Los analistas y medios de comunicación de siempre empiezan ya a edulcorar y unificar el mensaje de la marcha multitudinaria del próximo domingo 8 de mayo en solidaridad con Javier Sicilia. Con el fin de reducir los daños para Felipe Calderón y su gobierno, las imágenes y reportajes que desde ahora se preparan resaltarán las expresiones de rechazo a los criminales y la corresponsabilidad de la sociedad. El repudio directo al gobierno y su fallida estrategia bélica recibirán un trato marginal, y se buscará relacionar estas expresiones con oscuros intereses políticos” o simplemente descalificarlos como “grupúsculos de resentidos sociales”. El objetivo será construir una escenografía para que Calderón salga al día siguiente a “reconocer la gran importancia” de la manifestación y por enésima vez se comprometa a “trabajar con la sociedad” en la búsqueda de soluciones a la violencia.
El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.
La sociedad está cansada de “pactos” vacíos y expresiones estériles de “buena voluntad” de los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.
Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un “¡ya basta!” a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio.
Asimismo, no podemos ser tan ingenuos como para simplemente exigir a las autoridades que ahora sí cumplan con su deber, sino que habría que exigir la inmediata destitución de todos los altos mandos involucrados en esta guerra criminal tanto a escala federal como en los gobiernos estatales, empezando, por supuesto, con Genaro García Luna, Guillermo Galván y el propio Calderón. Estos funcionarios han estado ya bastante tiempo en el gobierno y han demostrado que son incapaces de asegurar la paz social.
Es hora de que se vayan a casa. Esperemos que este domingo, junto con la poderosa consigna “No + sangre!”, también se multiplique aquella consigna histórica del pueblo argentino para repudiar al conjunto de su clase política: “¡Que se vayan todos!”
Pero, más allá de exigir la renuncia inmediata de los funcionarios responsables, también habría que iniciar procedimientos de juicio formal contra los responsables de esta sangrienta historia. De otra forma, solamente reproduciríamos el sistema simulado de “rendición de cuentas” típico del régimen del partido de Estado en que, ante una crisis o tragedia nacional, algún alto funcionario ofrecía su cabeza para apaciguar el reclamo social.
Habría que iniciar desde ya una diversidad de juicios en tribunales nacionales e internacionales contra Calderón, García Luna, Galván y otros funcionarios por su responsabilidad directa en la muerte de casi 40 mil ciudadanos inocentes durante los últimos cuatro años. Existen casos particularmente evidentes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, como el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el de los hermanos Martín y Bryan Almanza, en Tamaulipas. Pero, estrictamente hablando, cada uno de los 40 mil muertos es inocente, hasta que un tribunal demuestre lo contrario, y en todo caso a ningún criminal se le puede aplicar la pena de muerte, dado que esta figura está explícitamente prohibida por el artículo 22 de la Constitución.
Probablemente es cierto que un gran porcentaje de las personas materialmente responsables por los asesinatos tengan alguna vinculación con el narcotráfico, aunque sin duda el número de 90 por ciento manejado por Calderón es una exageración. Sin embargo, también es cierto que una enorme cantidad de los sicarios, probablemente más de 90 por ciento, también tiene algún vínculo con las autoridades gubernamentales. Si no se persigue esta complicidad hasta los más altos niveles, la lucha por la seguridad pública estará condenada para siempre al fracaso.
La articulación de un claro mensaje de repudio hacia Calderón y de exigencia de rendición de cuentas a la clase política en general no emerge de odios personales hacia el Presidente o de algún “resentimiento” político, sino de la ineludible necesidad de dar un ejemplo simbólico de que por fin existe la posibilidad de acabar con la impunidad que impera en el país. Hace falta instaurar un parteaguas histórico, un antes y un después, para que se inicie desde ya la construcción de una nueva república. Así ha ocurrido recientemente en numerosos países del mundo, y de manera destacada en Medio Oriente y Sudamérica, que, como México, también tienen instituciones públicas corruptas e ineficaces. ¿Por qué México tendría que ser la excepción?
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol
El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.
La sociedad está cansada de “pactos” vacíos y expresiones estériles de “buena voluntad” de los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.
Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un “¡ya basta!” a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio.
Asimismo, no podemos ser tan ingenuos como para simplemente exigir a las autoridades que ahora sí cumplan con su deber, sino que habría que exigir la inmediata destitución de todos los altos mandos involucrados en esta guerra criminal tanto a escala federal como en los gobiernos estatales, empezando, por supuesto, con Genaro García Luna, Guillermo Galván y el propio Calderón. Estos funcionarios han estado ya bastante tiempo en el gobierno y han demostrado que son incapaces de asegurar la paz social.
Es hora de que se vayan a casa. Esperemos que este domingo, junto con la poderosa consigna “No + sangre!”, también se multiplique aquella consigna histórica del pueblo argentino para repudiar al conjunto de su clase política: “¡Que se vayan todos!”
Pero, más allá de exigir la renuncia inmediata de los funcionarios responsables, también habría que iniciar procedimientos de juicio formal contra los responsables de esta sangrienta historia. De otra forma, solamente reproduciríamos el sistema simulado de “rendición de cuentas” típico del régimen del partido de Estado en que, ante una crisis o tragedia nacional, algún alto funcionario ofrecía su cabeza para apaciguar el reclamo social.
Habría que iniciar desde ya una diversidad de juicios en tribunales nacionales e internacionales contra Calderón, García Luna, Galván y otros funcionarios por su responsabilidad directa en la muerte de casi 40 mil ciudadanos inocentes durante los últimos cuatro años. Existen casos particularmente evidentes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, como el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el de los hermanos Martín y Bryan Almanza, en Tamaulipas. Pero, estrictamente hablando, cada uno de los 40 mil muertos es inocente, hasta que un tribunal demuestre lo contrario, y en todo caso a ningún criminal se le puede aplicar la pena de muerte, dado que esta figura está explícitamente prohibida por el artículo 22 de la Constitución.
Probablemente es cierto que un gran porcentaje de las personas materialmente responsables por los asesinatos tengan alguna vinculación con el narcotráfico, aunque sin duda el número de 90 por ciento manejado por Calderón es una exageración. Sin embargo, también es cierto que una enorme cantidad de los sicarios, probablemente más de 90 por ciento, también tiene algún vínculo con las autoridades gubernamentales. Si no se persigue esta complicidad hasta los más altos niveles, la lucha por la seguridad pública estará condenada para siempre al fracaso.
La articulación de un claro mensaje de repudio hacia Calderón y de exigencia de rendición de cuentas a la clase política en general no emerge de odios personales hacia el Presidente o de algún “resentimiento” político, sino de la ineludible necesidad de dar un ejemplo simbólico de que por fin existe la posibilidad de acabar con la impunidad que impera en el país. Hace falta instaurar un parteaguas histórico, un antes y un después, para que se inicie desde ya la construcción de una nueva república. Así ha ocurrido recientemente en numerosos países del mundo, y de manera destacada en Medio Oriente y Sudamérica, que, como México, también tienen instituciones públicas corruptas e ineficaces. ¿Por qué México tendría que ser la excepción?
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol
John M. Ackerman
