Con sones jarochos, exigen a gobierno de Duarte localizar a menor desaparecida

Músicos veracruzanos exigen la búsqueda de la menor desaparecida. Foto: Cortesía Alejandro Ávila

Músicos veracruzanos de son jarocho, del puerto de Veracruz y de Xalapa, hicieron una peculiar protesta para exigir al gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa y a la Fiscalía General del Estado la aparición con vida de la menor Lizbeth Campechano Yan, de 15 años, quien desapareció el pasado 15 de septiembre cuando salió del plantel escolar Ilustre Instituto Veracruzano (IIV) y tomó el camión para dirigirse a su casa en la zona centro, a donde ya no llegó.

Con jaranas en las afueras del Palacio de Gobierno, donde despacha Duarte en la capital del estado, y con música de son jarocho en el tranvía del recuerdo en el Puerto de Veracruz, la comunidad de músicos de la región del Sotavento exigió a las autoridades que esclarezcan la desaparición de Lízbeth Campechano.

Lízbeth es hermana de Juan Campechano, músico integrante de la agrupación Mono Blanco, un reconocido grupo de Son Jarocho en el país.

A través de redes sociales, jaraneros y decimeros de Veracruz lanzaron la convocatoria para exigir la aparición con vida de la joven, en una entidad como Veracruz, donde pululan las desapariciones forzadas y los casos impunes de personas no localizadas.

El día 16, la FGE emitió una alerta Amber, la cual no se efectuó el día 15, pues la Policia Ministerial y la Fiscalía Distrital tuvieron día de asueto y no dejaron una guardia para este tipo de eventualidades.

Proceso ha documentado, a través de solicitudes de transparencia, que actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en lo que va del gobierno del priista Javier Duarte.

De hecho, la Procuraduría General de la República (PGR) ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.

Fuente: Proceso|  NOÉ ZAVALETA