Emilio Álvarez Icaza de visita en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Foto: José Luis de la Cruz
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien subrayó que no permitirá que los militares sean interrogados por extranjeros.
No obstante, el organismo dijo que confía en que sea el presidente Enrique Peña Nieto quien realmente mande en México.
“Por supuesto que preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso (a los militares)”, declaró en conferencia de prensa Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH.
Al anunciar el calendario de audiencias en materia de derechos humanos del 156 periodo de sesiones, que se realizarán del 17 al 18 de octubre en esta capital estadunidense, Álvarez Icaza expresó su esperanza de que lo declarado por el general Cienfuegos no sea un indicio de que quienes mandan en México son los militares y no las autoridades civiles.
En entrevista con un reportero de Televisa y transmitida durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, el titular de la Sedena dejó en claro que no permitirá que los militares mexicanos sean interrogados por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace más de un año en Iguala, Guerrero.
“Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver”, dijo Cienfuegos a la televisora.
En la conferencia de prensa, Álvarez Icaza destacó que pese a lo establecido por el titular de la Sedena, la CIDH insistirá en que los militares integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala sean interrogados por los miembros del GIEI, quienes recientemente emitieron un informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que solicitan al gobierno de Enrique Pena Nieto que se les permita interrogar a los soldados que saben de lo ocurrido en Iguala.
“En su caso, entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la Republica el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa son las últimas”, enfatizó el exombudsman de la capital mexicana.
De acuerdo con el secretario ejecutivo de la CIDH, el gobierno de Peña Nieto, que ha minimizado y descalificado el informe del GIEI sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, está obligado a cumplir con las solicitudes que se le hicieron, tomando en cuenta que México forma parte de la comunidad del Sistema Interamericano.
Y por ello mismo, resaltó, el GIEI puede interrogar a los militares. “Es del dominio público que estuvieron enterados” de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, acotó.
“Hasta donde yo entiendo la Constitución dice que las autoridades civiles son las que toman las últimas decisiones. Esperaríamos, en congruencia con lo que se ha anunciado, que el GIEI tenga acceso”, insistió Álvarez Icaza.
Es más, durante la “visita in loco” que realizó el órgano defensor de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), agregó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, aseguraron que “iban a atender” las recomendaciones del GIEI.
“Posteriormente salió el secretario de la Defensa a decir lo que dijo. No es usual que un secretario de la Defensa saliera a hacer declaraciones y nos llamó la atención. Pero la Comisión va a seguir insistiendo en ese tema, un tema básico de normalidad democrática, de rendición de cuentas”, concluyó.
Al hablar de la situación de los derechos humanos en México, Álvarez Icaza no titubeó en calificarla de “delicada” y preocupante. Esta visión, explicó, incluso fue señalada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra´ad Al Hussein, en la visita que hizo esta semana a México.
La gravedad del caso sobre el deterioro del respeto a los derechos humanos en México, subrayó, se refleja también en el calendario de audiencias de la CIDH.
Junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, México será sujeto a cuatro audiencias en el 156 periodo de sesiones. Una de ellas se realizará por determinación de la misma CIDH, precisamente para abordar el caso de los normalistas de Ayotzinapa y en la cual se presentará el informe sobre el caso que elaboró el GIEI.
“El año pasado se hicieron mil 800 peticiones de audiencias sobre derechos humanos a la CIDH; de éstas, 500 fueron de México”, remató Álvarez Icaza, con lo que subrayó la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.
Amenazan a madre de activista pro-Ayotzinapa: “Cuide a su cachorra”
La historiadora Bettina Gómez Olivier, madre de María Fernanda Giordano Gómez, de 18 años de edad, recibió una llamada telefónica el pasado 23 de septiembre, proveniente de un “número desconocido”. Escuchó un intenso ruido de fondo y luego una voz masculina: “Cuide a su cachorra”.
En ese momento la joven se dirigía al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro), para reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y con su mejor amiga, Mayra, tía del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Asustada, su madre marcó a Fernanda y más tarde la alcanzó.
Cuando se trasladaba hacia el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde labora la mamá de su amiga–, Mayra recibió una llamada, también de un “número desconocido”. Sólo escuchó una palabra: “Fernanda”, y luego el timbre. Al día siguiente ocurrió dos veces lo mismo.
