LA ULTIMA Y NOS VAMOS 8 Octubre 2014

-Mientras el país se manifiesta, Peña se toma selfies con las regiomontanas

MONTERREY, N.L.- El presidente Enrique Peña Nieto causó furor en su visita al Macrocentro Comunitario San Bernabé, un espacio recreativo, cultural y deportivo de más de 3.2 hectáreas de superficie localizado en una de las zonas más pobres de esta capital.

Esto, mientras en varias entidades del país se realizan movilizaciones y protestas por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres más en Iguala.

Escoltado por un nutrido grupo de mujeres, el mandatario tardó 17 minutos en recorrer los 50 metros que lo separaban de la entrada al estrado. La demora ocurrió por la inusual demanda de selfies.

Y es que las mujeres reunidas desde las 10:00 horas se desbordaron en júbilo cuando Peña Nieto apareció a las 12:30 horas para inaugurar ese espacio recreativo.

Desde su arribo a esta ciudad, Peña Nieto fue, literalmente, atrapado por las damas, quienes lo rodearon desde que descendió del helicóptero hasta el Macrocentro ubicado en el extremo norte de la ciudad.

El Ejecutivo federal se dejó querer. Complació todo el tiempo a las mujeres que querían su selfie. Él mismo tomaba entre sus manos el smartphone y accionaba el disparador ante la mirada nerviosa de ocho elementos del Estado Mayor Presidencial que establecían su primer círculo de protección.

En su afán de quedar bien, Peña Nieto tardó en llegar al estrado del complejo deportivo que tuvo un costo de 86 millones de pesos –60% de los cuales provinieron de la federación y el resto del gobierno estatal–, y que antes fue un basurero a cielo abierto.

El recorrido presidencial fue seguido a través de las pantallas gigantes que fueron colocadas para la ocasión. Una mujer acarició la cabeza y le removió el copete a Peña Nieto.

Entre divertido y apenado, el mandatario se zafó y acomodó se acomodó el pelo, desordenado como nunca, por el arrojo de la señora.

A las 12:47, finalmente llegó al estrado, ocupado ya por los invitados y subió de un salto, festejado por los presentes.

-Marcha y respuesta de alumnos del IPN, este viernes

Los estudiantes del Politécnico harán una nueva movilización desde la Estela de Luz a Tlatelolco; entregarán copias de su postura tanto a la Segob como a la SEP 

La Asamblea General Politécnica convocó a los estudiantes "de todas las instituciones de educación pública" a la cuarta "megamarcha" en defensa de la educación pública, gratuita, científica y de calidad. 

En una actualización de su perfil de Facebook, la Asamblea informó esta noche que se entregarán de manera simultánea copias de su respuesta a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, mediante comitivas de la Asamblea. 

Los alumnos del Politécnico precisaron que este jueves se llevarán acabo asambleas por escuela, para el análisis de la contrapropuesta que entregarán a las autoridades, con el fin de resolver el problema del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Para esta movilización anunciaron que marcharán desde la Estela de Luz con dirección 

-¿Negociaron salvación de Aguirre? 

Versiones que surgen de la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Carlos Navarrete, aseguraban ayer que la cúpula de ese partido acaba de negociar un acuerdo con el gobierno federal para que Ángel Aguirre Rivero no sea removido como gobernador de Guerrero, a partir del argumento de los perredistas de que el mandatario estatal “no tiene ninguna responsabilidad legal” en los asesinatos y desaparición violenta de 43 normalistas ocurrida en Iguala. 

Aunque en el gobierno federal no confirman ni desmienten la versión, las fuentes perredistas aseguran que el acuerdo —entre la Federación y el CEN del PRD— establece que Ángel Heladio podrá continuar como gobernador a cambio de que la PGR se haga cargo de las investigaciones, mediante la atracción ejercida por el procurador Jesús Murillo Karam, y la entrada de la Policía Federal y el Ejército para tomar el control de la seguridad en Iguala, ocurrida desde el pasado lunes. 

Según esa versión, la negociación para salvar la cabeza del gobernador explicaría por qué el presidente Enrique Peña Nieto ya no volvió a mencionar al mandatario guerrerense ni aludió a su responsabilidad en el mensaje que dirigió el lunes para anunciar la intervención del gobierno federal tanto en las investigaciones de la masacre de estudiantes como en el control de la seguridad en Iguala. 

Mientras tanto, el CEN del PRD conjuntamente con el propio Aguirre Rivero, iniciaron ayer una estrategia política y mediática para enfocar la autoría de los crímenes de los normalistas de Ayotzinapa en la delincuencia organizada, señalando como únicos responsables al alcalde prófugo José Luis Abarca y a los mandos policiacos municipales que, según testimonios y videos difundidos, secuestraron a los jóvenes por órdenes del grupo Guerreros Unidos, cuyo jefe de plaza en Iguala es Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde. La estrategia perredista busca dejar completamente fuera de cualquier responsabilidad al gobierno de Aguirre. 

El plan de la cúpula nacional del PRD, que contempla movilizaciones tanto en Guerrero como en el DF para apoyar a Aguirre ante la opinión pública, arrancó ayer con la presencia del Comité Nacional del partido celebrado en Iguala, donde Carlos Navarrete pidió disculpas a los habitantes de ese municipio “por haber postulado a un candidato externo y no haber sido cuidadosos” al elegir a José Luis Abarca. 

La pregunta que surge es si un “ustedes disculpen” del PRD y su dirigente Navarrete es suficiente para subsanar las omisiones y la negligencia cometida por los gobiernos de ese partido, gobernador y alcalde incluidos, que desembocaron en la masacre de los estudiantes normalistas. ¿De verdad piensa Navarrete que su mea culpa por postular a candidatos ligados al narco es suficiente? 

Del lado del gobierno federal, si se confirma que Aguirre Rivero no dejará la gubernatura, sería una peligrosa capitulación en momentos en que la violencia y la inseguridad no sólo en Guerrero, sino en otras regiones del país, empiezan a ser un signo de descontrol y desgobierno que contradice la imagen del “México de oportunidades” que se quiere vender a los inversionistas con las recientes reformas. 

La radicalización de algunos grupos, que ya empezaron a activarse por los asesinatos de Iguala, con marchas y movilizaciones en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el DF, será una señal inequívoca de que se percibe debilidad del gobierno ante un caso paradigmático de violencia y barbarie, con todo lo que eso puede significar en el futuro inmediato del país.

NOTAS INDISCRETAS… Ayer sesionó por primera vez el nuevo Consejo de Administración de Pemex integrado a partir de la Reforma Energética. Por primera vez se vio en esas reuniones al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien nunca había asistido, además de a los titulares de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Semarnat, Juan José Guerra, además del director de la empresa pública Emilio Lozoya Austin. Pero lo que más expectativa causó fue la presentación de los nuevos consejeros independientes Alberto Tiburcio, Octavio Pastrana, Jorge Borja, Jaime Lomelín y Carlos Elizondo. Había cierto nerviosismo por ver cómo se comportaban algunos de los nuevos consejeros designados por el Congreso pero, al menos esta primera vez, todos estuvieron de lo más correctos y tranquilos. La próxima sesión del Consejo de Pemex será el 18 de noviembre y ahí Lozoya Austin anunció que se presentará el plan de reestructuración de la empresa… Serpiente doble. Mal tiro. 

-Exigen juicio político a Ángel Aguirre en mitin en el Zócalo

Después de marchar por hora y media desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa plantearon cinco demandas.

En un templete colocado frente a Palacio Nacional, el actor Daniel Giménez Cacho y el cantante e integrante de Café Tacvba, Rubén Albarrán, dieron a conocer el pliego petitorio de los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Entre sus primeras demandas está la presentación con vida de los 43 normalistas desparecidos luego de los ataques ocurridos el 26 de septiembre en Iguala.

En el segundo punto de su pliego exigieron juicio político y la destitución del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra desaparecido y cuyo proceso de desafuero está en curso en el Congreso local.

Además, demandaron seguimiento y juicio político al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como castigo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.

"¡Asesino, asesino!", gritaron los manifestantes cuando Giménez Cacho mencionó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Durante la marcha, los manifestantes portaban pancartas en las que dejaban claras sus exigencias.

"Ayer fueron los normalistas, mañana serenos nosotros, ¡basta de complicidades!", "Ayotzinapa, terrorismo de Estado", "¡Aguirre, asesino!", fueron algunos de los mensajes de las pancartas.

En la manifestación participaron 15 mil personas, entre familiares de los desaparecidos, organizaciones civiles, estudiantes de diversas universidades y sindicatos, reportó el Gobierno del Distrito Federal.

La marcha denominada "Ayotzinapa, todos a la calle" se replicó en diversos puntos de la República como en Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz, Puebla, Chiapas, Guadalajara, Oaxaca, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y Monterrey, Nuevo León, así como en algunas partes del mundo.

