Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda
Más de la mitad de los 569 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó al gasto social en 2015 se dispersó en una gran cantidad de programas y acciones mal diseñados o de desempeño insuficiente, mientras 75 mil mdp fueron operados de manera opaca, reveló el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep) 2015, publicado hoy por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
Al presentar el informe ante un panel de legisladores y funcionarios, Alejandro González Arriola, director de la ONG, expuso que sólo 23 de los 161 programas de distintas secretarías del gobierno federal fueron manejados de manera correcta.
Además, lamentó que este año, por primera vez desde 2009 –cuando Gesoc elaboró el primer Indep–, “vimos un retroceso en la política social”.
“Observamos un incremento en el número de programas con un desempeño insuficiente y una disminución de los programas que funcionan”, afirmó González, al resaltar que 55 programas sociales fueron “reprobados en su desempeño” en 2015, unos 22 más que un año antes.
Entre éstos destacan el Programa de Vivienda Rural, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Infraestructura Indígena, Pprograma de Abasto Rural a cargo de Diconsa o el programa de Comedores Comunitarios.
Asimismo, 47 programas fueron bien diseñados y obtuvieron avances “aceptables” en el cumplimiento de sus metas, pero no llegaron a cubrir al menos a 65% de población potencialmente beneficiaria, por lo que Gesoc considera que reflejan la “dispersión de la política social” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se trata, por ejemplo, de los programas de Apoyo Alimentario (PAL), de Fomento a la Agricultura y Granadero (Proagro y Progan) o Hábitat. Al sumar los fondos atribuidos a los 47 programas se obtiene un total de 108 mil 605 millones de pesos, 19.1% del gasto social.
Solamente 10 programas, entre ellos el Seguro Popular o el de Pensión para Adultos Mayores, alcanzaron un nivel de desempeño “óptimo” –11 menos que en 2014– y otros 13 –siete menos que el años pasado– contaron con un “alto potencial” de desempeño; es decir, fueron bien diseñados pero no contaron con el presupuesto necesario para cubrir toda la población objetivo.
Prospera, el Programa de Vivienda Digna o el de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, recibieron esta calificación.
El nivel general de desempeño de los programas también empeoró: de 68.78 puntos promedio el año pasado –sobre un total de 100–, se redujo a 62.40 este año. Debajo de 60 puntos, el Gesoc considera que un programa es de desempeño “escaso”.
“Este índice es el primero que verdaderamente captura a esta administración. Por la lógica del índice, pusimos datos del año previo (2014), que necesariamente refleja el desempeño de un año antes (2013). Es decir, es el primer índice que refleja el desempeño de la actual administración en la política social”, insistió González.
La demoledora conclusión del informe planteó: “El 85.7% (138 de los 161) de los programas sociales del gobierno federal, que representan 55.7% del total del presupuesto asignado en 2015 a este sector, están bajo de una de dos condiciones: No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien no tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan”.
González resaltó que este esquema de eficiencia baja del gasto público se refleja en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), ya que muchos de estos programas forman parte de la estrategia de la administración de Peña Nieto para combatir el escaso acceso a la alimentación.
“Caja negra”
El documentó exhibió que, bajo la administración de Peña Nieto, el presupuesto dedicado a programas que operan bajo opacidad absoluta –y que conforman la “caja negra” del gasto social– se disparó, al pasar de 41 mil 418 millones de pesos en 2014 a 75 mil 256 millones este año.
Esto es el caso de los más de 20 mil millones de pesos destinados al programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, que dirige el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos.
También se ignora el desempeño de los 6 mil millones del programa de productividad y competitividad agroalimentaria, a cargo de Ricardo Aguilar Castillo –actualmente funcionario en la Sagarpa–, quien fungió como secretario del Trabajo durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México y además se desempeñó como expresidente del PRI en la entidad.
La Conagua y su titular Roberto Ramírez de la Parra –coordinador jurídico de la Secretaría de Agua y Obra Pública durante la gubernatura de Peña Nieto– maneja de manera discrecional cuatro programas sociales –que involucran un total de 3 mil 443 millones de pesos–, mientras el DIF nacional, a cargo de Laura Ibernia Vargas Carrillo –la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong–, tiene tres programas de desempeño desconocido.
Alejandro del Mazo Maza, funcionario de la Semarnat, diputado del PVEM e hijo de Alfredo del Mazo –exgobernador mexiquense y primo de Peña Nieto–, dispone de tres programas sociales que no rinden cuentas sobre su desempeño.
Del mismo modo, quienes manejan los más de mil 365 millones de pesos dedicados a la gestión del deporte en la Secretaría de Educación Pública (SEP) –a cargo de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de seguridad en Michoacán y exfuncionario del Estado de México— no rinden cuentas sobre su desempeño.
Así opera más de una cuarta parte de los programas con una vertiente social del gobierno federal, que operan 13.2% del presupuesto asignado a la política social, lamentó el informe, al subrayar que “debido a que persisten graves problemas de opacidad, no existe razón por la cual un solo peso deba ser asignado a este tipo de programas”.
“Son puertas abiertas para el uso discrecional y arbitrario de fondos públicos”, insistió González, al añadir que “hay intereses detrás de cada presupuesto asignado”.
Pese a los repetidos señalamientos de mal desempeño de la mayoría de los programas, cada año los diputados federales aprueban su presupuesto.
En otras palabras, lamentó González, los legisladores votan el proyecto de presupuesto que les entrega la Secretaría de Hacienda sin conocer su contenido, debido a que no existe una oficina legislativa encargada de estudiar los ingresos y egresos de la Federación.
“El gasto que aprobamos en el Legislativo no tiene ninguna relación con ninguna evaluación ni con ningún indicador, y no me queda claro que Hacienda lo haga”, abundó Vidal Llerenas, diputado de Morena, al precisar: “En materia de seguridad por ejemplo, no sabemos si es mejor comprar armas que invertir en inteligencia, que comprar aviones; los compramos pero no tenemos ninguna claridad en lo que estamos haciendo”.
El “presupuesto base cero” que el gobierno federal operará en el ejercicio fiscal 2016 prevé una reducción de 46 mil millones de pesos en el gasto social, debido a la supresión de programas y la fusión de otros.
Sin embargo, Gesoc observó que 25 de los 42 programas que operaron en 2015 con un nivel de desempeño “escaso” continuarán el próximo año: 20 no sufrirán modificación alguna y otros cinco se fusionarán. La SHCP mantendrá 23 de los 43 programas que conforman la “caja negra” del gasto social, a los que adjudicará 56 mil 653 millones de pesos.
Los programas de desempeño “óptimo”, por su parte, sufrirán de un recorte de 4 mil 788 millones de pesos, “a pesar de que la inversión en estos programas resulta socialmente rentable”, señaló el informe.
Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que asistió a la presentación del reporte lamentó que el gobierno federal recortara el presupuesto del programa de Pensión para Adultos Mayores en cerca de 3 mil millones de pesos.
“Con este recorte se dejará de atender a cerca de 794 mil adultos mayores”, advirtió.
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
