crear mecanismos que permitan a los trabajadores activos migrar al régimen establecido, y reducir el valor presente de las obligaciones totales de pensiones de los empleados activos y de nuevo ingreso.
Sinaloa -dice- es el único estado que lleva avanzado el proceso. Destaca que de mantener el paso será el primero en adherirse al fondo.
En sus oficinas de Palacio Nacional, el funcionario reconoce que el sistema de pensiones estatal es un problema que impacta de manera negativa en sus finanzas públicas.
Asegura que algunos gobiernos subnacionales tienen que financiar su pago con recursos de su presupuesto. Tal es el caso de Nuevo León, el cual -refiere- este año destinará cerca de 2,600 millones de pesos de sus transferencias federales, es decir, alrededor de 5% de las partidas que le da el gobierno.
Para el 2012 serán 3,000 millones de pesos y el problema, asegura Garza, seguirá creciendo año con año hasta que no se ponga en la mesa una iniciativa que reforme el sistema.
“El reto es avanzar a un sistema de pensiones que sea autofinanciable, autofondeable”, sostiene.
LO VEN LEJANO Y EL PROBLEMA SIGUE AGRAVÁNDOSE
El funcionario afirma que la desgracia, es que algunos estados ven el pago de las pensiones como una operación a mediano o largo plazo, pero no, “tarde o temprano se tendrá que enfrentar la situación, de hecho, hay algunas entidades que ya padecen los efectos”.
Indica que, tal como lo demandaron algunos legisladores, las jubilaciones deben ser vistas como una deuda presente y no contingente.
Destaca que aun cuando el problema es de primordial importancia, se requiere hacer un análisis del monto de las pensiones.
Lo anterior porque -explica- en las entidades hay una aproximación, pero no por completo, pero a nivel municipal es nula la información acerca del problema.
“Para qué empezar a dar soluciones cuando no tenemos claro el problema, sería dar golpes al problema equivocado”, enfatiza.
Fuente: El Economista
