miércoles, 13 de mayo de 2015

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 13 Mayo 2015

-Priistas impiden a balazos entrega de despensas a ancianos
El candidato priista a la alcaldía del municipio de Cárdenas, Miguel Moheno. 
Foto: Tomada de Twitter

VILLAHERMOSA, Tab.- Presuntos pistoleros del candidato priista a la alcaldía del municipio de Cárdenas, Miguel Moheno, enfrentaron a balazos a personal del DIF-Tabasco y habitantes del poblado C-28 del municipio de Cárdenas durante la entrega de despensas para ancianos.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del martes cuando, según testigos, los guaruras del abanderado tricolor, armados, irrumpieron en la casa ejidal del referido poblado, argumentando que se trataba de una “mapachera” del PRD para la compra de votos.

Los pistoleros exigieron que no se distribuyeran las despensas y cuando se encaminaban a saquearlas de los vehículos en las que las transportan, los abuelos y la población se les fueron encima para impedirlo. Fue entonces que accionaron sus armas al aire para dispersarlos pero no lo lograron y finalmente se marcharon.

Mediante un comunicado, el DIF Tabasco informó que en cumplimiento a la calendarización del “Programa de alimentación para una vida sana de abuelitas y abuelitos tabasqueños”, se procedió a la entrega de paquetes alimentarios en el poblado C-28 de Cárdenas, de muy alta marginación.

Añadió que durante esta tarea, personal del DIF Tabasco fue intimidado por personas que empezaron a grabarlos y a actuar “de manera agresiva y violenta”.

Esta actitud obligó al personal a retirarse para tratar de continuar con su labor en otro de los puntos programados, sin embargo, la persona que lideraba al grupo agresor, argumentando que se trataba de despensas enviadas por un partido político para coaccionar el voto, “azuzó al saqueo de las unidades institucionales en las que venían los paquetes alimentarios, provocando con ello el coraje de la misma población, y particularmente de los abuelos que veían como los paquetes alimentarios eran saqueados”.

Lo anterior, agregó el DIF, provocó un enfrentamiento entre los miembros de la comunidad y los manifestantes. Mientras los primeros les insistían que no se trataba de ningún partido político, los segundos, hicieron caso omiso y continuaron con la provocación y el saqueo, “hasta llegar al punto de que una de esas personas hizo varias detonaciones de arma de fuego, para luego retirarse”.

La dependencia destacó y agradeció a la comunidad la defensa que hizo del personal del DIF evitando que saliera lastimado.

La entrega de paquetes alimentarios, afirmó, es producto de un trabajo “serio, responsable y absolutamente respetuoso de la normatividad electoral”, local y federal y de pleno sentido social de la Institución.

El programa, aclaró, se desarrolla desde el 1 de agosto de 2014 y tiene como propósito llevar a los abuelos alimentos sanos, lo que  contribuye al mantenimiento de su salud, economía y condiciones de vida.

Ninguno de los apoyos que entregan institucionalmente el DIF Tabasco, aseguró,  tiene fines políticos, y refrendó su compromiso con la democracia que tiene como propósito fundamental servir al pueblo.

El dirigente estatal del PRI, Erubiel Alonso, dijo que esta acción demuestra que el gobierno estatal prepara una “elección de Estado” en Tabasco y anunció que presentarán denuncia ante los órganos electorales.

-Avanza por Sinaloa caravana por la defensa del agua
Mazatlán, Sin. La caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, encabezada por la tribu Yaqui, sostuvo diálogo con desplazados de la presa Picachos en la comunidad de San Marcos, en el segundo día de recorrido por el municipio de Mazatlán.

Los integrantes de la tribu Yaqui llegaron a la comunidad serrana, donde César Cota, vocero de la caravana nacional, explicó a los asistentes que salieron de ocho pueblos de Sonora hacia la ciudad de México para exigirle al presidente Enrique Peña Nieto respeto a los derechos de los pueblos yaquis, a quienes se les ha quitado el agua con la construcción del acueducto Independencia.

El gobernador de la tribu Guarijios, José Romero, dijo que su grupo participa en la lucha yaqui porque quiere seguir existiendo y pidió el apoyo en esta lucha que han emprendido desde 2010 en contra de la construcción del acueducto.

Señaló que por defenderse y alzar la voz contra las injusticias están encarcelados Mario Luna y Fernando Jiménez.

María de José Osuna, en representación de los cooperativistas pesqueros, y en presencia de las autoridades comunales y comisarios del pueblo, reconoció la importancia de la lucha de la tribu yaqui. Refirió a que pese al asesinato del líder del movimiento, Atilano Román, en octubre pasado, los seis pueblos desplazados por la presa Picachos siguen en resistencia porque existe gente interesada en pretender despojar a los pobladores de lo que han construido.

La caravana nacional dejó el estado de Sinaloa y partió hacia el pueblo de Ruiz, Nayarit.

-“Los gobernadores roban y no cumplen”, reclama joven de secundaria a César Duarte (VIDEO)
Una estudiante de la Secundaria Federal 17 increpó al Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y le reclamó los actos de corrupción de las autoridades.

De acuerdo con el video del sitio Norte Digital, la menor identificada como Luz Elena Patricio participaba en una muestra de cultura de escuelas secundarias en las instalaciones del Gobierno y el mandatario llegó de manera imprevista.

“Los gobernadores roban y no cumplen con su trabajo. Estos políticos se guardan lo de nuestros impuestos. Malgastan lo que nos pertenece para beneficio personal. Nuestro país está parapléjico, pero ¿A quién le importa? Si el ‘Chicharito’ va por México”, dijo la joven mientras que los presentes le aplaudían.

“Cuando la ciudadanía pierde totalmente la confianza en los gobernadores es porque estos no asumen su compromiso cívico y se pone en riesgo la gobernabilidad e incluso se puede llegar a un movimiento armado”, afirmó.

“Ustedes los adultos piensa que nosotros por ser jóvenes no nos damos cuenta de este grave problema pero permítanme contradecirlos porque nosotros somos los más afectados y claro que sabemos cada movimiento que hacen nuestros gobernantes. Porque desafortunadamente la gente más incompetente es la que nos gobiernan y a la que mantenemos”.
El Gobernador de Chihuahua aplaudía mientras la joven continuaba con su discurso.

“No todos los jóvenes somos ignorantes y sabemos que va en aumento la corrupción. Cabe mencionar que nuestro país no todo es mandato y sufrimiento ya que existimos persona con valores y principios que luchamos día a día a pesar de las adversidades. Trabajamos humilde y honradamente para sacar adelante a nuestras familias y no someternos en esta impunidad. Somos gente que lucha y lo seguiremos haciendo para recuperar el país que queremos”, dijo.

-VIDEO: Impiden que sujeto se arroje del segundo piso del Periférico
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) frustraron el intento de suicidio de un sujeto que amenazaba con aventarse del segundo piso del Periférico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del sábado 9 de mayo, cuando personal de la policía capitalina recibió una alerta de un automovilista que informó sobre un hombre que se encontraba en la orilla del distribuidor vial; por lo que los cuerpos de rescate llegaron al lugar.

El joven de 19 años de edad amenazaba en todo momento saltar al vacío, ante ello personal del sector y paramédicos iniciaron una plática con el individuo, tratando de  tranquilizarlo, al tiempo que se acercaban sobre su costado derecho para evitar que de un momento a otro se arrojara a una altura aproximada de 15 metros.

Durante la acción coordinada, elementos de seguridad pública, Bomberos y rescatistas, hablaban continuamente con el sujeto, hasta que por el costado izquierdo fue sujetado sorpresivamente por el primer Inspector César Barrientos Deras, conocido como “Goliat”, quien aprovechó un descuido para asegurarlo.

Una vez que fue rescatado, los paramédicos realizaron la evaluación de sus condiciones físicas para descartar alguna lesión.

Finalmente el hombre fue trasladado al albergue de La Coruña para asegurarse de que estuviera a salvo.

-Funcionario de Aguascalientes desata críticas en redes sociales
Aguascalientes, Ags. Un empleado del gobierno del estado que encabeza el priísta Carlos Lozano de la Torre, arremetió contra los ciudadanos que le piden que responda a las peticiones que presentan ante la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social (Sebideso), donde labora.

Rubén Reyes Carrillo, asignado al área de logística de la dirección general de la Sebideso, escribió en su perfil de Facebook lo siguiente: “Pinche gente mierda, que sin información anda en las calles y haciéndole al Héroe, ya me esta cagando toda esa puta escoria q (sic) cree q (sic) porque somos servidores públicos podemos dejar que nos hablen y traten del modo que crean y a placer. Y q (sic) les quede claro, nadie paga nuestro salario con sus impuestos, en todo caso yo lo recibo por mi chinga y con los míos propios (impuestos), y mi ideología política en el trabajo ni la menciono. Pero como a la gente le gusta mamar. Mamen. Hdp”.

Lo anterior desató las críticas de los usuarios de esa red social y en Twitter donde también se replicó su información con calificativos como #GentlemanBurocrata y otros que lo califican de “ingrato”, “renegado” e “incongruente” y otros más agresivos como “muerto de hambre”.

-Protestan contra CFE por apagones en el puerto
Veracruz, Veracruz.- Habitantes del fraccionamiento Residencial del Bosque se manifestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir una inspección en las vías eléctricas, pues desde hace seis meses sufren de apagones constantes, inclusive se han quedado sin energía hasta por 24 horas.

Refirieron que dicha situación ha provocado que varios de sus aparatos electrodomésticos, aires acondicionados y equipos electrónicos se descompongan y sus alimentos se echen a perder. 

En entrevista el presidente de la Asociación de Vecinos, Rodolfo Llorente, manifestó que desde marzo entregaron un oficio al superintendente regional de la CFE, Víctor Manuel Rojas Huidobro, para que hicieran una revisión, pero a la fecha no se han acercado a la zona.

Si en esta ocasión no encuentran respuesta favorable, el entrevistado advirtió que presentarán una demanda de carácter civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad por los daños ocasionados.

 "De primera instancia procederíamos contra la Comisión Federal de Electricidad, pero también de no obtener una respuesta veríamos qué pasa con la constructora; sobre el tema en particular se ha tratado en varias ocasiones, y sólo dicen que es un tema que compete directamente a Comisión, pero como constructora y desarrolladora, creo que deben estar atentos del seguimiento de esta situación", precisó.

El presidente de la Asociación de Vecinos puntualizó que más de 500 casas se están viendo afectadas con los altibajos en los voltajes, aun cuando aseguró que desde hace seis años todos tienen contrato de luz.

-SINDICATO DEL METRO DARÁ APOYO LEGAL A INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro brindará todo el respaldo legal a los trabajadores que fueron señalados como responsables del accidente en la Línea 5, en la estación Oceanía.

El dirigente del gremio, Fernando Espino Arévalo, explicó que apoyarán a los trabajadores para que “no se les eche toda la culpa” y se les pretenda sancionar o incluso despedir por el accidente del pasado 4 de mayo.

Recordó que desde hace varios años, la organización que dirige ha señalado la falta de mantenimiento adecuado a instalaciones y trenes, así como la carencia de equipo y herramientas necesarias para la prestación del servicio.

Reiteró el rechazo de su organización al dictamen emitido por el Comité de Incidentes Relevantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, pues en su opinión, es inconsistente y la autoridad se convierte en juez y parte.

“Sí hay responsables, es el actual director del Metro (Joel Ortega) que ha desoído la justa demanda de mejores herramientas y equipos para que se dé el mantenimiento adecuado a las instalaciones y trenes. También es culpable del fallecimiento de nuestro compañero en las maniobras de retiro de los trenes (involucrados en el accidente)”, apuntó.

El dirigente subrayó que el sindicato no fue incluido en los trabajos de investigación del incidente en la Línea 5, por lo que el sindicato solicitó formalmente al director del Metro información técnica para emitir su propio dictamen.

La víspera, el director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del STC, Gerardo Requis, informó que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro dio a conocer que un error humano fue la causa del choque entre los tres en la estación Oceanía, que dejó un muerto y 12 lesionados.

-PRD 'tumba' programa 'Temocpipas' del 'Cuau'
Cuauhtémoc Blanco, candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a la alcaldía de Cuernavaca, lamentó que el programa “Temoc Pipas” se haya cancelado debido al resolutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por iniciativa del PRD.

"El programa llevaba agua potable a comunidades que padecen desabasto del líquido. “Es una injusticia lo que acaba de hacer el Partido de la Revolución Democrática (...) esta solución del Instituto, en respuesta a la queja del PRD, es muestra de que nos tienen miedo y están preocupados los partidos tradicionales", expresó el ex futbolista.

"El PRD nos quiere meter otra trampa para no llegar a la presidencia municipal. Por ello, les pido a los ciudadanos su apoyo y votar a favor del PSD el próximo 7 de junio”, insistió Blanco en un comunicado.

Cuauhtémoc Blanco explicó la cancelación a vecinos de Ciudad Chapultepec, una de las zonas donde se puso en marcha el Programa “Temoc Pipas”; y a la escuela Primaria Miguel Hidalgo, institución que solicitó al candidato recibir la pipa de manera constante tras dos semanas de desabasto.

“Estoy aquí como directivo, acompañado por padres de familia para decirle, gracias”, dijo el profesor Oscar Pérez Nava, director del plantel, “Gracias Cuauhtémoc Blanco, porque nos diste agua sin interés ni presiones políticas. Directivos y Padres de Familia le brindamos todo el apoyo para que no se le dañe la imagen, ya que usted nos está apoyando con el agua por la necesidad que tenemos, y no tiene ningún efecto político ya que lo está realizando en zonas públicas, como en este momento, estamos en espacios comunes y le estamos brindando todo nuestro apoyo”.

Vamos a darles con guante blanco, hoy nos obligan a clausurar el programa del agua, pero les vamos a demostrar que nuestra palabra vale más que sus promesas, ya que mí palabra es de cumplir y eso es lo que voy a realizar, yo si tengo palabra”, concluyó el candidato.

-Calderón en campaña: corre, hace chistes y es orador en León
LEÓN, Gto.- En su segundo día de visita como acompañante de los candidatos del PAN en la entidad, Felipe Calderón corrió, hizo chistes, fue orador y todavía alcanzó a advertir a los panistas leoneses que el PRI enviará “cañonazos de dinero” en los días previos a la elección del 7 de junio, en busca de favorecer a su candidato, José Ángel Córdova Villalobos, excolaborador del michoacano en su sexenio.

Córdova Villalobos fue motivo para un intercambio de declaraciones entre Calderón y la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, quien coincidió con el expresidente panista en eventos también en León y Guanajuato capital este miércoles, en apoyo a sus candidatos.

Mientras Calderón afirmó que Córdova se equivocó al abanderar al PRI para la alcaldía de León porque este partido representa la corrupción, Ivonne Ortega defendió la trayectoria del médico, quien fue “un empleado leal” del propio Calderón, al frente de las secretarías de Salud y Educación.

