Moreira es entrevistado por reporteros en el AICM. Foto: Benjamin Flores
A estos esfuerzos se sumó la procuradora general de la República, Areli Gómez, quien llamó a su homóloga para interesarse por el caso, pero la fiscalía española declinó informarle, concluye una investigación publicada hoy por el diario El País.
La embajada de México en Madrid, encabezada por Roberta Lajous, destinó recursos humanos y materiales para volcarse a favor de Moreira, sostiene la investigación titulada “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, señala el reportaje firmado por José María Irujo, periodista de larga trayectoria y responsable del área de investigación del matutino.
La procuradora General de la República y exsenadora del PRI, Arely Gómez González, llamó por teléfono a su homóloga, la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales.
Esta gestión, que el diario califica como la de “mayor nivel”, se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad de Moreira.
La fiscal Madrigal respondió a la procuradora Gómez que “el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, respondió un portavoz de la fiscalía al matutino español.
La agencia Apro conoció que en la fiscalía causaron sorpresa estas gestiones, porque no es habitual que las autoridades de otro país tengan una intervención de tal nivel ni que se pidan detalles de una causa abierta y que es secreta.
La investigación del diario español señala también que funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz aspectos relevantes de la investigación.
Señala que el documento demandó información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22 de enero; si fue decretada la prisión provisional o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
El juez ofreció una respuesta “estrictamente protocolaria” en la que no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según las fuentes judiciales consultadas.
El juez Santiago Pedraz resolvió el 9 de febrero –menos de un mes de la detención el 15 de enero— el sobreseimiento provisional de la causa contra Moreira por considerar que no se acreditaban los delitos que le imputa la fiscalía anticorrupción a Moreira.
De inmediato le devolvió su pasaporte, que se le había retirado para evitar que abandonara España, y al día siguiente el político priista salió con prisa el país, según cuenta el matutino español, ya que dejó en la policía sus pertenencias, entre ellas un Ipad y un teléfono celular.
Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, quienes tienen a su cargo la indagatoria, presentaron un recurso en contra del auto del juez Pedraz, el cual está bajo estudio de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Será resuelta, previsiblemente, en las próximas semanas.
El también exgobernador de Coahuila fue detenido el 15 de enero en el aeropuerto de Madrid, cuando se dirigía a Barcelona, ciudad en la que se estableció en 2013 para realizar estudios de postgrado, y para poner distancia respecto del ríspido ambiente en su contra en México, donde había tenido que abandonar la dirigencia nacional del PRI, acusado de ser el responsable de una megadeuda en esa entidad.
De acuerdo con el material de El País, el mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de atender con todos los recursos disponibles el caso de Moreira.
Señala que algunos funcionarios se abocaron en “la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus dos hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid”.
Precisa que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada”.
Algunas de las llamadas de los representantes diplomáticos de la PGR fueron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para preguntarles por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el expresidente del PRI.
Pero como respuesta obtuvieron el mutismo de los agentes españoles, según las fuentes policiales consultadas por el diario. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma la misma fuente.
Señala que este mutismo causó malestar en la legación diplomática mexicana, además, porque no se les había avisado de la detención que hacen habitualmente y se enteraron por la prensa digital (el diario El Español fue el que publicó la primicia de la captura de Moreira).
La embajada de México en Madrid no respondió a las preguntas remitidas por El País y sólo le hicieron llegar el comunicado de prensa del día 16, donde se señala que a Moreira se le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada.
Fuente: Proceso| POR ALEJANDRO GUTIÉRREZ
