Peña celebra su cumpleaños 50 en el Edomex. Foto: Benjamin Flores
El caso es que Peña insiste en que la operación de compra de la llamada Casa Blanca de Las Lomas fue algo enteramente legal. Mas lo que no podría tener explicación satisfactoria es el origen del dinero, atribuido, según se ha dicho, a su esposa mediante un bono de 80 millones entregado por Azcárraga, dueño de Televisa, por sus 25 años de servicios actorales (sólo el pago del ISR hubiera sido por más de 20 millones). Como esa versión era increíble, la Secretaría de la Función Pública realizó una investigación para que se creyera, la cual culminó en lo mismo, pero sin detalles: todo fue legal, pero el comprobante del pago del impuesto jamás apareció.
Si el escándalo se redujera a algo de mal gusto o políticamente impropio entonces no se tendrían que ofrecer disculpas, es decir, descargar o justificar una culpa, porque culpa propiamente no habría. El asunto de mayor escándalo, después del frustrado contrato de enajenación de la gran casa, fue que un secretario de Estado, nombrado libremente por Peña, se hubiera hecho cargo de la investigación y, sin dar detalles, informara que todo estaba en regla. ¿Quién le creyó a Virgilio Andrade? Nadie.
Una forma de dar mordida es entregar algo a cambio de favores ilícitos mediante una operación subrepticia como, por ejemplo, los dineros que recibía Raúl Salinas en ocasión de las privatizaciones ordenadas por su hermano. Él era el cajero aunque parece que hurtó una parte del botín, pero ese es otro cuento. Aquí tenemos que un gran contratista del gobierno del Estado de México arregla la venta de una mansión justamente con la esposa de quien había sido el contratante y gobernador de esa entidad. Eso no podrá olvidarse por más disculpas presentadas. Pero menos aún por haber ordenado el esposo abrir una investigación, nombrar al investigador y esperar un resultado evidentemente espurio.
Hace años Vicente Fox rehusó que se nombrara un fiscal especial e independiente para averiguar la denuncia penal contra él y sus amigos, quienes habían organizado un sistema de aportaciones ilícitas. En el expediente había copia de un cheque por 17 millones firmado por Carlos Slim, pero éste sólo era uno de los muchos adinerados donantes. Nada quiso investigar la Procuraduría (Fromow y Macedo) bajo las órdenes del mismo Fox, sino que concluyó que no había delito que perseguir, punto final.
Nuestro país es al respecto único en el mundo: el presidente de la República encara una investigación en su contra e imparte las órdenes para que unos subordinados suyos declaren su propia inocencia. Ocurrió de nuevo con Peña, pero al respecto el actual presidente no ofreció disculpas, es decir, según parece lo volvería a hacer.
Calderón salvó al PRI; Peña lo hunde
Los peores momentos del Partido Revolucionario Institucional, previos a los que hoy vive, ocurrieron durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, cuando perdió 12 gubernaturas (tenía 29 en 1994 y 17 en 2006); 62 senadores (95 en 1994 y 33 en 2006); 194 diputados (300 en 1994 y 106 en 2006); más de 21 puntos porcentuales de preferencias electorales (de 50.3 en 1994 a 29 en 2006, en alianza con el PVEM); y pasó de ser la primera fuerza electoral en el país en 1994 a la tercera fuerza en 2006, tanto en la elección presidencial como en la legislativa.
Sin embargo, la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia le permitió revertir la tendencia decreciente y en la primera mitad del sexenio ya había logrado recuperar dos gobernadores (para llegar a 19), 136 diputados (de 106 a 242) y la mitad del porcentaje de votos perdidos (de 29 a 39.6%); y aunque no logró mantener la recuperación en las preferencias electorales y los diputados, sí lo hizo en las gubernaturas, pues concluyó el sexenio con 21 gobernadores; además en las elecciones de 2012 obtuvo 33.6% de los votos; 214 diputados y 52 senadores, es decir, 108 diputados y 19 senadores más que en 2006.
Con el regreso del PRI a Los Pinos la tendencia nuevamente se revierte: en 2015 perdió siete puntos porcentuales y 11 diputados respecto a los que había obtenido en 2009 y se quedó con 32.6% de los votos, ya muy cerca de su mínimo histórico, y 203 diputados. Y en 2016 la debacle se acentúa: al perder siete de las 12 gubernaturas en disputa, tiene únicamente 16 gobernadores (incluyendo al chiapaneco militante de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México y postulado en coalición); y la preferencia electoral, en las 12 entidades donde hubo elecciones a gobernador –estados donde el PRI normalmente obtenía porcentajes de votación superiores al promedio nacional– regresó al 29% de 2006.