-Resolverá Suprema Corte legalidad de acción colectiva contra CFE

La Primera Sala de la SCJN atrajo un amparo directo cuyo origen es una acción colectiva llamada difusa, promovida por una asociación civil contra la CFE, relacionada con la presunta contaminación de la termoeléctrica “José Aceves Pozos” en Mazatlán, Sinaloa.

La instancia judicial consideró que es fundamental emitir pronunciamiento sobre la legitimidad de quien presenta una demanda de acción colectiva difusa en materia ambiental, pues no se ha pronunciado sobre algún caso en el que se haya ejercido por daño ambiental que produce la actividad de la CFE en una determinada región.

Expuso que la autoridad responsable estimó que la asociación civil que actuó en representación de la colectividad no tenía legitimidad para presentar dicha acción colectiva contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la asociación civil, la contaminación se debe a que la termoeléctrica arroja aguas residuales a los esteros “La sirena” y “Urías” del puerto, que exceden los límites máximos de temperatura fijados en las normas legales.

El tribunal unitario estimó que la asociación no tiene interés legítimo para ejercer la acción por no acreditar que fue legalmente constituida tres años antes de presentar la demanda, según la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por lo que la quejosa promovió el amparo que resolverá la corte.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la importancia y trascendencia del asunto radica en que, al resolverlo, estará en posibilidad de responder a diversas interrogantes.

Entre ellas, cuáles son los requisitos de legitimidad necesarios para interponer una acción colectiva difusa en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles y las leyes especiales, y quiénes son los sujetos legitimados para interponer una acción colectiva difusa en materia ambiental.

También si para la promoción de dicha acción deben exigirse los requisitos establecidos en el citado código, o si debido a que la prestación reclamada es la reparación de un daño ambiental son aplicables los requisitos que prevén los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Otra pregunta que responderá es: ¿las asociaciones civiles (fracción III del artículo 585 del código referido) con registro previo de inscripción ante el Consejo de la Judicatura Federal, necesitan cumplir con el requisito de haber sido constituidas tres años antes de la presentación de la demanda intentada?

También: ¿el procedimiento judicial establecido en la ley de la materia, resulta equiparable a la acción colectiva difusa intentada en términos del código en cuestión, para establecer la exigibilidad de los requisitos previstos en la ley ambiental referida?

-Estoy desesperado, mi chavo era quieto: papá de normalista

Ezequiel Mora está desesperado y lleno de rabia. Hace once días que no sabe de su hijo Alexander. Va a la Normal, se reúne con otros padres tan desesperados como él, pregunta a quien puede, pero no a la policía. Tiene miedo. Si ellos se llevaron a su hijo ¿en quién puede confiar?

Ninguna autoridad de Guerrero se ha acercado a hablar con don Ezequiel. "Ellos conmigo (no se han comunicado) nada. Ni ir yo solo a ver a esos cabrones, porque no tiene chiste. Lo que nos hace el gobierno a nosotros los padres es una burla".

La última vez que don Ezequiel Mora vio a Alexander fue el 16 de septiembre. Su hijo había pasado las fiestas patrias con la familia en El Pericón, Guerrero, y debía regresar a la Normal de Ayotzinapa.

Alexander estaba muy emocionado cuando se fue a Ayotzinapa porque el año pasado había intentado entrar a la normal, pero "no se quedó", dijo el papá.

El señor se enteró del ataque porque los amigos de Alexander le marcaron preocupados, para saber si él estaba bien. Nadie, ni la escuela, ni la policía le avisaron a Ezequiel Mora que su hijo estuvo en el ataque y menos que estaba desaparecido.

Cuando supo del ataque, Ezequiel fue a la escuela de su hijo a buscar respuestas. Los normalistas le dijeron que Alexander aparecía en la lista de los estudiantes desaparecidos. "No nos han dado un informe legal de lo que pasó con los muchachos", dice.

El joven, apasionado del futbol desde niño, había ido con sus compañeros de primer año al boteo en Iguala para las marchas del 2 de octubre. En el camino de regreso, los policías municipales "los metrallaron", dice don Ezequiel.

En la Normal lo invitaron a ir a Iguala a la campaña de búsqueda casa por casa, pero no fue porque teme ser fichado por los mismos policías municipales que dispararon contra los muchachos. "De todas maneras, a quién le voy a preguntar... son los mismos policías", dice.

El padre de Alexander marcó, y marcó, al teléfono celular de su hijo desde el sábado 26 de septiembre y, luego de saber que había desaparecido, lo intentó con más insistencia. Al principio sonaba, pero ahora ya lo manda a buzón.

Don Ezequiel no se explica por qué desaparecieron a su hijo. "Mi chavo era quieto, no era grosero ni nada y la familia ya está desesperada", dice.

En El Pericón y en Ayotzinapa, Alex hacía lo que más le gustaba: jugar futbol. "Jugaba de delantero", cuenta Saena, su hermana. Su vecina Ciri jugaba con él al fut desde que eran unos niños porque compartían el mismo patio. Las dos están tristes, desesperadas, pero no pierden la fe en que va a regresar.

"Está uno desesperado del coraje, siento mucho coraje y desesperación. Van ya casi once días, y los chavos no aparecen", dice el padre de Alexander.

Don Ezequiel se quedará en Ayotzinapa hasta que alguien le dé información oficial. "Hasta que me den el paradero de mi hijo", dice.

-“Pedimos educación y nos responden con balas”, acusan normalistas

En un mitin al que asistieron miles de personas, familiares y estudiantes de Ayotzinapa, exigieron la presentación con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que se llevó la policía municipal de Iguala el viernes 26 de septiembre.

“Queremos resultados, no palabras. Que intervengan las autoridades competentes para que encuentren a nuestros compañeros, como lo piden los familiares”, expresó uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el mitin que se realizó a un costado de Palacio Nacional.

Desde que la marcha arrancó, al filo de las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia, los ánimos ya estaban encendidos entre los asistentes que gritaban “asesinos” en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Durante casi dos horas que duró la caminata a la que asistieron estudiantes de todas las escuelas de educación superior, campesinos, trabajadores y organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las consignas estaban llenas de rencor en contra de todos los partidos políticos y los tres niveles de gobierno.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la consigna con la que arrancó la protesta que a la vanguardia tuvo siempre a familiares de los estudiantes desaparecidos por la policía de Iguala y alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Luego comenzaron a cambiar los gritos y protestas alcanzando los niveles de repudio a toda la clase política.

Los contingentes más visibles eran de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que pertenecen los alumnos de Ayotzinapa, y las 16 normales rurales del país, además de la UNAM, el IPN, la UAM y de los campesinos de Atenco.

Pero en el curso de la marcha se fueron sumando organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Adolfo Gilly y Salvador Nava hijo quienes, al final del mitin, fueron repudiados por una turba que les aventó botellas de agua, basura y otros objetos.

Los gritos de protesta y las pancartas de “narcos y políticos son lo mismo” denotaban la rabia en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del edil de Iguala, José Luis Abarca, ambos del PRD, a quienes no dejaron de calificar como “asesinos”.

Una vez que llegaron al Zócalo ocupado por las carpas de la Feria del Libro, los miles de asistentes ocuparon las calles aledañas y los familiares de los estudiantes desaparecidos subieron al templete que se levantó a un costado de Palacio Nacional.

Ahí, los estudiantes de Ayotzinapa manifestaron que no se rendirán hasta encontrar a sus compañeros desaparecidos.

“No nos rendimos, nos sostendremos. Nuestra lucha es por una educación y eso no es un pecado. Si por eso el Estado nos ve como enemigos no nos importa, nos mantenemos de pie”, dijo uno de los estudiantes.

Otro de ellos, que logró escapar del ataque armado, espetó: “Lo que pasó el 26 y 27 fue terrorífico. Nuestros ojos y mentes no son capaces de revivir. Queremos hacer énfasis que no es cierto lo que dice el gobierno que fue el narcotráfico. Fueron los policías del municipio los que se los llevaron. Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca son los asesinos”.

Acusó que en Guerrero se vive “un estado ingobernable”, porque no hay autoridades que funcionen y ni siquiera han podido encontrar a sus compañeros.

“Somos estudiantes que sólo exigimos educación y eso no lo ven. Pedimos educación y nos responden con balas. Si somos los enemigos, ¿a qué estamos jugando? Ahora el Estado se quiere deslindar y lavarse las manos diciendo que es el narco. Llamamos a la desobediencia civil”, manifestó otro de los estudiantes.

El padre de uno de los jóvenes desaparecidos dijo que están indignados y con rabia porque atacaron a sus hijos cuando estaban haciendo labores de rutina para mantener sus gastos.

“No es posible que se derrame sangre, ni justo que sea ataque a los estudiantes. Le decimos al gobierno que ellos tienen a los normalistas y nos los tienen que regresar. Que no se laven las manos al crimen organizado. Fueron policías municipales y el gobierno municipal los que ordenaron”, acusó nuevamente.

Otro padre de familia dijo que sus hijos no estaban haciendo nada ilegal, ni cometiendo un delito como para que se los llevara la policía. “Sólo querían estudiar. Ese era su sueño”, expresó con un tono de tristeza y rabia.