“Llamaron a mi mamá pensando que iba a reaccionar como una madre sobreprotectora, que no me iba a dejar salir de casa”, dice Fernanda en entrevista con Apro. Tres días después de la amenaza se conmemoró el primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“La intención era asustar a la gente que está ayudando a Ayotzinapa, que está cobijando a los padres o que está siendo solidaria; asustarlos para que dejen a los padres y que el movimiento se vaya apagando”, dice, y con una leve sonrisa añade: “Las amenazas no funcionaron, mi mamá me apoya totalmente”.
Los días siguientes todas las conversaciones telefónicas de Fernanda con normalistas o gente de Ayotzinapa se cortaban precisamente en el segundo 30. “Todas, así, todas”, apunta, y afirma que desde hace meses se percató que su línea está intervenida.
“Se pican las llamadas, de repente se oye mucho ruido en línea, o cuando estás hablando con un normalista, de pronto el teléfono se apaga, cosas así”. Y esto, añade, le ocurre a varios de sus conocidos que apoyan a los padres de Ayotzinapa.
En respuesta a las amenazas telefónicas, la madre de Fernanda, integrante de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencia (HIJOS), se acercó al Comité Cerezo, que emprendió una acción urgente y presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y también interpusieron una denuncia civil.
“Fue más bien para el registro, porque de que vayan a investigar no creo. Llevaron el teléfono de mi mamá a la policía cibernética y le dijeron que era un aparato demasiado seguro y que no podrían rastrear las llamadas”, subraya la joven.
A pesar de su corta edad, Fernanda ha acumulado gran experiencia en el activismo y conoce ampliamente la problemática de Guerrero.
Pocas semanas después de la tragedia de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la joven –originaria del Distrito Federal– pasó cinco días en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. “Sola”, precisa. Y luego acompañó a los padres en la caravana que recorrió varios estados del sur del país y que llegó la Ciudad de México el 20 de noviembre pasado.
Con el paso del tiempo estrechó sus vínculos con los familiares de los normalistas desaparecidos. Se hizo muy amiga de Mayra y se convirtió prácticamente en una integrante más de la familia de Christian, uno de los 43 jóvenes de quienes hasta se desconoce su paradero. A partir de diciembre, Fernanda empezó a trasladarse cada 15 días a Ayotzinapa y se quedaba en la casa del normalista, dónde incluso pasó Navidad y Año Nuevo.
Ahí estaba cuando llegó la periodista Patricia Sotelo Vilchis, animada por el relato que hizo de Christian en un capítulo del libro “Ayotzinapa, la Travesía de las Tortugas”, proyecto que recopiló la biografía de cada uno de los 43 desaparecidos.
El capítulo sobre Christian inicia con la descripción de la relación ficticia entre “Lucía” y el normalista:
“Lucía Vázquez es la novia que Christian Alfonso Rodríguez Telumbre aún no conoce, la que nunca ha visto. Pero ella, sin darse cuenta, ha ido incubando un sentimiento parecido al ansia, a las ganas de verlo, a pesar de que nunca lo ha mirado a los ojos ni escuchado su voz. (…) Entre broma y broma comenzó a surgir la idea de que Lucía podría convertirse en la novia de Christian, y a tres meses de su desaparición las hermanas le decían: ‘ahora que regrese Christian a ver si quieres ser su novia’”.
Lucía Vázquez es el nombre que adoptó Fernanda a raíz de su activismo naciente en Guerrero para proteger a su madre, pero también porque “Guerrero es un lugar difícil: a veces te encuentras con gente que piensas solidaria, pero resulta que no lo es, entonces tomas precauciones”.
Fernanda fundó una organización con nueve compañeros “de la edad más o menos” –uno del DF y otros ocho de Guerrero– y la nombraron “Liga Popular 26 de septiembre”.
Antes de las elecciones del pasado 7 de junio realizaron un “brigadeo” para informar a la población sobre el papel de los militares. “Mucha gente en Guerrero cree que el Ejército puede hacer lo que quiere y les explicamos sus limitaciones”, relata.
Y subraya que en los próximos meses realizarán una campaña de alfabetización y concientización en el estado sureño. “Nada malo, nada ilegal o algo en el estilo”, sostiene.
La semana pasada Fernanda terminó la Preparatoria y en marzo próximo pretende iniciar la carrera de antropología social en la Universidad Autónoma de Guerrero. Dice que el tema de la militarización en la entidad la apasiona, porque “está infestada de militares”, y quiere que sus hallazgos “sirvan para la gente”.
Al preguntarle sobre las raíces de su activismo precoz, Fernanda explica que su madre es historiadora en el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), en la UACM, donde se conservan y estudian los archivos de las desapariciones forzadas perpetradas en Guerrero durante el periodo de la Guerra Sucia.
