CHIHUAHUA, Chih.- En su último informe de actividades, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Lobera, denunció la violencia institucional que sufren las mujeres, y cuestionó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda Reyes, que tenga en el pleno a un magistrado “golpeador”, Filiberto Terrazas Pacheco, acusado de violencia familiar.
Un grupo de mujeres que asistió al acto agradeció a la funcionaria haber trabajado del lado de la ciudadanía y no de quien la contrató (el gobernador César Duarte Jáquez), y luego mostró una lona con la leyenda: “Alto a la violencia institucional. Que no te cueste trabajo ir a tu trabajo”.
Casi al mismo tiempo, la activista y consejera del Ichmujer, Luz Estela Castro Rodríguez, denunció la violencia que ha ejercido el secretario de Desarrollo Social estatal, José Luis García Rodríguez, contra Saldaña Lobera.
El funcionario estatal negó que hubiera algún problema con la directora del Ichmujer, pero ella explicó que desde que asumió el cargo, aquél no ha cesado de gritarle en público. Incluso dijo que llegó a jalonearla porque no estuvo de acuerdo con las políticas implementadas y cuestionó los apoyos del DIF estatal para niños y mujeres víctimas de violencia.
Durante la presentación del informe, Emma Saldaña también recordó que el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, a las puertas del Palacio de Gobierno, obligó a cambiar y agilizar las políticas de género en la entidad, porque las autoridades estaban renuentes a que se abrieran los Centros de Justicia para las Mujeres, y a partir de esa “muerte innecesaria” avanzaron en su instrumentación.
Los asistentes al informe escucharon con sorpresa la avalancha de denuncias que llegaban a través de Saldaña y las representantes de organizaciones de la capital y de Ciudad Juárez.
La directora del Ichmujer subrayó que José Luis García le gritó en varias reuniones con funcionarios federales y estatales del sector social, como el delegado de la Sedesol, cuando ella cuestionó la inoperancia del plan de intervención tras el asesinato del niño Cristopher Márquez Mora, en mayo del año pasado, debido a que no estaba planeado con perspectiva de género y humanización.
“Teníamos que pensar en la situación de una mujer que trabaja y que no tiene dinero para pagar que le cuiden a su hijos y se ve obligada a dejarlos solos porque no hay un programa pensado en eso”, apuntó.
El tema llegó a la tribuna del Congreso local, donde se hizo un exhorto al DIF para que cumpliera con ese acuerdo y la situación molestó al secretario.
“Yo no soy responsable de que las cosas no se cumplan (…) es una larga historia. Incluso con anterioridad solicité al propio secretario general, Mario Trevizo, no tener contacto con este funcionario y le pedí expresamente que no quería que acudiera hoy al informe, pero sí vino”, soltó. Posteriormente agradeció al Movimiento Estatal de Mujeres su apoyo.
Saldaña adelantó que analizará si interpone una denuncia contra García Rodríguez por la violencia que ha ejercido en su contra. “Es algo que tengo que pensar, es algo que me he cuestionado, que yo he entrado en mis procesos silenciosos, dentro de mí, Emma Saldaña, y digo: Yo me he dedicado a la defensa de las mujeres, he trabajado en contra de la violencia, y si yo hubiera visto, de verdad, a una mujer que le hacen lo que a mí me hicieron, yo me hubiera visto obligada a defenderla”.
Un informe atípico: Martha Lamas
La feminista Martha Lamas, consejera externa de Emma Saldaña, dijo que nunca había presenciado un informe atípico como el de Saldaña.
“Yo nunca había estado en un informe tan atípico en el que a los funcionarios se les dice en su propia casa sus verdades. El secretario de Desarrollo Social ha estado bastante grosero con ella. Fue muy valiente que (Emma Saldaña) denunciaran eso y lo del juez golpeador. Es un informe democrático e inédito. Es un mensaje fuerte de una persona que ha estado trabajando y que reconoce que puede hacer su trabajo gracias al Movimiento de Mujeres”, agregó.
