La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, una instancia intermediadora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo es alertar que las actividades de la empresa trasnacional Electricité De France (EDF Group) podrían estar violando sus derechos humanos.
Desde inicios de 2017, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo reunió evidencia sobre la eventual instalación en su tierra y territorio del parque eólico “Gunaá Sicarú”, de Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V, filial de la empresa trasnacional EDF.
Con el paso de los meses, la comunidad constató el avance y desarrollo de este proyecto sin que el Estado mexicano realizara una consulta indígena para obtener su consentimiento y sin que la empresa les haya involucrado en la planeación del parque.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat ha sido un fiel defensor de las eólicas y ha aplaudido la inversión que estás señalan han hecho en distintas comunidades, pero contrario a ello, para los defensores del territorio de los pueblos indígenas del Istmo no es más que una violación a su autonomía y libre determinación.
En el caso de Unión Hidalgo la comunidad observa que dentro las violaciones a los derechos humanos, se encuentran principalmente su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; sin embargo, también consideran que existen condiciones propicias para nuevas afectaciones contra la comunidad y las personas defensoras de la tierra y el territorio.
Por ello, la comunidad decidió presentar el pasado jueves 8 de febrero una queja ante el PNC en Francia. Con ello se espera que el órgano, en su carácter de instancia mediadora, conozca las posibles violaciones a los derechos humanos en que la transnacional francesa podría estar incurriendo en México.
También se espera que llame a EDF a cumplir su responsabilidad de generar mecanismos de diálogo con la comunidad; e impida una actuación corporativa contraria a lo que marcan las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En la queja también se advierte sobre la actuación de las filiales de EDF Group: EDF EN México, S. de R.L. de C.V. (EDF EN México) y Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. (Eólica de Oaxaca) en México.
De acuerdo con las directrices de la OCDE –a los que el Estado francés se adhirió-, las empresas deberán, entre otros puntos, respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades; implementar la debida diligencia basada en los riesgos; facilitar a las partes interesadas posibilidades reales de participación para planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales; y abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales.
Esta queja fue firmada por el representante de la Asamblea Comunal, Oscar Marín, y la defensora comunitaria indígena, Guadalupe Ramírez, en representación de la Comunidad de Unión Hidalgo.
Esta acción legal se suma a las demandas de amparo que la comunidad indígena, con el acompañamiento de ProDESC, presentó desde 2017 por la actuación y omisión de las autoridades mexicanas para: Exigir información sobre el desarrollo del proyecto “Gunná Sicarú”; denunciar la autorización de permisos sin cumplir con los estándares internacionales; y denunciar la falta de una consulta indígena y el consentimiento libre, previo e informado para la instalación del parque.
“Es de sumo interés observar la urgencia de generar mecanismos efectivos de exigencia, defensa y debida diligencia para la comunidad dado que EDF Group de S.A. es una empresa multinacional fundada por el gobierno francés para la generación, transmisión y distribución de electricidad.
El proyecto “Gunaá Sicarú” sería el cuarto parque de EDF en México, y el parque número 24 que se instala en la región del Istmo de Tehuantepec. La gran mayoría de estos proyectos se instauró con graves omisiones por parte de las empresas y el Estado mexicano, lo que trajo importantes afectaciones para las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos”.
La comunidad enfatiza que las omisiones observadas para este proyecto eólico no son aisladas, sino parte de una conducta reiterada que debe ser modificada al interior de las empresas.
Asimismo, “expresamos nuestra preocupación por las recientes voces críticas sobre el desempeño del PNC con respecto a su mandato de impulsar la efectividad de los Líneas Directrices de la OCDE y de contribuir a la resolución de los temas relativos a la implementación de éstas. Esperamos que el PNC, en su facultad de resolver instancias específicas, garantice imparcialidad, equidad, accesibilidad, transparencia y participación de la comunidad durante el proceso”.
Guadalupe Ramírez, representante del Comité de la Comunidad de Unión Hidalgo, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, “ya tenemos a Demex que en 2011 comenzaron a construir el parque eólico, se metieron violando todos los derechos de las comunidades indígenas, principalmente el convenio 169 que es el que ampara a las comunidades.
Ya teniendo afectaciones por parte de esta empresa ya quiere entrar otra en las mismas condiciones. Por eso nosotros estamos denunciando, para defender nuestro territorio. Además vivimos una división ya que algunos sí reciben un mínimo por rentar sus tierras pero no todos, ya que la empresa se vale que muchos no son propietarios y no reciben nada”.
Ramírez señala que el discurso de la empresa eólica fue la promesa que habría beneficios para la comunidad, sin embargo no sucedió. “Porque los únicos beneficiadas son las autoridades y la empresa. A los pobladores no le han dejado nada, un solo ejemplo es el terrible deterioro de las calles las cuales las autoridades dijeron que como la empresa prometió arreglarlas entonces ellos no harán nada, pero tampoco la eólica hará algo”.
A su vez, la defensora del territorio recordó que “hace unos días el gobernador dijo que donde hay una empresa eólica no hay pobreza, nada más alejado de la realidad, es una mentira, porque aquí vemos como la canasta básica sube de precio, como nos afectan los gasolinazos y de las eólicas no obtenemos ganancias y los que reciben tampoco obtienen lo suficiente para no salir afectados con estos problemas. La mayoría de los pobladores se dedica al campo, entonces finalmente las eólicas solamente hace más pobres a los pobres”.
Ramírez denuncia que los contratos que ahora está firmando la empresa eólica los ha tomado como si fueran de propiedad privada, cuando en realidad todos los terrenos de Unión Hidalgo son de régimen comunal. “No pueden haber contratos legales si hacen pasar como régimen privado algo que es comunal, pero lo que sucede es que los propietarios para poder acceder a un pago por sus tierras entregan las escrituras de los terrenos a la empresa y ésta se encarga de llevarla al registro publico de la propiedad.
Y ya con eso nos hacen creer que ya nuestros predios son de propiedad privada, lo cual es imposible. Es por todo esto y al ver que no nos hacen caso que no quieren dialogar con nosotros tuvimos que recurrir a las autoridades de Francia, para que el gobierno de ese país sepa lo que una de sus eólicas está haciéndonos. Esperamos una buena respuesta porque no les será fácil entrar a una comunidad indígena sin que nadie les diga nada, debemos defender lo que nos corresponde. Vamos a confiar que el gobierno haga algo con su empresa porque le pertenece, no es privada”.
Sobre el gobierno mexicano, señala que nunca han tenido su apoyo. “Ahorita el presidente municipal está entretenido en las elecciones, en tanto el estatal habla maravillas de las empresas eólicas y no es verdad porque vivimos las afectaciones. Y no podemos aceptar que este gobierno diga tantas mentiras sobre el tema”, agrega Ramírez.
“Dado que el PNC ha sido informado de las posibles violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa transnacional francesa en México, esperamos que exhorte a EDF a que cumpla con su responsabilidad de generar procesos de diálogo con la comunidad”, añade ProDESC.
De igual forma, tanto la organización como la comunidad espera que se pronuncie sobre los posibles abusos a derechos humanos cometidos por EDF o sus subsidiarias y que, de ser el caso, ofrezca acceso a mecanismos de reparación y remedio que puedan ser implementados y monitoreados.
Finalmente, “esperamos que el PNC garantice que las futuras acciones corporativas llevadas a cabo por EDF estén en concordancia con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, puntualizan.
Fuente: Revolución Tres punto cero
