Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco.
Foto: Rafael del Río
GUADALAJARA, Jal.- Antes de que culminen los trabajos de la LX Legislatura local, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz busca la aprobación de un crédito por cerca de 4 mil millones de pesos para fortalecer los programas de seguridad y construir obras de infraestructura, entre ellas, una base del Ejército Mexicano.
En la iniciativa que presentó al congreso local el pasado 7 de octubre, el mandatario solicitó 212 millones de pesos para la edificación de una base militar en el municipio de Tecalitlán, en la zona Sureste, en su límite con la región de Tierra Caliente de Michoacán.
De acuerdo con el proyecto, la base albergará un batallón de Infantería y una unidad habitacional al servicio de los uniformados en un terreno de 53 hectáreas, mismo que el gobierno estatal ya donó a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
La propuesta de construcción se dio a conocer cinco meses después de que el gobierno federal inició la llamada “Operación Jalisco”, consistente en la lucha contra bandas del crimen organizado, en especial el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
El arranque de dicha estrategia fue el pasado 1 de mayo, cuando se registró un enfrentamiento entre supuestos integrantes del CJNG y fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación, en un intento por detener a El Mencho. El saldo fue de 12 militares muertos y un helicóptero de las Fuerzas Armadas derribado.
Ese mismo día, hombres armados desataron una jornada de más de 40 “narcobloqueos” en diferentes puntos del territorio jalisciense y de estados vecinos como ocurrió Colima, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con el proyecto de crédito enviado por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a los diputados, los recursos también se invertirían en la compra de cuatro mil cámaras de videovigilancia, por un costo total aproximado de 700 millones de pesos.
Además, la autoridad pretende construir tres bases para la operación de la Fuerza Única Regional en diferentes partes de Jalisco, como parte del proyecto “Escudo Urbano C5”, por un monto de 200 millones de pesos.
La iniciativa solicita también recursos para ampliar la ruta uno del Tren Ligero en más de un kilómetro y comprar nuevos vagones para ese servicio de transporte urbano.
Otro rubro para atender es el desarrollo de obras públicas por un monto total de 400 millones de pesos en municipios de la zona metropolitana gobernados por militantes de partido Movimiento Ciudadano, por ejemplo, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco.
El gobierno de Graco Ramírez declara “la guerra” a Cuauhtémoc Blanco
CUERNAVACA, Mor.- El gobierno estatal que encabeza Graco Ramírez ha declarado “la guerra” al alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y su equipo aun antes de asumir el poder, todo porque el exfutbolista ha advertido que cancelará el convenio del mando único policial.
Esta embestida se ha traducido en amenazas de las que ha hablado el propio Blanco Bravo: “Como en campaña, sigo recibiendo amenazas que vienen de la clase política. No nos sorprende que la clase política, los personajes de siempre, intenten bajo amenazas que el proyecto de los ciudadanos fracase. No voy a ceder a sus amenazas ni pretensiones, yo estoy del lado del pueblo porque son los ciudadanos quienes depositaron en mí la esperanza de consolidar un Cuernavaca diferente, una ciudad con desarrollo en todos los sectores, una capital donde el objetivo sea la participación de todos para construir un territorio de ganadores”.
Ahora, las amenazas alcanzan al equipo cercano a Blanco. Es el caso del diputado local del Partido Social Demócrata de Morelos, Julio César Yáñez Moreno, quien a propósito de la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, consumada ayer en el Congreso local, pidió al gobierno del estado dejar “de amenazar a través de la clase política al próximo alcalde de Cuernavaca”.
El legislador sostuvo que el jefe del mando único policial en Morelos sí “maquilla” las cifras, y para ello exhibió copia de un documento en el que se lee una expresión del propio Capella Ibarra, en el sentido de “bajar las cifras de delitos”.
Se trata de una tarjeta informativa de la Policía de Investigación Criminal, firmada por una oficial y dirigida al fiscal general del estadi y fechada el pasado 10 de junio.
En ese documento se informa que quien suscribe asistió en sustitución del fiscal a la reunión del Grupo de Coordinación Morelos, que incluye a representantes del gobierno estatal y de las instancias federales de seguridad.
Ahí se narra que durante la reunión, en asuntos generales, Capella Ibarra exhibió una serie de gráficas y cifras en torno a la situación de la seguridad en Morelos.
La intervención del jefe policiaco terminó con el comentario: “Gracias a una funcionaria de tercera de la Fiscalía General del Estado, y que por su mala apreciación respecto a la comisión de los delitos que se registran en el estado, se habían elevado las cifras; existiendo una diferencia considerable con las estadísticas registradas en la Comisión Estatal (de Seguridad Pública), manifestando que con la actitud de la referida funcionaria se corría el riesgo de poner en entre dicho (sic) el proyecto de seguridad del mando único en el estado, así como de la participación y desempeño de las diversas instituciones federales y locales involucradas en la seguridad del estado, y que era necesario que dicha Fiscalía ajustara las cifras reportadas para evitar tal situación”.