Destacó también el mensaje de Emma Saldaña sobre Marisela Escobedo: “Fue impresionante y muy conmovedor, es lo que debería hacer todo funcionario y no lo hace. No había estado en informes donde se dijeran las cosas así, como son”.
El informe
Emma Saldaña reconoció que el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas dejó preparados los Centros de Justicia para las Mujeres (que son parte de la sentencia del Campo Algodonero) que se implementaron en esta administración.
Ahora hay política pública nacional en el tema de género y gran parte se inició en esta entidad, dijo, y admitió que César Duarte la invitó a dirigir el Ichmujer porque conocía sus antecedentes en el trabajo con personas transgénero, homosexuales y trabajadoras sexuales, “y se arriesgó a ponerme”.
Refirió que desde el inicio llamó a Martha Lamas para asesorarse en la materia y capacitarse en el tema de género, y además se cobijó en el Movimiento de Mujeres con el que había trabajado en Fátima y en otros especialistas del gobierno federal.
“La muerte de Marisela Escobedo, una muerte innecesaria, generó políticas de género que se deben al sacrificio de su muerte. No debió haber sucedido. No voy a olvidar el llanto de su nieta (Heiry), que ya había perdido a su mamá (Rubí Marisol Frayre Escobedo)”, recordó.
Sostuvo que en el Ichmujer trabajaron en la igualdad de hombres y mujeres para erradicar la violencia, y el convenio fue firmado por el gobernador para abrir el Centro de Justicia de las Mujeres. “Había resistencia previamente, pero ahora es el único centro en el país. Es un reconocimiento a la vida y al sacrificio de Marisela. El convenio lo firmaron los tres poderes de gobierno y los presidentes municipales”, apuntó.
Luego nombró a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, como los Alvarado, y a dos madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez que pidieron apoyo para pagar peritajes con las antropólogas forenses argentinas, porque no creían en las autoridades de la fiscalía. “Hicimos un ajuste en los gastos del presupuesto para apoyarlas y lo logramos”, puntualizó.
También mencionó la violencia severa que sufren las mujeres indígenas en la Sierra Tarahumara, de donde les han llegado víctimas con hachazos en la cabeza, sin orejas, sin dedos, situaciones por las que abrió un refugio en la zona serrana.
Ahí, subrayó, hay una abuela a la que dejaron con 13 nietos porque el padre de los niños mató a su esposa, a su cuñada y a su suegro, y se logró canalizar a la mayoría de los niños a albergues. La abuela sólo se quedó con los más pequeños.
“Estoy convencida de que la base estructural de la violencia es la pobreza, porque aunque detengan al culpable, quienes se quedan afuera no tienen ni para darle de comer a sus hijos”, apuntó Saldaña.
Y habló también de la violación a niñas y niños, de cuyos casos llegan uno cada día al instituto. “A una niña de ocho años la contagiaron de papiloma humano, la operaron y recientemente recayó”.
Cuando abrieron el programa de denuncia por acoso y hostigamiento sexual institucional, también llegaron al Ichmujer muchos casos de la iniciativa privada. Recibieron 15 denuncias de empleadas de gobierno, 50% del sector educativo, dijo.
Por su parte, Lorena Cruz, directora del Inmujeres, destacó que el Movimiento de Mujeres de Chihuahua es el más influyente en el país, y respecto el Ichmujer aplaudió la transparencia presupuestal y el trabajo de Emma Saldaña, “que deja un reto muy grande”.
Denuncian despidos y recorte de recursos en materia de género en la Semarnat
Con el pretexto del recorte al presupuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto disminuyó en una tercera parte los recursos dirigidos a la igualdad de género en la Semarnat desde 2012, y despidió a las personas expertas en materia de género en las instancias encargadas de la protección al medio ambiente, denunció hoy la Red de Género y Medio Ambiente.
Las activistas de la red entregaron hoy una carta a la Presidencia de la República en la que exigieron la restitución de los programas de la Semarnat en materia de género y sustentabilidad, educación ambiental y aquellos dirigidos a los pueblos indígenas, así como la reinstalación de los funcionarios despedidos de la dependencia a pesar de su profundo conocimiento sobre estos temas.