Otro padre más de un estudiante originario de Tixtla pidió no decir que sus hijos ya están muertos, sino que sigan las investigaciones pero con gente especializada. Y manifestó que si Peña Nieto tiene autoridad, que la aplique y presente de inmediato a sus hijos desaparecidos.

Al final del mitin, el actor Daniel Giménez Cacho y el cantante del grupo Café Tacuba, Rubén Albarrán, leyeron una carta dirigida al gobierno en la que pidieron la presentación con vida de los 43 normalistas.

Exigieron también protocolos coordinados entre las autoridades, el envío a Iguala de antropólogos forenses especializados y el enjuiciamiento y castigo a los responsables de “un crimen de Estado cometido por policías y funcionarios”.

-Exigen a Peña asumir responsabilidad por caso Ayotzinapa

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, representantes de organizaciones civiles y un sobreviviente de los ataques armados exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto asumir su responsabilidad por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre.

En rueda de prensa, calificaron de “farsa” y “pantomima” la búsqueda de los jóvenes por parte del gobierno de Ángel Aguirre, denunciaron “obstáculos” para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participe en la identificación de restos, así como ausencia de claridad sobre la intervención de la PGR en las investigaciones.

Previo a la movilización en esta capital por la presentación con vida de los desaparecidos, uno de los estudiantes sobrevivientes, Omar García, reveló que la madrugada del sábado 27 de septiembre soldados del 27 Batallón de Infantería sometieron a las víctimas, los despojaron de sus celulares y pretendieron detenerlos.

“Se querían sentir muy hombrecitos, amárrense ahora los pantalones”, gritaron los militares a los jóvenes.

Los militares llegaron cinco minutos después del segundo ataque contra los normalistas perpetrado por hombres fuertemente armados y vestidos de civil, aseguró García.

Pese a que el destacamento militar está muy cerca de donde fueron atacados los jóvenes por policías municipales, quienes se llevaron detenidos a los 43 desaparecidos, fue hasta el segundo ataque, cuatro horas después, que los soldados acudieron al sitio pero no para ayudarlos.

“Los capitanes o comandantes que llegaron nos dijeron que nos lo habíamos buscado, nos quitaron los celulares y nos querían detener, decían que por allanamiento de morada, y es que estuvimos tocando en las casas para que nos abrieran para protegernos, pero cuando al fin se dieron cuenta de lo que había pasado y les explicamos que necesitábamos una ambulancia para nuestros compañeros, nos dijeron que en 15 minutos mandarían ayuda.

“Nunca llegó la ambulancia. Como pudimos llevamos a Edgar Andrés Vargas, el compañero que recibió un balazo en la cara y quien se desangró durante dos horas hasta que llegamos al Hospital General. Nadie nos quiso ayudar, ningún taxista se paró para llevarnos”, lamentó.

Melitón Ortega y Cruz Bautista, padres de desaparecidos, sostuvieron que a 13 días de los hechos de violencia “no hay investigaciones serias por parte del gobierno del estado” para la localización de los 43 jóvenes, por lo que exigieron al gobierno federal su intervención directa para emprender la búsqueda “en toda la región norte del estado de Guerrero”.

También criticaron que sin elementos de prueba las autoridades estatales hayan divulgado que los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala pertenezcan a los normalistas detenidos por policías municipales, por lo que exigieron librar los obstáculos impuestos a integrantes del EAAF para participar en el proceso de identificación de los restos.

Además, demandaron atención oportuna y reparación de daños a los heridos que se recuperan en el Hospital General de Iguala.

Enseguida denunciaron que el gobierno de Aguirre Rivero no ha cumplido su compromiso de trasladar a Edgar Andrés Vargas a la Ciudad de México para que sea intervenido, en tanto que es incierta la situación de Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en “estado vegetativo”.

Luego de exigir castigo a los responsables de estos hechos, pidieron a Peña Nieto y Aguirre Rivero “facilidades para que el EAAF realicé todo lo que tenga que hacer para la identificación de los cuerpos; no queremos más trabas ni obstáculos al EAAF, al que le damos nuestro voto de confianza”.

Los padres, representantes de las 43 familias de desaparecidos, pidieron a las autoridades no “desviar la atención” sobre quiénes son los responsables de los ataques a los jóvenes.

“El Estado mexicano es el responsable de lo que ocurrió”, sentenciaron.

Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHM-T), señaló que a pesar de que Peña Nieto anunció en cadena nacional la atracción federal de las investigaciones, “no hay claridad de qué está haciendo, pues hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del estado es la que sigue llevando todo”.

Las principales trabas que enfrenta el equipo forense son dos: la falta de reconocimiento oficial y acceder a los cuerpos rescatados de fosas clandestinas para obtener pruebas de ADN.

En el caso de los familiares, dijo que los forenses argentinos ya cuentan con el material genético, pero se han visto imposibilitados a cotejar con el de los restos por las trabas administrativas y las arduas diligencias.

Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de Amnistía Internacional-México, reprochó la ausencia de compromiso del gobierno de Peña Nieto con los derechos humanos, “que están en el tercero o cuarto lugar de sus prioridades”, lo que explica lo ocurrido en Iguala, y criticó el mensaje en cadena nacional sobre el caso Ayotzinapa.

“No sirve de nada que el presidente salga y se lamente por los hechos, queremos acciones concretas; (la violencia hacia los normalistas) se da en un contexto de negligencia durante una década respecto del tema de los desaparecidos y el uso de la fuerza por parte del Estado: estaban dadas las condiciones para que esto pasara”, acusó el representante de Amnistía.

También pidió garantías de seguridad para los familiares de los desaparecidos y para los activistas que se desplegaron en su defensa; que no se deje la carga de la prueba por estos acontecimientos en los familiares, y las autoridades hagan pública la información sobre los avances de las investigaciones sobre las desapariciones, los homicidios, así como del deslinde de responsabilidades.

-El Grupo Alemán hace petición formal para rescatar Oceanografía

El juez federal Felipe Consuelo Soto, responsable del concurso mercantil de la empresa Oceanografía, recibió este miércoles la petición formal del Grupo Alemán, propietario de la aerolínea Interjet, para participar en el rescate de la compañía de Amado Yáñez Osuna, principal proveedora de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, el consorcio encabezado por Miguel Alemán Velasco, presentó un escrito en el que manifestó su interés por adquirir los activos y pasivos de Oceanografía, aunque las fuentes consultadas no precisaron del monto ofrecido por el eventual rescate de la quiebra de la compañía.

-Tema de consulta energética, “materia vedada” en la Constitución: Coldwell

COLIMA, Col.- El tema de la consulta sobre la reforma energética es “materia vedada” en la Constitución, porque está muy relacionado con ingresos y gastos del Estado, consideró el secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell.

No obstante, refirió en entrevista, ese asunto tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que “valorará si lo que hay en la Constitución es un referéndum revocatorio de la Carta Magna y evaluará si no es materia vedada”.

El funcionario federal estuvo en esta ciudad para participar como conferencista en el Diálogo nacional: Transformando la vinculación de la educación media superior y superior con la empresa en las grandes reformas de México, organizado por el gobierno estatal, la Universidad de Colima y la senadora colimense Mely Romero Celis.

Durante su participación en el evento, Joaquín Coldwell señaló que al calor de la disputa política, algunos actores distorsionaron contenidos de la reforma energética, como el relacionado con la creación de figuras y ocupación temporal de la tierra, con la que en realidad se protegió la propiedad de los campesinos y comunidades.

Ante más de 200 personas de diversos ámbitos –político, empresarial y académico–, entre ellas el gobernador Mario Anguiano Moreno, el titular de Energía expuso las bondades que a su juicio tendrá la reforma energética, y aseguró que frente a la realidad de los hidrocarburos, al país ya no le quedaba otro camino.

También señaló que contra lo que afirman los críticos sobre la modificación constitucional, la protección del medio ambiente fue uno de los aspectos que más se cuidaron, a través de la creación de mecanismos en ese sentido.

Abordado posteriormente por representantes de los medios de comunicación, comentó que el robo de hidrocarburos representa un daño muy importante para el patrimonio del país, pues, según sus estimaciones, a lo largo del presente año las pérdidas por este fenómeno ascienden a casi 15 mil millones de pesos.

Al respecto, remarcó que se está trabajando “muy fuerte” para abatir esta práctica a través de un programa preventivo de Petróleos Méxicanos (Pemex), que permite combatir las tomas clandestinas, mientras por otro lado la Procuraduría General de la República “acaba de dar un golpe formidable a un brazo de la delincuencia organizada” que se dedicaba al robo de combustible en el centro del país, dijo.

Las principales zonas del territorio nacional en las que se está dando el robo de combustible, agregó, son el noreste y el Bajío, pero “esperamos reducirlo paulatinamente con las acciones que se están llevando a cabo”.