“Tenía ocho o 10 años cuando mi mamá empezó en el Camena. Siempre, desde muy chiquita, me metió la idea de la solidaridad, de que todos tenemos que estar bien. Empecé a ayudarle a hacer cosas y pues, igual, yo leía (los expedientes). Fue lo que me ha ido formando. En la secundaria mis trabajos de formación cívica y ética trataban de desaparición forzada”, recuerda.
Entre otros, en el Camema se encuentra el archivo del exgeneral José Francisco Gallardo, que contiene acusaciones de militares en activo. En ese lugar Fernanda aprendió a manejar los conceptos de militarización, de guerra sucia y de guerra de baja intensidad.
“Todo esto se está repitiendo, como en la década de los 70”, apunta. Y destaca: “Tuvieron que desaparecer los 43 para que la gente sepa de los desaparecidos”.
–Y tus compañeros de Prepa, los amigos de tu edad, ¿qué te dicen? –se le pregunta.
–Los compañeros saben, pero les cuesta hacer algo. Cuando les digo que hay que ir a Guerrero, me dicen que les da miedo, o que tienen mucha tarea. Esto es más por la edad, creo. Prefieren estar más en la fiesta o algo así –responde.
A consecuencia de la amenaza telefónica, Fernanda no asistió a las manifestaciones del 26 de septiembre y del 2 de octubre. “Mi mamá me dijo que debía tomar precauciones, que me aguantara estas dos marchas y que le bajara un poco al perfil, pero tampoco puedo detener mi vida”.
Recuerda: “Me dio un poco de susto, pero sobre todo coraje, porque si quieren algo, pues que me llamen a mí”. Y afirma que la campaña de alfabetización que llevará a cabo su organización “sigue en pie”, aunque “se retrase un poco”.
En ese momento la joven se dirigía al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro), para reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y con su mejor amiga, Mayra, tía del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Asustada, su madre marcó a Fernanda y más tarde la alcanzó.
Cuando se trasladaba hacia el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde labora la mamá de su amiga–, Mayra recibió una llamada, también de un “número desconocido”. Sólo escuchó una palabra: “Fernanda”, y luego el timbre. Al día siguiente ocurrió dos veces lo mismo.
“Llamaron a mi mamá pensando que iba a reaccionar como una madre sobreprotectora, que no me iba a dejar salir de casa”, dice Fernanda en entrevista con Apro. Tres días después de la amenaza se conmemoró el primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“La intención era asustar a la gente que está ayudando a Ayotzinapa, que está cobijando a los padres o que está siendo solidaria; asustarlos para que dejen a los padres y que el movimiento se vaya apagando”, dice, y con una leve sonrisa añade: “Las amenazas no funcionaron, mi mamá me apoya totalmente”.
Los días siguientes todas las conversaciones telefónicas de Fernanda con normalistas o gente de Ayotzinapa se cortaban precisamente en el segundo 30. “Todas, así, todas”, apunta, y afirma que desde hace meses se percató que su línea está intervenida.
“Se pican las llamadas, de repente se oye mucho ruido en línea, o cuando estás hablando con un normalista, de pronto el teléfono se apaga, cosas así”. Y esto, añade, le ocurre a varios de sus conocidos que apoyan a los padres de Ayotzinapa.
En respuesta a las amenazas telefónicas, la madre de Fernanda, integrante de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencia (HIJOS), se acercó al Comité Cerezo, que emprendió una acción urgente y presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y también interpusieron una denuncia civil.
“Fue más bien para el registro, porque de que vayan a investigar no creo. Llevaron el teléfono de mi mamá a la policía cibernética y le dijeron que era un aparato demasiado seguro y que no podrían rastrear las llamadas”, subraya la joven.
A pesar de su corta edad, Fernanda ha acumulado gran experiencia en el activismo y conoce ampliamente la problemática de Guerrero.
Pocas semanas después de la tragedia de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la joven –originaria del Distrito Federal– pasó cinco días en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. “Sola”, precisa. Y luego acompañó a los padres en la caravana que recorrió varios estados del sur del país y que llegó la Ciudad de México el 20 de noviembre pasado.
Con el paso del tiempo estrechó sus vínculos con los familiares de los normalistas desaparecidos. Se hizo muy amiga de Mayra y se convirtió prácticamente en una integrante más de la familia de Christian, uno de los 43 jóvenes de quienes hasta se desconoce su paradero. A partir de diciembre, Fernanda empezó a trasladarse cada 15 días a Ayotzinapa y se quedaba en la casa del normalista, dónde incluso pasó Navidad y Año Nuevo.