“Lamentablemente (Calderón) agrede a candidatos como el que tenemos en León, como es el doctor Córdova, que fue un empleado leal de su gobierno y que a mí me tocó conocerlo como gobernadora y por eso precisamente es nuestro candidato, porque es un hombre de palabra y es un hombre que conoce la parte más sensible del gobierno que es la salud y la educación”, señaló Ortega Pacheco en una desangelada comida con candidatos priistas de la capital del estado.

Por la mañana, Calderón corrió por una avenida correspondiente al distrito III local, acompañando al candidato a diputado, el exsecretario de Salud y Desarrollo Humano del estado Jaime Ramírez Barba.

Y en una reunión posterior en esa ciudad, el expresidente advirtió al panismo leonés que en los días previos a la elección, seguramente el PRI operará con intensidad la compra del voto.

“Yo no dudo que viéndose perdidos como creo que se ven aquí en León, se nos vengan con todo en las próximas semanas y el día de la elección”, alertó.

Posteriormente se trasladó a Guanajuato para asistir a la presentación del plan de gobierno de la candidata a la alcaldía de la capital, Ruth Lugo, a la que pretendió elogiar en un largo discurso que desvió para hablar de la actuación de los gobiernos en el combate a la delincuencia.

“Hay quienes prefieren evadir; hacerse…cómo se diría decentemente, hacerse a un lado, voltear para otro lado, ignorar los problemas de seguridad de la gente; que si a la gente la están robando, la roben; que si la están extorsionando, la extorsionen; no te metas en problemas, no hagas olas, no hagas ruido. Ese estilo que ha dejado a México envilecido y en manos de la criminalidad en muchas regiones del país (sic)…”.

Todavía en esta revisión de la realidad nacional, Calderón Hinojosa agregó que otros gobernantes toman el camino opuesto al mencionado líneas arriba:

“Hay otro (camino) que es no sólo que no enfrenta a la criminalidad, sino que se hace cómplice. (Hay) quien recibe dinero de los criminales, quien pone a los ciudadanos en manos de los delincuentes, quien hace acuerdos con los delincuentes, quien sale hasta en videos con los delincuentes.

“Ustedes saben a quiénes me refiero, y de qué partido”, cerró entre aplausos de los panistas asistentes.

-“Es irracional” la fianza de 21 mdp a jornaleros: Conapred
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, afirmó que la fianza de siete millones de pesos impuesta a cada uno de los tres jornaleros de San Quintín detenidos el pasado sábado 9 de mayo durante el enfrentamiento con policías estatales “no es ni racional ni proporcional”.

“Una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, dijo y añadió que existen mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.

Si bien señaló que el Conapred no puede intervenir en este caso debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que ha dialogado con gente de este organismo autónomo y ha ofrecido el apoyo que se requiera en caso de que haya discriminación.

Sin embargo, consideró que los jornaleros viven una “discriminación múltiple”, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.

“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.

El asunto, abundó, requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.

Además, dijo, las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

Reanudan reuniones con el gobierno }

Este miércoles, cuatro días después de los enfrentamientos que dejaron decenas de heridos, los jornaleros retomaron el diálogo con las autoridades federales, aunque sin la presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, por “razones de salud.

En la reunión, los jornaleros solicitaron el cumplimiento de sus demandas; liberación de cuatro de los detenidos el sábado pasado durante un enfrentamiento en la colonia Lomas de San Ramón, de San Quintín, y fijar un salario mínimo de 200 pesos para los jornaleros, además de pagos extras por cubeta de fresa, entre otros productos.

La reunión inició con un retraso de casi dos horas y la ausencia del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien se excusó por motivos de salud e informó que se encuentra hospitalizado.

El retraso se debió al cambio de sede de la reunión que originalmente se realizaría en San Quintín. De última hora se cambió a Ensenada, a la sede de la Administración Portuaria Integral (API) y los jornaleros debieron viajar en autobuses  que fueron seguido por 20 automóviles y patrullas de la Policía Federal que escoltaron la caravana a petición de los líderes del movimiento.

Una comisión de 100 jornaleros encabezados por cinco voceros ingresó al lugar del encuentro, junto con David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno del estado.

Desde temprana hora se informó que Luis Enrique Miranda no asistiría a la reunión con jornaleros de la región de San Quintín, en Baja California, porque se encontraba hospitalizado.

En su lugar asistió David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la SG, así como enviados de la Secretaría del Trabajo y representantes del gobierno federal.

Al cierre de esta edición el diálogo continuaba sin visos de algún acuerdo. Decenas de jornaleros permanecían afuera de la sede de la API, en espera de noticias.

El 24 de abril pasado autoridades de los gobiernos federal y estatal se reunieron para tratar de llegar a una solución a las demandas de los jornaleros agrícolas.

Según los trabajadores se acordó un nuevo encuentro el 8 de mayo, mismo día en que fueron atacados por policías de Baja California y algunos de ellos encarcelados. Las autoridades federales afirmaron que la cita estaba programada para este miércoles.

-Investiga EU por lavado a familia del candidato del PRI en Guadalupe, NL
MONTERREY, N.L.- El portal de noticias Insurgente Press dio a conocer este miércoles que el gobierno de Estados Unidos investiga por lavado de dinero a familiares del candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos Martínez, por transferencias efectuadas a bancos norteamericanos para adquirir un avión de un millón 200 mil dólares.

De acuerdo con la nota que aparece en el portal www.insurgentepress.com.mx, en el esquema de movimientos de dólares habrían participado la hermana del aspirante priista, María de los Ángeles Cienfuegos, así como su suegro Rodrigo H. Todd Lozano, padre de Lucía Todd, esposa del candidato a edil.

También figuran en la indagatoria Adrián Treviño Villarreal, Juan Carlos Muñoz Santiago, Daniel de León Guzmán, Javier de León Guzmán y Jordi Falcó Díaz; este último tiene los mismos apellidos que Melody Falcó Díaz, directora del estatal Instituto del Deporte (Inde).

En la entidad se conoce que Cienfuegos, quien es diputado local con licencia, puesto del que se separó para competir por la alcaldía, es amigo personal del gobernador Rodrigo Medina, quien lo designó al inicio del sexenio, en el 2009, director de Relaciones Públicas y, luego, director de Comunicación Social.

Según Insurgente Press, las autoridades de Estados Unidos consideran posible que el dinero haya sido sustraído de las arcas del gobierno nuevoleonés y depositadas en cuentas personales para adquirir un avión Hawker para ocho pasajeros.

La nota señala que los depósitos en dólares fueron efectuados en los años 2010 y 2011 en cuentas personales en el Broadway Bank, con sede en San Antonio, Texas, de acuerdo con los estados de cuenta dados a conocer.

Insurgente Press señala que de acuerdo con documentos de Migración y Aduanas de Estados Unidos, los familiares de Cienfuegos depositaron un millón 200 mil dólares a la cuenta de la empresa SDC Air Craft Company, en el Jefferson Bank, con sede en San Antonio.

El 20 de junio de 2011, según la fuente, las personas allegadas a Cienfuegos adquirieron el avión Hawker 700 A usado, modelo 1983, número de serie 275483 y con registro I-ATKD, según la factura SDCAC7DLI752019 de la empresa Aviation Advisors International Inc, con sede en Sarasota, Florida.

La nota apunta que las transferencias son investigadas por el Departamento del Tesoro, la Secretaría del Interior y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si hubo lavado de dinero.

-Delegado de la Profepa en Nayarit utiliza embarcación oficial para diversión
La embarcación de la Profepa en Nayarit. Foto: Especial

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nayarit, Omar Cánovas Moreno, hace uso de una embarcación oficial de esta dependencia con el fin de disfrutar paseos en el mar, según imágenes difundidas en redes sociales.

El portal de El Sol de Nayarit destacó que en una de esas fotos, captada al parecer el pasado fin de semana, se observa al funcionario federal acompañado de una mujer que luce un traje de baño y dos menores de edad, entre otras personas, a bordo de la lancha oficial.

La embarcación utilizada en las playas de Nayarit corresponde a la que tiene a su cargo la delegación federal en la entidad, la cual realiza labores de vigilancia, sin embargo, en esta ocasión fue designada a uso particular.

Apenas en abril pasado, David Korenfeld, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), utilizó un helicóptero oficial para asuntos personales; luego de este escándalo el funcionario fue removido de su cargo.

-Riñen otra vez “vagoneros” y policías en el Metro
Una nueva riña entre “vagoneros” y policías capitalinos se presentó este mediodía en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro; no hubo personas detenidas ni lesionadas, sólo daños en las puertas de un vagón y retraso en la operación del servicio.

Según los reportes policiacos, los hechos ocurrieron cuando uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del DF sorprendieron a dos vendedores ambulantes que ofrecían su mercancía dentro de los vagones, actividad que está prohibida.

Como los informales se negaron a abandonar las instalaciones del Metro, los policías intentaron sacarlos por la fuerza, pero éstos reaccionaron de manera violenta y comenzaron a llamar a sus compañeros. Los policías también pidieron refuerzos y se armó la trifulca

Video: Vagoneros enfrentan a policías en San AntonioFuente: Ernesto Guzmán , 13 de mayo de 2015, 13:25 hrs.México, DF.- Vagoneros se enfrentaron contra granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) en la estación del Metro San Antonio Abad de la Línea 2. La gresca ocurrió cerca del mediodía y los primeros reportes señalan que dos comerciantes se resistieron a abandonar la estación, por lo que personal de seguridad pidió refuerzos.
Posted by Operaciones Especiales México on Miércoles, 13 de mayo de 2015
De acuerdo con la información de la SSP-DF y los videos que se difundieron en las redes sociales, los “vagoneros” intentaron golpear a los policías con las hebillas de sus cinturones.

“¡Órale wey, bájate!”, les gritaba un hombre vestido con playera blanca mientras les tiraba golpes con el cinturón a los policías que estaban dentro del vagón y los amenazaba con groserías. Otro joven intentó zafar una de las ventanas del tren y una mujer les gritaba “¡asesinos!”.

Los golpes dañaron las puertas de un vagón.

Decenas de pasajeros observaban los empujones y jaloneos, mientras los uniformados dispersaban a los vendedores a quienes sacaron hasta la calle.

Unos 30 minutos después regresó la calma a la estación y se reanudó el servicio de la línea, aunque miles de usuarios resultaron perjudicados.

-Asegura UNAM que combate venta de drogas en la FCPyS
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las acciones emprendidas contra la venta de estupefacientes en esa institución, luego del reportaje publicado por la revista Proceso que circula esta semana (número 2010).

En un escueto comunicado, la UNAM da a conocer que en 2014 denunció a 46 personas relacionadas con posesión, consumo y venta de drogas dentro de sus instalaciones, pero no dice si en algún momento ha solicitado la intervención directa del Ministerio Público.

En el documento de seis puntos destaca que la posesión, consumo y venta de droga dentro del campus ha sido un asunto de constante preocupación y atención dentro de la esfera de atribuciones que tiene la Rectoría.

“En forma sistemática, al detectar una actividad vinculada con el consumo, venta y distribución de drogas, se ha dado parte a las autoridades ministeriales correspondientes para el desahogo de las indagatorias respectivas”, sostiene.

En este sentido, agrega, la Universidad detectó en 2014 a 46 personas vinculadas con la posesión, consumo y venta de estupefacientes, y derivado de estas acciones las instancias ministeriales abrieron seis averiguaciones previas que están en curso.

Explica que en el campus ha desplegado campañas permanentes de concientización entre la comunidad para advertir de los riesgos que entraña para la salud el consumo de estas sustancias y también en torno a las consecuencias legales que implica el tráfico de las mismas.

Además de las labores de denuncia –apunta– se han desarrollado tareas preventivas para el fortalecimiento de la vigilancia, que han incluido instalación de postes de auxilio, la aplicación de programas como Sendero y Transporte Seguro, y la instauración de protocolos  y dispositivos para inhibir condiciones que favorezcan esas conductas ilícitas.

En un siguiente punto destaca que se ha realizado una labor sistemática de acercamiento con las autoridades de los gobiernos federal y local enfocada a la prevención del delito, además de la aplicación de la ley cuando se incurre en estas conductas.

Finalmente, la UNAM afirma que está atenta al avance de las acciones que realizan las autoridades respectivas para que la ley se aplique con prontitud a los responsables de ilícitos que, en la mayoría de los casos, involucran a personas ajenas a la institución.

En la edición del semanario Proceso que circula esta semana se publicó un texto con el título “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas”, en el que se describe el modus operandi de los vendedores de droga que hace año y medio se posesionaron de la Facultad de Ciencias Política y Sociales (FCPyS), desplazando a los tradicionales dealers y colocando a esa Facultad en el principal centro de venta del sur de la ciudad.

El fenómeno, alarmante de por sí, viene acompañado de una ola de asaltos, robos y acoso sexual. Y estudiantes y trabajadores de esa facultad cuentan a Proceso lo que ocurre y claman por ayuda; una ayuda que la dirección de su escuela no quiere o no puede dar.

Inconformes por la inseguridad, los alumnos de la UNAM se han organizado: exigen seguridad, alumbrado, transporte nocturno, teléfonos de emergencia que funcionen y que se instaure el sistema de credencialización para ingresar al plantel. Se quejan de que el director de la FCPyS, Fernando Castañeda Sabido, ignora sus peticiones.

En entrevista con el semanario, Castañeda Sabido asegura que ya se toman medidas para contrarrestar esta situación, y que el Consejo Técnico de la facultad discute el tema de la credencialización. Incluso solicitó los teléfonos de emergencia y la instalación de botones de pánico en los lugares más “peligrosos” para los alumnos.

Pero, se queja, el grupo de narcomenudistas también se refuerza en número y crea sistemas de venta más sofisticados: el vendedor recibe el dinero y el perro le indica al comprador el lugar en el que puede recoger la droga. Se trata, dice, de unos 30 narcomenudistas que se asentaron en este espacio escolar.

–¿Cuál es su diagnóstico sobre la inseguridad generada por la venta y consumo de drogas en la facultad? –se le pregunta al director de la FCPyS.

–La realidad es que por nuestra cercanía geográfica con la colonia Santo Domingo tenemos de manera fluctuante problemas en el tema de seguridad: asaltos y robos de celulares, aunque a algunas estudiantes les han quitado su mochila u otras cosas. Ha habido robos (que yo no asociaría, pero también han ocurrido en otras instalaciones), en que rompen la tabla roca y roban computadoras, como en la parte administrativa, donde nos robaron laptops.

“Lamentablemente es un ambiente que se ha vuelto tenso. Hay que reconocer que hay venta de droga desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que la facultad estuviera instalada aquí.

“Antes había venta de droga, eran pequeños dealers que así como aparecían se iban. Hasta hace poco había uno al que le decían El Mentes, a otro El Atún y estaba El Tijuano, este último era norteño. Estos jóvenes eran conocidos aquí, pero de año y medio para acá surgieron otros grupos que no podría identificar; son 10 ó 12 distribuidores que se hacen acompañar de otros más y en su conjunto reúnen 20 ó 30 gentes.