Sobre los daños sufridos en Baja California Sur por el huracán Odile, el funcionario federal sostuvo que en las labores de reconstrucción el sector energético realizó “una labor extraordinaria” por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Hicieron un trabajo épico, restablecieron ya el servicio eléctrico en todo el estado al cien por ciento en un plazo menor a tres semanas; fue un trabajo de grandes dimensiones, de sacrificio, de costos económicos muy altos, de traslado de personal de otras partes del país”, comentó.

En lo relativo al suministro de combustible, dijo que por parte de Pemex se ha cuidado su reanudación, por lo que desde el punto de vista energético, Baja California Sur ya está atendido en su totalidad.

-Miles de mexicanos reclaman que aparezcan con vida 43 estudiantes

Miles de mexicanos se unieron hoy al reclamo de los familiares de 43 estudiantes desaparecidos hace 12 días para exigir su vuelta a casa y el esclarecimiento de los ataques a tiros en los que murieron 6 personas en el sureño estado de Guerrero.

Las principales marchas se desarrollaron en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y la capital de México con la participación de numerosos sectores de la sociedad, desde estudiantes hasta indígenas y campesinos.

La protesta nacional fue convocada por familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos tras una noche de violencia en la localidad de Iguala, de la que las autoridades responsabilizan a al menos una veintena de policías y criminales.

En Chilpancingo, la capital de Guerrero, 10.000 manifestantes según la policía y 50.000 según los organizadores exigieron la aparición de los estudiantes, el esclarecimiento de la muerte de seis personas y la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.

El contingente, que abarcó unos cinco kilómetros, arrancó desde la Autopista del Sol, que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, y culminó en la plaza central de Chilpancingo.

En esta marcha participaron estudiantes de las nueve escuelas normales rurales de ese estado (dedicada a la formación de maestros de primaria), maestros, familiares de los desaparecidos.

Los miembros del magisterio informaron que su intención es permanecer en un plantón permanente en la plaza principal hasta que aparezcan los 43 jóvenes.

En la capital mexicana, unas 15.000 personas encabezadas por familiares de los estudiantes desaparecidos marcharon desde el emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, también para pedir justicia.

Los manifestantes recorrieron las céntricas avenidas de Ciudad de México y corearon consignas como "¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!", "¡Ayotzinapa, estamos contigo!", ¡Si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno!" y "¡Queremos justicia para Ayotzinapa!".

Al final de la marcha, los familiares expresaron su indignación en un mitin y advirtieron al Gobierno federal, estatal y municipal que no van a descansar hasta que les entreguen a los jóvenes, y rechazaron que las autoridades pretendan "lavarse las manos y echar la culpa al crimen organizado".

"Fueron patrullas de la policía municipal y fue el mismo director de Seguridad Pública quien dio la orden que dispararan a fuego cruzado", denunció uno de los familiares.

"En México se asesina extrajudicialmente a estudiantes" y "le atribuimos al Estado la desaparición forzosa de nuestros compañeros", aseguró hoy Omar García, quien sufrió la ola de ataques del 26 de septiembre.

Poco antes del cierre de la marcha, un grupo de manifestantes abucheó e insultó a Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial y fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que gobierna en Guerrero e Iguala-, y fue obligado a abandonar la protesta.

Según informaciones publicadas por los medios, también le lanzaron agua, botes, otros objetos, recibió golpes y gritos de "asesino" y delincuente".

En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, miles de indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon en silencio en solidaridad con los estudiantes de Guerrero.

"No están solos", "su dolor es nuestro dolor" y "nuestra es también su digna rabia", dijo el subcomandante Moisés a familiares, maestros y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En Guadalajara, la capital de Jalisco, unas 5.000 personas marcharon al grito de ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?, mientras portaban coronas de flores, cruces negras y mantas con consignas.

También se registraron manifestaciones solidarias en otros países, en particular en España, Argentina, Bolivia, Alemania, Costa Rica y Reino Unido.

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy desde Washington al Gobierno de Enrique Peña Nieto de responder "muy tarde" a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

La fiscalía general asumió la investigación del caso apenas el fin de semana pasado, al considerar que había indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.

Amnistía Internacional calificó a la búsqueda que se ha hecho como "una pantomima" en donde "no hubo inteligencia, en donde no hubo las líneas de investigación claras", y pidió que las "investigaciones sean realizadas por personal del más alto nivel en el ámbito federal".

El Gobierno federal tomó el lunes el control de la seguridad de Iguala, tras el hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos que podrían corresponder a algunos de los desaparecidos.

Por los ataques producidos la noche del 26 de septiembre hay más de 30 detenidos, de los cuales 22 son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

-Colocan veladoras en el Zócalo de Acapulco por normalistas caídos

Acapulco. Unos 500 manifestantes llegaron al Zócalo porteño colocaron veladoras bajo una cartulina que rezaba "NO + Impunidad", ahí guardaron un minuto de silencio en memoria de los normalistas asesinados en Iguala.

Desde la glorieta de La Diana Cazadora, sobre la Costera Miguel Alemán, sociedad civil, maestros universitarios, militantes y líderes de organizaciones políticas del PRD y PRI, así como estudiantes marcharon como uno solo.

A lo largo de la costera fueron lanzaron consignas contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, contra Enrique Peña Nieto, y ocasionalmente contra el edil de filiación perredista José Luis Abarca Velázquez.

Una de las oradoras del grupo "Yosoy#132", previo a la marcha pidió a los asistentes que marcharan con calma y sin agresiones.

"Les pedimos que mantengan la calma, vamos a expresar nuestro sentir en forma civilizada y pacífica, porque es lo que estamos pidiendo es paz para Acapulco y paz para Guerrero.

"No incurran en agresiones. No hagan hechos violentos, queremos justicia, pero con violencia no se resuelve nada", dijo la vocera del movimiento.

-La CETEG se declara en paro laboral indefinido

Chilpancingo. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) instaló un plantón en la plaza central de Chilpancingo y se declaró en paro laboral indefinido, los maestros disidentes regresarán a las aulas hasta que aparezcan los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala de la Independencia.

A las 17:05 horas del miércoles 8 de octubre, Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la CETEG sostuvo que el derecho a la vida debe respetarse a todos, ya que nadie tiene derecho a tomar la vida de nadie en sus manos.

El dirigente sostuvo que en el transcurso de la marcha, el magisterio de estados como Michoacán, Oaxaca, Distrito Federal (DF), Yucatán y Baja California manifestó su solidaridad con los padres de familia y la comunidad estudiantil de Ayotzinapa.

Se pronunció por el castigo ejemplar para los responsables de la muerte a balazos de seis personas durante la noche del 26 de septiembre, además, reclamó la presentación de los 43 desaparecidos.

"Así como se los llevaron con vida, así los queremos ver; porque millones de guerrerenses estamos a la expectativa de lo que pasa".

Por esa razón, indicó que tras analizar la dimensión del problema que representa la no presentación de los jóvenes, a 12 días de los ataques armados, la CETEG decidió iniciar un paro laboral indefinido y la instalación de un plantón en la plaza central de Chilpancingo.

"En nombre de la CNTE y la CETEG, este día ocho de octubre de 2014 declaro el paro indefinido y el plantón en la plaza cívica de Chilpancingo. Esperamos el apoyo total de sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes de diferentes niveles".

Retomó el hecho de que durante toda la movilización del miércoles no hubo disturbios y se cuidó mucho no caer en provocaciones, con la intención de captar la simpatía de la población y con ello robustecer el plantón.

Indicó que en el transcurso de la tarde-noche se instalaría el campamento de los profesores disidentes, posteriormente se realizaría la asamblea estatal representativa, en ella se acordaría un plan de acción que se pondrá en marcha desde las primeras horas del jueves.

"No nos vamos a quedar pasivos, eso lo deben tener muy claro los que tienen a nuestros estudiantes", aseveró Reyes Guerrero.

-No debe repetirse el asesinato y desaparición de normalistas: Chuayffett

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffett, sostuvo ante senadores que nunca más se debe repetir un caso como el de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos y ejecutados alumnos de la normal rural guerrerense.

Expuso también que la dependencia a su cargo hará lo que la autoridad penal le instruya. “Estamos prestos a cumplir con la coadyuvancia en cuanto nos sea solicitada”.

Chuayffett respondió así al senador del PAN, Javier Corral, quien le preguntó qué hace la SEP en el ámbito de su competencia y qué apoyos está dando a las familias de los estudiantes muertos y desaparecidos de la normal rural guerrerense.

Coincidió en que muchas de las normales superiores están en condiciones “verdaderamente deplorables”, como lo señaló ahí mismo el senador perredista Raúl Morón y recalcó que la pretensión es que haya escuelas normales equiparables a la educación superior en todos los órdenes.

Agregó que las normales rurales, que se crearon en 1933, “deben seguir teniendo un papel central, y para ello se requerirá flexibilidad en los nuevos planes de estudio y en el nuevo modelo educativo para esos centros.

