Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció ayer que licitará el arrendamiento, por plazos de entre dos y tres años y sin opción a compra, de ocho plataformas de perforación marina en la Sonda de Campeche, así como la realización de varios trabajos en diversos campos de la región, por un monto superior a mil 200 millones de dólares. “Dichas contrataciones –dijo en un comunicado la dirección de la paraestatal– permitirán realizar las actividades de perforación, terminación, mantenimiento, reparación y toma de información de pozos marinos” en el principal complejo productor de crudo de la petrolera estatal, Ku Maloob Zaap, y en el yacimiento de Cantarell.
El anuncio hace evidente una continuidad en el designio del gobierno federal de entregar a particulares cuanto se pueda de algunas de las actividades más redituables de la industria petrolera nacional. Es significativo, al respecto, que el gobierno insista en justificar su empeño en otorgar concesiones como la comentada –que suelen ir aparejadas a jugosas ganancias para las empresas contratistas– con el argumento de que Pemex carece de los recursos humanos, tecnológicos y monetarios necesarios: si en el momento presente es necesario fortalecer al Estado mexicano a efecto de “recuperar la capacidad de inversiones” en materia petrolera –como indicó ayer el ex presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva–, resulta difícil imaginar un rumbo de acción menos conveniente para la consecución de ese propósito que la adopción de medidas como la que se comenta, que justamente reducen la participación pública en la industria de los hidrocarburos.
Por otra parte, la afirmación de que Pemex carece de recursos suficientes para desempeñar sus tareas –al grado de que tiene que arrendar infraestructura “para mantener la producción de hidrocarburos”– resulta llanamente inverosímil en voz de una administración que el año pasado gastó casi 3 mil millones de pesos en organizar el festejo –tan frívolo como insustancial– del bicentenario de la Independencia, y que en los primeros cuatro meses de 2011 ejerció más de 525 millones de pesos sólo por concepto de publicidad institucional.
Adicionalmente, es preocupante que la administración calderonista presente como solución a los problemas de la paraestatal una medida que representará, en lo inmediato, un riesgo de pérdida neta para el país en términos económicos, al permitir la operación de compañías privadas en la principal región productora de hidrocarburos del territorio.
Finalmente, el hecho de que la acción referida se presente como apegada a los términos de la reforma petrolera de 2008 pese a contrariar abiertamente el espíritu y la letra constitucionales pone en evidencia una inconsistencia jurídica que debe ser corregida cuanto antes: en la medida en que esto no ocurra, quedará abierto un amplio margen de maniobra para que el grupo en el poder porfíe en el empeño de transferir a manos privadas actividades, potestades y propiedades que pertenecen, por mandato constitucional, a la nación.
Fuente: La Jornada
El anuncio hace evidente una continuidad en el designio del gobierno federal de entregar a particulares cuanto se pueda de algunas de las actividades más redituables de la industria petrolera nacional. Es significativo, al respecto, que el gobierno insista en justificar su empeño en otorgar concesiones como la comentada –que suelen ir aparejadas a jugosas ganancias para las empresas contratistas– con el argumento de que Pemex carece de los recursos humanos, tecnológicos y monetarios necesarios: si en el momento presente es necesario fortalecer al Estado mexicano a efecto de “recuperar la capacidad de inversiones” en materia petrolera –como indicó ayer el ex presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva–, resulta difícil imaginar un rumbo de acción menos conveniente para la consecución de ese propósito que la adopción de medidas como la que se comenta, que justamente reducen la participación pública en la industria de los hidrocarburos.
Por otra parte, la afirmación de que Pemex carece de recursos suficientes para desempeñar sus tareas –al grado de que tiene que arrendar infraestructura “para mantener la producción de hidrocarburos”– resulta llanamente inverosímil en voz de una administración que el año pasado gastó casi 3 mil millones de pesos en organizar el festejo –tan frívolo como insustancial– del bicentenario de la Independencia, y que en los primeros cuatro meses de 2011 ejerció más de 525 millones de pesos sólo por concepto de publicidad institucional.
Adicionalmente, es preocupante que la administración calderonista presente como solución a los problemas de la paraestatal una medida que representará, en lo inmediato, un riesgo de pérdida neta para el país en términos económicos, al permitir la operación de compañías privadas en la principal región productora de hidrocarburos del territorio.
Finalmente, el hecho de que la acción referida se presente como apegada a los términos de la reforma petrolera de 2008 pese a contrariar abiertamente el espíritu y la letra constitucionales pone en evidencia una inconsistencia jurídica que debe ser corregida cuanto antes: en la medida en que esto no ocurra, quedará abierto un amplio margen de maniobra para que el grupo en el poder porfíe en el empeño de transferir a manos privadas actividades, potestades y propiedades que pertenecen, por mandato constitucional, a la nación.
Fuente: La Jornada