“Nosotros no tenemos un sistema de seguridad en esta facultad ni en la Universidad, tenemos sólo un sistema de vigilancia. Somos una institución educativa, abierta, plural, con un alto nivel de participación de estudiantes y profesores”, explica Castañeda.

–Afirman que hace año y medio llegó este grupo de la delincuencia organizada a desplazar a los pequeños dealers y Ciencias Políticas se convirtió en el punto de distribución de drogas de la zona sur de la ciudad –se le señala.

–No tengo esa información. Me es difícil afirmarlo. Lo que hemos tratado de hacer con los recursos humanos y materiales que tenemos es desalojarlos, pero se vuelven a meter, porque nuestra área es muy grande.

–La venta de drogas es un delito federal, ¿puede entrar la PGR?

–Cuando hay un problema de orden legal evidentemente entran las autoridades. Nosotros tenemos que dar parte al Ministerio Público. De la venta de droga no se ha levantado denuncia por falta de evidencia… sólo hay narraciones.

–En recorridos hemos visto que la venta y el consumo de droga y de alcohol es evidente para todos –se le señala.

–Es un tianguis: venden cocaína, mariguana, cristal…

–Eso nos han comentado. Sería bueno que preguntara a un MP, porque nosotros no tenemos forma de documentarlo y levantar un acta. Aunque el MP no puede entrar motu proprio para atender los casos en los que tiene que intervenir la autoridad pública. La facultad tiene que presentar la denuncia y solicitar su intervención; el MP a su vez, a través de la Unidad Jurídica (de la UNAM), tramita un permiso para entrar al campus –dice–, aunque reconoce que la facultad no ha denunciado.

A sólo dos días de la publicación de Proceso, en redes sociales empezó a circular un video que muestra cuando un joven se inmola al prenderse fuego tras alcoholizarse con Tonayán, una bebida de bajo costo. Leonardo Pliego, estudiante de la Facultad de Economía, es auxiliado por personal de vigilancia de Ciudad Universitaria.

Según datos proporcionados por Comunicación Social de la UNAM, el incidente que muestra el video fue grabado hace un mes en uno de los jardines del campus.

-Slim baja al cuarto lugar entre los más ricos del mundo: Bloomberg
Luego de ser blanco de las reformas en telecomunicaciones, el magnate Carlos Slim perdió terreno en el ranking de los multimillonarios del planeta elaborado por la compañía estadunidense Bloomberg.

El fundador de Grupo Carso se desplomó a la cuarta posición en la lista tras ser desbancado del tercer sitio por el español Amancio Ortega Gaona, dueño de Inditex, la empresa textil que opera tiendas con las marcas Zara, Pull & Bear, Bershka y Massimo Tutti, y quien amasa una fortuna de 67 mil 900 millones de dólares.

En la segunda posición se ubica el inversor Warren Buffet, con una riqueza de 71 mil 200 millones de dólares, justo atrás del hombre más adinerado del mundo, Bill Gates, fundador de Microsoft y poseedor de una fortuna estimada en 85 mil 600 millones de dólares.
Por su parte, en un año el mexicano vio afectadas sus ganancias ya que su principal activo, que es América Móvil, fue considerada preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que obligó al magnate a deshacerse de empresas con las que dominaba 70% del mercado nacional en esta materia, para ahora controlar sólo 50%. Además, ahora deberá competir con la estadunidense AT&T.

Ese fue el principal motivo de la caída de Slim, quien disminuyó sus ingresos en el último año por unos 5 mil 900 millones de dólares, para tener un total 66 mil 800 millones. Las principales fuentes de riqueza de Carlos Slim son América Móvil, seguido de Banco Inbursa y Grupo Carso.

Otros mexicanos que tienen presencia en el ranking de Bloomberg son los empresarios dedicados a la minería Alberto Bailleres, que ocupa el lugar 80; Sara Mota de Larrea, quien está ubicada en el escalón 119, seguida por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Iusacell y Grupo Elektra, en el lugar 191, mientras que en el puesto 198 se encuentra Eva Gonda Rivera, quien encabeza a la embotelladora Femsa.

-Reprochan a legisladores oaxaqueños su indiferencia para ayudar a la niñez
OAXACA, Oax.- Pese a que en Oaxaca niños y adolescentes representan el 30% del total de la población, no hay un marco legal que garantice sus derechos, porque la LXI legislatura local prefirió “andar en campaña que realizar su tarea legislativa”, denunciaron 29 organizaciones civiles.

El Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) que aglutina a las 29 organizaciones cuestionó a los integrantes de la LXI legislatura local porque incumplen con su responsabilidad de legislar a favor de los derechos humanos de la niñez.

Hasta la fecha, destacaron, no se tiene un marco legal que garantice los derechos de niños y adolescentes en Oaxaca.

Organizaciones como Bambi, Calpulli, Canica de Oaxaca, Centeótl, Colonias Unidas de Oaxaca, Escuincles Traviesos, Espiral por la Vida, Ixquixóchitl Árbol de Muchas Flores, Niño a Niño México, Niños de Magdalena Teitipac, Niños Unidos al Progreso y Save the Children en Oaxaca, exigieron la inmediata aprobación de la iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Oaxaca.

De igual forma organismos como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Piña Palmera, Código DH, Educa, Idemo, Campo, Grupo Mesófilo, Mujeres Lilas, Flor y Canto, Ixmucane y Unosjo solicitaron a la LXI Legislatura, como integrantes de la sociedad civil organizada, la asignación de un presupuesto que garantice la operatividad de dicha Ley.

También la elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos que reflejen la nueva ley.

Insistieron en la “urgencia de contar con una ley que realmente garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque hasta la fecha no ha sido dictaminada para su aprobación la iniciativa que presentaron hace casi tres años al Congreso Local”.

Por ello el FONI urgió la inmediata aprobación de una ley que garantice los derechos de la Niñez y Adolescencia.

Con la promulgación de la Ley General el pasado 4 de diciembre, destacó la agrupación, se obliga a los estados a través de sus congresos a realizar modificaciones en sus leyes locales para lo cual tienen como fecha límite el 2 de junio.

Por lo anterior el Foro Oaxaqueño de la niñez busca incidir en este proceso con una propuesta al marco legal que garantice los derechos de este sector, que en Oaxaca representa el 38% de la población.

Alejandro de Jesús Ramírez, integrante del FONI comentó que el objetivo de este trabajo es asegurar el respeto de los derechos de los menores, especialmente de quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad e indicó que para la elaboración de esta iniciativa se retomaron experiencias de 18 organizaciones de la red, así como propuestas de otras asociaciones e instituciones gubernamentales.

La finalidad del FONI es lograr que en el estado existan mecanismos que impulsen la protección y restitución de derechos en coordinación con diversas instancias.

El FONI tiene especial atención en los cambios que desde la federación se contemplan, los cuales incluyen que el DIF transite de una mirada asistencialista a un modelo integral que beneficie a niñas, niños y adolescentes.

-Denuncia Batres compra de votos en Coyoacán
El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, informó que su partido interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Contraloría capitalinas por la entrega de tarjetas del programa “Por Ti”, en la delegación Coyoacán.

En declaraciones a la prensa, el exsecretario de Desarrollo Social del Distrito Federal sostuvo que con dicha denuncia iniciará una investigación en la que están involucrados el exjefe delegacional, Mauricio Toledo; el delegado interino, Salvador Frausto, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que avaló la entrega de 55 millones de pesos para las tarjetas que debían darse después del proceso electoral, pero se están usando ya para comprar votos.

A estas alturas del proceso electoral, en la capital del país ya hubo entrega de pintura, tinacos, despensas, aparatos electrodomésticos, dinero en efectivo, zapatos y tenis para comprar a los votantes, apuntó.

“Ese es nuestro cuestionamiento, que sea en etapa electoral. No cuestionamos que existan programas sociales, el problema es que se manipularon las fechas para concentrarlas en periodo de elecciones”, subrayó.

Y aunque dijo que no confía en la PGJDF, admitió que es la única instancia a la que deben recurrir, porque “Mancera está protegiendo a un delincuente como Mauricio Toledo. Parece que no lo conoce, no sabe los alacranes que se está echando encima y esto le va a hacer mucho daño a su gobierno”, indicó.

Comentó que “como nunca había pasado en el Distrito Federal”, el PRD tiene un operativo descomunal de la compra de voto.

-Revira Mancera a AMLO: “Tiene interés político, el mío es público”
Miguel Ángel Mancera aseguró que su labor al frente del gobierno del Distrito Federal es “de interés público” y no “político” ni de árbitro en el proceso rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio.

Así respondió a la acusación que ayer hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en la capital persiste la entrega de despensas para coaccionar el voto operada por el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y la advertencia de que si hay fraude en las elecciones, el tabasqueño “pintará su raya” con el mandatario capitalino.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Mancera le reviró:

“Yo estoy concentrado en el interés público. Mi tarea es una tarea de gobernante y yo le deseo el mayor de los éxitos, de ninguna manera voy a desviar la actuación del gobierno, el gobierno actuará puntualmente con todas y cada una de las atribuciones que le corresponde”.

Como ya es su costumbre de no entrar en polémica, el mandatario local dijo: “Yo quiero reiterar que es de todos conocida la trayectoria del licenciado López Obrador, su representatividad política, que él está ahora al frente de una nueva expresión o de una nueva organización política, y que está haciendo política todos los días y que está concentrado en que a esta organización, como muchos auguran, pues le vaya bien políticamente”.

Agregó: “Ese es el interés político, es el interés de un político. Y yo estoy concentrado en el interés público”.

Luego, hizo énfasis en que él no es actor político ni mucho menos árbitro, aunque por la mañana en entrevista radiofónica aceptó tener interés por contender por la Presidencia de la República en el 2018, aunque lo dijo a su modo: “estoy in”.

La crítica de ayer de López Obrador hacia el gobierno de Mancera Espinosa no fue la primera que hace en lo que va del proceso electoral y durante sus giras proselitistas para apoyar a los candidatos de Morena en el DF.

La semana pasada, el tabasqueño acusó que el GDF tiene retrasos en la operación del Programa de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores. Y aunque el jefe de gobierno omitió responder, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina reviró con cifras sobre el puntual funcionamiento del mismo.

Sobre la acusación de López Obrador en el sentido de que continúa la entrega de despensas a cambio de votos en la ciudad, el jefe de Gobierno llamó de nuevo a las jefaturas delegacionales a mostrar “voluntad política” en el actual proceso electoral y suspender sus programas sociales.

No obstante, recordó que el árbitro de la contienda es el Instituto Electoral del DF y dijo que ahí es donde se deben interponer y dar seguimiento a las denuncias.

“Yo tengo que responder de mi Gobierno, el Gobierno de la Ciudad de México, las áreas del Gobierno. En el caso de las delegaciones, hacemos exhortos”, dijo.

A propósito de los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad –la detención e intento de fuga de un presunto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el hallazgo de tres cuerpos desmembrados en Azcapotzalco y Tultitlán, Estado de México–, Mancera reiteró que el DF es un “lugar de tránsito” y de abastecimiento de tecnologías para los cárteles de la delincuencia organizada, pero dijo que eso no significa que estén asentados en la capital.

“Sí es un lugar de tránsito, sí es un lugar de abastecimiento de tecnología, pero es muy diferente a que habláramos de que está un cartel asentado. Así lo platiqué con la Procuradora General de la República, ella lo puede confirmar en cualquier momento”, dijo.

-Moreno Valle oculta sueldo de su representante en el DF
PUEBLA, Pue.- El gobierno de Rafael Moreno Valle se resiste a revelar el sueldo que percibe el exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, quien desde el pasado 16 de marzo funge como representante de Puebla en el Distrito Federal.

Este miércoles venció el plazo que tenía la Secretaría de Finanzas y Administración para transparentar el sueldo del funcionario, en atención a una solicitud de información, según el periódico Intolerancia.

En vez de usar ese canal para proporcionar la información, el reportero de ese medio, Jorge Castillo, fue citado en una bodega de la colonia Romero Vargas, en una zona alejada y complicada de localizar.

El reportero contó que tardó más de dos horas para localizar el lugar donde fue citado para recibir la información “in situ”, pero una vez que llegó, recibió una llamada de la encargada de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), Ericka Rojas, quien le dijo que no le proporcionarían el dato.

“Hablo para cancelar tu cita, porque el área no me ha dado la respuesta…puedes promover tu recurso de revisión o el método de defensa que consideres”, le dijo Rojas a Castillo.

El periodista interpuso el recurso revisión ante la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP) para reclamar la entrega de la información que, por ley, debería de ser pública.

Al ser nombrado representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal, Moreno Valle encomendó al exmandatario oaxaqueño fortalecer el vínculo con las dependencias federales y el Poder Legislativo a fin de concretar proyectos prioritarios para el desarrollo de la entidad.

Sin embargo, hasta ahora los medios poblanos sólo han podido confirmar que Carrasco Altamirano acompaña a Moreno Valle en sus giras por otras entidades del país para apoyar a candidatos panistas a distintos cargos.

-Movimiento Ciudadano confía en que Mireles sea liberado pronto
El coordinador de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Daniel Moncada, informó que el próximo lunes 18 la Procuraduría General de la República (PGR) dará una respuesta definitiva sobre un posible desistimiento de la acción penal en contra del exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, dadas las violaciones al debido proceso.

“Nosotros los michoacanos no perdemos la esperanza, jamás en la vida, pero tampoco perdemos la dignidad. Confiamos en que (la PGR) nos pueda resolver (sobre el caso) y que éstas no sean tácticas dilatorias”, comentó en entrevista al salir de una reunión de 35 minutos con el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.

Según Moncada, en el expediente del caso se argumenta que existen varios vicios en el encarcelamiento, por lo que se prevé la liberación de Mireles, preso desde el 30 de junio de 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, acusado de portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Por su parte, Virgilia Mireles, candidata a una diputación federal en Michoacán, informó que la vida de su hermano corre peligro porque desde hace 30 días dejó de recibir la atención médica adecuada para controlar la diabetes que padece.

Precisó que el acusado sufre ahora de una ulcera y perdió uñas de los pies.

Moncada advirtió que en caso de que no liberen a Mireles realizarán varias acciones, entre ellas un ayuno permanente y denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Amnistía Internacional.

-Avala el INE a Marcelo Ebrard como candidato a diputado suplente
Aunque sea por la puerta de atrás y en el papel de Juanito, el exjefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, logró colarse como diputado federal suplente por la cuarta circunscripción.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó la solicitud de Movimiento Ciudadano (MC) para que Ebrard apareciera como candidato suplente de René Cervera, uno de sus incondicionales. El exmandatario capitalino entró en lugar de Gonzalo Fabián Medina Hernández, quien iba junto con Cervera.

