martes, 6 de octubre de 2015

Admite Cienfuegos que un normalista desaparecido es militar en activo| Después de un año, la PGR ofrece recompensa por implicados en desaparición de normalistas

Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena. 
Foto: Benjamin Flores

Desde junio pasado Proceso dio a conocer que uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es un soldado en activo y que Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, confirmó que su hijo fue militar, pero habría “desertado” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Incluso, el padre del soldado normalista ha venido reprochando a las autoridades el hecho de que hasta ahora no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que seguía activo después de la desaparición de los estudiantes, y de acuerdo con el rastreo satelital se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Cuatro meses después, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda habló sobre este tema durante una entrevista transmitida la noche del lunes en el noticiero estelar de Televisa donde confirmó que el soldado normalista desparecido es Julio César López Patolzin.

–Entre los 43 jóvenes desaparecidos habría un joven que habría estado en activo en el Ejército mexicano. ¿Es correcto esto, qué sabe usted al respecto?, le preguntó el reportero Santos Mondragón.

–Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos, coincide con el nombre de un militar en activo, el cual tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando prácticamente de la misma persona. Entonces la respuesta en concreto es sí coincide el nombre con uno de los 43 desparecidos y creemos que es la misma persona–, respondió Cienfuegos.

Luego, minimizó el hecho al señalar que “esto no es nada extraño”, porque los comandantes de los diferentes niveles tienen la autorización por reglamento de autorizar a los soldados estudiar siempre y cuando no “interfiera en su actividad de servicio”.

Remató el secretario de la Defensa:

“Y a este muchacho le autorizaron estudiar. Él tenía dos o tres meses de haber ingresado a la normal y quería estudiar para maestro, hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía, en dos o tres meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada”.

El caso fue documentado desde junio en notas periodísticas publicadas por Apro y el texto de Proceso titulado “El enigma del soldado-normalista desaparecido” donde la Sedena admitió su intromisión en la normal de Ayotzinapa, tras meses de negarlo públicamente.

El 13 de abril pasado, este reportero envió a la Sedena una solicitud de información para saber si entre los normalistas desaparecidos había algún soldado en activo. El miércoles 10 de junio, la secretaría respondió por escrito:

“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, decía el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Sedena, general David Córdova Campos.

Para justificar su decisión, añadió: “La información podría ser utilizada por grupos desafectos a las Fuerzas Armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”.

“¿Qué quieren saber?”, cuestiona a la CIDH

En la misma entrevista difundida anoche por Televisa, Cienfuegos Zepeda, expresó su total rechazo a que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue a los soldados del 27 Batallón de Infantería señalados por su participación en los hechos del 26 de septiembre en Iguala Guerrero.

Según dijo, a los militares los quieren interrogar para después hacer sentir que tienen algo que ver en la desaparición de 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, y no apoyarlos.

Por ello, dijo tajante, se opone a que los militares sean interrogados.

“Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy, de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido nada así que va por delante mi prestigio”, afirmó el titular de la Sedena.

Cienfuegos Zepeda sostuvo que no hay un señalamiento claro que involucre a sus elementos en los hechos del 26 de septiembre y además indicó que el Ejército sólo responde a las autoridades ministeriales mexicanas

“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas.

“El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, subrayó.

Y cuestionó:

“¿Qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”.

A la fecha, dijo, casi 50 militares han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y “algunos hasta cuatro veces sin tener un sólo señalamiento”, insistió.

También expresó su abierto rechazo a la solicitud que hacen desde hace un año los padres de los normalistas desaparecidos, de entrar a las instalaciones del 27 Batallón militar para buscar a sus hijos. A esa solicitud respondió:

“Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?, la Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal.

Lo hizo la propia Comisión de los Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión Interamericana y también dicen que no hay indicio de que el Ejército haya participado, ¿cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles?

Cienfuegos dijo lamentar lo sucedido con los 43 normalistas, pero insistió en que involucrar al Ejército “es algo muy grave”.

El día del ataque contra los normalistas, relató, personal militar se comunicó con la policía municipal de Iguala para saber si había un enfrentamiento.

“El comandante del batallón habló con el director de seguridad pública municipal, le preguntó que qué había. Le dijo: ‘no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos’.

“Eso le dijo el director de la policía que anda huyendo. Se le habló al de la Policía estatal (y le dijeron): ‘no vamos a participar si no me giran la instrucción de participar’. Bueno, entonces que esperan”, contó el militar a la televisora.

Las declaraciones del titilar de la Sedena son contrarias a los informes que la propia dependencia, en particular el 27 Batallón de Infantería, ha entregado sobre los hechos ocurridos en Iguala.

Dichos informes han sido entregados vía transparencia y publicados por Proceso en distintos números.

Por ejemplo, en marzo pasado, en su número 2003, en un reportaje de la periodista Marcela Turati titulado “Ayotzinapa: sus propios informes comprometen al Ejército”, un expediente de la Sedena, entregado al semanario gracias a la Ley de Transparencia, demuestra que, contra lo dicho por el general Salvador Cienfuegos, el Ejército sí conoció de las agresiones de la policía igualteca a los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre y no hizo nada por evitarlas.

El pasado 5 de septiembre, en el número 2027, Proceso publicó otro reportaje de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher titulado “Ayotzinapa: inocultable, la participación militar”, en el que de acuerdo con declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala dadas a conocer por la PGR, los soldados no sólo estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos sino que hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.

Incluso, el pasado 21 de septiembre, el diario español “El País” difundió una nota en la que destaca las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota, que revelan cómo el 27 Batallón de Infantería destacamentado en Iguala y su cuartel general en Chilpancingo recibieron información de primera mano del atentado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinpa, en el que seis personas fueron asesinadas, tres de ellas normalistas.

Después de un año, la PGR ofrece recompensa por implicados en desaparición de normalistas

Luego de un año sin dar con el paradero de cinco presuntos implicados en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció este martes una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos por cada uno de ellos.

El exdirector de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y los operadores del grupo criminal Guerreros Unidos: José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”; Erick Sandoval Rodríguez “La Rana”, y Miguel Miranda Pantoja “El Pajarraco”, así como José Ulises Bernabé García, son señalados por la dependencia como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten.

La recompensa, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, se ofrece dentro del programa denominado “México en Paz”, con el que se busca garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y abatir la impunidad.

El anuncio ocurre a sólo cuatro días de que la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, concluyó una visita de trabajo para observar la situación de los derechos humanos en México, donde se reunió con la procuradora Arely Gómez.

El acuerdo destaca que el 5 de octubre de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una investigación por los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, en agravio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala de Independencia, Guerrero.

Antes, el 21 de octubre de 2014, fue publicado en el mismo medio el Acuerdo Específico A/087/14 por el que la PGR ofreció 1.5 millones de pesos de recompensa –64.5 millones de pesos en total– a quien o quienes proporcionaran informes para la localización de cada uno de los normalistas desparecidos.

En el texto difundido este martes, la dependencia precisó que la información para localizar a los posibles delincuentes debe enviarse al correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx, o al número telefónico gratuito 01-800-831-31-96. La autoridad se compromete a reservar la identidad de los denunciantes.





Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS| PATRICIA DÁVILA