Organizaciones indígenas y campesinas advirtieron hoy que, de aprobarse la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, lucharán contra los despojos de tierras, la privatización del agua, así como las afectaciones ambientales y sociales que provocarán los incentivos a la inversión privada en la región que abarca Chiapas y Tabasco, así como el Istmo de Tehuantepec hasta Michoacán.
“Se pretende incentivar el desarrollo regional sin nosotros, sin escuchar a los pueblos indígenas”, lamentó Wilfrido Hernández, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), al aseverar que ninguna autoridad consultó a las poblaciones originarias para elaborar la iniciativa.
A través de la iniciativa de ley, que presentó Enrique Peña Nieto el pasado 29 de septiembre, el gobierno federal pretende establecer un régimen aduanero “especial” y un marco regulatorio “ágil” en determinadas zonas del sur de México, que serán concesionadas para 30 años y administradas en la mayoría de los casos por el sector privado, aunque el texto establezca que “en su caso” el manejo será a cargo del sector público.
También plantea el otorgamiento de “beneficios fiscales y laborales” o “facilidades administrativas e infraestructura competitiva” a las empresas que se sumarán a las ZEE, al “simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar ZEE o realizar actividades económicas productivas en la misma”.
Con estas medidas, el gobierno busca incrementar la productividad de las regiones sureñas y “eliminar eficazmente las barreras al crecimiento económico”, al incentivar la instalación de industrias manufactureras y empresas que atraerán “sectores de elevada productividad”, tomando ejemplo sobre experiencias previas en China, Corea del Sur o Brasil.
Las organizaciones sociales, reunidas en el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), repudiaron el texto, al denunciar que incentivará el “feudalismo empresarial” en los estados del sur, legalizará los despojos de tierras y ofrecerá a las empresas una mano de obra abundante y barata para maximizar sus ganancias.
Aseveraron que la iniciativa se presentó en el marco de la expropiación de “más de 2 mil 500 ejidos” en cerca de 200 municipios para proyectos extractivos.
También denunciaron que el proyecto de gasoducto interoceánico, que atravesará el Istmo de Tehuantepec para exportar gas natural hacia el mercado asiático, implicará “impactos ambientales en 14 municipios de Oaxaca y Veracruz”.
Afirmaron que la iniciativa responde a la firma, el pasado 5 de octubre, del polémico Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que prevé la flexibilización de las barreras comerciales vigentes entre los 12 países firmantes, entre ellos México.
Para hacer más atractiva la región para que el sector privado se instale en las ZEE, el gobierno federal invertirá cerca de 115 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura –como ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos y gasoductos–, según informó Peña Nieto.
Las organizaciones subrayaron que si el gobierno quisiera reducir la desigualdad, debería fortalecer la agricultura familiar campesina, impulsar la “infraestructura de bienestar colectivo” e invertir en “escuelas, universidades, hospitales, unidades de fomento productivo y apoyos a la vivienda”.
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