En una sesión alargada por los representantes del PRI y del PVEM, José Carlos Ramírez Marín y Jorge Herrera, quienes tildaron a Ebrard de “Juanita” –en alusión a las candidatas a diputadas federales que en 2009 renunciaron a su curul para entregársela a otra persona–, los consejeros que rechazaron el dictamen para negarle la suplencia argumentaron que la propuesta violaba la Constitución respecto a los derechos humanos de los ciudadanos a votar y ser votados.

Herrera argumentó que aceptar la candidatura de Ebrard Casaubón era un “fraude a la ley”, porque después de la suplencia buscaría ser propietario de la curul y, por ende, diputado titular.

Pese a que dudó para intervenir en la discusión que, dijo, no era suya, el representante del PRD, Pablo Gómez, respondió a Herrera:   “Es que me conmovió lo que dijo el representante del Verde sobre el fraude a la ley y las ‘Juanitas’. Las ‘Juanitas’ fueron un invento de ustedes, vergonzoso para la Cámara de Diputados y para el país. Y es vergonzoso para el país todavía”.

En el 2009, el PRD también tuvo su “Juanita”. Fue María Guadalupe Silerio Núñez, plurinominal de Durango, quien al final no quería dejar su cargo a Carlos Cruz Martínez, exdiputado federal del PT hasta diciembre de ese año.

Danner González, diputado federal y consejero del Movimiento Ciudadano, criticó que quieran convertir a Marcelo Ebrard en alguien inelegible, “quitándole el derecho a ser votado, sancionándolo con una pena en la que supuestamente basan su decisión, en ninguna prohíbe su participación como candidato cuando sólo se le sancionó para no participar en el concurso primigenio. Cuando se planteó la sustitución insistimos que se acataba la sentencia”.

El legislador se quejó de que el proyecto del Acuerdo 31, donde se planteó no considerar el registro de Ebrard Casaubón circuló hoy por la mañana. Recordó que éste promovió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificó el proyecto como excesivo.

“Hoy el consejo general tendrá que evaluar el sentido de su voto porque con ello estará no sólo negando el registro de un candidato, sino mandando un mensaje a la ciudadanía sobre esta institución que goza de credibilidad. En MC dimos cumplimiento a la sanción, se trata de una sustitución por renuncia. No una suplencia. Está apegada a los estatutos de Movimiento Ciudadano y está apegada a la operativa de la dirigencia nacional”, indicó.

González resaltó que en el caso del Partido Verde, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se argumentó que quitarle spots por incumplimiento de medidas cautelares era condenar a muerte al partido.

“Lo que se hace ahora es condenar a muerte una candidatura”, señaló. Pidió que “si ya el Tribunal actúo indignamente en este asunto, que no sea el INE el que haga el juego sucio a los partidos que no quieren a Marcelo Ebrard como candidato. Que no sea el consejo general quien emita decisiones que no le corresponden”.

Javier Corral, senador del PAN, dijo que la resolución del Trife de revocar la candidatura a Marcelo Ebrard fue “uno de los mensajes más ominosos que el Tribunal a enviado en término de la tutela de los derechos políticos y en la tendencia del Tribunal de la salvaguarda al derecho de participar y votar y ser votado. La decisión es restrictiva. Yo he calificado de absurda la decisión, primero porque no hubo tal simultaneidad por la simple cronología”.

El argumento legal para la decisión final la dio el consejero Ciro Murayama, quien citó a la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos y libertades de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin restricción alguna.

“No me importa el nombre de la persona, eso es lo de menos. Desde ese punto de vista debemos ser imparciales, pero decidir negar a alguien el derecho a participar y a un partido que lo quiere postular, tendrá que pronunciarse el Tribunal, adoptar una postura garantista, no me importa si se trata de un posible candidato cómodo o incómodo, eso que se decida en la arena de la política. Esto es un derecho fundamental. Este golpe que no sólo le ha dado a Marcelo sino al proceso electoral”, acusó.

Para el consejero Benito Nacif, la resolución del Tribunal no despojó al ciudadano Ebrard de sus derechos políticos. Dijo que “lo procedente es autorizar su registro de la forma cómo lo está autorizando el partido político”.

El priista José Carlos Ramírez Marín reviró: “El señor Ebrard violó la ley, se pasó de vivo, se pasó de listo, quiso ‘vivear’ al PRD, a MC y ahora quiere introducir una ‘Juanita’. Sabemos qué quiere hacer a ver si lo permitimos. Quiere ser suplente para que lo hagan propietario. Se trata de una viveza que no podemos permitir. La sanción le impide la posibilidad a ser candidato a diputado en cualquier condición porque es lo misma propietario o suplente”.

El consejero Sánchez respondió que desde su posición como autoridad electoral “no me alcanza la sentencia del Tribunal para llevar el castigo a Marcelo”.

Apela Ebrard a la CIDH

Previo a la discusión en el Consejo General del INE y a la aprobación de su candidatura suplente por el MC, el exjefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dio a conocer la solicitud que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le otorgaran medidas cautelares.

En la solicitud dirigida a Emilio Álvarez Icaza-Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH, denunció una serie de violaciones a sus garantías individuales y le solicitó pedir al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares urgentes para evitar que se violen sus derechos políticos, a menos de un mes de las elecciones del 7 de junio.

Textual, demandó: “Se adopten con carácter de urgente las medidas cautelares necesarias para evitar que cualquier autoridad electoral mexicana disponga, emita, acuerde o resuelva alguna decisión que violente el principio de igualdad y no discriminación en mi contra, que violente mis derechos políticos o que per se violente los principios del debido proceso legal en esta materia, en relación a mi inscripción como diputado suplente en la primera fórmula de la lista de representación proporcional del partido político Movimiento Ciudadano por la Cuarta Circunscripción electoral federal”.

En un segundo punto, pidió al organismo internacional que dichas medidas cautelares sean transmitidas “con carácter de urgente al Estado mexicano con el fin de que realice cuanta actividad sea necesaria, de cualquier carácter, con el fin de solicitar a las autoridades electorales la abstención de realización de cualquier acto que redunde en una afectación irreparable a mis derechos políticos”.

En el documento de 25 cuartillas, el expriista y experredista hizo un recuento de su carrera política y los cargos que ha ocupado en el país, la Ciudad de México y en organizaciones internacionales desde 1982 a la fecha.

Aunque con poca profundidad, mencionó su destitución como secretario de Seguridad Pública por el caso Tláhuac en el 2004, pero omitió la tragedia de la discoteca News Divine en 2008, hecho por el que el mismo Álvarez Icaza generó una de las más polémicas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hacia el gobierno capitalino.

Por el contrario, en su exposición Ebrard Casaubón destacó que durante su gestión al frente del GDF implementó el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el apoyo de la CDHDF y la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Y aseguró: “una parte importante de la población de la Ciudad de México y del país me sigue reconociendo como un político de izquierda progresista y comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos y con el impulso de programas sociales en beneficio de los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, por lo que me ha pedido continuar en la vida política nacional para seguir trabajando bajo estos principios”.

Como antecedentes de la demanda de medidas cautelares a la CIDH, Marcelo Ebrard aseguró que “en los últimos 13 meses, se ha emprendido una campaña mediática y política de persecución” en su contra, por una “supuesta negligencia y actos de corrupción” en la construcción de la Línea 12 del Metro.

Sin embargo, aseguró que “ninguna autoridad ha podido acreditar o demostrar alguna actuación ilegal de mi parte, pese a que ya han transcurrido casi tres años de que fue puesta en operación”.

También dijo que se le ha vinculado a una supuesta filtración de información por el caso de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto.

Enseguida, acusó: “desde diversas instancias políticas y públicas se ha orquestado una campaña para impedir que continúe con mi carrera política y para evitar que me convierta en diputado federal en las próximas elecciones del mes de junio, ya que vislumbran que desde esa posición seguiré pronunciándome y pugnando por la defensa de los principios de la izquierda progresista mexicana”.

En 22 puntos, el exaspirante presidencial ofreció una cronología de los pasos que siguió para conseguir la candidatura a una diputación federal, primero por el PRD y luego por el Movimiento Ciudadano.

Contó que hasta el 22 de febrero contendió por la postulación con el PRD, pero no fue seleccionado. Cinco días después, el 27, presentó su renuncia con carácter irrevocable al partido en el que militó durante 10 años.

Ese mismo día, aunque horas más tarde, el MC lo invitó para participar como candidato ciudadano externo al mismo cargo público y realizó su inscripción el 28 de febrero ante el INE bajo el acuerdo INE/CG162/2015.

Sin embargo, añadió, algunos partidos políticos impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el alegato de que participó en dos procesos de selección de candidatos al mismo tiempo: con el PRD y el MC.

“A pesar de que como he resumido, nunca participé de manera simultánea en los procesos de selección de dos partidos políticos distintos”, dijo, el 29 de abril –con cuatro votos a favor y uno en contra–, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le retiró la candidatura.

Ebrard Casaubón mencionó que con esta resolución “se afectó la posibilidad reconocida por el INE de ejercer mis derechos políticos plenamente y de ser candidato en el proceso electoral en curso”.

Destacó que dicha resolución “no puede ser recurrida ante ninguna otra instancia ni mediante ningún otro procedimiento, con lo que se vulnera la posibilidad y el derecho de acceder a un recurso judicial adecuado y efectivo consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Durante el escrito, el quejoso explicó la entrada de René Cervera como propietario de la candidatura el 4 de mayo, así como la renuncia irrevocable de Gonzalo Fabián Medina Hernández como suplente a dicha candidatura el 5 de mayo. Al día siguiente, el 6 de mayo, la Comisión Operativa Nacional puso a Ebrard como suplente de la candidatura de Cervera.

Luego de ello, Ebrard Casaubón aseguró que existen elementos suficientes para presuponer que “con un alto grado de probabilidad” el INE o el TEPJF “pudieran de nueva cuenta violentar mis derechos e impedir mi registro como candidato a diputado suplente en la fórmula ya señalada”.

En su alegato, Marcelo Ebrard argumentó que se pueden violar sus derechos consagrados en los artículos 1.1, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ofrece ejemplos de la aplicación de ésta en casos como el de Yatama contra Nicaragua, así como los pronunciamientos de la CIDH en casos similares.

Más adelante, destacó que mediante la solicitud a la CIDH pretende invocar “la obligación de la autoridad electoral de brindarme un tratamiento igualitario bajo una interpretación que asegure el pleno ejercicio de mis derechos, garantizando en el mismo sentido que no exista ningún criterio que resulte discriminatorio o desigual que afecte mi pretensión de seguir participando en el actual proceso electoral mexicano en mi calidad de candidato suplente en la primera fórmula de la cuarta circunscripción electoral por el principio de representación proporcional”.

Hacia el final del alegato, Ebrard Casaubón fundamentó su solicitud de medidas cautelares en la “urgencia” ante la proximidad de las elecciones el 7 de junio próximo. “Cualquier decisión que vulnere o trasgreda mis derechos políticos repercutirá directamente en mi esfera jurídica, dejando un periodo prácticamente imposible para poder atacar o revertir dicha posible decisión”. Aseguró que también afectaría al Movimiento Ciudadano en la obtención de sus votos.

En cuanto a la “gravedad” de una posible negativa de las autoridades electorales, afirmó que trascendería “el ejercicio de los derechos políticos de miles de ciudadanos que simpatizan con mi proyecto político, con mis principios y con mis acciones, dado que no podrían ejercer su voto en favor del partido político que me inscribió…”.

Incluso, añadió que una negativa de este tipo afectaría a “miles de ciudadanos” que no tendrían una opción más para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados para los próximos tres años.

Por último, Ebrard Casaubón alertó sobre una posible “desviación de poder” de alguna de las autoridades electorales mexicanas y la posibilidad de causar un “daño irreparable” en su perjuicio por negarle la oportunidad de exponer sus ideas y propuestas y ejercer una labor legislativa durante los próximos tres años. “Además de que impedirían a cientos de ciudadanos  de votar por la opción política que represento”, concluyó.

-Pruebas de desaparición forzada en Iguala: 'The Intercept'
Desde el momento en que los estudiantes desaparecieron, sus padres han exigido su regreso. Aunque es improbable que estén vivos, los padres se han enfocado en las inconsistencias de la versión oficial, destacando la reticencia del gobierno de informar al público todo lo que sabe.

Durante los últimos seis meses, The Intercept ha conducido una investigación sobre el caso del gobierno basado en la revisión de una parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR). Los archivos incluyen declaraciones de algunos de los policías municipales y miembros de las organizaciones criminales presuntamente relacionadas en los eventos de esa noche.

The Intercept también examinó informes producidos por las fuerzas de seguridad en el área y condujo docenas de entrevistas, incluidas aquellas con estudiantes que sobrevivieron la noche de violencia. También analizó, durante varios meses, reportajes de periodistas de investigación en México.

La investigación ha revelado los esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la ciudad de México han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área de Iguala. Pero evidencia en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye –distinto del delito de secuestro– la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el Estado carga responsabilidad.

El expediente de la PGR se constituye más con declaraciones de los sospechosos detenidos que la evidencia física. El enfoque ha causado escepticismo en una nación con un historial muy bien documentado de las autoridades usando coerción o tortura para extraer confesiones falsas. Las declaraciones demuestran que el gobierno ha presentado una selección de evidencia distorsionada en su versión de lo ocurrido. Declaraciones, las cuales apoyan estos argumentos, han sido presentados públicamente, mientras que aquellas que contradicen la versión oficial han sido minimizadas.

The Intercept presentó una lista extensa de preguntas a la PGR y a la Embajada de México en Washington, D.C. Pese a las repetidas peticiones, ninguna de las instituciones ha dado respuesta oficial vía electrónica o a través de sus funcionarios.

Aunque hay poca claridad respecto al porqué desaparecieron los estudiantes o a dónde los llevaron, las declaraciones en los archivos federales revisados por The Intercept detallan que organizaciones criminales de la región han tomado el control de la zona, exponiendo así la corrupción que ha impregnado muchas de las estructuras de gobierno en Guerrero.

Datos topográficos provistos por uno de los detenidos, por ejemplo, dirigieron a las autoridades hacia un lugar denominado “La Laguna”, donde el cuerpo de un ex jefe de la policía de Iguala fue descubierto. El detenido también describió un rancho conocido como “Los Naranjos”, un terreno donde sicarios suelen arrojar cuerpos en descomposición. Otro lugar detallado por dos sospechosos, en la comunidad de Pueblo Viejo, se destacó de los otros. Allí, los hombres dijeron que habían enterrado algunos de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando los investigadores examinaron el lugar, encontraron 28 cuerpos en unas fosas comunes, pero ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes.

Mientras más y más cadáveres no identificados eran exhumados durante el otoño pasado y la comunidad internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el Estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue única por la atención recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no resueltos, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en los cuerpos policiacos y la política.

Según la madre de uno de los estudiantes desaparecidos: “Es la policía disfrazada de narcotráfico …Todo es uno solo”.