En el documento, copia del cual obra en poder de Apro, también se emplaza a la Fiscalía a realizar el “ajuste” de las cifras que ponen en entredicho el funcionamiento del mando único.
Con base en ello, el legislador socialdemócrata aseguró que el comisionado Capella Ibarra “maquilla” las cifras de la incidencia delictiva.
En respuesta, Capella negó la validez del documento y dijo que era preocupante que se manipularan cifras y presuntos textos oficiales para tratar de desacreditarlo.
Por su parte, el gobierno del estado emitió un comunicado negando la validez del documento y advirtiendo que se denunciará ante la FGE y la PGR por la posible comisión de delitos, en todo caso “falsificación o manipulación” de documentos oficiales.
El comunicado fue difundido a través de la cuenta de correo electrónico de la sala de prensa del gobierno del estado, pero está membretado con los logotipos de las instituciones integrantes del Grupo de Coordinación Morelos: delegaciones del Cisen y PF; 24ª Zona Militar, Secretaría de Gobierno de Morelos, Tribunal Superior de Justicia del estado, Comisión Estatal de Seguridad Pública, la FGE, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Reinserción Social y Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión.
De esta forma el texto fue impugnado, pero sobre todo “el contenido de la información que en dicho documento se señala, toda vez que las reuniones del Grupo de Coordinación Morelos son coordinadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la cual es la única autoridad competente en emitir convocatorias o información relativa a las reuniones y trabajos del citado grupo”.
Así que por acuerdo de las instancias integrantes del grupo “se notificará a las autoridades competentes, como FGE y PGR, por las anomalías o comisión de delitos relativos a la falsedad o manipulación de documentos públicos”.
Y finalmente, el grupo “rechaza determinantemente que las decisiones que al interior de éste se tomen vayan en el sentido de desinformar, engañar o manipular la realidad que en términos delincuenciales o combate a la inseguridad se den en la entidad”.
Es por ello que el diputado Yáñez Moreno señaló que este comunicado constituye “una amenaza más” al equipo de Cuauhtémoc Blanco, pues en lugar de investigar el contenido del mismo, se pretende amedrentar con iniciar una investigación del origen del documento.
El legislador señaló que el documento llegó a su oficina como parte de las denuncias que existen de parte de la ciudadanía contra el mando único policial y su actuación.
Acto seguido, Yáñez Moreno demandó la renuncia de Capella Ibarra a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dado que no ha dado resultados y el modelo fracasó con base en las propias cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que colocan a Morelos como uno de los estados más violentos del país, así como la recientemente publicada Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, difundida por el Inegi.
Por su parte, el diputado panista y exalcalde de Ayala, Manuel Tablas Pimentel, promotor de la comparecencia de Capella Ibarra del miércoles pasado, reveló en entrevista que, siendo edil, hace unos meses, fue víctima de un intento de extorsión. Cuando recibió la llamada decidió grabarla y la presentó al comisionado Capella Ibarra para que sirviera como parte de la investigación.
Sin embargo, esta grabación fue editada y manipulada por el propio Capella, dice el diputado, y luego filtrada a través de las redes sociales y los medios para tratar de presentarlo como parte de la delincuencia.
Y es que justo cuando Tablas Pimentel exigía que se aprobara la comparecencia de Capella, a finales de septiembre pasado, fue filtrada la grabación con el afán de amedrentarlo, asegura el legislador panistas.
“Así se maneja el mando único, para eso quieren la inversión, la policía, para utilizarla políticamente”, concluye el panista.
Esta embestida se ha traducido en amenazas de las que ha hablado el propio Blanco Bravo: “Como en campaña, sigo recibiendo amenazas que vienen de la clase política. No nos sorprende que la clase política, los personajes de siempre, intenten bajo amenazas que el proyecto de los ciudadanos fracase. No voy a ceder a sus amenazas ni pretensiones, yo estoy del lado del pueblo porque son los ciudadanos quienes depositaron en mí la esperanza de consolidar un Cuernavaca diferente, una ciudad con desarrollo en todos los sectores, una capital donde el objetivo sea la participación de todos para construir un territorio de ganadores”.
Ahora, las amenazas alcanzan al equipo cercano a Blanco. Es el caso del diputado local del Partido Social Demócrata de Morelos, Julio César Yáñez Moreno, quien a propósito de la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, consumada ayer en el Congreso local, pidió al gobierno del estado dejar “de amenazar a través de la clase política al próximo alcalde de Cuernavaca”.
El legislador sostuvo que el jefe del mando único policial en Morelos sí “maquilla” las cifras, y para ello exhibió copia de un documento en el que se lee una expresión del propio Capella Ibarra, en el sentido de “bajar las cifras de delitos”.
