Prueba para detectar la diabetes. Foto: José Luis de la Cruz
Sin embargo, la privatización de los fondos públicos destinados a las instituciones de salud, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentra operando por medio de la subrogación y la concesión de obras y servicios a las Asociaciones Público-Privadas (APP´s).
Así lo señala el doctor Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).
En entrevista con Apro, el especialista explica cómo ha sido el proceso de privatización del sector salud en el país en apego a la reforma.
Gutiérrez Guzmán identifica tres etapas: la primera en 1985 durante el llamado “ajuste estructural”, que, dice, mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales.
La segunda etapa, prosigue, fue con la Ley del IMSS de 1995, cuando se dio “la primera gran privatización de la seguridad social”.
Abunda: “Estableció que las pensiones de los trabajadores pasaran al dominio de los bancos privados y por ley se abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados, tal como ocurrió con las guarderías, los centros culturales y recreativos y los deportivos.
La tercera etapa, dice Gutiérrez Guzmán, se desarrolló durante el gobierno de Vicente Fox con la creación del Seguro Popular, porque consistió en la introducción de “un mecanismo de aseguramiento nuevo, un aseguramiento con un paquete de beneficios limitado, dentro de una lógica del aseguramiento privado”.
En mayo de 2009, la revista Contralínea (número 133) dio a conocer que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón el IMSS, el ISSSTE y Pemex subrogaron servicios a empresas privadas de salud –Amerimed y Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), entre otras instituciones–, a las cuales les remitieron sumas millonarias para la atención de servicios médicos: consultas, diagnósticos de gabinete, estudios de laboratorio, hospitalización, siquiatría, angiología, urología y neurocirugía.
El secretario de la ALAMES recuerda que desde entonces se subrogaron otros servicios: imagenología (rayos X, tomografía, ultrasonido y resonancia magnética nuclear), hemodiálisis, endoscopía, cateterismo cardíaco, ambulancias y limpieza en los hospitales.
En su opinión, las Asociaciones Público-Privadas son otra de las formas en que opera la privatización en el sector salud; por este medio, explica, “el gobierno contrata a empresas privadas para que construyan y operen hospitales durante 25 o 50 años y todo ese tiempo se le están transfiriendo los recursos públicos”.
Actualmente las APP´s tienen presencia en hospitales de alta especialidad en Guanajuato, Zumpango, Estado de México, Ciudad Victoria y Mérida, y va en aumento. El pasado 28 de junio el diario Reforma reportó que el IMSS concesionó la construcción de un hospital en Nayarit y buena parte de sus servicios médicos, además de que planea la licitación para la construcción de nuevas unidades médicas en los estados de México, Chiapas y Nuevo León.
El doctor González enfatiza que si bien la actual iniciativa en materia de salud pretende ampliar el aseguramiento de toda la población con la subrogación de los servicios de salud y las concesiones de obras se está omitiendo el hecho de que los seguros van a ser administrados por aseguradoras privadas o “articuladoras”, las cuales “comprarían servicios médicos tanto a proveedores públicos, es decir, aclara, unidades del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, o preferentemente privados”.
Frente a las aseveraciones del secretario Narro Robles que rechaza el carácter privatizador de la reforma, calificando de “discursos” las distintas voces que se han manifestado en contra de la universalidad de la salud, González Guzmán sostiene que la privatización del sector salud no se realizará por medio de la puesta en venta del IMSS o el ISSSTE, sino por medio de la inyección de fondos públicos a las instancias privadas en detrimento de la inversión pública, como de hecho ya ocurre.
Además señaló que la universalización de la salud no es un proceso actual ni exclusivo de nuestro país sino que responde a una tendencia mundial: “Filipinas está en proceso de privatización, la India está en proceso de privatización, Colombia está totalmente privatizado, Chile está totalmente privatizado, entonces no es un discurso, es una realidad mundial”.
Para México, el caso de Colombia no sólo es un referente del desarrollo de la privatización de los servicios de salud bajo el esquema de la universalización en Latinoamérica, sino que la privatización de las instituciones públicas colombianas fue promovida por Julio Frenck, miembro socio de la Fundación para la Salud (Funsalud), la cual ha tenido una gran incidencia en la planeación de las políticas gubernamentales en el tema de la salud en México.
Los miembros de la Funsalud incluye a las poderosas farmacéuticas a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de hospitales privados, como Olegario Vázquez Aldir y el presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch (Más de 131, “Funsalud y los empresarios que marcan las políticas de salud en México”), quienes trabajan de cerca con funcionarios del gobierno como el propio secretario de salud Narro Robles y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.
Desde la administración pasada, la secretaria de salud Mercedes José impulsó la universalidad de la salud a partir de un estudio elaborado por la Funsalud.
Actualmente, la administración de Enrique Peña Nieto busca estrechar la relación con la Fundación, como quedó en evidencia el pasado 29 de marzo en la XXXV Asamblea General Ordinaria en la que pidió a la Funsalud “tenga la certeza de que encontrará en el gobierno de la República, en su Presidente, y en los directores de las distintas entidades públicas, encargadas del sector salud, siempre espacios de diálogo, de apertura y de trabajar de forma conjunta para seguir procurando la salud de todos los mexicanos”.
González Guzmán afirma que las repercusiones de la universalización de la salud en el país son múltiples, sin embargo, establece que una de las más preocupantes es la inestable situación laboral de los trabajadores del sector.
“En la medida que entran privados, incluso dentro del Seguro Popular, se están dando condiciones de trabajo precarias para médicos y enfermeras, ganan menos, tardan más o no logran la base, son despedidos, se les recontrata cada seis meses, carecen de vacaciones, no cuentan con ISSSTE ni Seguro Social y, por si fuera poco, médicos del Seguro Popular no tienen acceso gratuito a éste”, dice.
Este clima de inestabilidad laboral ha sido uno de los motores que han impulsado a los trabajadores del sector salud a salir a la calle en la mayor parte del país.
González Guzmán adiciona otros problemas que arrastran médicos y enfermeras en la actualidad: criminalización del ejercicio médico pese a que la situación material es ínfima, imposibilidad de ascender en el escalafón laboral, incluso para las enfermeras con estudios de posgrado y abandono y desmantelamiento de las instituciones del sector.
A raíz de esa situación, las organizaciones de trabajadores del sector salud solicitaron dialogar con el secretario Narro Robles, quien los recibió el pasado 27 de junio.
En la reunión, los inconformes demandaron la cancelación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, debido a que, a su juicio, contribuye a la criminalización de la práctica médica.
También pidieron el establecimiento de una mesa de trabajo para discutir y resolver las problemáticas que imperan en el sector.
Fuente: Proceso| DIANA ÁVILA