A principios de noviembre, una reunión se llevó a cabo en un hangar del aeropuerto de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. El Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, llegó en helicóptero. Los padres de los 43 estudiantes llegaron por autobús. El cavernoso espacio era iluminado por el sol.

“Tengo tres detenidos”, dijo Murillo Karam a los afligidos padres. “La información que me dan realmente no es tan buena noticia”.

El procurador ofreció una horrenda narrativa: después de ser detenidos por la policía municipal el 26 de septiembre en Iguala, los jóvenes fueron entregados a un grupo de criminales, luego fueron masacrados, quemados, reducidos a cenizas y lanzados en un río.

De acuerdo con la versión del gobierno, la cual se construyó a través de una serie de conferencias de prensa, el ex presidente municipal de Iguala dio la orden de “contener” a los estudiantes. Su esposa iba a presentar un informe en una plaza pública y el alcalde estaba preocupado de que los estudiantes –ya conocidos por sus protestas perturbadoras– pudiesen sabotear el evento esa noche.

El gobierno aseguró que los estudiantes iniciaron la violencia, lanzando piedras a los policías municipales, quienes a su vez respondieron disparando sus armas. La policía de Iguala detuvo a los estudiantes, y en conjunto con la policía del cercano pueblo de Cocula, transfirieron alrededor de 40 estudiantes a una zona conocida como “Loma de Coyote”. Investigadores federales dijeron que los estudiantes fueron entonces entregados a miembros de una banda criminal conocida como “Guerreros Unidos”.

La mayoría de los estudiantes, supuestamente, fueron colocados uno sobre otro en la parte trasera de una camioneta Ford con una jaula sellada sobre su base. Otros cuantos fueron puestos en una camioneta más pequeña. Ambos vehículos se encaminaron en la oscuridad hacia un basurero poco utilizado al final de un camino empedrado a unos siete kilómetros fuera de Cocula. Según las versiones, los jóvenes que se ubicaban al tope de la pila estaban vivos cuando llegaron al lugar, pero más de una docena de los situados abajo se habían sofocado bajo el peso de sus compañeros.

En enero, Murrillo Karam mostró las declaraciones grabadas de los detenidos miembros de “Guerreros Unidos”. También dio a conocer un video completo con animación y música tenebrosa, en el cual uno de los sospechosos representó los momentos finales de los estudiantes. El hombre demostró cómo los estudiantes muertos fueron bajados de los vehículos y tirados como sacos de grano en el suelo. Los sobrevivientes fueron alineados, interrogados y acusados de ser colaboradores de Los Rojos, una organización criminal que disputa territorio con Guerreros Unidos. Los detenidos declararon que los jóvenes de Ayotzinapa quedaron arrodillados y luego fueron ejecutados a balazos.

Según el relato del gobierno, algunos de los miembros de Guerreros Unidos llevaron gasolina y otros más arrojaron los cuerpos a un hoyo. Luego de eso, los detenidos dijeron haber construido una pira con llantas, madera y plástico, empapada de gasolina y encendida. Durante la noche de ese día y hasta la tarde del 27 de septiembre, los supuestos asesinos se turnaron para mantener vivo el fuego. No fue hasta las 17:30 horas que se pudieron tocar los cuerpos quemados. Lo que quedó de los estudiantes fue pulverizado, metido en ocho bolsas de basura y tirados en un río cercano. Esto, declaró Murillo Karam a la nación en una proclamación percibida como un esfuerzo de cerrar el caso, fue “la verdad histórica”.

La indudable explicación del gobierno generó amplias dudas, no sólo por parte de los seres queridos de los desaparecidos y los manifestantes en las calles, sino de parte también de los científicos y expertos forenses, los cuales disputaron la viabilidad del escenario del fuego, y periodistas que investigaron detalles que el gobierno pareció intentar esconder.

En diciembre, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana publicaron un estudio científico cuestionando el fuego descrito por los detenidos, poniendo así en duda la versión del gobierno sobre que el basurero de Cocula fue convertido en un crematorio. De acuerdo con el estudio, incinerar a 43 individuos usando leña requiere de 33 toneladas, aproximadamente, de madera de cuatro pulgadas, ocupando un espacio diez veces más amplio que el tamaño del basurero. Crematorios modernos, añadieron los científicos, utilizan alrededor de 53 kilogramos de gasolina por cuerpo. Además, si la fuente principal de combustible hubieran sido llantas, se hubiesen necesitado casi mil llantas de autos, depositando 2.5 toneladas de alambre acero y produciendo una masiva columna de humo visible desde los pueblos cercanos. Si la cronología del gobierno es cierta, esos materiales hubiesen sido montados y transportados al escenario en cuestión de horas.

De acuerdo con una tarjeta informativa incluida en un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, un helicóptero fue enviado a las 11 de la mañana del 27 de septiembre desde Chilpancingo al sur con rumbo a Iguala para buscar a los estudiantes. El basurero de Cocula se ubica a unos 15 kilómetros al sur de Iguala y cerca del mediodía el helicóptero sobrevoló la ciudad y las áreas vecinas. De acuerdo con las declaraciones de los sospechosos, el fuego duró hasta las dos o tres de la tarde del día 27, pero el reporte del estado no menciona una hoguera ni humo que fuese registrado por la tripulación del helicóptero.

En diciembre, el gobierno dijo haber recuperado del río cerca del basurero de Cocula una bolsa que contiene cenizas y material que corresponde a restos humanos, incluyendo fragmentos de hueso. Diecisiete muestras forenses de la bolsa y del basurero fueron enviadas a expertos de un laboratorio en Innsbruck, Austria. En la misma conferencia, Murillo Karam anunció que los expertos austriacos habían identificado positivamente un fragmento sacado del río y que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio de 21 años de edad. Los expertos opinaron que era improbable que las otras muestras de los restos pudieran producir parejas positivas por la severa degradación debido a la alta temperatura. Sin embargo, en enero la PGR declaró “certeza legal” de que los 42 compañeros de Mora Venancio tuvieron el supuesto mismo destino: asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después lanzados al río.

Desconfiando de los expertos del gobierno, los padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron la asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual ha investigado atrocidades en más de 30 países durante las últimas tres décadas. En diciembre, el equipo argentino confirmó la identificación de los restos de Mora Venancio. Pero enfatizó que sus miembros no fueron testigos de la extracción de las bolsas de basura del río y no podían confirmar la declaración del gobierno, en la cual se aseguraba que los restos habían sido encontrados en el río y quemados en el basurero.

En febrero, el equipo publicó un reporte crítico en respuesta a las afirmaciones categóricas de Murillo Karam catalogadas como la “verdad histórica”. El EAAF reportó que los investigadores federales violaron un acuerdo con el equipo. Que tales investigadores visitaron el basurero de Cocula a mediados de noviembre, recogiendo evidencia balística y muestras de terreno sin avisar al equipo. El EAAF describió esta visita como una “seria irregularidad”.

El equipo de la EAAF tenía suficientes razones para estar preocupado sobre las capacidades forenses del gobierno. Para examinar los restos sacados del río, tanto los investigadores federales como el equipo argentino reunieron, cada uno por su parte, más de 130 perfiles genéticos de miembros de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La PGR después reconoció que sus expertos habían identificado erróneamente –por “un error administrativo”– 20 de los perfiles sometidos.

La versión del gobierno surge por suposición de que sólo hubo un incendio en el basurero de Cocula — el que quemó los restos de los estudiantes. Pero de acuerdo con el EAAF, imágenes satelitales revelan evidencia de múltiples fuegos en el basurero en los últimos cuatro años. El equipo EAAF señaló el descubrimiento de una quijada con dentadura, pero los padres de los normalistas aseguraron que ninguno de los estudiantes desaparecidos usaba dentaduras.

El gobierno parece haberse movido con rapidez para cerrar el caso. Por ejemplo, el área de investigación en el basurero fue dividido en una rejilla de 137 secciones. En febrero, después de que Murillo Karam ofreciera su versión oficial, los peritos sólo habían analizado 30 secciones, según el EAAF. El equipo argentino sugirió, entonces, que el gobierno sólo había buscado evidencia que fortalecía la recreación de los hechos.

“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia e aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, señaló el EAAF en su reporte.

Fue por eso que comenzaron a surgir teorías alternativas que explicaran cómo y dónde habían sido arrojados los cuerpos. Una de las más provocativas, citada extensamente en los medios, es que los cadáveres fueron destruidos en un incinerador o crematorio de una base militar.

Ninguna evidencia física que apoye esa teoría ha sido descubierta, pero se mantiene viva por la falta de respuestas de las autoridades federales, quienes no han respondido con claridad a las peticiones de la prensa en relación a los archivos públicos y tampoco sobre la ubicación de los crematorios en bases del Ejército de la región.

Cuarenta años atrás, Guerrero fue el epicentro de la guerra sucia en México, emprendida por los militares en contra de guerrilleros izquierdistas, muchos de ellos egresados de escuelas como Ayotzinapa. Tortura y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo arrojar prisioneros desde aviones, fueron cometidos con impunidad.

Con memorias de violencia auspiciada por el Estado enclavadas en la memoria de Guerrero, no fue sorpresa que la atención del pueblo fuera enfocada hacia el 27 Batallón de Infantería y el 12 de enero manifestantes se congregaron en la base. No obstante, el gobierno se mantuvo firme.

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército”, dijo Murillo Karam a reporteros. “No hay una sola evidencia, una sola, la participación del Ejército”.

Su declaración es verdadera solo hasta cierto punto.

Una colección de reportes militares, compartidos bajo la Ley de Transparencia con un puñado de periodistas mexicanos en febrero y marzo, revelan que tropas ubicadas en Iguala estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que llegaran a la terminal de Iguala, incluso antes que los primeros disparos iniciaran. Los reportes, además, demuestran que militares se comunicaron directamente con la policía municipal, los cuales atacaron y detuvieron a los estudiantes. Examinados en detalle por la periodista Marcela Turati de la revista Proceso y revisados por The Intercept, los reportes indican que aunque no participaron en las matanzas, militares estaban al tanto que algo estaba ocurriendo y no intervinieron.

Dentro de los documentos hay un reporte titulado “Arribo de Normalistas”, con fecha del 26 de septiembre, el cual detalla los eventos de esa noche. El reporte contradice las declaraciones del Coronel José Rodríguez Pérez, quien dijo a la prensa que “nos enteramos al último”, en referencia a los eventos de esa noche.

El documento detalla de la presencia de estudiantes en el tramo carretero Iguala-Chilpancingo a las 19:40 horas y describe sus esfuerzos de tomar autobuses en la caseta “del tramo carretero puente de Ixtla-Iguala” entre las 20:00 y 20:50 horas. Además, nota la llegada de los estudiantes a las 21:20 horas a la terminal de autobuses en Iguala. Estos fueron seguidos por la policía municipal mientras transitaban por las calles congestionadas. Cuando los autobuses llegaron a la intersección de las calles Hermenegildo Galeana con Melchor Ocampo en el centro de la ciudad de Iguala, “los normalistas descendieron de los mismos y agredieron con piedras a los elementos policíacos, por los que estos últimos respondieron la agresión, efectuando detonaciones de arma de fuego”, según el reporte.

Aproximadamente a las 22:15 horas, los militares establecieron comunicación con Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en aquel entonces. Flores Velázquez “manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos”, según el documento. Dijo que su personal “no tenían ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego”.

Uno de los pocos militares nombrado en los documentos revisados por The Intercept fue el Cap. 2 d/o José Martínez Crespo, quien, según los reportes, pasó la noche patrullando y estuvo presente en una clínica privada donde los estudiantes heridos llegaron a buscar apoyo. Los soldados tomaron fotos dentro de la clínica y una de las fotos, reveló por Milenio, muestra a uno de los estudiantes sangrando por la cara mientras su compañero lo consuela. Según los reportes militares, los estudiantes “agradecieron al Cap. 2/o. Inf. Jose Martínez Crespo el apoyo brindado” y dijeron que iban a salir para recibir atención médica en otro lugar.

Omar García, uno de los estudiantes en la clínica esa noche, recuerda el encuentro de manera diferente:

“El Ejército nos sometieron. Nos dijo muchas cosas feas. Que habíamos buscado [esto]. Que eso nos pasaba por andar haciendo lo que hacíamos. Por ser revoltosos”.

Ninguno de los jóvenes recibió atención médica una vez que los soldados llegaron.

Los documentos militares sugieren que oficiales superiores en la ciudad de México habían tomado cuenta de la severidad de la situación mucho antes que la reconocieron públicamente. El presidente Enrique Peña Nieto se distanció de los desapariciones, cancelando un viaje a Guerrero dada a “malas condiciones climatológicas”.

Pero, un documento en poder de Turati demuestra que a las 9:45 a.m. del 27 de septiembre –la mañana después de que los estudiantes fueron atacados y detenidos– un visitante a la 27 Batallón en Iguala fue listado como residente en “Los Pinos”, la residencia oficial del presidente en la ciudad de México. El registro declara que el visitante, identificado como un capitán, vino a Iguala de “vacaciones”.

El 4 de noviembre, salió un video mostrando una unidad élite de la Policía Federal descendiendo poco antes del amanecer sobre una casa supuestamente abandonada en un barrio populoso en la ciudad de México. El gobierno anunció entonces la detención de la pareja, la cual se encontraba adentro, como una victoria en el caso.

José Luis Abarca, alcalde de Iguala durante las matanzas, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, parecían los villanos perfectos. Abarca había enfrentado una investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y denuncias públicas por un presunto homicidio. Su esposa venía de una familia de narcotraficantes y en alguna ocasión amenazó a un reportero que había cruzado la raya con ella, advirtiéndole que cortaría sus orejas. Sin embargo, no está claro que la pareja jugará un papel principal en las desapariciones como ha señalado el gobierno federal.

En noviembre, la PGR aseguró que Abarca dio la orden de “contener” a los estudiantes después de que entraron a Iguala. La orden, supuestamente se dio a través de un radio policial usando el código A5, misma que fue escuchada por David Hernández Cruz, al cual los fiscales identificaron como un operador de radio. La declaración de Hernández Cruz ha sido citada en conferencias de prensa realizando avances en el caso.

La versión federal que apunta a Abarca como el genio criminal de la operación en Iguala está basado ampliamente en lo que se proyecta en los archivos federales como un juego del teléfono descompuesto: en el que Hernández Cruz dijo que alcanzó a escuchar a un policía de Iguala diciendo por la radio que una orden de “detener” a los estudiantes fue emitida por alguien con un código, A5, éste asociado con el alcalde. La teoría del gobierno está también basada en que Hernández Cruz ocupaba una posición que quizá no tenía. De acuerdo a los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher de Proceso, no hay evidencia de un empleado de nombre David Hernández Cruz en la policía de Iguala. En febrero, la revista reportó que Hernández Cruz fue abusado durante su custodia y puesto en libertad después de su declaración crucial.

