Desacataron autoridades orden de la CIDH de darle protección
El asesinato de Javier Torres Cruz, uno de los dirigentes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez (OCESP), ocurrido el pasado lunes, fue “un crimen de Estado”, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó el 21 de diciembre de 2008 medidas cautelares que protegieran la vida del activista, y las autoridades mexicanas “hicieron caso omiso” a ese ordenamiento, señaló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Fuentes Muñiz fue coadyuvante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el caso del homicidio contra Digna Ochoa –contratado por la familia de la activista asesinada en 2005–, pero no convenció a las autoridades ministeriales de concluir que su muerte derivó de un crimen.
Entrevistado ayer, el litigante aseguró que las autoridades mexicanas “incurrieron en responsabilidad penal” por mantenerse omisas al mandato de la CIDH, que pidió protección policiaca para Torres Cruz. Consideró que los familiares del activista deben presentar una denuncia penal por incumplimiento la orden del organismo internacional.
En tanto, el procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos en los que el defensor de bosques y de los derechos humanos pereció. López Rosas destacó que no se pudo sacar el cuerpo del ecologista de Petatlán, “por eso se trasladó el médico legista al lugar”.
En conferencia de prensa que ofreció ayer en Chilpancingo, López Rosas informó que este miércoles “salió una comitiva integrada por elementos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los coordinadores regionales del Ministerio Público y de la policía ministerial, así como el médico legista para iniciar el trámite de ley; hasta el momento no se ha asignado el número de averiguación previa. Tenemos algunas dificultades para el trámite de ley, puesto que eso (el homicidio de Javier Torres) ocurrió en la población de La Morena, y hubo alguna resistencia para trasladar su cuerpo a la cabecera municipal”.
Indicó que “hasta el momento se desconoce el número de personas que murieron (en el ataque durante el cual falleció Torres Cruz) y si hubo algún enfrentamiento, debido a la distancia y a la postura de los habitantes, que nos ha impedido estar en el lugar de los hechos”. Fuentes no oficiales aseguran que hubo cuatro muertos.
De su lado, el secretariado nacional del PRD exigió la inmediata investigación del homicidio del campesino y castigo para los responsables. En un pronunciamiento firmado por el secretario de seguridad, justicia y derechos humanos del sol azteca, Lucio Borreguín, se afirmó que el Estado “debe garantizar la integridad física y sicológica de los familiares (de Torres Cruz) y de todos los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez”.
Resaltó que este crimen “no es un hecho aislado”, pues, como Javier Torres, “muchos otros miembros de la OCESP han sido asesinados, torturados, desaparecidos y encarcelados por el único hecho de defender los bosques y exigir que se frene la tala indiscriminada”.
El asesinato de Javier Torres Cruz, uno de los dirigentes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez (OCESP), ocurrido el pasado lunes, fue “un crimen de Estado”, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó el 21 de diciembre de 2008 medidas cautelares que protegieran la vida del activista, y las autoridades mexicanas “hicieron caso omiso” a ese ordenamiento, señaló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Fuentes Muñiz fue coadyuvante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el caso del homicidio contra Digna Ochoa –contratado por la familia de la activista asesinada en 2005–, pero no convenció a las autoridades ministeriales de concluir que su muerte derivó de un crimen.
Entrevistado ayer, el litigante aseguró que las autoridades mexicanas “incurrieron en responsabilidad penal” por mantenerse omisas al mandato de la CIDH, que pidió protección policiaca para Torres Cruz. Consideró que los familiares del activista deben presentar una denuncia penal por incumplimiento la orden del organismo internacional.
En tanto, el procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos en los que el defensor de bosques y de los derechos humanos pereció. López Rosas destacó que no se pudo sacar el cuerpo del ecologista de Petatlán, “por eso se trasladó el médico legista al lugar”.
En conferencia de prensa que ofreció ayer en Chilpancingo, López Rosas informó que este miércoles “salió una comitiva integrada por elementos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los coordinadores regionales del Ministerio Público y de la policía ministerial, así como el médico legista para iniciar el trámite de ley; hasta el momento no se ha asignado el número de averiguación previa. Tenemos algunas dificultades para el trámite de ley, puesto que eso (el homicidio de Javier Torres) ocurrió en la población de La Morena, y hubo alguna resistencia para trasladar su cuerpo a la cabecera municipal”.
Indicó que “hasta el momento se desconoce el número de personas que murieron (en el ataque durante el cual falleció Torres Cruz) y si hubo algún enfrentamiento, debido a la distancia y a la postura de los habitantes, que nos ha impedido estar en el lugar de los hechos”. Fuentes no oficiales aseguran que hubo cuatro muertos.
De su lado, el secretariado nacional del PRD exigió la inmediata investigación del homicidio del campesino y castigo para los responsables. En un pronunciamiento firmado por el secretario de seguridad, justicia y derechos humanos del sol azteca, Lucio Borreguín, se afirmó que el Estado “debe garantizar la integridad física y sicológica de los familiares (de Torres Cruz) y de todos los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez”.
Resaltó que este crimen “no es un hecho aislado”, pues, como Javier Torres, “muchos otros miembros de la OCESP han sido asesinados, torturados, desaparecidos y encarcelados por el único hecho de defender los bosques y exigir que se frene la tala indiscriminada”.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/21/index.php?section=estados&article=025n1est
