Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yerania Rolón
El amparo concedido ayer mismo los pone en salvaguarda en “contra de cualquier acto privativo de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia Procuraduría General de la República (PGR).
En la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal fueron publicados los números de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016, de cada uno de los funcionarios que durante el sexenio formaron parte del círculo cercano del priista, Javier Duarte de Ochoa.
Para la fianza de dicho amparo, cada funcionario veracruzano tuvo que depositar la módica cantidad de 4 mil pesos.
Apro tuvo acceso a las primeras capturas de pantalla cuando se subió a la plataforma la estadística judicial, aunque después inexplicablemente fueron borradas.
El amparo de los tres funcionarios de Sefiplan se da en el contexto de que el gobierno de Duarte está sumido en una deuda pública de 44 mil millones de pesos; un impago a la Universidad Veracruzana de mil millones de pesos; el Instituto de Pensiones del Estado quebrado; el pasivo de 13 mil millones de pesos a contratistas y proveedores, el cual tendrá que ser pagado por las próximas dos administraciones estatales; así como 26 denuncias ante la PGR interpuestas por el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por peculado, malversación de recursos públicos y uso indebido de funciones.
El historial de estos tres funcionarios que cohabitaron en el sexenio de Duarte es por demás polémico, Salvador Manzur Díaz fue uno de los funcionarios estatales bajo investigación por su presunta participación en una red de ‘mapaches’ electorales, en la que estuvieron involucrados el propio gobernador Javier Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.
Incluso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó que estuvo en curso la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz.
Aunque Manzur fue despedido, un año y medio después el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rehabilitó a la función pública como delegado federal de Banobras.
Aunque, Gabriel Deantes Ramos fue despedido como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial- un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.
El comunicado, en aquel entonces, consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes muebles e inmuebles, además de que los mismos priistas filtraron a la prensa las múltiples propiedades que el supuesto tamaulipeco tiene en el exclusivo fraccionamiento residencial Las Animas, dos de las cuales abarcan una manzana completa, así como dos plazas comerciales de su propiedad y de construcción reciente.
En tanto que Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado el año anterior por tres años, por omitir información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por no solventar observaciones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011.
La última broma de Javier Duarte: cambiará las placas de autos en todo Veracruz… para cobrarlas
Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades. De acuerdo con documentos, en poder de BlogExpediente, la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT le dan el visto bueno a la Secretaría de Finanzas, en su solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”. La dependencia a cargo de Antonio Gómez Pelegrín ha asegurado que la solicitud es para garantizar “la suficiencia de placas” en el estado.
El visto bueno de la SCT. Foto: BlogExpediente
Esos recursos se sumarían a los que obtendrá con lo aprobado ayer por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Veracruz, quienes lograron imponer su mayoría para dar luz verde a dos fideicomisos para el pago de pasivos del Gobierno del Estado, que usarán el 3 por ciento del impuesto del impuesto sobre la nómina pagado por los empresarios.
Los documentos, en poder de BlogExpediente, son una correspondencia entre la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT y el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, donde le dan el visto bueno a la solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”.
Este sería el segundo reemplacamiento que el Gobierno de Duarte intentaría aplicar. A mitad de sexenio quiso aplicar uno, pero los veracruzanos lo rechazaron.
El intercambio de información pone de manifiesto el plan de Javier Duarte de Ochoa por dar una última estocada a los veracruzanos y sacar hasta el último centavo que pueda antes de entregar el gobierno el próximo 1 de diciembre.
El 14 de julio pasado, en dos comunicados, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) rechazó que haya un proyecto para reemplacar, como había acusado el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
“El Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN, cumple con responsabilidad sus atribuciones fiscales, y de ninguna forma toma acciones para afectar a la siguiente administración estatal (con un nuevo emplacamiento).
“El ejercicio que ha estado realizando esta Secretaría es asegurar que exista la suficiencia de placas disponibles para el mantenimiento y control adecuado del Programa de Ordenamiento Vehicular vigente”, dijo la Sefiplan en uno de los dos comunicados emitidos para desmentir el asunto.
Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades.
El documento que se cita, fue elaborado el pasado 17 de marzo en las oficinas centrales de la SCT, en Calzada de las Bombas, Col. Los Girasoles, de Coyoacán, y le marcan copia a la dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad del Autotransporte y a la Dirección de Normatividad .
Marcado con el folio 4251-404-2016, asunto, “asignación de series”, Finanzas lo recibió y marcó de recibido el pasado 28 de marzo, entregado a las 11:38 en el despacho de Gómez Pelegrín.
En su contendido, la SCT le otorga la “serie para las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular de diversos servicios para el Gobierno del Estado de Veracruz”.
Así, para automóvil privado, se emiten las series y numeraciones XYA-001-A a XZU-740-C, disponibles para 921 mil 818 unidades.
Para camión privado, XF-0001-A a XH-8794-G, existentes para 528 mil 742 unidades de esa naturaleza; y para autobús privado: 01-XFA-01 a 19-XFA-58 para mil 840.
En total, son un millón 450 mil 550 unidades por las que el gobierno podría cobrar unos mil 500 millones de pesos, y a los cuales podría allegarse antes de entregar la administración al Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Este acuerdo, según versiones, también será sacado por la aplanadora priísta, aprovechando los últimos meses de poder que le resta a la bancada del PRI para cumplir una de las últimas órdenes del gobernador.
Para dar legalidad a la nueva disposición del gobernador, el documento de la SCT cita la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-200, del 2001; en donde “se establecen las características, especificaciones, técnicas y colores de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”.
En el remate: “Comunico a usted que esta Unidad Administrativa estima procedente la utilización de las series a continuación detalladas con los totales para los servicios solicitados, los cuales corresponden a un rango de una nueva conformación de series para el gobierno del estado de Veracruz, de donde podrán ir utilizando las series según sus necesidades de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que deberá de ajustarlo a su sistema de control vehicular”.
LAS DEUDAS DE DUARTE: SALUD, POLICÍA, OBRAS…
De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), entregado al Congreso de Veracruz, y al cual el medio Blog Expediente tuvo acceso, diversas dependencias del Gobierno de Duarte de Ochoa tienen deudas por miles de millones.
El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina.
El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos.
Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.
Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos.
La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.
Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos.
Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón.
Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.
Por otra parte, el sexenio de Javier Duarte se ha caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra, pero no por la entrega. En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) veracruzana debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje.
Fuente: Proceso| POR NOÉ ZAVALETA | Sin Embargo| Por Ignacio Carvajal