Para presentar a Abarca y su esposa como los “autores intelectuales” detrás de las desapariciones de los estudiantes, Murillo Karam se basó en información proveída por otro testigo dudoso: Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las autoridades mexicanos como el líder de Guerreros Unidos. Casarrubias fue detenido en octubre y en su declaración afirmó que su grupo recibía aproximadamente 2 a 3 millones de pesos de manera regular de la oficina del alcalde de Iguala, manejado por Pineda Villa, su esposa.

El gobierno sostiene lo anterior como evidencia de los lazos criminales de la pareja, pero otras declaraciones que no cuadraban con esta versión fueron descartadas. En su declaración, Casarrubias pintó una imagen de un panorama complejo en el cual Guerreros Unidos y sus socios en el gobierno –no sólo el alcalde y su esposa sino también la policía municipal– batallaron juntos para mantener el control de Iguala en contra y defenderse de Los Rojos, la organización rival. Casarrubias dijo que dos oficiales estatales habían aceptado sobornos considerables para permitir que Los Rojos entraran a Iguala mezclados con los estudiantes el 26 de septiembre. En su declaración, dijo que está hecho encendió la violencia. De acuerdo con Casarrubias, miembros de Guerreros Unidos mataron a 17 integrantes de Los Rojos esa noche.

Las palabras de un líder criminal deben ser tratadas con escepticismo, por supuesto. Todavía no queda claro cómo es qué la PGR determinó que ciertas declaraciones –aquellas que implican el ex alcalde y su esposa– recibieron extensa publicidad, mientras que otras que sugieren un amplio nivel de corrupción no fueron expuestas.

Casarrubias no fue el único de Guerreros Unidos que describió escenarios que no cabían en la narrativa del gobierno. Numerosos miembros de esa organización criminal, por ejemplo, hablaron del papel que desempeñó una misteriosa figura de Guerreros Unidos identificado únicamente como Chucky (o Chuky o Choky).

Dependiendo de la declaración, Chucky ordenó el ataque hacia los estudiantes porque habían sido infiltrados por Los Rojos; personalmente agarró a tres estudiantes y los tiró dentro de su carro Mustang; se unió con la policía en los ataques fatales en la carretera hacia otras personas que no eran estudiantes; facilitó la entrega de estudiantes capturados; falló en la entrega de estudiantes capturados; ordenó el asesinato de estudiantes fuera de Cocula; personalmente asesinó estudiantes en un local fuera de Cocula; enterró estudiantes en un local fuera de Cocula; y posiblemente mantuvo estudiantes vivos después de que la cronología del gobierno los había declarado muertos.

Según las declaraciones, Chuckymide entre 1.45 y 1.55 metros de altura y tiene entre 25 o 35 años de edad. La figura del Chucky destaca en las declaraciones de los miembros de Guerreros Unidos, quienes describen a detalle cómo asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa bajo sus órdenes. Sus declaraciones guiaron a investigadores a Pueblo Viejo, una comunidad donde 28 cuerpos fueron desenterrados de tumbas. Parecía como un importante avance en el caso hasta que oficiales estatales fueron forzados a anunciar que ninguno de los cuerpos pertenecían a los normalistas.

Chucky en gran parte desaparece de las declaraciones públicas de la PGR y solo recibe mención de paso en la “verdad histórica” presentada en enero. Chucky, la alegada infiltración de Los Rojos y los 28 cuerpos son parte de las profundas enigmas del caso. Otra enigma es: ¿Por qué algunos de los detenidos de Guerreros Unidos confesaron asesinar a los estudiantes en un lugar, como Pueblo Viejo, donde no hay evidencia de que los estudiantes fueron asesinados y bajo las órdenes de un tal Chucky, el cual nadie sabe ni su verdadero nombre?

La detención de la “Pareja Imperial” también es perplejo. En febrero Proceso reportó el descubrimiento de dos documentos de la Policía Federal relacionados con el arresto. Un documento declara que fueron arrestados en la ciudad de México, y extraídos de un taxi. El otro, fechado al día después de que el video del arresto fue circulado y que se asegura que la pareja fue detenida “en las inmediaciones de la Seido”, en la capital del país. Ninguno de estos documentos sugiere que la pareja fuese arrestada en la casa de Iztapalapa, en el Distrito Federal, como lo detallaba el video dado a conocer por los medios.

El 24 de abril, un tribunal revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa. La mujer identificada en la prensa internacional como “La Primera Dama del Asesinato” había sido detenido bajo arraigo por 60 días mientras los fiscales federales intentan formalizar cargos en su contra por el delito de delincuencia organizada. Según Proceso, varios ordenes de aprehensión habían negados por falta de pruebas. El 30 de abril, cargos en contra de Pineda Villa por crimen organizado fueron restablecidos y ella permanece en custodia. Abarca, todavía señalado por la PGR como responsable en la detención de los estudiantes, se mantiene en una prisión de seguridad maxima.*

Iguala es el lugar natal de la bandera mexicana y en la constitución se ubica como “La Cuna de la Independencia” de México. Siguiendo la desaparición de los estudiantes surge un título alternativo que fue pintado en la estación de autobuses donde la violencia comenzó: “Cuna del Narcogobierno”.

Mientras policías municipales fueron congregados el pasado otoño, evidencia de un narcogobierno era fácil de observar. A las seis de la mañana del 27 de septiembre, 142 policías de Iguala fueron citados para contestar preguntas de los investigadores estatales y obligadas a exhibir sus armas, según el informe entregado por el estado de Guerrero. Las armas pertenecientes a 22 empleados del departamento resultaron positivas en pruebas indicando detonaciones recientes. Al final, 48 de ellos sería parte de las 104 personas arrestadas en el caso.

En Cocula, 16 miembros de la policía municipal fueron eventualmente detenidos. Las declaraciones de muchos de los policías de Cocula estaban en los archivos federales revisados por The Intercept. Algunos policías de bajo rango dijeron que trabajaban turnos que duraban 48, incluso 72 horas, a cambio de un salario mensual menor a los 6 mil pesos, la mitad de lo que un integrante de Guerreros Unidos dijo que podían cobrar en un secuestro. Las declaraciones de los oficiales –las cuales proyectan una noche de confusión, amenazas y encubrimientos– proveen un retrato gráfico de la colaboración entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, establecida mucho antes de la desaparición de los estudiantes.

El 26 de septiembre, tres patrullas de Cocula con policías vestidos con equipo táctico fueron hacia Iguala para apoyar a los oficiales municipales de esa localidad mientras estos detenían a los estudiantes para llevárselos. Según las declaraciones de muchos de los policías de Cocula, el subdirector César Nava González fue quien estuvo a cargo de las órdenes durante esa noche. Los uniformados dijeron haber visto a los estudiantes ser transferidos al cuartel general de la Policía Municipal en Iguala, para luego ser transferidos hacia “Loma de Coyote”. Ahí fueron entregados a los miembros de Guerreros Unidos. A las primeras horas del 27 de septiembre, los policías dijeron haber regresado a sus cuarteles en Cocula.

“El ambiente era denso”, dijo un oficial en su declaración. “Estábamos impactados, por los hechos que se habían presentado”. Otras declaraciones de policías de Cocula coinciden en que Nava llamó a media docena de oficiales para que se vistieran en ropa de civil, se armaran y salieran en vehículos sin marca. Algunos oficiales reconocieron su destino a la llegada: el rancho de Gildardo López Astudillo, líder local de Guerreros Unidos, y mejor conocido como Cabo Gil. Estuvieron allí hasta la salida del sol. En la actualidad, López se encuentra prófugo.

Varias personas conectadas al departamento de Cocula describieron un esfuerzo por encubrir la verdad y también destruir evidencia, pues dijeron haber recibido órdenes para quemar documentos, confiscar videos de vigilancia y cambiar los números de sus vehículos. No les dijeron el porque, según un oficial. “A nosotros como tropa no se nos informa nada de los cambios”, dijo. “Sólo es entre jefes”.

Nava también advirtió a sus subordinados de no mencionar lo ocurrido. De acuerdo a uno de los oficiales, Nava envió un mensaje textualmente la mañana del 27 de septiembre el cual dijo, “Acerca de lo que pasó a noche, ustedes no saben nada, no vieron nada”. Otro oficial declaró, “Nos amenazaba que si no hacíamos nuestro trabajo nos iba matar a nuestras familias o a nosotros”.

Mientras la PGR reconoció públicamente el intento de encubrimiento en Cocula, la entrelazada historia entre la policía municipal y el Ejército en la región no ha sido mencionada en la versión oficial del gobierno.

El mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, director de la Seguridad Pública de Cocula y ex soldado del 27 Batallón, describió en una declaración de como perdió el control de su departamento a Nava. Todo comenzó en junio del 2013, así dijo, cuando una persona con una “cara alegre” entró a su oficina buscando trabajo. Nava, también un ex oficial militar, según el periódico La Jornada, recibió empleo casi de manera inmediata junto con cuatro de sus compañeros.

Nava asumió el papel de subdirector y no tardó mucho, dijo Bravo, antes de que empezaran “ciertas irregularidades”. Nava llevó a sus subordinados a expediciones de tiro no autorizados, cerca del basurero en Cocula. Después de que Bravo lo confrontó respecto al protocolo, su subdirector respondió textualmente, “Mira Bárcenas, a partir de este momento, yo voy a tomar las decisiones de la policía”.

Bravo declaró cuando se opuso, Nava envió otro texto advirtiendo, “Ya tengo ubicada a tu familia”. Fue seguido por fotos de la casa de Bravo y sus hijos.

Bravo dijo que se quejó sobre Nava con el comandante del 27 Batallón de Infantería 27. El comandante, que no fue identificado por Bravo, le dijo que no debe preocupar. Ocho días después, Bravo dijo que militares llegaron a Cocula y se fueron con Nava y sus seguidores. Sin embargo, regresaron ese mismo día, todavía en compañía de los militares “sin decirme palabra alguna”, dijo Bravo.

Nava permaneció en el trabajo y fue detenido por el caso de Ayotzinapa con miembros de su grupo, según la periodista Gloria Leticia Díaz de Proceso. El testimonio de Nava no fue incluido en los materiales revisados por The Intercept. Nava permanece en prisión y su historia sellada en la investigación del gobierno federal.

A mediados de los 70s, al tope de la Guerra Sucia en México, fuerzas de seguridad hicieron desaparecer a cientos de personas, rebeldes sospechosos y ciudadanos por igual. Tres décadas después, un nuevo conflicto se desata, desgarrando la estructura de la sociedad mexicana con ciudadanos desapareciendo a una escala sin precedente.

El 11 de diciembre de 2006, ex Presidente Felipe Calderón ordenó el envío de miles de soldados a las calles de Michoacán, el estado colindante al noroeste con Guerrero, declarando así la guerra contra las atrincheradas organizaciones del narcotráfico. Más de 100 mil personas han muerto desde entonces. Abastecidos por billones de dólares en equipo y entrenamiento de los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad mexicanas, a todos niveles, han sido acusados de masivas violaciones de derechos humanos. En vez de reducir la violencia, en algunas regiones, sus campañas han dividido a los carteles establecidos y han disminuido a grupos más pequeños como Guerreros Unidos que compiten por control de un territorio fracturado.

La lista de los asesinatos es sólo un conteo parcial de las víctimas. Hay miles de personas desaparecidas desde que empezó el conflicto, más de 22 mil según cifras del gobierno federal, aunque organizaciones creen que la cifra real es superior. Desde el 2006, un estimado de 70 mil migrantes de Centroamérica se han esfumado mientras cruzaban el país, según el Movimiento Migrante Centroamericano.

Como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, algunos de los desaparecidos mexicanos fueron vistos por última vez siendo montados en camiones de policías o del Ejército. En un reporte publicado en 2013, Human Rights Watch advirtió que México está sufriendo “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. El delito de desaparición forzada está prohibido bajo la ley internacional y de acuerdo con el Estatuto de Roma, de la cual México es parte, se puede asociar como un crimen en contra de la humanidad si se conduce en una forma de manera extendida o sistemática. En su reporte, publicado más que un año antes de que los estudiantes fueran secuestrados, Humans Rights Watch agotó detalladamente como las desapariciones forzadas se han manifestado en México. Los patrones reflejan realidades como en el caso de Ayotzinapa.

El reporte apunta, por ejemplo, que cuando individuos son aprendidos por la policía o militares, son los familiares de las víctimas los que buscan información sobre el paraderos de estos y con frecuencia son informados de que nunca fueron detenidos. En Iguala, este fue el mensaje compartido por las autoridades a los equipos de búsqueda la mañana después que los estudiantes fueran capturados. En estos casos, los implicados en una desaparición son más típicamente miembros de la policía municipal que miembros de otras fuerzas de seguridad. En el caso de Ayotzinapa, las únicas fuerzas de seguridad detenidas han sido los policías municipales de Iguala y Cocula. Y como explicó Human Rights Watch sobre casos donde se involucran oficiales estatales y crimen organizado, “Más frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas”. En el caso de Ayotzinapa, Guerreros Unidos parece que jugó ese papel.

En México, las investigaciones sobre desaparición forzada se caracterizan por tener fallas sistemáticas tales como mal manejo de la evidencia y negligencia en asegurar rápidamente la escena del crimen, apuntó Human Rights Watch. Eso fue lo que pasó en Iguala donde policías municipales guardaron los casquillos de balas de la escena del primer ataque, según John Gibler del California Sunday Magazine. También, el lugar del ataque no fue asegurado por horas. El manejo del basurero de Cocula, donde los cuerpos de los estudiantes fueron supuestamente calcinados, creó preocupaciones similares. Cuando The Intercept visitó el basurero el 11 de noviembre, cuatro días después que el gobierno declarará el área como un probable lugar donde ocurrió una masacre horrorosa, este no estaba protegido y era de fácil acceso.

Dentro de los síntomas más penosos de desaparición forzada, según Human Rights Watch, es la intención de oficiales del gobierno de convencer a los familiares que sus seres queridos están muertos sin ninguna prueba sustantiva. Este escenario se desenvolvió en conferencias de prensa televisadas a nivel nacional sobre el caso Ayotzinapa. El resultado es que las familias, en lugar de que lo haga el estado, cargan el peso de averiguar lo ocurrido. “Numerosos familiares renuncian a todo –y abandonan así una carrera consolidada, someten a sus familias al desarraigo y concluyen relaciones de mucho tiempo– para dedicarse completamente a la búsqueda de la persona desaparecida”, según el reporte de Human Rights Watch.

Mientras que el crimen de secuestro puede llevar una sentencia más larga de prisión en México que la de desaparición forzada, las consecuencias para el estado son mínimas porque el crimen es atribuido sólo al acusado. Ya que raramente se inician cargos de desaparición forzada, el gobierno mexicano escapa sus responsabilidades. Si los casos de desaparición forzada fueran continuamente perseguidos, esto podría proveer evidencia de abusos sistemáticos, los cuales puedan iniciar cargos de crímenes en contra de la humanidad y posiblemente poner en peligro los billones de dólares designados para asistencia de seguridad que el Gobierno de México recibe de Estados Unidos. Bajo la “Ley Leahy”, nombrado así por el autor de esta ley, el Senador Patrick Leahy, apoyo a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos es ilegal.

