El Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, habría ordenado hoy dinamitar su propia presa, la cual es investigada por las autoridades federales por supuestamente carecer de permisos para su construcción. Agricultores y pobladores denunciaron a principios de septiembre que el mandatario panista tenía acceso a una presa de 4 millones de metros cúbicos de agua limpia y pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año que abastecían a su rancho “Pozo Nuevo”.
Los habitantes de Bacanuchi lo pusieron en evidencia después de la crisis de agua generada por el derrame de la mina de Grupo México –propiedad de Germán Larrea– en Cananea. El pueblo Yaqui afirma que Padrés Elías alimenta con agua privilegiada a políticos y amigos. De acuerdo con varios periodistas locales, pobladores de Bacanuchi dijeron que escucharon una detonación. Dijeron que fue en la presa del Gobernador.
No hay más información por el momento. Varios medios y periodistas locales demandan que las autoridades federales confirmen la noticia. Víctor Mendoza, director Megacanal Sonora, dice esta noche, por ejemplo: “Sigo esperando a que CONAGUA confirme lo de la presa de Padrés, RT RT RT para ver si CONAGUA nos dice algo, esa es la noticia”. Durante la tarde de hoy se difundieron dos fotografías de la presa antes y después del derrame.
La información fue dada a conocer por el Diputado Humberto Robles Pompa del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Padrés es militante de Acción Nacional (PAN), partido que acusa al gobierno federal de linchar al Gobernador. Ante las acusaciones de tener una presa ilegal, Padrés aseguró en días anteriores que la cortina de concreto de 120 metros de largo y 80 de alto que construyó en 2010, únicamente sirve como represo.
Sin embargo, un día después de la denuncia, el titular de la Conagua, David Korenfeld, anunció una visita a la presa privada. El funcionario federal dijo: “No estamos juzgando a nadie, estamos entregando la información que tenemos satelital, de cómo se construyó el cauce hasta este momento, invitamos a todas las partes entregar todos los documentos para comprobar si hay o no violaciones a la ley”.
Horas antes del anuncio de esta noche, el Alcalde de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, informó que un represo de protección de detención de los ácidos de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se reventó el jueves pasado por lo que los contaminantes podrían llegar al Río Sonora. A través de su cuenta de Twitter, el Presidente municipal panista publicó un oficio de Protección Civil en el cual le notificaron que se tomarán medidas “ante los derrames de contaminantes que se vertieron a los arroyos afluentes del Río Bacanuchi con motivo de las lluvias extraordinarias generadas los días 16, 17 y 18 de septiembre” por el paso del huracán “Odile”.
El uso de las aguas superficiales y subterráneas de los ríos Bacanuchi y Sonora siguen restringidas, agregó.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por su parte, informó al Víctor del Castillo Alarcón, apoderado de la mina, sobre el derrame de los represos Tinajas 1 y Tinajas 2, pero subrayó que “no generará impactos significativos en los arroyos” por tratarse en su mayoría de agua de lluvia. Ayer, el titular de Protección Civil, Carlos Jesús Arias, ya había declarado que la mina derramó más tóxicos de forma intencional al arroyo Las Tinajas, afluente del Río Bacanuchi, además de los 40 millones de litros de tóxicos reportados.
“La próxima vez que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar esté quien esté y vamos a hacer que se cumpla la ley. No es posible seguir así”, afirmó.
El titular de Protección Civil agregó que incluso, desde la década de los 80 del siglo pasado, la mina de Cananea vierte químicos tóxicos al nacimiento del río Sonora. Pero no aclaró por qué no se le ha sancionado, ni siquiera desde el 13 de septiembre, cuando el panista Guillermo Padrés Elías asumió el gobierno de Sonora.
La empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizar una visita de inspección en las instalaciones de la mina, en Cananea, Sonora, para certificar si se cumple o no con las medidas de seguridad, un día después de que Protección Civil denunció que la minera no les permitió realizar una revisión.
A través de un comunicado, la compañía explicó que su solicitud es para realizar un análisis de riesgos actualizado que permita identificar y controlar peligros de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012 de condiciones de seguridad y salud en el trabajo de Minas subterráneas y minas a cielo abierto. Además, solicitó una audiencia “urgente” con el Gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