Se trata de una tarjeta informativa de la Policía de Investigación Criminal, firmada por una oficial y dirigida al fiscal general del estadi y fechada el pasado 10 de junio.
En ese documento se informa que quien suscribe asistió en sustitución del fiscal a la reunión del Grupo de Coordinación Morelos, que incluye a representantes del gobierno estatal y de las instancias federales de seguridad.
Ahí se narra que durante la reunión, en asuntos generales, Capella Ibarra exhibió una serie de gráficas y cifras en torno a la situación de la seguridad en Morelos.
La intervención del jefe policiaco terminó con el comentario: “Gracias a una funcionaria de tercera de la Fiscalía General del Estado, y que por su mala apreciación respecto a la comisión de los delitos que se registran en el estado, se habían elevado las cifras; existiendo una diferencia considerable con las estadísticas registradas en la Comisión Estatal (de Seguridad Pública), manifestando que con la actitud de la referida funcionaria se corría el riesgo de poner en entre dicho (sic) el proyecto de seguridad del mando único en el estado, así como de la participación y desempeño de las diversas instituciones federales y locales involucradas en la seguridad del estado, y que era necesario que dicha Fiscalía ajustara las cifras reportadas para evitar tal situación”.
En el documento, copia del cual obra en poder de Apro, también se emplaza a la Fiscalía a realizar el “ajuste” de las cifras que ponen en entredicho el funcionamiento del mando único.
Con base en ello, el legislador socialdemócrata aseguró que el comisionado Capella Ibarra “maquilla” las cifras de la incidencia delictiva.
En respuesta, Capella negó la validez del documento y dijo que era preocupante que se manipularan cifras y presuntos textos oficiales para tratar de desacreditarlo.
Por su parte, el gobierno del estado emitió un comunicado negando la validez del documento y advirtiendo que se denunciará ante la FGE y la PGR por la posible comisión de delitos, en todo caso “falsificación o manipulación” de documentos oficiales.
El comunicado fue difundido a través de la cuenta de correo electrónico de la sala de prensa del gobierno del estado, pero está membretado con los logotipos de las instituciones integrantes del Grupo de Coordinación Morelos: delegaciones del Cisen y PF; 24ª Zona Militar, Secretaría de Gobierno de Morelos, Tribunal Superior de Justicia del estado, Comisión Estatal de Seguridad Pública, la FGE, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Reinserción Social y Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión.
De esta forma el texto fue impugnado, pero sobre todo “el contenido de la información que en dicho documento se señala, toda vez que las reuniones del Grupo de Coordinación Morelos son coordinadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la cual es la única autoridad competente en emitir convocatorias o información relativa a las reuniones y trabajos del citado grupo”.
Así que por acuerdo de las instancias integrantes del grupo “se notificará a las autoridades competentes, como FGE y PGR, por las anomalías o comisión de delitos relativos a la falsedad o manipulación de documentos públicos”.
Y finalmente, el grupo “rechaza determinantemente que las decisiones que al interior de éste se tomen vayan en el sentido de desinformar, engañar o manipular la realidad que en términos delincuenciales o combate a la inseguridad se den en la entidad”.
Es por ello que el diputado Yáñez Moreno señaló que este comunicado constituye “una amenaza más” al equipo de Cuauhtémoc Blanco, pues en lugar de investigar el contenido del mismo, se pretende amedrentar con iniciar una investigación del origen del documento.
El legislador señaló que el documento llegó a su oficina como parte de las denuncias que existen de parte de la ciudadanía contra el mando único policial y su actuación.
Acto seguido, Yáñez Moreno demandó la renuncia de Capella Ibarra a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dado que no ha dado resultados y el modelo fracasó con base en las propias cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que colocan a Morelos como uno de los estados más violentos del país, así como la recientemente publicada Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, difundida por el Inegi.
Por su parte, el diputado panista y exalcalde de Ayala, Manuel Tablas Pimentel, promotor de la comparecencia de Capella Ibarra del miércoles pasado, reveló en entrevista que, siendo edil, hace unos meses, fue víctima de un intento de extorsión. Cuando recibió la llamada decidió grabarla y la presentó al comisionado Capella Ibarra para que sirviera como parte de la investigación.
Sin embargo, esta grabación fue editada y manipulada por el propio Capella, dice el diputado, y luego filtrada a través de las redes sociales y los medios para tratar de presentarlo como parte de la delincuencia.
Y es que justo cuando Tablas Pimentel exigía que se aprobara la comparecencia de Capella, a finales de septiembre pasado, fue filtrada la grabación con el afán de amedrentarlo, asegura el legislador panistas.
“Así se maneja el mando único, para eso quieren la inversión, la policía, para utilizarla políticamente”, concluye el panista.
Fuente: Proceso| ALBERTO OSORIO MÉNDEZ| DE LA CORRESPONSALÍA