Al comparecer ante comisiones unidas para la glosa del informe, Chuyaffett fue cuestionado también en torno al conflicto que se vive en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). El titular de la SEP respondió que se tata de un movimiento respetable, que la sociedad valora y que fue atendido de inmediato por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el panista Javier Corral le dijo que es el titular de la SEP quien tiene que estar al frente de la solución de ese conflicto y no Osorio Chong.

Pero el funcionario matizó su respuesta e insistió en que el gobierno federal abrió el diálogo y lo mantendrá siempre hasta llegar a un acuerdo con la comunidad del IPN.

-Los gremios magisteriales de EU y Canadá condenan desaparición de normalistas

Los Ángeles. El gremio magisterial de Estados Unidos y Canadá  expresó al gobierno de Enrique Peña Nieto su condena e indignación por la desaparición de 43 normalistas de Iguala, Guerrero. Además, lo urgió a frenar el desprecio y opresión a los derechos humanos en México.

Los pronunciamientos de la Federación Americana de Maestros, integrada por 1.5 millones de miembros de los Sindicatos de Maestros de Chicago, de Canadá y  de la Columbia Británica, están firmaron una misiva que la Coalición Trinacional por la Defensa de la Educación Pública entregó esta tarde a autoridades consulares mexicanas.

Asimismo, hoy hubo manifestaciones en favor de los normalistas de Iguala en Seattle, San Francisco,S acramento, Nueva York y en Ontario, Canada. En los próximos días habrá movilizaciones magisteriales en Puerto Rico. El Sindicato de Maestros de Los Angeles también hará un pronunciamiento, según reportó la titular del capítulo de Estados Unidos de la Trinacional, Rosemary Lee.

Lee acudió a la sede diplomática mexicana para enviar el documento a Peña Nieto, al que demanda una actuación expedita y eficiente para que los desaparecidos sean  regresados vivos y exige castigo para los responsables de esos hechos delictivos.

“ La comunidad internacional considera que la persecución y asesinatos de los estudiantes por parte de la  policía municipal de Iguala y de grupos con vestimenta de civiles, es un escandaloso desprecio y opresión de los derechos humanos y civiles básicos”, indica la carta

Asimismo, en declaraciones a este medio, Lee condenó “ la  complicidad y tolerancia del gobierno de Enrique Peña Nieto con los grupos paramilitares que actúan impunemente asesinando a luchadores sociales”.

Demandó, asimismo, la destitución  y castigo al gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez,  por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de los normalistas.

La dirigente exigió un alto a la represión al magisterio democrático y al pueblo de México. Pidió libertad a los presos políticos.

La Coalición Trinacional fue creada en 1994 y cada dos años organiza eventos en alguna nación norteamericana tendiente a fortalecer a la educación pública y a unificar a los gremios magisteriales, sindicatos, organizaciones sociales e investigadores.

Varios dirigentes que acompañaron a Lee hicieron saber que este es el primero de una serie de eventos a desarrollarse en la cuenca angelina para demandar al gobierno mexicano que la investigación del caso Iguala llegue hasta sus últimas consecuencias y para presionar a Peña Nieto para que respete cabalmente los derechos humanos de los mexicanos y de los centroamericanos que transitan por esa nación con rumbo a Estados Unidos.

Zacil Pech, oriunda de Guerrero,  afirma que le faltan palabras para calificar esa “horrible desaparición” de normalistas. Y resalta: “Pudimos ser nosotros”.

Pech llegó a Los Angeles, a los 4 años de edad , ha sido indocumentada y ahora obtuvo un permiso de estancia temporal debido a que realiza estudios de contabilidad en el Colegio de Long Beach.  Pide a los guerrerensenses que “sigan peleando y luchando por la liberación de México”.

Se dirigió a los estudiantes mexicanos, a “toda esa masa de rebeldes, para que crean en sus derechos, para que se liberen de la corrupción de Peña Nieto, de los politicos antinacionales y de la policía esclerótica”. Ella, agrega, acá hace lo mismo.

El estudiante José Amenero, de padre peruana y madre salvadoreña, afirmó que lo ocurrido en Iguala “ es una herida que sentimos todos”.

-Arriban comunitarios a fosas en Guerrero en busca de normalistas

Iguala, Gro. Comunitarios integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) arribaron al lugar donde se hallaron las fosas con 28 cuerpos, aún sin identificar, donde policías estatales que vigilan la zona les impiden el paso. El lugar está acordonado con una cinta amarilla.

Los comunitarios buscan a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, cuando fueron atacados y perseguidos por policías municipales de Iguala.

El martes, unos 300 integrantes de la Upoeg iniciaron una Caravana por el desarrollo y la paz, cuya finalidad es buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, 17 de los cuales son originarios de municipios de la Costa Chica y la Montaña.

-Citará legislativo a titulares de Sedena, Segob y PGR por caso Ayotzinapa

Ante la muerte y desaparición de estudiantes en Guerrero y la posible ejecución de otros 22 jóvenes en el Estado de México, la Comisión Bicamaral del Poder Legislativo citará a comparecer a los titulares de la Defensa Nacional, Gobernación, PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

José Isabel Trejo, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, informó que a petición de su partido los encargados de la seguridad nacional en el país deberán explicar lo sucedido en ambas entidades, “pues hay muchos jóvenes que están muertos, macabramente asesinados y otros que no aparecen”.

Al concluir la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista anunció el acuerdo.

La Comisión Bicamaral está compuesta por tres miembros de la Cámara de Diputados y tres del Senado y su función es “hacer la evaluación de la seguridad nacional, y esto hace mucho sentido en este momento y en el contexto que tenemos”, consideró Trejo.

El panista también se preguntó, ¿qué pasa?, ¿por qué hay tanta inconformidad a nivel nacional y a nivel internacional? Y se respondió: “Porque hay muchos jóvenes que están muertos, macabramente asesinados y hay otros que no aparecen”.

Hay, advirtió, familias sufriendo, y se ha transmitido ese dolor al pueblo mexicano porque es injustificado que estudiantes que tenían sueños de ser normalistas, “de repente aparecen asesinados, torturados de manera impensable. Y eso ha hecho que volteen no solamente los jóvenes, la sociedad, sino instancias internacionales, porque además esto ha sido espeluznante y ha provocado una gran indignación y un gran dolor”.

Luego recordó que los derechos humanos son parte esencial en los países democráticos, y que para que México entrara en la OCDE se le exigió un marco jurídico mínimo en la defensa de los derechos humanos y, hasta en tanto esto no sucedió, “no pudimos entrar en ese organismo”.

Así es que “estamos obligados, en esa parte, a ser muy claros, muy transparentes, porque es una de las bases de la democracia”.

José Isabel Trejo anunció además que se solicitará la comparecencia de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero ésta será ante la comisión ordinaria.

Ambos encuentros, con los encargados de procurar seguridad en el país y el que debe ser defensor de los derechos humanos, no han sido programados.

-Festival de Cine y Derechos Humanos se une a la marcha para decir “¡basta!”

El Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos de México (DH Fest) se sumó este miércoles a la marcha para repudiar la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres más en Iguala.

“¡Basta!”, dice el español Flavio Florencio, director del DH Fest, y manifiesta su intranquilidad ante la situación: “Me angustia imaginarme los últimos minutos de vida de todos esos jóvenes que pensaban, que sentían… la impotencia.

“Me preocupa mucho que en unos días pueda volver a repetirse otra masacre y que ésta quede tapada como tantas otras matanzas”.

Prosigue: “Esta herida se hace cada vez más grande, a tal punto que ya no encuentra otra salida más que el aumento de muerte y violencia”.

El director de DH Fest asegura que cuando llegó a México, hace 14 años, no existían fosas clandestinas “y ahora tengo miedo de que haya más y más fosas que puedan salir a la luz. Todo es muy siniestro”.

Por ello, subraya, se unió a esta jornada de movilización nacional con organizaciones como Amnistía Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Red TDT, Serapaz, Más de 131, Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Colectivo 1DMX y diversas instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que esta tarde partieron del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino para exigir justicia.

La movilización se da en respuesta al llamado que el sábado 4 hicieron los padres, familiares y compañeros de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el pasado 26 de septiembre, luego de ser atacados por policías municipales de Iguala.

-Turba agrede a Cárdenas, Gilly y Nava en el Zócalo

 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salvador Nava y el intelectual Adolfo Gilly fueron agredidos por manifestantes cuando intentaron participar en la jornada de repudio por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Al arribar al Zócalo capitalino, los tres junto con otras personas intentaron avanzar hacia el templete, donde los padres, amigos y familiares de los normalistas desaparecidos y algunas organizaciones solidarias manifestaron su repudio.

Aunque su participación en la marcha inició mucho antes, al intento de aproximarse al templete por la calle 16 de Septiembre, una muchedumbre rodeó al tres veces candidato presidencial y a sus acompañantes, mientras llovían botellines de agua, envolturas y otros objetos.

La turba que rodeaba a los tres personajes avanzó y se abrió camino entre los contingentes de normalistas de distintas partes del país y el de San Salvador Atenco, que se encontraban frente al Palacio del Ayuntamiento. Así impidieron que se acercaran al templete y los forzaron a seguir por la avenida Pino Suárez.

