Familiares de los normalistas durante la presentación del informe de la CIDH sobre Ayotzinapa este domingo.
Foto: Germán Canseco
El presidente Enrique Peña Nieto manifestó este lunes “su total disposición” de reunirse con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.
El encuentro, agregó el mandatario, se realizará una vez que estén presentes todos los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, anunció que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.
Durante una gira por Puebla, donde inauguró un periférico y un bulevar, Peña Nieto afirmó que su gobierno no cejará en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala.
Destacó que si bien hay diferencias en las diligencias que realizaron la CIDH y la Procuraduría General de la República (PGR), éstas pueden superarse con los nuevos peritajes que ordenó.
Peña Nieto dijo que el caso Ayotzinapa no está cerrado y que las investigaciones siguen adelante para establecer con exactitud el paradero de los 43 normalistas.
Precisó que la búsqueda de los jóvenes sigue adelante y que se realiza de manera individualizada, a petición de los padres de familia.
Presumió que por iniciativa de su gobierno se solicitó el apoyo de la CIDH y que gracias a dicha intervención se cuenta con mayores elementos para esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Indicó que los resultados del informe del GIEI -el cual fue dado a conocer este domingo y que rechaza la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso Iguala- serán analizados por la PGR.
El mandatario reiteró que los hechos ocurridos en Iguala han indignado y lastimado a la sociedad mexicana, por lo que “no cejaremos hasta que todos los culpables sean llevados ante la ley”.
Este domingo, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer su desaparición.
Entre otras demandas, pidieron que el grupo de expertos de la CIDH permanezca indefinidamente hasta que se dé con el paradero de los jóvenes.
En conferencia de prensa en el Centro Prodh exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue refutada en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe del GIEI evidencia que el gobierno mexicano falseó la información: prensa internacional
“Científicamente imposible”, “numerosas dudas sobre la versión gubernamental”, “inconsistencias”, “contradicciones” son algunos de los encabezados con los que la prensa internacional se refirió al informe dado a conocer ayer por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), cuyas conclusiones desmoronan la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los hallazgos del GIEI confirmaron que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como dio a conocer en su momento el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que tanto los militares como la policía federal sabían de la persecución que sufrieron los estudiantes en el momento de los hechos y que la versión del gobierno se basa en las declaraciones de testigos que presentaron lesiones.
Asimismo, observaron que varios elementos –como la ropa de algunos desaparecidos o videos de vigilancia– no fueron analizados durante la investigación y que las autoridades no hicieron caso a un “elemento clave” de la noche de Iguala, el quinto autobús en el que viajaban normalistas.
Así, para el New York Times las primeras conclusiones del GIEI representan un “regaño severo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que intentó clasificar el caso” y cuya investigación resultó “aleatoria” e “improvisada”.
“La señal más clara que la versión del gobierno no era cierta llegó del basurero”, observó el New York Times, al añadir:
“Las evidencias físicas no sólo contradicen la versión del gobierno sobre lo que pasó a los estudiantes, sino también demuestran que la policía federal y militares sabían que los estudiantes estaban siendo atacados por la policía municipal y fallaron en intervenir”.
El Washington Post recordó que en febrero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam se presentó ante los reporteros y les contó la “historia oficial” –a la que él calificó en su momento de “verdad histórica”–. Los expertos del GIEI “descartaron aspectos claves de esa teoría”, insistió el periódico.
Además, el impreso resaltó que “hubo otras aparentes fallas durante las investigaciones: la ropa de las víctimas que encontraron las autoridades no fueron examinadas, y videos (captados por las cámaras) de vigilancia fueron borrados”.
La hipótesis según la cual los normalistas capturaron un autobús con heroína, “podría explicar la caza agresiva que llevó a cabo la policía para encontrar a los buses e impedir que salgan de la ciudad”.
Para BBC Mundo, a raíz de la publicación del informe la “verdad histórica empieza a tambalearse”.
En cuanto a la reacción de funcionarios del gobierno, varios medios reportaron que la conferencia de prensa que “convocó apresuradamente” –dixit Bloomberg– la procuradora Arely Gómez ayer duró apenas una decena de minutos y no dejó espacio para preguntas.
Informaron de sus audiencias que el presidente Peña Nieto dio a conocer su postura a través de su cuenta de Twitter.
The Guardian, el periódico británico de referencia, afirmó que la tragedia de Iguala destrozó la imagen internacional que Peña Nieto fabricó en los primeros años de su mandato, la de un presidente reformador que relanzaría la economía y combatiría la corrupción.
Las protestas que generó la tragedia de Iguala “subrayaron los horrores de la guerra contra las drogas en México que fueron constantemente minimizados por la administración (de Enrique Peña Nieto) y la corrupción política arraigada que proveyó un telón de fondo al terror, así como el manejo torpe e insensible de la investigación por parte del gobierno”, según The Guardian.
Por su parte, el periódico francés Le Monde retomó la nota de la AFP, en la que resalta que el informe de los expertos “contradice la versión oficial” del gobierno mexicano, y recuerda que la desaparición forzada de los 43 normalistas “generó una grave crisis política dos años después de la elección del presidente Enrique Peña Nieto”.
