Integrantes del GIEI durante la conferencia de prensa para dar a conocer los avances del segundo periodo de trabajo. Foto: Benjamín Flores
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció obstáculos que ponen en riesgo el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y alertó sobre el intento de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Los expertos acusaron la existencia de filtraciones distorsionadas de declaraciones de procesados por la Seido, encaminadas a la creación de una versión de los hechos “en el sentido de que 17 normalistas –o alguna otra cifra– habrían sido asesinados y quemados” en el basurero de Cocula y no los 43 como afirmó el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Ángela Buitrago manifestó su preocupación por la “fragmentación interna” de la investigación así como la filtración de presuntas declaraciones, como las de integrantes de la banda de Los Peques y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil, quien frente al GIEI no hizo las declaraciones que después se filtraron a los medios.
Señaló que por las últimas detenciones relacionadas con la desaparición de los 43, realizadas por la Siedo después de la creación de la unidad especializada, se abrieron nuevas averiguaciones previas de las que no tiene copia el GIEI, como la de López Astudillo.
Agregó que en el expediente de Ayotzinapa “desaparecieron” las actuaciones realizadas para la recuperación de restos óseos encontrados en un paraje denominado “La Carnicería” cercano al basurero de Cocula, mismos que “no han sido procesados de acuerdo con los protocolos suscritos con las víctimas, a pesar de que la información sobre dicho lugar surgió de una denuncia realizada por los familiares de los 43 normalistas”.
Sobre las intenciones de “generar una quinta versión” de los hechos, Francisco Cox recordó que antes de la publicación de las primeras conclusiones del GIEI “habían cuatro versiones del destino de los normalistas”, siendo la incineración de los 43 estudiantes la versión que prevaleció sobre las otras.
“Cuando se descartó el incendio en el basurero –apuntó Cox—empezó a surgir una quinta versión que planteaba que los 43 fueron divididos en grupos, y que sólo algunos fueron incinerados, y es entonces cuando los inculpados empiezan a declarar en ese sentido, y llama la atención cómo se hacen las declaraciones”.
Cox admitió que pese a que tanto su perito José Torero como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideraron inviable la “verdad histórica”, y que por tanto ambos equipos descartan la necesidad de un tercer peritaje en el basurero de Cocula, “el órgano persecutor tiene derecho a realizar ese peritaje, para lo que se han acordado ciertas condiciones”.
Claudia Paz y Paz alertó sobre los riesgos de que no se tomen en cuenta las observaciones del GIEI para fortalecer las consignaciones, como en el caso del amparo obtenido por los 22 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de los homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, entre ellas la de Julio César Mondragón Fontes.
“El juez que otorgó el amparo consideró que no había suficiente motivación para decretar la orden de formal prisión contra los policías, por lo que pidió al juez de la causa que fundamentara; hay que reconocer que el recurso está impugnado por la PGR, pero advertimos que como ese caso puede haber otros más en los que por falta de fundamentación jurídica no se pueda procesar a los responsables”, dijo la exfiscal guatemalteca.
Carlos Beristáin añadió que no hay claridad de cuántos amparos han interpuesto los más de cien procesados por fallas en el debido proceso, “pero lo que puede dar una idea es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió 50 expedientes de queja por tortura, en tanto que los jueces de la causa solicitaron a la PGR la apertura de un número similar de averiguaciones por tortura, y pidió protocolos de Estambul”.
Alejandro Valencia recordó que apenas el 15 de febrero pasado, la PGR solicitó la colaboración del gobierno de Estados Unidos para ahondar en la línea de investigación que implica el trasiego de droga de Iguala a Chicago, lo que podría haber sido el móvil de la desaparición forzada.
Los integrantes del GIEI insistieron en su solicitud de tener acceso a los miembros del 27 Batallón de Infantería que presenciaron en distintos momentos los hechos, a través de interrogatorios hechos por agentes del Ministerio Público federal pero en los que estén presentes los expertos, así como el material fotográfico y de video, y documentación que al respeto tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los expertos reconocieron que se haya retomado la búsqueda de los estudiantes, y revelaron la localización de una fosa con dos cuerpos en las inmediaciones de Cocula, pero “que por las características de los restos no corresponden a los de los normalistas”.
Los expertos también se refirieron a la campaña de desprestigio contra los resultados del GIEI y algunos de sus integrantes, “lo que busca generar confusión y cuestionar a miembros del Grupo con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos, y que son parte de los mecanismos de impunidad”.
Carlos Beristáin enfatizó sobre la urgencia de que se aceleren las peticiones del GIEI para encaminar las investigaciones, y reconoció que los dos meses que quedan para la conclusión del mandato, es poco tiempo para llegar a la verdad.
Francisco Cox recordó que el destino del GIEI está en manos del acuerdo al que lleguen la Comisión Interdisciplinaria de Derechos Humanos (CIDH), los padres de familia y sus representantes, así como del Estado mexicano, “quien en todo caso es el responsable de esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes”.
Fuente: Proceso| POR GLORIA LETICIA DÍAZ