Ariel Dulitzky, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias con las Naciones Unidas declaró ante The Intercept que aunque la versión del gobierno mexicano del caso de Ayotzinapa pueda ser cierta –que fueron solamente los policías municipales que agarraron a los estudiantes– la policía federal y el Ejército fallaron en prevenir las desapariciones. “Al mínimo, eso debería ser investigado”, dijo Dulitsky. “Eso constituye, también, un crimen de desaparición forzada –la falta de prevención apropiada por autoridades estatales”.

Hasta la fecha, sólo seis personas han sido condenadas por desaparición forzada en México. Como clasificar los crímenes de Iguala se ha convertido en una pregunta central. Bajo la ley federal de transparencia en México, documentos de otro modo sujetos a protección, deben hacerse públicos si indican graves abusos de derechos humanos, como en casos de desaparición forzada. El otoño pasado, citando una ley de transparencia estatal, el estado de Guerrero divulgó un informe detallando sus investigaciones en Iguala, reconociendo “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometieron”.

En febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ordenó a la PGR entregar una versión pública de la averiguación previa del caso. Al principio, la PGR peleó la orden, sosteniendo su derecho de mantener sus archivos de investigación sellados por un período hasta de 12 años, porque el caso es parte de una investigación abierta contra el crimen organizado. Al presentar la desaparición de los estudiantes como un hecho aislado de secuestro y crimen organizado, el gobierno federal parecía construir un escenario en el cual sus obligaciones hacia los padres concluyeron, su reputación internacional y su asistencia de seguridad permanecieron preservadas, y los documentos contenidos en el expediente se mantuvieron privados.

Pero recientemente, la PGR parece estar cambiando su posición respecto a divulgar los resultados de su investigación. Después de haber sufrido meses de crítica, Murillo Karam dejó el cargo el pasado mes de febrero. The Intercept ha confirmado a través de múltiples fuentes –incluyendo la respuesta de la PGR a una solicitud de información entregada por reporteros en México– que la PGR está en proceso de cumplir con la orden del Ifai para que ésta haga pública su investigación sobre el caso, aunque no se han establecido fechas ni plazos.

Al finales de Abril, oficiales anónimos de la PGR declararon a La Jornada que fiscales federales habían introducido cargos de desaparición forzada contra Abarca pero fueron negados por un tribunal. De acuerdo con las fuentes de información de La Jornada, la PGR ha apelado la decisión del juez pero ningún sospechoso ha sido acusado por desaparición forzada de los estudiantes.

Sin embargo, la decisión del juez y la apelación del PGR no son documentos públicos y los abogados de las familias de los desaparecidos no han podido revisarlos. A pesar de repetidas peticiones, la PGR no ha proveído a The Intercept documentos o una respuesta oficial explicando el estado de los cargos de desaparición forzada en el caso. Abogados mexicanos de derechos humanos declararon a The Intercept que la PGR tiene un largo historial desde la administración de Calderón de fallos en confirmar cargos de desapariciones forzadas cuando se introducen en el tribunal. Como resultado, jueces frecuentemente dictan cargos de secuestro a los culpables.

Para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la esperanza para obtener justicia se apoya, en parte, sobre un equipo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está conduciendo una investigación independiente. En Abril, el grupo divulgó un informe de sus esfuerzos, el cual indica que han revisado una parte importante de las 80 mil fojas del expediente proveído por la PGR. Además, han entrevistado sospechosos que al presente están bajo custodia del gobierno y se han reunido con estudiantes que sobrevivieron los ataques. Los normalistas guiaron a los especialistas de la CIDH por varios lugares en Iguala donde ocurrió la violencia. Los investigadores, también anunciaron que entrevistarían a miembros del 27 Batallón de Infantería como parte de la investigación. De la misma forma, los expertos hicieron varias recomendaciones al gobierno federal, incluyendo sugerencias para abrir nuevas líneas de investigación.**

“Espero que ellos tengan la oportunidad de estudiar la investigación, hacer recomendaciones y que el gobierno siga esas recomendaciones”, citó Ariel Dulitzky, el experto de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. “Si eso ocurre, me siento muy optimista”.

“Si no”, añadió, “¿Quién sabe?”

Editora asistente Andrea Jones contribuyó a este reportaje. Reportera independiente Andalusia Knoll y Jesse Franzblau, analista de política, contribuyeron en la investigación.

Traducido por Sylvia Moreno. Melissa del Pozo contribuyó a la traducción.

* El 6 de mayo, La Comisión Especial del Partido de la Revolución Democrática concluyó su informe sobre José Luis Abarca.

** El 11 de mayo, los expertos de CIDH presentaron un tercer informe sobre el caso de Ayotzinapa, en el cual confirmaron que “un grupo relativamente numeroso” de los detenidos que entrevistaron habían quejados de “malos tratos y torturas.”

-Reportan que sicarios derribaron avioneta en Chihuahua
La Fiscalía General de Chihuahua confirmó hoy el deceso de seis personas al caer una avioneta Cessna 2006 en las inmediaciones del poblado Tubares, municipio de Urique, Chihuahua.

Aunque el incidente ocurrió el pasado lunes, las autoridades estatales lograron confirmar que en la aeronave viajaban el piloto Eleazar Álvarez y cinco pasajeros que procedían de Guasave, Sinaloa. Las identidades de estos últimos nos se han dado a conocer.

La Fiscalía desconoce aún las causas del accidente, pero testimonios de habitantes donde cayó la avioneta refieren que la nave se vino abajo por disparos de arma de fuego producto de un enfrentamiento entre grupos armados cerca del poblado de Tubares.

Personal de la compañía Servicios Aéreos Luce, con sede en Guasave y propietaria del avión, confirmó que la caída de la nave ocurrió el pasado lunes a las 13:00 horas, a unos kilómetros del municipio de Urique.

Agregó que la nave, una avioneta Cessna 206, despegó de Guasave, Sinaloa, y voló al mencionado poblado chihuahuense, recogió el pasaje y emprendió el regreso desde la pista conocida como Mesa de Valencia.

“El piloto intentó aterrizar de emergencia pero no lo logró, se estrellaron cerca del río y fallecieron todos”, señaló personal que solicitó reservar su nombre.

La Fiscalía chihuahuense aclaró que por lo intrincado de la zona se demoró casi un día en llegar al lugar de los hechos y no se tenía mayor información de lo ocurrido.

Indicó que corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas del desplome.

Sobre los enfrentamientos en la zona, indicó que fueron enviados 120 elementos ministeriales quienes realizaron recorridos por la región sin encontrar indicios de la presencia de grupos delictivos.

-Vecinos de Ecatepec protestan en la Sedesol por presunto desvío de recursos
La protesta en la Sedesol de Ecatepec. Foto: J. Raúl Pérez

Un grupo de vecinos del municipio de Ecatepec, Estado de México, se dio cita esta mañana frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la capital mexicana, para protestar por el supuesto desvío de programas sociales en la entidad.

El grupo estuvo encabezado por la diputada federal Daniela Díaz Magaña y el presidente del PRD en Ecatepec, Roberto Hernández Gómez, quien aseveró que su partido reúne evidencias documentales que comprueben el desvío del padrón de beneficiarios de los programas sociales para actos de proselitismo a favor del candidato priista a la alcaldía de ese municipio, Indalecio Ríos Velázquez.

El perredista adelantó que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y demandó la renuncia de la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, porque “ella es la responsable del padrón de beneficiarios”, subrayó.

“Fuera Rosario”, gritó en varias ocasiones el grupo de aproximadamente 30 personas que se reunió frente a las oficinas de la Sedesol.

Hernández Gómez detalló que el PRI de Ecatepec utiliza con fines electorales el padrón del Programa de Abastecimiento de Leche que maneja Liconsa, así como la lista de beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores 65 y más.

De igual manera, denunció que la entrega de 300 mil televisores, so pretexto del apagón analógico, consiste también en una maniobra electoral.

Las puertas del edificio de la Sedesol, ubicado sobre Paseo de la Reforma, permanecieron cerradas mientras los inconformes exigían ser atendidos por funcionarios de la dependencia. A través de los ventanales podía observarse a granaderos formados alrededor de los elevadores.

Finalmente salió una persona e informó a los manifestantes que nadie podía atenderlos porque los funcionarios de la Sedesol no se encontraban en el recinto.

Posteriormente los perredistas se dirigieron al Senado de la República, donde fueron recibidos por el legislador Armando Ríos Piter, quien se comprometió a solicitar una cita para que funcionarios de la Sedesol reciban al grupo de inconformes y éstos planteen sus inquietudes.

Afuera de la dependencia se le preguntó a uno de los manifestantes si conocía al presidente del PRD en Ecatepec y respondió que no. Tampoco supo explicar qué era El Barzón, no obstante que llevaba en las manos una bandera de esa organización. Enseguida preguntó a un compañero suyo, quien le ayudó con la respuesta: “Es un movimiento popular que defiende a los que menos tienen”, dijo.

-Usuarios del Metro quedan varados en estación Buenavista
Esta madrugada, al menos 700 usuarios del Metro quedaron varados en la estación Buenavista, de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), donde ya no había servicio para trasbordar.

Los retrasos de 15 y hasta 20 minutos de los trenes en cada estación, debido a la lluvia, provocó que los usuarios llegaran tarde a la estación terminal.

Esto ocasionó el enojo de las personas quienes exigieron a las autoridades que se reanudara el servicio amenazando con no descender de los vagones del Metro si las autoridades no daban una solución.

Al filo de la 01:20 de la madrugada 20 camionetas de la SSPDF y tres camiones costeros llegaron a Buenavista ubicado en Insurgentes Norte y el Eje 1 para trasladar a los usuarios a lo largo de las estaciones que llevan al Metro Ciudad Azteca.

-Taxista se vuelve popular tras devolver celular

Un taxista de la Ciudad de México se volvió popular en redes sociales, luego de devolver el celular que un pasajero olvidó en su vehículo de alquiler.

En Facebook, el teléfono del señor Pedro Vital, conocido ahora como “taxista seguro”, es promovido para que los capitalinos soliciten sus servicios, ya que señalan “gente como él merece tener mucho trabajo del bueno!!”.

El usuario de la red social detalló que la mañana de este martes, abordó el taxi y al bajarse se percató de que había olvidado el celular.

Informó que el señor Vital al encontrarlo, esperó su llamada para disculparse por no haberlo devuelto inmediatamente, debido a que no sabía dónde entregarlo.

El señor Vital lo encontró poco después, esperó mi llamada, se disculpó por no haberlo devuelto inmediatamente diciendo que no había visto en qué puerta me había metido al bajar y me lo trajo de regreso”, expresó.

Al momento de devolverlo, por si fuera poco, el taxista se volvió a disculpar por la tardanza, explicando: "es que subí pasaje y me llevó hasta la Doctores".

La fotografía del taxista ha sido compartida por los usuarios más de ocho mil 600 veces . 

-CJNG recibe entrenamiento de ex militares de México, EU y Guatemala: WSJ
Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reciben entrenamiento de ex miembros de los kaibiles de Guatemala, así como veteranos del ejército de México y Estados Unidos, según lo reveló The Wall Street Journal
El diario estadunidense entrevistó a Alejandro Solorio, el Comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, quien aseguró que algunos delincuentes capturados pertenecientes a este grupo revelaron que “un agresivo y salvaje marine de EU” los entrenó.
Se cree que el cártel pagó una fuerte suma de dinero para recibir dicho entrenamiento, pues según expertos, el grupo se concentra en definir rangos y jerarquía como en los ejércitos, a lo que se le adjudica su éxito.

-Familia china entierra bebé por tener malformación en el rostro
PEKÍN.- Un recién nacido que fue enterrado en una caja de cartón fue encontrado vivo luego de ocho días y varios de sus familiares fueron detenidos por intento de asesinato, informaron medios chinos.

El suceso ocurrió en una zona montañosa del condado de Tiangong, en la región autónoma de Guanxi, cuando una mujer que recogía hierbas medicinales comunicó a la policía que había oído llorar a un bebé mientras caminaba por un cementerio, informó la televisión estatal china CCTV.

Los agentes de policía cavaron unos pocos centímetros y hallaron una caja de cartón y dentro al pequeño, que tiene una malformación congénita conocida como labio leporino.

Las autoridades locales declararon a la prensa china que creen que el bebé pudo sobrevivir debido a que no fue enterrado completamente, por lo que en la caja entraban aire y el agua caída en las lluvias torrenciales de los últimos días.

La policía encontró el rastro de los familiares y arrestaron a cinco personas por intento de asesinato, mientras que el pequeño se mantiene en estado estable en un hospital de la zona, según indicó el portal Sina.com.

Los familiares confesaron que abandonaron al niño durante dos días, tras lo cual le dieron por muerto y luego lo enterraron, situación en la que estuvo durante ocho días hasta su rescate.

-Desalojan a mil personas por fuga de gas en Azcapotzalco
Una fuga de gas provocó el desalojo de 5 manzanas en la delegación Azcapotzalco, es decir, alrededor de mil personas dejaron sus casas-habitación e inmuebles en la zona por el intenso olor a combustible. Asimismo, una escuela primaria particular también fue desalojada para evitar que los niños sufrieran intoxicación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:15 horas en la calle Miguel Hidalgo y Central en la colonia Santa Catarina, cuando -de acuerdo con los primeros reportes- una excavadora rompió la tubería de gas natural que se encontraba en esta vialidad.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y unidades de rescate para evacuar a las personas y controlar la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, se logró cerrar la válvula primaria poco después de las 11:30 horas; sin embargo, en la zona prevalece un fuerte olor a gas que causó alarma entre los vecinos.

Hasta las 12 horas, los cuerpos de emergencia permanecían en el lugar, aunque las labores en oficinas y escuelas no se han reanudado.

-Hallan viva a candidata del PRD reportada como desaparecida en Guerrero
Chilpancingo, Gro. Este miércoles, alrededor de las 21 horas, la candidata a diputada local plurinominal por el PRD, Silvia Romero Suárez, regresó a su casa, en la ciudad de Iguala, luego de haber desaparecido desde ayer por la mañana entre los municipios de Arcelia y Tlapehuala, en la Tierra Caliente de Guerrero.

Al respecto Gobernación Estatal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, señaló que el alcalde de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado, notificó que Romero Suárez llegó a las 19:40 horas a la casa de campaña de Robell Urióstegui, donde se entrevistó con el regidor Antonio Bravo, y posteriormente se trasladó a Iguala.

Finalmente, en un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado destacó que mediante un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales “lograron localizar en buen estado de salud a la candidata a diputada local plurinominal del PRD, Silvia Romero, y sus tres acompañantes”.

Por la tarde, la Fiscalía informó que había iniciado la indagatoria tras la denuncia presentada por el PRD, donde pedía que se investigara el paradero de Romero Suárez.