Desde ayer, organizaciones internacionales se pronunciaron sobre el informe de los expertos en términos muy críticos.
Para Amnistía Internacional, el documento “revela la incompetencia total y la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los estudiantes y poner ante la justicia a los responsables”.
Desde su sede central en Nueva York, Human Rights Watch se indignó de las omisiones de las autoridades en la investigación; entre ellos el posible vínculo entre la desaparición forzada y el quinto autobús.
“Las autoridades federales dijeron al grupo (de expertos) que el quinto autobús fue destruido por los estudiantes antes de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; afirmación que, de acuerdo con los expertos, fue contradicha por múltiples testigos y la investigación inicial de las autoridades estatales”, subrayó HRW.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) se declaró “profundamente preocupada” ante “la gravedad del mal manejo que hizo el gobierno sobre el caso”.
“El reporte de los expertos expone de manera clara que el gobierno intentó vender a las familias, la sociedad mexicana y la comunidad internacional una versión de los eventos que, lejos de ser la verdad, no está soportada por evidencias científicas”, declaró hoy Maureen Mayer, encargada de la organización para México, al insistir: “el gobierno prefirió el interés propio a la verdad y desplegó grandes esfuerzos, incluso la probable tortura, para respaldar su versión de los eventos”.
“La señal más clara que la versión del gobierno no era cierta llegó del basurero”, observó el New York Times, al añadir:
“Las evidencias físicas no sólo contradicen la versión del gobierno sobre lo que pasó a los estudiantes, sino también demuestran que la policía federal y militares sabían que los estudiantes estaban siendo atacados por la policía municipal y fallaron en intervenir”.
El Washington Post recordó que en febrero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam se presentó ante los reporteros y les contó la “historia oficial” –a la que él calificó en su momento de “verdad histórica”–. Los expertos del GIEI “descartaron aspectos claves de esa teoría”, insistió el periódico.
Además, el impreso resaltó que “hubo otras aparentes fallas durante las investigaciones: la ropa de las víctimas que encontraron las autoridades no fueron examinadas, y videos (captados por las cámaras) de vigilancia fueron borrados”.
La hipótesis según la cual los normalistas capturaron un autobús con heroína, “podría explicar la caza agresiva que llevó a cabo la policía para encontrar a los buses e impedir que salgan de la ciudad”.
Para BBC Mundo, a raíz de la publicación del informe la “verdad histórica empieza a tambalearse”.
En cuanto a la reacción de funcionarios del gobierno, varios medios reportaron que la conferencia de prensa que “convocó apresuradamente” –dixit Bloomberg– la procuradora Arely Gómez ayer duró apenas una decena de minutos y no dejó espacio para preguntas.
Informaron de sus audiencias que el presidente Peña Nieto dio a conocer su postura a través de su cuenta de Twitter.
The Guardian, el periódico británico de referencia, afirmó que la tragedia de Iguala destrozó la imagen internacional que Peña Nieto fabricó en los primeros años de su mandato, la de un presidente reformador que relanzaría la economía y combatiría la corrupción.
Las protestas que generó la tragedia de Iguala “subrayaron los horrores de la guerra contra las drogas en México que fueron constantemente minimizados por la administración (de Enrique Peña Nieto) y la corrupción política arraigada que proveyó un telón de fondo al terror, así como el manejo torpe e insensible de la investigación por parte del gobierno”, según The Guardian.
Por su parte, el periódico francés Le Monde retomó la nota de la AFP, en la que resalta que el informe de los expertos “contradice la versión oficial” del gobierno mexicano, y recuerda que la desaparición forzada de los 43 normalistas “generó una grave crisis política dos años después de la elección del presidente Enrique Peña Nieto”.
Desde ayer, organizaciones internacionales se pronunciaron sobre el informe de los expertos en términos muy críticos.
Para Amnistía Internacional, el documento “revela la incompetencia total y la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los estudiantes y poner ante la justicia a los responsables”.
Desde su sede central en Nueva York, Human Rights Watch se indignó de las omisiones de las autoridades en la investigación; entre ellos el posible vínculo entre la desaparición forzada y el quinto autobús.
“Las autoridades federales dijeron al grupo (de expertos) que el quinto autobús fue destruido por los estudiantes antes de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; afirmación que, de acuerdo con los expertos, fue contradicha por múltiples testigos y la investigación inicial de las autoridades estatales”, subrayó HRW.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) se declaró “profundamente preocupada” ante “la gravedad del mal manejo que hizo el gobierno sobre el caso”.
“El reporte de los expertos expone de manera clara que el gobierno intentó vender a las familias, la sociedad mexicana y la comunidad internacional una versión de los eventos que, lejos de ser la verdad, no está soportada por evidencias científicas”, declaró hoy Maureen Mayer, encargada de la organización para México, al insistir: “el gobierno prefirió el interés propio a la verdad y desplegó grandes esfuerzos, incluso la probable tortura, para respaldar su versión de los eventos”.
Fuente: Proceso| La Redacción| Mathieu Tourliere