Tal como señaló el flamante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, estos momentos son “particularmente difíciles… en la vida de nuestro instituto político”. También acierta al señalar: “No cabe duda que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad”.
Sin embargo, sesgado por la lealtad a sus mentores o contaminado por la endogamia, equivoca rotundamente la lectura de la realidad mexicana: Peña Nieto no es “el mayor activo del Partido Revolucionario Institucional y de México” y tampoco la corrupción se encuentra únicamente a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Permea los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y desde luego, como evidencian las reiteradas denuncias públicas (particularmente a partir de noviembre de 2014), alcanza directamente a varios de los integrantes del gabinete federal e incluso al mismo presidente de la República y su familia.
Si, como señaló en su discurso de toma de protesta Ochoa Reza, el PRI tiene “que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”, no debe voltear únicamente hacia los gobernadores y los alcaldes; primero debe observar muy de cerca al gobierno federal, pues es allí donde más presupuesto se maneja y más contratos se asignan.
Y aunque la corrupción y la impunidad son el elemento más adverso, no son el único factor que explica el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos y el voto de castigo de los electores mexicanos; hay muchos otros factores que influyen y, entre ellos se encuentran de manera relevante: la incapacidad de los gobernantes para resolver los problemas más acuciantes (inseguridad, pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos, entre los más destacados) y la intromisión de los titulares del Ejecutivo en la vida de sus institutos políticos.
No es ninguna casualidad que los votantes nacionales hayan castigado al PAN durante el gobierno de Calderón, cuyo gobierno muestra pésimos indicadores en los rubros señalados en el párrafo anterior; su intervención en los asuntos de Acción Nacional provocó conflictos internos, fracturas y renovación precipitada de dirigentes, pues durante su sexenio tuvo cuatro presidentes (Manuel Espino, a quien obligó a renunciar anticipadamente; Germán Martínez, quien renunció anticipadamente tras la derrota electoral de 2009; César Nava; y Gustavo Madero, con quien acabó enfrentado).
El escenario se repite con Peña Nieto, quien empezó a utilizar su poder en el PRI, desde marzo de 2011, cuando ungió a Humberto Moreira, para que le asegurara su postulación y a quien tuvo que separar tras el escándalo de las finanzas de Coahuila; posteriormente nombró a Pedro Joaquín Coldwell, para conciliar la designación de candidatos a diputados, senadores y gobernadores, en las elecciones concurrentes; César Camacho, que aunque vendió muy bien los resultados de la elección intermedia de 2015, en realidad no salió muy bien librado; Manlio Fabio Beltrones, que tuvo que renunciar tras la histórica derrota electoral del tricolor; y ahora Enrique Ochoa Reza. Van cinco dirigentes en cinco años y medio.
Si a eso se le suman los escándalos de corrupción y los malos indicadores de su gobierno (por más que Ochoa Reza, haya logrado arreglar algunas estadísticas para argumentar logros) es más que explicable que todas las encuestas muestren que menos de la tercera parte de la población mexicana aprueba su gestión.
El pacto de sobrevivencia con Beltrones (Proceso 2023) fracasó para ambos, pues resultó funesto para el futuro político y, particularmente, las aspiraciones presidenciales del exdirigente tricolor y dejó en condiciones deplorables al PRI para enfrentar las elecciones de gobernador en el Estado de México, en 2017, y desde luego la presidencial de 2018.
En estas circunstancias Peña Nieto cambió radicalmente el perfil del dirigente tricolor: seleccionó a alguien de su círculo íntimo, desconocido para la inmensa mayoría de los militantes priistas, sin haber siquiera aspirado a un puesto de elección popular y sin experiencia en la operación política. Paradójicamente, ante la debacle, se aferra a quienes piensan como él y son corresponsables de los malos resultados de su gobierno y su partido.
Sin embargo, la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia le permitió revertir la tendencia decreciente y en la primera mitad del sexenio ya había logrado recuperar dos gobernadores (para llegar a 19), 136 diputados (de 106 a 242) y la mitad del porcentaje de votos perdidos (de 29 a 39.6%); y aunque no logró mantener la recuperación en las preferencias electorales y los diputados, sí lo hizo en las gubernaturas, pues concluyó el sexenio con 21 gobernadores; además en las elecciones de 2012 obtuvo 33.6% de los votos; 214 diputados y 52 senadores, es decir, 108 diputados y 19 senadores más que en 2006.