Al llegar a la esquina de ésta y Venustiano Carranza, el líder moral del PRD –cuyo padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, fundó y promovió en todo el país las normales rurales, el Politécnico y la llamada educación socialista–, y sus acompañantes intentaron frenar los ánimos y, en respuesta, les arrojaron un tambo anaranjado de señalización vial, así como conos preventivos del mismo color.

En ese momento, Gilly, autor de La revolución interrumpida, que caminaba a la derecha de Cárdenas, resultó descalabrado.

Con la consigna “Ni PRI ni PAN ni PRD”, la muchedumbre mantuvo rodeado al también expresidente nacional perredista, hasta que forzados por las circunstancia intentaron salir por la calle República de Uruguay, donde los gritos continuaron.

Mientras Cárdenas parecía decir algo, los gritos arreciaron: “Traidor”, “cobarde”, “culero”, “vende patrias”, “tomen su Pacto por México”. Para entonces, los tres ya estaban empapados y Adolfo Gilly sangraba.

Al llegar a la esquina con 20 de Noviembre, los increpados se detuvieron. Un automóvil Cruiser, color negro, llegó al lugar abriéndose paso a claxonazos, hasta que se abrió la puerta para los agredidos. Todavía alcanzaron a recibir unas patadas, antes de abordar el vehículo que se echó encima de los manifestantes para luego salir a toda velocidad.

Por la noche, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, condenó la agresión a Cárdenas Solórzano. En su cuenta de Twitter escribió: “Condenamos tajantemente la agresión que sufrió este miércoles @c_cardenas_s y rechazamos la violencia como método de manifestación”.

-Exigen AMLO y Morena se castigue a responsables de caso Ayotzinapa

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y su fundador, Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a la indignación nacional y mundial por el asesinato y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En su cuenta de Twitter (@lopezobrador), el excandidato presidencial destacó ayer por la noche: “Reitero: no debe quedar impune el artero asesinato de los jóvenes de Iguala. Es un horror y sería gravísimo optar por el encubrimiento”.

Y apenas tres días después de los ataques violentos a los jóvenes estudiantes, el político tabasqueño había escrito: “Además de nuestro pésame a familiares de los jóvenes asesinados en Iguala, Guerrero, exigimos se castigue a las autoridades responsables”.

Mientras Morena, en un comunicado difundido este miércoles 8, respaldó las movilizaciones pacíficas de familiares de los jóvenes normalistas.

También hizo una condena enérgica por las desapariciones y asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa y exigió castigo –“sin miramiento”– a los responsables materiales e intelectuales, “trátese de quien se trate”.

Incluso, calificó estos hechos de “terriblemente graves”. Por eso, pidió que en este caso no prevalezca la impunidad ni el encubrimiento.

“Las autoridades municipales, estatales y federales que sean responsables –por acción u omisión– deben rendir cuentas ante la justicia. Además, se debe proteger a las familias de las víctimas y presentar a los desaparecidos con vida”, reclamó.

Luego destacó que el caso de Iguala no es único, pues en todo el país hay violencia, represión, inseguridad, violación a derechos humanos, abusos de autoridad y criminalización de la protesta social.

“Responsabilizamos a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de haber generado el clima de violencia e impunidad que priva en México, y de usar los instrumentos de inteligencia para perseguir a opositores, en lugar de prevenir la delincuencia y el crimen organizado”, acusó.

En opinión de esta fuerza política, el gobierno federal ha “sembrado y agudizado la violencia con sus reformas neoliberales”.

-Reprueba AMLO agresión contra Cárdenas durante mitin en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador reprobó esta noche a través de su cuenta de Twitter la agresión en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida durante la marcha realizada esta tarde en el Distrito Federal en demanda por la presentación con vida los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre, luego de ser detenidos por policías municipales.

“Repruebo la agresión al Ing. Cárdenas. Estamos tristes e indignados por los crímenes de los jóvenes, pero no admitimos la falta de respeto”.

-Gobierno de Moreno Valle no aprendió con caso Chalchihuapan: activistas

PUEBLA, Pue.- Organizaciones sociales advirtieron que la administración de Rafael Moreno Valle no adquirió algún aprendizaje del caso Chalchihuapan y sigue con su política de represión contra las movilizaciones sociales, con lo que agrava el estado de ingobernabilidad que priva en la entidad.

Agrupados en el Frente de Organizaciones Sociales contra la Represión y en Defensa de los Derechos Sociales en Puebla, los activistas y políticos manifestaron su solidaridad con el Círculo de Defensa de Cholula, cuyos integrantes fueron desalojados la madrugada del martes 7 de un plantón que llevaban a cabo frente a la alcaldía de San Andrés Cholula.

La detención de Adán Xicale, el abogado que encabeza la defensa contra el parque que pretende construir Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide, así como de su hijo Paul, de Albino, Primo Manuel y Odilón Tlachi, señalaron los grupos sociales, es parte de la estrategia que ha mantenido el gobierno para criminalizar la lucha social en lugar de escuchar las demandas de las comunidades.

En la conferencia de prensa cerraron filas la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo; Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, de la 28 de Octubre; Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Marco Mazatle y Arnulfo Hernández, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

Asimismo, estuvieron Isaías Cruz, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup); Dora Luz Sánchez y Jorge Méndez, de Izquierda Democrática Nacional, y Javier Montes Bautista, de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), quienes exigieron la liberación inmediata de los cinco detenidos en Cholula, considerados presos políticos.

La diputada Roxana Luna dijo que el gobierno estatal mantiene su postura de utilizar las vías de la represión, en lugar del diálogo y la negociación para atender las demandas de grupos sociales.

Mencionó lo ocurrido un día antes en Cholula, donde un representante del gobierno fue a dialogar con los grupos inconformes por el desalojo, firma con ellos puntos de acuerdo y horas después éstos son desmentidos en un boletín oficial. “Es una burla hacia las organizaciones”, reclamó.

En su oportunidad, Mazatle adelantó que en la primera quincena de noviembre realizarán una marcha al Senado y a la Secretaría de Gobernación federal para manifestar  su rechazo a las políticas de represión de Moreno Valle.

Javier Montes, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que Moreno Valle parece no haber aprendido nada con lo ocurrido en su comunidad, cuando mandó un operativo policiaco a desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco y resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie y ocho pobladores más heridos.

“Si lo que está pensando es que con eso la lucha va a acabar está equivocado, lejos de que la población lo vea como una manera de intimidarse, lo ve como una provocación y eso genera más conflicto”, reclamó.

También dijo que entre las comunidades hay mucho descontento por lo ocurrido la madrugada del martes, pues no sólo se detuvo a dirigentes del movimiento, sino que se golpeó a señoras de edad avanzada que se habían quedado en el campamento para cuidar la toma de la alcaldía.

El abogado Vladimir Luna Porquillo, quien lleva la defensa legal de los detenidos, dijo que las autoridades han incurrido en múltiples irregularidades, como que no se mostró orden de aprehensión, se modificó el escenario del supuesto delito, se incomunicó a los detenidos y se les sometió a golpes.

Especialmente se comentó el caso de Odilón Tlachi, que hasta ayer se desconocía que estaba detenido porque fue golpeado por los policías, que incluso tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera atendido, y a la defensa sólo les reportaron que “ya le habían dado una pastillita” para atenderlo.

El abogado indicó que hasta ahora los cargos contra los cinco detenidos son por motín, pero se espera que se cumpla el plazo legal para saber si se ampliarán los cargos o se les dictará auto de libertad.

Integrantes del Círculo de Defensa Cholula indicaron que los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés fueron llevados a declarar a la Procuraduría en contra de los detenidos, por lo que se presume que se les buscará fincar responsabilidades por “secuestro”, para evitar que puedan salir bajo fianza.

Por la mañana, los pobladores llevaron a cabo una asamblea en Tlaxcalancingo en la que determinaron trasladarse a Casa Aguayo para realizar un plantón, que mantuvieron hasta alrededor de las seis de la tarde, y luego se trasladaron hacia las instalaciones de la PGJE para realizar otra protesta.

Los manifestantes esperan que se cumpla el plazo legal de 72 horas para que se defina la situación de los detenidos, en el entendido de que existe un acuerdo con el gobierno estatal de que se les dictará auto de libertad.

En caso de que la Procuraduría estatal consigne a los cinco activistas, la asamblea acordó que incrementarán las acciones de protesta.

-Declaran inocente a hispano condenado a muerte tras 9 años de cárcel

Manuel Vélez, condenado a muerte en 2008 por el asesinato de un bebé, fue puesto en libertad este miércoles en Texas (EU) tras nueve años encarcelado, al demostrar sus abogados que no fue él quien cometió el crimen.

Vélez, de origen mexicano pero nacido en Brownsville (Texas), fue detenido en 2005 por el asesinato del bebé de su pareja, que sufrió un trauma cerebral y murió en el hospital.

