Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD. Foto: Benjamín Flores
En un comunicado, el partido al que pertenecía el edil victimado junto con su chofer condenó el homicidio y acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de fallar en la protección de los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, hizo un llamado a las autoridades correspondientes “para que los responsables de este cobarde asesinato sean presentados ante la justicia.
“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Ambrosio y recordamos que nuestro presidente municipal de Pungarabato jamás se dejó amedrentar por las amenazas de los delincuentes, siempre fue una persona íntegra y valerosa.
“Recordemos que Ambrosio ya había advertido al propio Peña Nieto sobre las constantes amenazas que recibía y de las extorsiones que el crimen organizado le exigía. Con tales amenazas se veía venir un ataque de estas magnitudes y ni el gobierno federal y mucho menos el local reforzaron la seguridad del alcalde”, destacó Ávila.
El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo “está absolutamente rebasado por el crimen y no se ve que tome cartas en el asunto.
“La seguridad del alcalde era responsabilidad del gobierno federal. Exigimos una investigación de por qué no fue reforzada a pesar de todos los indicios y amenazas”, señaló.
Tras asesinatos, urgen a Segob protocolo de protección a alcaldes
La Asociación Nacional de Alcaldes solicitó al gobierno federal que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), implemente de manera urgente un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
En un comunicado el organismo informó que de 2003 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, siete electos y 32 exalcaldes, dando un total de 79.
Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero; y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas
“En la ANAC hemos realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo)”, indica el documento.
De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
El propósito de lo anterior, agrega la ANAC, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en Fortaseg, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos.
De igual manera se consideren los pasos a seguir después de una situación de esta naturaleza, adicional a lo estipulado por la ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos en comento.
Fuente: Proceso| La Redacción
En un comunicado el organismo informó que de 2003 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, siete electos y 32 exalcaldes, dando un total de 79.
Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero; y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas
“En la ANAC hemos realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo)”, indica el documento.
De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
El propósito de lo anterior, agrega la ANAC, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en Fortaseg, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos.
De igual manera se consideren los pasos a seguir después de una situación de esta naturaleza, adicional a lo estipulado por la ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos en comento.
Fuente: Proceso| La Redacción