Ahí estaba cuando llegó la periodista Patricia Sotelo Vilchis, animada por el relato que hizo de Christian en un capítulo del libro “Ayotzinapa, la Travesía de las Tortugas”, proyecto que recopiló la biografía de cada uno de los 43 desaparecidos.
El capítulo sobre Christian inicia con la descripción de la relación ficticia entre “Lucía” y el normalista:
“Lucía Vázquez es la novia que Christian Alfonso Rodríguez Telumbre aún no conoce, la que nunca ha visto. Pero ella, sin darse cuenta, ha ido incubando un sentimiento parecido al ansia, a las ganas de verlo, a pesar de que nunca lo ha mirado a los ojos ni escuchado su voz. (…) Entre broma y broma comenzó a surgir la idea de que Lucía podría convertirse en la novia de Christian, y a tres meses de su desaparición las hermanas le decían: ‘ahora que regrese Christian a ver si quieres ser su novia’”.
Lucía Vázquez es el nombre que adoptó Fernanda a raíz de su activismo naciente en Guerrero para proteger a su madre, pero también porque “Guerrero es un lugar difícil: a veces te encuentras con gente que piensas solidaria, pero resulta que no lo es, entonces tomas precauciones”.
Fernanda fundó una organización con nueve compañeros “de la edad más o menos” –uno del DF y otros ocho de Guerrero– y la nombraron “Liga Popular 26 de septiembre”.
Antes de las elecciones del pasado 7 de junio realizaron un “brigadeo” para informar a la población sobre el papel de los militares. “Mucha gente en Guerrero cree que el Ejército puede hacer lo que quiere y les explicamos sus limitaciones”, relata.
Y subraya que en los próximos meses realizarán una campaña de alfabetización y concientización en el estado sureño. “Nada malo, nada ilegal o algo en el estilo”, sostiene.
La semana pasada Fernanda terminó la Preparatoria y en marzo próximo pretende iniciar la carrera de antropología social en la Universidad Autónoma de Guerrero. Dice que el tema de la militarización en la entidad la apasiona, porque “está infestada de militares”, y quiere que sus hallazgos “sirvan para la gente”.
Al preguntarle sobre las raíces de su activismo precoz, Fernanda explica que su madre es historiadora en el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), en la UACM, donde se conservan y estudian los archivos de las desapariciones forzadas perpetradas en Guerrero durante el periodo de la Guerra Sucia.
“Tenía ocho o 10 años cuando mi mamá empezó en el Camena. Siempre, desde muy chiquita, me metió la idea de la solidaridad, de que todos tenemos que estar bien. Empecé a ayudarle a hacer cosas y pues, igual, yo leía (los expedientes). Fue lo que me ha ido formando. En la secundaria mis trabajos de formación cívica y ética trataban de desaparición forzada”, recuerda.
Entre otros, en el Camema se encuentra el archivo del exgeneral José Francisco Gallardo, que contiene acusaciones de militares en activo. En ese lugar Fernanda aprendió a manejar los conceptos de militarización, de guerra sucia y de guerra de baja intensidad.
“Todo esto se está repitiendo, como en la década de los 70”, apunta. Y destaca: “Tuvieron que desaparecer los 43 para que la gente sepa de los desaparecidos”.
–Y tus compañeros de Prepa, los amigos de tu edad, ¿qué te dicen? –se le pregunta.
–Los compañeros saben, pero les cuesta hacer algo. Cuando les digo que hay que ir a Guerrero, me dicen que les da miedo, o que tienen mucha tarea. Esto es más por la edad, creo. Prefieren estar más en la fiesta o algo así –responde.
A consecuencia de la amenaza telefónica, Fernanda no asistió a las manifestaciones del 26 de septiembre y del 2 de octubre. “Mi mamá me dijo que debía tomar precauciones, que me aguantara estas dos marchas y que le bajara un poco al perfil, pero tampoco puedo detener mi vida”.
Recuerda: “Me dio un poco de susto, pero sobre todo coraje, porque si quieren algo, pues que me llamen a mí”. Y afirma que la campaña de alfabetización que llevará a cabo su organización “sigue en pie”, aunque “se retrase un poco”.
Fuente: Proceso| J. JESÚS ESQUIVEL| MATHIEU TOURLIERE