Los exámenes médicos realizados al bebé tras su muerte evidenciaron que Vélez no podía ser el responsable de sus lesiones, según explicó hoy Brian Stull, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que asumió su defensa en 2009.

Según esos informes, las lesiones por las que falleció el bebé se le provocaron antes de que Vélez se mudara al domicilio de Moreno y en un periodo de tiempo en el que el condenado estaba trabajando en Tennesse, a unos 1.480 kilómetros de Brownsville.

Los abogados de oficio que se le asignaron en un inicio a Vélez no detectaron este detalle clave en el proceso.

La ACLU también sacó a la luz información determinante sobre unas supuestas declaraciones firmadas por Vélez durante su detención en 2005 y utilizadas durante el juicio en las que el condenado reconocía haber lesionado al bebé.

Las declaraciones estaban escritas en inglés, mientras que Vélez es prácticamente analfabeto en ese idioma, argumentó su defensa.

Vélez, de 49 años, abandonó hoy la cárcel de Huntsville (Texas) tras una ardua batalla legal en la que sus abogados demostraron que no era el responsable de la muerte del bebé pero en la que se declaró culpable de "lesiones imprudentes" para evitar un nuevo juicio y salir en libertad al haber cumplido condena por ese delito.

La madre del bebé, Acela Moreno, fue detenida también en 2005 y llegó a un acuerdo con el estado de Texas por el que fue condenada a diez años de cárcel al declararse culpable de lesiones y testificar en contra de Vélez.

-Acusan de ‘halconeo’ a reportero por captar patrullas en doble fila

MONTERREY, N.L.- El reportero Julio César Dávila Martínez fue detenido y acusado de “halconeo” el lunes anterior, después de que captara con su cámara a patrullas de agentes ministeriales estatales que estaban estacionadas en doble fila, en el centro de esta ciudad.

El periodista del diario Mi Nación, que circula en el municipio de Santa Catarina, fue incomunicado durante lunes y martes, y hasta este miércoles pudo reunirse con sus familiares, informó su esposa Erika Armida Torres Lucio.

De acuerdo con la versión de la mujer, a las 11 de la mañana del lunes, Julio César tomó gráficas de las unidades policiacas mal estacionadas frente al antiguo palacio, en la zona de la Macroplaza.

Sin embargo, cuando se retiraba fue interceptado, dos cuadras adelante, por policías ministeriales, quienes lo interrogaron.

Dávila Martínez explicó a los agentes que era reportero y se identificó, narró su esposa, pero de cualquier manera fue trasladado a la Agencia Primera del MP, ubicada en el cuartel de la policía de Monterrey, una zona conocida como Alamey, donde se presentaron cargos contra el periodista por “ataques contra la administración de la justicia”, ilícito conocido como “halconeo”.

Ese mismo lunes, a las 20:00 horas, ella fue enterada del arresto de su marido, quien fue incomunicado, pues no le permitieron que la contactara.

Los hermanos de Julio César acudieron a la agencia ministerial, donde les notificaron que el martes 7 a las 13:00 horas había sido enviado a la casa del arraigo, en el Barrio Antiguo, mientras el representante social, Ricardo Garza Sánchez, robustece la investigación en su contra.

De acuerdo con Torres Lucio, el agente ministerial le dijo que el delito por el que era investigado Dávila es grave, por lo que no podía ser liberado bajo fianza.

Carlos Dávila, hermano del detenido, acudió esta tarde al Congreso estatal a solicitar ayuda.

En respuesta, el legislador local panista Fernando Elizondo Ortiz denunció en tribuna, en la sesión de hoy, que los escoltas del procurador Adrián de la Garza habían detenido a Dávila Martínez por “haber tomado una fotografía de la camioneta del mencionado funcionario que se encontraba estacionada en doble fila y obstruyendo la vialidad. Para los guardianes del orden esta acción fue sumamente delicada y acusan al comunicador de halconeo”.

A propuesta de Elizondo fue aprobada por unanimidad la creación de una comitiva integrada por los legisladores José Luis Galván, del PAN; José Juan Guajardo, de PRI, y Ricardo García, director jurídico del Congreso, para entrevistarse con el procurador Adrián de la Garza y abogar por el comunicador detenido.

Además, la Asociación de Periodistas de Nuevo León exigió la liberación inmediata de Dávila Martínez, pues fue detenido mientras cumplía su labor periodística y pese a que se identificó como comunicador de Mi Nación.

El presidente de la asociación, Jesús Óscar González Medina, corroboró que Julio César Dávila es periodista.

Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió hoy una queja de oficio por la aprehensión del reportero “e inició las diligencias ante las autoridades competentes para determinar el estatus de la persona detenida”.

El organismo acudió a la casa del arraigo para enterarse de la situación del comunicador y puso a su disposición su Centro Integral de Atención a Víctimas del Delito.

Dávila Martínez es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León; ha trabajado como asistente en el Congreso local y como reportero en el News Paper, de circulación estatal.

-Cae presunto plagiario del ‘Jefe’ Diego; es un expolicía mexiquense

A más de cuatro años del secuestro y posterior liberación de Diego Fernández de Cevallos, uno de sus presuntos captores fue detenido este miércoles en el municipio de Lerma, Estado de México. Se trata del expolicía de Huixquilucan, Alessandro Ricalde Barocio, El Ricalde.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), el sujeto fue aprehendido cuando pretendía reunirse con otras personas de la organización criminal para la que trabaja, denominada La Oficina.

Según autoridades estatales, El Ricalde, quien se desempeñó como agente de la policía municipal de Huixquilucan de 2003 a 2007, trabajaba antes para el cártel de los Beltrán Leyva, y en 2009 habría participado en el homicidio contra un policía de esa misma corporación.

Supuestamente desde hace cuatro años, luego de perpetrado el plagio, El Ricalde huyó hacia Aguascalientes y Jalisco, después de traicionar a la organización de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con informes oficiales, hace cinco meses regresó al Estado de México para encargarse de la venta y distribución de drogas.

En 2011, el presunto líder de la organización criminal La Mano con Ojos, Óscar Osvaldo García Montoya, 

El Compayito, declaró ante el entonces procurador mexiquense, Alfredo Castillo, que Alessandro Ricalde Barocio y Daniel Fernández Domínguez, El Pelacas, participaron en el plagio del panista.

El excandidato presidencial fue secuestrado el 14 de mayo de 2010 en su rancho La Cabaña, localizado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Siete meses después fue liberado.

En su edición 1782 de diciembre de 2010, la revista Proceso publicó una nota en la que precisó que Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación, y ante el silencio del gobierno de Felipe Calderón.

En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedaron claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.

Incluso saltaron preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Y es que varias horas antes del momento en que se dijo que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.

Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo que pidió el anonimato aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.

El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro? Nadie sabe.

También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.

El sábado 15 de mayo de 2010, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.

Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado 15, a las 7 de la mañana, cuando se dio cuenta de que Diego no estaba.

Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.

El  viernes 21 de mayo, las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.

El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma, y en ella aparecía el exsenador con los ojos vendados, de pie y en la frente un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo.

Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordenaba a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrecería por su liberación.

Y remataba: “Seguiremos informando.

“Los misteriosos desaparecedores”.

-Confluyen en Los Pinos deudos de caso ABC y madres de desaparecidas

En los dos extremos de la calle Chivatito, que une la residencia oficial de Los Pinos al Paseo de la Reforma, confluyeron hoy los deudos de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con su dolor a cuestas, unos y otros recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto la falta de cumplimiento de sus promesas.

Las madres de Juárez, exhaustas, volvieron a comer pequeñas porciones de verduras picadas ayer. Su estómago sigue traumatizado por los 15 días que duró la huelga de hambre y que culminó ayer luego de firmar acuerdos con la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Me queda claro que, sin la campaña de movilización y de apoyo que reunimos, las autoridades no nos hubieran hecho caso”, señaló Malú García Andrade, fundadora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa y hermana de Ilia Alejandra, una de las víctimas de feminicidios en Juárez.

En estos acuerdos las autoridades se comprometieron a cooperar con las autoridades de Chihuahua para investigar los casos de siete niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas durante la década pasada, por lo que las investigaciones no saldrán del fuero federal, como temían las madres.

Además, dieron luz verde al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que también participa en los peritajes de los cuerpos exhumados en Iguala, Guerrero– para que realice la exhumación y el peritaje de la hija de Silvia Fabiola.

Asimismo, la PGR prometió que llevará a cabo campañas para encontrar a las desaparecidas con recompensas de un millón y medio de pesos.

Incluso, que se avanzará en la creación de una base de datos nacional sobre desaparecidas, y otra base en la que se registrará su ADN.

Sin embargo, la demanda más sentida de las madres de Ciudad Juárez no obtuvo respuesta: un encuentro con Peña Nieto. “Simplemente no quisieron atendernos”, denunció García Andrade.