-Protestan profesores del SNTE en BCS
La Paz, BCS. Decenas de profesores de la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron este miércoles afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública para exigir la destitución del titular de la dependencia en el estado, Héctor Jiménez Márquez.

Los manifestantes se enfrentaron, a empujones, con elementos de seguridad que resguardaban el edificio, pero la situación no pasó a mayores.

Unas horas antes, el organismo sindical, a través del presidente del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, Daniel Alvarado Bravo, informó que además de la separación del cargo de Jiménez Márquez, el paro de profesores -iniciado el pasado 27 de abril- está condicionado al pago total de terceros, institucionales y la regularización de plazas y horas de docentes compensados.

Señaló que ante los trabajadores de la educación el desempeño de Jiménez Márquez no ha contribuido a la solución de la problemática que afecta al gremio educativo, por lo que solicitaron al gobernador del estado Marcos Covarrubias la destitución inmediata de ese funcionario.

Mencionó que cumplidos esos planteamientos se darán las condiciones para que los trabajadores de la educación agremiados a la sección tercera del SNTE regresen a las escuelas a la brevedad y reinicien sus actividades.

-Posponen en audiencia del caso de niña Alondra
Morelia, Mich. El Juzgado Primero de lo Civil, con sede en la cabecera municipal de Los Reyes, pospuso para el próximo viernes la segunda parte de la audiencia del caso de la niña Alondra Díaz García, quien después de ocho años volvió a ver a su madre Dorotea García, residente en Houston Texas, ya que su padre Reynaldo Díaz sustrajo a la menor ilegalmente para trasladarla al estado de Jalisco.

La juez Cinthia Mercado García se reunió durante más de ocho horas con los familiares de la menor de 12 y con la madre de la niña que acaba de arribar procedente del vecino país del norte. Aún se desconoce si la madre de Alondra retirará los cargos en contra de su ex esposo.

Cabe recordar que el escándalo mayor se llevó a cabo a mediados de abril cuando la niña Alondra Luna fue sacada a la fuerza de la escuela donde estudiaba y trasladada a Estados Unidos por órdenes de la juez Cinthia Mercado porque hubo un error. Es por ello que ahora pretenden que todo se lleve a cabo correctamente para evitar otro caso similar.

-Dan 47 años de cárcel a líder comunitario de Aquila, Michoacán
Morelia, Mich. Ternium Las Encinas, empresa minera extractora de hierro en Aquila, podría oficializar esta misma semana un paro técnico, luego de que un grupo de comuneros bloqueó la mina para exigir el pago de regalías extraordinarias, las cuales se encuentran en disputa entre 461 comuneros.

En tanto, el líder comunitario y ex-presidente del comisariado ejidal de Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, fue condenado a 47 años de prisión y una multa de 159 mil 588 pesos, por los delitos de secuestro agravado y lesiones.

El grupo del presidente comunal provisional, Juan Carlos Martínez Ramos, pretende continuar como autoridad para cobrar las regalías por más de 15 millones de pesos, depositadas por la empresa Ternium al Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima, informó el comunero, José Luis Hernández.

La disputa por el control de las regalías inició después de que en julio de 2013 fue detenido el líder de los comuneros, Agustín Villanueva, quien logró que la empresa Ternium les pagara un precio más justo por la rentas de las tierras donde extraen el mineral, de manera que cada comunero recibe entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales.

A partir del arresto del presidente del comisariado comunal, varios grupos pretenden controlar las regalías que ofrece la mina, pues representan ingresos adicionales al mes por más de dos millones de pesos.

El otro grupo de comuneros, encabezado por Austreberto Díaz Olivares, afirmó desde el pasado 12 de marzo que en asamblea la mayoría de los comuneros lo eligieron presidente comunal. Por ese motivo, sus adversarios lidereados por Juan Carlos Martínez, bloquearan la mina hace un mes. La mina venía extrayendo en promedio 10 mil toneladas diarias de mineral de hierro.

Por otra parte, Agustín Villanueva, ex jefe de los grupos de autodefensa en esa región nahua, tendrá que pagar, junto con sus hermanos Vicente y Efraín (también presos y condenados), una multa de 159 mil 588 pesos por los delitos de secuestro agravado y lesiones.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los tres hermanos Villanueva Ramírez fueron encontrados culpables por delitos cometidos en contra de Celerino Ontiveros y José Antonio Ramírez.

-Acciones de Vitro cierran con alza de más del 20% tras operación de compra-venta
Al cierre de la jornada bursátil, las acciones de Vitro cerraron con una ganancia de 20.47 por ciento respecto al nivel previo, después de que se dio a conocer que la compañía venderá su negocio de envases de alimentos y bebidas.

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los títulos de la compañía regiomontana productora de vidrio, que tienen clave de cotización VITRO serie A, registraron la mayor alza de la sesión y se colocaron en 42.49 pesos por acción.

Al término de la sesión bursátil, esta emisora reportó un volumen de operación de 1.7 millones de títulos, por un importe económico de 75.2 millones de pesos.

Los inversionistas recibieron bien el anuncio de que Vitro llegó a un acuerdo con Owens-Illinois, Inc, para vender su negocio de envases de alimentos y bebidas.

En información enviada al público inversionista, precisa que el valor de la transacción, libre de caja y deuda, es de dos mil 150 millones de dólares, e incluye las cinco plantas de alimentos y bebidas en México, la operación en Bolivia y la distribución de estos productos en Estados Unidos.

Aclara que quedan fuera de la transacción los activos relacionados al negocio de envases de vidrio para el mercado de cosméticos, fragancias y farmacéuticos, el negocio de fabricación de maquinaria y equipo, y la participación accionaria de Vitro en Empresas Comegua, en Centroamérica.

Derivado de los movimientos en la acciones, la empresa dio a conocer que éstos correspondieron a condiciones propias del mercado derivadas de la información mencionada.

"Al momento no existe evento relevante subsecuente o información adicional que comunicar. En caso de que luego se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida el mismo día o a más tardar el día hábil inmediato siguiente conforme lo establece el marco normativo", expuso la emisora.

-Propone 'ombudsman' a 23 defensores de derechos humanos integrar agenda
 Al participar en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, el ombudsman nacional de México, Luis Raúl González Pérez, propuso a 23 defensores de derechos fundamentales integrar una agenda en la materia, con vistas a crear un “Programa Iberoamericano de protección de los derechos de los migrantes y víctimas de trata de personas transfronterizo”.

Lo anterior, precisó, mediante acciones que tiendan a consolidar estrategias integrales y articuladas que garanticen y potencialicen resultados a corto, mediano y largo plazos.

“Todas estas acciones son necesarias y vigentes. Miles de personas nos necesitan. No los dejemos solos. Demos rumbo y sentido definido a esta cumbre y asumamos nuestro papel como agentes de un cambio que se sustente en el respeto y defensa de la dignidad humana”, dijo en su participación en la cumbre que se realiza en Bogotá, Colombia.

En un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se informó que González Pérez desarrolló el tema de “Trabajos Regionales de los Ombudsman sobre Protocolos de Actuación en Trata y Migrantes”, acerca del cual se pronunció por intercambiar y socializar las buenas prácticas, diagnósticos y/o protocolos que se estén o se hayan implementado en cada país, a fin de propiciar que se generen herramientas regionales, de orden técnico y práctico, dirigidas a responder integral y sistemáticamente a la migración y a la trata de personas, con especial énfasis en la protección y atención a las víctimas transfronterizas.

Además, presentó un diagnóstico de necesidades de las instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada, para dar respuesta integral a las problemáticas migratoria y de trata, para plantear reformas legislativas, institucionales y presupuestales que favorezcan la ejecución de acciones de prevención, protección y asistencia en esas materias.

Sobre el caso de México, dijo que la CNDH trabaja en la elaboración de tres protocolos de atención, enfocados a los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados; para las personas migrantes víctimas del delito, y para personas en la migración alojadas en estaciones migratorias.

-ONU analizará el estado de los derechos de los niños en México
El Comité de los Derechos de los Niños de la ONU revisará el estado de los derechos de los niños y niñas en México los días 19 y 20 de mayo, en sesiones que se realizarán en el Palacio Wilson, en Ginebra.

Entre los temas que posiblemente se discutirán se encuentran el alto número de niños y adolescentes muertos o desaparecidos; la alta tasa de feminicidios y violencia contra las mujeres y las niñas; la impunidad en torno a la violencia sexual, incluyendo a aquellos sospechosos que son miembros de la Iglesia católica, y los casos de abuso a niños y negligencia de las instituciones de cuidado alternativo.

En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que otros eventuales temas son las medidas para proteger de la violencia y el abuso de organizaciones criminales a niños y adolescentes migrantes no acompañados, y los pasos para proteger y rehabilitar a niños víctimas de tráfico humano.

México es uno de los 195 estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y por tanto es revisado periódicamente por el Comité, formado por 18 expertos y expertas independientes.

Las observaciones finales del Comité sobre México y los demás países que también serán revisados –Eritrea, Ghana, Honduras, Etiopía, Países Bajos, Laos e Israel – serán publicadas el 10 de junio.

-El desarrollo del país no sólo depende de la voluntad del gobierno: Peña
Boca del Río, Ver. El desarrollo del país no depende sólo de la voluntad del gobierno, sino de aquella que convoca a la participación de todos los sectores de la sociedad, estableció el presidente Enrique Peña Nieto ante los ganaderos. Pidió entonces trabajar en unidad “con pensamiento positivo, optimista, para modelar el México que todos queremos”.

Al clausurar la 79 convención ganadera y en medio de representantes de todo el país, que incluso lo vitorearon, Peña Nieto recordó que desde el inicio de esta administración asumió el compromiso de elevar la productividad y los ingresos del campo.

Hacer a un lado los rezagos y asumir “que era tiempo de darle un nuevo rostro al campo, de inclusión y justicia, un campo renovado donde los productores alcancen mejor calidad de vida”.

Habló de los presupuestos del sector público para fomentar la ganadería nacional con cifras que alcanzan 30 por ciento mas en términos reales de lo ejercido en 2012.

Dijo que México exporta ya productos animales a Japón y Corea y que se está en negociaciones para enviar a China tanto carne como productor lácteos. México dijo se consolida como el séptimo productor de proteína animal en el mundo con más de seis millones de toneladas anuales y la venta al exterior de un millón de bovinos en pie a otros países.

“Todas estas cifras nos confirman algo: que vamos en la ruta correcta hacia un campo más justo, más productivo, que genere mayores ingresos y que sea sustentable, esto es respetuoso del medio ambiente”.

Ahí mismo el mandatario anunció haber decretado al 6 de marzo como el día nacional de la ganadería.

-Ratifica tribunal sanción al Verde de 67.1 mdp por cineminutos
La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa al Partido Verde de 67.1 millones de pesos, en el caso de los cineminutos.

Los magistrados dejaron en firme la sanción a las empresas Cinemex y Cinépolis

(7 millones cada una) igualmente por incumplir la orden de retiro de los mensajes del Verde, que había emitido la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE dijo en marzo, al aplicar la sanción, que los anuncios en las salas cinematográficas se mantuvieron 36 días en todo el país.

El caso llegó a la sala superior, cuya resolución es inapelable, luego de que los partidos PRD, PAN y Morena propusieron que se incrementara la pena.

Si bien no se aceptó este incremento, tampoco se hizo válido el argumento del Verde-Cinépolis-Cinemex, quienes argumentaron que sí observaron puntualmente la medida cautelar del INE.

“En este sentido se concluye que la sanción se calculó de manera razonable al caso concreto. En mérito de lo anterior se propone confirmar la resolución impugnada”, se lee en el proyecto aprobado esta noche en una votación dividida. En favor votaron los magistrados Constancio Carrasco, presidente del tribunal y ponente del caso, Salvador Nava y Manuel González. En contra se pronunciaron Pedro Esteban Penagos y Flavio Galván.

-Lanzarán el 16 de mayo el satélite mexicano Centenario
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el próximo 16 de mayo se realizará el lanzamiento del Satélite Centenario que forma parte del programa del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT.

El cohete que transportará el satélite partirá a las 00:47 horas tiempo del centro de México, desde Baikonour, Kasajstan, luego de que Boeing, la empresa fabricante concluyó los estudios y pruebas técnicas preventivas, con las que determinó que existen presenta condiciones óptimas de funcionamiento, por lo que recomendó proceder al lanzamiento.
La SCT transmitirá el lanzamiento en vivo desde Baikonour, Kazajstan, a través de su página de Internetwww.sct.gob.mx y también se podrá seguir el conteo regresivo y los detalles de la flota satelital mexicana desde teléfono móvil con sistema Android, a través de la aplicación "MexsatApp", que es gratuita en Play Store.
El lanzamiento será supervisado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza desde el Centro de Control Satelital de Hermosillo, Sonora el próximo sábado a las 11:47 horas de Baikonour; o la 00:47 horas tiempo del centro de México.
El satélite Centenario ha estado en el Cosmódromo de Baikonour “en un ambiente controlado, seguro y supervisado las 24 horas del día”, acotó la SCT. 

-Cámara baja de EU aprueba poner fin al espionaje masivo de la NSA
Washington. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles una reforma que prohíbe a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recabar masivamente datos en Estados Unidos, en respuesta al escándalo provocado por las revelaciones de Edward Snowden hace casi dos años.

La Cámara baja aprobó por 338 votos contra 88 un proyecto de ley denominado USA Freedom Act (Ley por la libertad en EEUU), que debe ser todavía considerado por el Senado antes de fin de mes. La reforma, apoyada por Barack Obama, había fracasado en el Congreso el año pasado.

La ley modificaría un artículo controvertido del Acta Patriota, adoptada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que expira el 1 de junio. Prohibiría explícitamente la recolección masiva y sistemática de datos en Estados Unidos por parte de la NSA, especialmente los recabados telefónicamente. Una corte de apelación federal declaró la semana pasada como ilegal el programa de datos telefónicos de la NSA, que quedó develado en junio de 2013 con las revelaciones del ex contratista Edward Snowden. No obstante, el tribunal se negó a emitir una orden judicial para detener el programa, argumentando que no tendría sentido porque la ley expira el 1 de junio próximo.

"El voto de hoy es una victoria mayor para la reforma de la vigilancia y una reprimenda importante para aquellos que quieren reautorizar el Acta Patriota sin cambios", se felicitó la presidenta de la ONG Center for Democracy and Technology, Nuala O´Connor. La Cámara "recalibró nuestro enfoque de manera de continuar defendiendo a toda América protegiendo las libertades cívicas", declaró el jefe de la mayoría de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy.

Unos cuarenta legisladores demócratas y unos cuarenta republicanos se opusieron a la reforma. Los debates se anuncian más intensos en el Senado. El jefe de la mayoría republicana busca reconducir el controvertido artículo del Acta Patriota tal cual hasta el 2020. Se opone a una coalición de legisladores de los dos partidos y a asociaciones de defensa de las libertades individuales.