Desde 2009 el gobierno mexicano no ha cumplido la promesa de reducir la deuda en los años posteriores.
Se trata de una práctica que comienza a convertirse en costumbre no solamente en las entidades federativas y los municipios, los sospechosos comunes, sino que ahora también en el gobierno federal. Por medio de los párrafos transitorios en la Ley de Ingresos, se violan las disposiciones para la clasificación de deuda establecidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y en la de Contabilidad. Además, se comprometerán por medio de la Bolsa de Valores recursos de fondos federales y de ingresos de PEMEX y CFE para financiar proyectos, sin la autorización del Congreso ni en el tramo de endeudamiento, ni en el de gasto.
La deuda del gobierno mexicano pasó del 35% del PIB al inicio de la actual administración al 47% del producto, sin contar los proyectos de bursatilización para financiar infraestructura educativa y energética. A eso se suman reglas menos estrictas para el registro de asociaciones público privadas, la nula transparencia en la fuente de ingreso denominada aprovechamientos y la posibilidad de utilizar, sin aprobación del Congreso, el remanente del Banco de México para pagar el déficit del próximo año.
México estableció en la Ley de Presupuesto una regla fiscal que obliga a tener de manera ínter temporal un déficit fiscal cero. Es decir puede haber déficit en las finanzas públicas siempre y cuando en los próximos años se cuente con un superávit que lo compense. Desde el año 2009 el gobierno mexicano ha incurrido en déficit y por lo tanto, no ha cumplido la promesa de reducirlo en los años subsecuentes.
La legislación señala que la deuda de Pemex, por tener sus propios ingresos, no se cuenta en el déficit. Sin embargo, para cumplir su meta de déficit, en lugar de aumentar ingresos o reducir gasto, desde hace dos años el gobierno excluye de la definición de déficit también la deuda de CFE (empresa con características distintas a PEMEX) y un oscuro concepto de proyectos de alto impacto, que se conoce cuáles son. Es por eso que se afirma tener un déficit de 0.5% del PIB, cuando en realidad la diferencia entre el ingreso del gobierno y el gasto es por tercer año consecutivo de más de 3 puntos del proyecto.
Se trata de un ritmo muy rápido de endeudamiento en virtud de que no se prevé el incremento de los precios del petróleo, ni la reforma fiscal generó mayores recursos. De hecho, buena parte de la pérdida de los ingresos petroleros se compensó por los 250 mmdp recaudados por el incremento de los impuestos a las gasolinas.
Si el nivel de deuda del gobierno mexicano comienza a ser preocupante, lo es más la tendencia a esconder la deuda y a no ser explícito con las fuentes de ingreso. Ahora, además de los compromisos financieros del sector público, definidos en ley, tendremos que contabilizaron la bursatilización de ingresos de empresas del Estado y de fondos federales, sin fuente de repaso, sin conocer la tasa de interés de la colocación, ni el destino del gasto.
Gracias también a los cambios recientes en la legislación, el gobierno podrá adquirir compromisos de asociaciones público privadas durante el año, sin que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De hecho en la situación actual no sabemos el monto de los compromisos que adquirirá el gobierno el año que entra, ya que incluso en la Ley de Ingresos que se aprobará este año, se solicita modificar las características de la deuda del año anterior. Es decir, estamos ante un proceso de relajar las reglas de la deuda pública, que además no se cumplen.
Por el lado de los ingresos, las dudas son también importantes. Por un lado, parece muy poco realista que se alcance un crecimiento, como se pronostica del 30% en el Impuesto Sobre la Renta. Pero además, nadie ha sido capaz de explicar la razón por la que más de 150 mmdp se clasifiquen en el rubro de otros aprovechamientos. Una parte, alrededor de 30 mmdp se explica porque se financiará gasto con el remanente del Banco de México de 2014, la ganancia por haber vendido dólares que el banco compró baratos.
El resto no lo conocemos, lo mismo puede ser el uso de dinero de fideicomisos, que activos de empresas o cobros a la banca de desarrollo por garantizar su deuda. La Auditoría Superior de la Federación ha pedido hasta el cansancio que se legisle para transparentar ese concepto. El punto es que las fuentes de ingreso para 2016 no parecen sólidas, lo que explica el interés de la SHCP para legislar en el sentido de que los remanentes del Banco de México de 2015 puedan enterarse en 2016 y servir para cubrir los menores ingresos.
Fuente: La Silla Rota| VIDAL LLERENAS MORALES