En rueda de prensa que organizó en la esquina de Chivatito y Reforma, señaló: “Los acuerdos abarcan siete casos de mamás, pero pedimos las audiencias con el presidente para abordar con él los feminicidios en general en el estado de Chihuahua”.

Y recordó que, en los dos primeros años del sexenio de Peña Nieto, se han documentado 97 feminicidios sólo en Juárez, mientras que en Camargo –otra ciudad chihuahuense– se encuentran desaparecidas 300 niñas.

“La problemática sigue igual y cada vez es más alarmante”, denunció. Según García Andrade, el gobierno federal se deslinda de las investigaciones, mientras que la agenda presidencial nunca ha incluido el tema de los feminicidios.

Promesa de campaña

En el otro extremo de la calle Chivatito, frente a la entrada a Los Pinos, los padres de los niños fallecidos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC no padecieron el hambre sino las inclemencias de la lluvia y el frío desde que iniciaron su plantón, el lunes 6.

Se desplazaron hacia la Ciudad de México para recordar su promesa a Peña Nieto, pues durante una visita a Ciudad Obregón, etapa de su campaña presidencial, el entonces candidato del PRI se comprometió ante los padres de víctimas a dar soluciones “en los primeros 100 días de su mandato”.

Sin embargo, al llegar el lunes a Los Pinos, los agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP) no querían permitirles que instalaran sus dos tiendas de campaña en la banqueta central, pero se sostuvieron y acamparon. “Hasta que el presidente nos dé fecha para recibirnos, nos quedaremos”, advirtió Marina Othón.

“Ya pasaron años y no hemos constatado avances en las investigaciones”, acusó.

También dijo que únicamente fueron recibidos por el subprocurador de la PGR, representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el encargado de Atención Ciudadana de la Presidencia.

“Si quisiéramos ver al IMSS o a la PGR hubiéramos hecho un plantón ante el IMSS o la PGR”, subrayó Adriana Villegas.

Fue hasta la noche del martes que elementos de vigilancia de Los Pinos permitieron a los ocho padres sonorenses acceder a los sanitarios del lugar.

-Le niegan asistencia médica en clínica del IMSS y aborta en la vía pública

La mañana de este miércoles Erick Adolfo Álvarez llevó a su pareja, Edna Yamilet de León Carrizales, de 20 años, a la clínica 28 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, luego de que esta última comenzó con los dolores previos al parto.

Sin embargo, personal de la clínica ubicada en la avenida Fidel Velázquez no la quiso recibir, con el argumento de que carecían de espacio y de médicos.

Erick y Edna decidieron dirigirse a un hospital del centro de la ciudad.

En el camino, a la altura de la avenida Bernardo Reyes y Rómulo de la Vega, en la colonia Estrella, Edna sintió fuertes dolores y le dijo a su pareja que no se sentía bien. De inmediato, Erick solicitó apoyo a un agente vial, quien a su vez pidió una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Verde arribaron al lugar donde se encontraban los jóvenes, y al revisar a los bebés se percataron de que ya no tenían signos vitales.

“Nada más salieron con una silla de ruedas y que no podían hacer nada, que el producto ya estaba afuera y no tenían ambulancias, nada para ayudarnos”, comentó Erick.

Luego de que personal del Servicio Médico Forense levantó los dos cuerpecitos para llevarlos al anfiteatro del Hospital Universitario, Edna, visiblemente afectada por la muerte de sus bebés, fue trasladada a un hospital de la localidad.

Mientras tanto, elementos de Protección Civil y de Tránsito resguardaron el área y agentes ministeriales realizaron las indagatorias correspondientes.

-Detienen fuerzas rurales al alcalde con licencia de Tepalcatepec

Morelia, Mich. El titular de la procuraduría general de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, afirmó que el edil de Tepalcatepec con licencia, Guillermo Valencia Reyes, se encuentra detenido en la agencia del Ministerio Público de esta cabecera municipal; fue presentado por integrantes de la Fuerza Rural, e informa que su situación jurídica será apegada a derecho.

El edil que anunció su retorno desde el pasado 28 de agosto, después de haber estado ausente por más de un año “por amenazas de la delincuencia organizada”, se encontraba hoy a las 11:45 horas en la Notaría Pública 128, cuando elementos de la Fuerza Rural lo detuvieron.

A Valencia Reyes lo trasladaron a las instalaciones de la Asociación Ganadera ―que sirvió de trinchera para los grupos de autodefensa, hoy es el cuartel de la recién integrada policía―, donde lo retuvieron durante más de dos horas. Más tarde familiares, amigos y simpatizantes trataron de rescatar al alcalde, por lo que los policías lanzaron disparos al aire.

Posteriormente fue trasladado a la agencia del ministerio públicos, donde hay varias denuncias en su contra, de ahí que se espera que en breve será trasladado por Aire a la capital del estado.

-Se recolectaron 620 mil kilos de ayuda humanitaria para BCS: Cruz Roja Mexicana

La Cruz Roja Mexicana informó que recolectó 620 mil 286 kilos de ayuda humanitaria entre víveres, artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar en los centros de acopio de los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, de México, Baja California, Tabasco y en la sede nacional para apoyar a la población afectada tras el paso por el huracán Odile.

Refirió que el pasado 5 de octubre determinó cerrar los centros de acopio debido a que se superó la primera etapa de la emergencia y añadió que hasta el momento se han enviado 402 mil kilos de ayuda humanitaria y que se espera que a más tardar en dos semanas se haya distribuido todo el apoyo.

Detalló que Jalisco juntó 114 mil 855 kilos; Nayarit, mil kilos; Sinaloa, 79 mil 883; Sonora, 9 mil 700; Estado de México, 12 mil 338; Baja California, 32 mil 500; Tabasco, 14 mil y la sede nacional de la CRM, 356 mil 10 kilos de ayuda humanitaria.

Explicó que la ayuda humanitaria beneficiará a más de 123 mil 700 personas en la entidad que fueron reabastecidas en diferentes momentos de víveres, artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar en los municipios de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Comondú para favorecer a las localidades: Ampliación Vista Hermosa, Agustín Olachea, Solidaridad II, Calandria, La Pitaya I, II y III, Guelatao, Francisco Villa, 20 de Noviembre, Laguna Azul, Loma Obrera y Ampliación Centenario.

La CRM precisó que en la operación trabajaron 4 mil 200 voluntarias y voluntarios.

-Apoyan profesores de ciencias biológicas del IPN movimiento estudiantil

Profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas manifestaron su apoyo al movimiento estudiantil que tiene en paro a las escuelas del Instituto Politécnico Nacional en demanda de la cancelación de la reforma al Reglamento Interno y de la implementación planes de estudios modificados.

Los docentes de esta escuela, sede de la reunión que desde el lunes lleva a cabo la Asamblea General Politécnica para analizar propuesta gubernamental para resolver el conflicto, llamaron al titular del Ejecutivo federal "a crear las condiciones pacíficas para que el IPN reanude su actividades normales dando respuesta a la brevedad posible y de forma asertiva a las demandas estudiantiles".

La Asamblea de Profesores de la ENCB, compuesta por 230 docentes, invitó a la AGP a analizar los pros y contras de prolongar el paro indefinidamente "ya que esto impactaría en el reconocimiento académico y social que tiene el IPN".

En tanto, la AGP continúa su reunión en preparación de la contrapropuesta que harán llegar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien el viernes pasado les entregó la respuesta oficial a su pliego petitorio de diez puntos, misma que el organismo estudiantil calificó ayer de "incompleta e imprecisa".

-Sigue libre uno de los secuestradores del padre de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, quien se encuentra en México para presentar, como productor, El libro de la vida, película animada sobre el Día de Muertos en el país, recordó que después del secuestro de su papá en Guadalajara, Jalisco, hacia 1998, se fue a vivir a Estados Unidos con su esposa Lorenza y sus dos hijas.

El realizador de Hellboy, El laberinto del fauno y Titanes del Pacífico, quien mañana cumple 50 años, señaló que aún sigue libre uno de los culpables y continúa pendiente del caso, “el cual sigue abierto y sin avances”, reveló.

Del Toro rememoró que la última discusión que tuvo con las autoridades “no fue muy buena y digamos que vivo un exilio involuntario”. Sin embargo, dijo que no puede hablar de la seguridad en México.

Por ese hecho que padeció su papá, el empresario Guillermo del Toro, efectuó su carrera fuera del país. “Extraño a México”, resaltó, aunque no se aparta de su nación.

Ejemplo de ello es que desea llevar a la pantalla grande la novela No habrá final feliz, de Paco Ignacio Taibo II, una historia de vampiros y políticos.

Del Toro y el director Jorge Gutiérrez presentaron una comedia animada con un estilo visual único: El libro de la vida, a estrenarse en los cines el jueves 16.

Se trata de la travesía de Manolo, un joven con la disyuntiva entre cumplir con las expectativas de su familia o escuchar a su corazón. Antes de decidir qué camino deberá tomar, se embarcará en una increíble aventura en tres mundos fantásticos, donde deberá vencer sus más grandes temores.