Con el regreso del PRI a Los Pinos la tendencia nuevamente se revierte: en 2015 perdió siete puntos porcentuales y 11 diputados respecto a los que había obtenido en 2009 y se quedó con 32.6% de los votos, ya muy cerca de su mínimo histórico, y 203 diputados. Y en 2016 la debacle se acentúa: al perder siete de las 12 gubernaturas en disputa, tiene únicamente 16 gobernadores (incluyendo al chiapaneco militante de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México y postulado en coalición); y la preferencia electoral, en las 12 entidades donde hubo elecciones a gobernador –estados donde el PRI normalmente obtenía porcentajes de votación superiores al promedio nacional– regresó al 29% de 2006.
Tal como señaló el flamante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, estos momentos son “particularmente difíciles… en la vida de nuestro instituto político”. También acierta al señalar: “No cabe duda que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad”.
Sin embargo, sesgado por la lealtad a sus mentores o contaminado por la endogamia, equivoca rotundamente la lectura de la realidad mexicana: Peña Nieto no es “el mayor activo del Partido Revolucionario Institucional y de México” y tampoco la corrupción se encuentra únicamente a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Permea los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y desde luego, como evidencian las reiteradas denuncias públicas (particularmente a partir de noviembre de 2014), alcanza directamente a varios de los integrantes del gabinete federal e incluso al mismo presidente de la República y su familia.
Si, como señaló en su discurso de toma de protesta Ochoa Reza, el PRI tiene “que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”, no debe voltear únicamente hacia los gobernadores y los alcaldes; primero debe observar muy de cerca al gobierno federal, pues es allí donde más presupuesto se maneja y más contratos se asignan.
Y aunque la corrupción y la impunidad son el elemento más adverso, no son el único factor que explica el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos y el voto de castigo de los electores mexicanos; hay muchos otros factores que influyen y, entre ellos se encuentran de manera relevante: la incapacidad de los gobernantes para resolver los problemas más acuciantes (inseguridad, pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos, entre los más destacados) y la intromisión de los titulares del Ejecutivo en la vida de sus institutos políticos.
No es ninguna casualidad que los votantes nacionales hayan castigado al PAN durante el gobierno de Calderón, cuyo gobierno muestra pésimos indicadores en los rubros señalados en el párrafo anterior; su intervención en los asuntos de Acción Nacional provocó conflictos internos, fracturas y renovación precipitada de dirigentes, pues durante su sexenio tuvo cuatro presidentes (Manuel Espino, a quien obligó a renunciar anticipadamente; Germán Martínez, quien renunció anticipadamente tras la derrota electoral de 2009; César Nava; y Gustavo Madero, con quien acabó enfrentado).
El escenario se repite con Peña Nieto, quien empezó a utilizar su poder en el PRI, desde marzo de 2011, cuando ungió a Humberto Moreira, para que le asegurara su postulación y a quien tuvo que separar tras el escándalo de las finanzas de Coahuila; posteriormente nombró a Pedro Joaquín Coldwell, para conciliar la designación de candidatos a diputados, senadores y gobernadores, en las elecciones concurrentes; César Camacho, que aunque vendió muy bien los resultados de la elección intermedia de 2015, en realidad no salió muy bien librado; Manlio Fabio Beltrones, que tuvo que renunciar tras la histórica derrota electoral del tricolor; y ahora Enrique Ochoa Reza. Van cinco dirigentes en cinco años y medio.
Si a eso se le suman los escándalos de corrupción y los malos indicadores de su gobierno (por más que Ochoa Reza, haya logrado arreglar algunas estadísticas para argumentar logros) es más que explicable que todas las encuestas muestren que menos de la tercera parte de la población mexicana aprueba su gestión.
El pacto de sobrevivencia con Beltrones (Proceso 2023) fracasó para ambos, pues resultó funesto para el futuro político y, particularmente, las aspiraciones presidenciales del exdirigente tricolor y dejó en condiciones deplorables al PRI para enfrentar las elecciones de gobernador en el Estado de México, en 2017, y desde luego la presidencial de 2018.
En estas circunstancias Peña Nieto cambió radicalmente el perfil del dirigente tricolor: seleccionó a alguien de su círculo íntimo, desconocido para la inmensa mayoría de los militantes priistas, sin haber siquiera aspirado a un puesto de elección popular y sin experiencia en la operación política. Paradójicamente, ante la debacle, se aferra a quienes piensan como él y son corresponsables de los malos resultados de su gobierno y su partido.
Fuente: Proceso| PABLO GÓMEZ| JESÚS CANTÚ