Karla Priego Martínez, integrante de la organización, aseveró en entrevista con Apro que en los últimos dos años fueron despedidas 40 personas en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y señaló que hubo recortes similares en la Comisión Nacional de las Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) y en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
“Esta gente laboraba en áreas que tienen que ver con género, con pueblos indígenas y con capacitación ambiental; es decir, el trabajo social que tanto nos costó implementar”, lamentó la activista, al recordar que la Red de Género y Medio Ambiente impulsó en 1999 la perspectiva de género en la política ambiental de México.
“Desgraciadamente estamos viendo este desmantelamiento brutal que se traduce en correr a la gente que sabe del tema”, abundó Priego, al insistir en que los recortes afectan “las áreas que no les interesan porque ahí no se pueden hacer negocios”.
En materia de protección ambiental, precisó, “las mujeres tienen un lugar fundamental: son las que manejan la biodiversidad que tenemos, las que seleccionan las semillas, las que reforestan, que saben de medicina tradicional. Tienen un rol fundamental en la conservación de nuestros ecosistemas, y sus saberes y conocimientos están reconocidos por los convenios internacionales”.
Las activistas denunciaron el “doble discurso institucional” que maneja el gobierno federal, pues aseveraron que en las cumbres internacionales los representantes de la administración de Peña Nieto presumen los avances en materia de perspectiva de género y medio ambiente en México, mientras que “en casa” desmantelan las estructuras que se construyeron en los últimos 17 años.
También plantearon que la igualdad de género es un principio transversal del Plan Nacional de Desarrollo que adoptó la administración priista. “Vemos que todo parece ser un montaje”, subrayaron en su carta.
Asimismo, deploraron la actitud “inerte” que adoptó Lorena Cruz Sánchez, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quien no se pronunció ni tampoco actuó para impedir el desmantelamiento de los mecanismos que fomenten la perspectiva de género en la política ambiental del país.
“Vemos que ella está pasiva ante todo esto, cuando la propia ley dice que la responsabilidad del Inmujeres es la transversalidad de la perspectiva de género en todas las dependencias del gobierno. No ha dicho absolutamente nada, no ha pedido explicaciones, lo cual es su papel. Pareciera ser que a ella no le toca este tema”, lamentó Priego.
La activista recordó que la funcionaria “no tiene un historial que demuestre que sepa del tema, que esté comprometida con los derechos de las mujeres”.
La semana pasada, Proceso publicó un reportaje –con base en información obtenida a través de la plataforma Méxicoleaks–, donde documentó las irregularidades en la gestión del Inmujeres y los despidos masivos que avaló su presidenta.
En los próximos días, las integrantes de la Red de Género y Medio Ambiente entregarán una carta al Inmujeres en la que darán a conocer su repudio al “retroceso que estamos presenciando en las políticas de igualdad de género y del medio ambiente en el país”, y recordarán que México, como participante a la llamada Plataforma de Beijing, tiene la obligación de avanzar en la materia de mujeres y medio ambiente.
Las activistas acompañaron la entrega de la misiva con una actividad cultural en la salida del metro Constituyentes, a un costado de la caseta de seguridad que regula el acceso hacia la residencia presidencial de Los Pinos.
Esta actividad consistió en el “juicio ciudadano” de muñecos de cartón articulados que representaban a Peña Nieto, Rafael Pacciano Alemán, titular de Semarnat, y Lorena Cruz Sánchez.
En un pequeño teatro los políticos fueron cuestionados por su ineficiencia, su doble discurso y su visión de los recursos naturales como mercancías.
“Durante este sexenio observamos con gran preocupación que quienes están a cargo de las políticas ambientales actúan sin conocimiento y dejan en evidencia una gran ausencia de profesionalidad y ética, pues tal parece que la prioridad, antes de la conservación y la protección ambiental, es la de hacer negocios con los recursos naturales de nuestra nación”, sostuvieron las activistas.
Fuente: Proceso| PATRICIA MAYORGA| MATHIEU TOURLIERE
