domingo, 15 de julio de 2012

DOMINGO DE COLUMNAS 15 Julio 2012

-El peligro era (y es) Calderón…

Álvaro Cepeda Neri 

Durante casi 12 años –de Vicente Fox a Felipe Calderón: las dos caras de la misma moneda derechista con la sigla del Partido Acción Nacional (PAN)– se han sucedido todas las desgracias sobre la nación, con los factores comunes de la sangrienta violencia, el empobrecimiento masivo y el desempleo generalizado. Políticamente el foxismo y el calderonismo son la continuidad de dos gobiernos federales fallidos. Económicamente, no menos de 100 millones de mexicanos con todas las modalidades de la pobreza, alimentaria sobre todo, transitan en el filo de una crisis donde Fox y Calderón no tomaron decisiones atinadas para promover un mejor salario, ni para ejecutar inversiones públicas en una economía mixta para empujar las inversiones privadas y extranjeras y, keynesianamente, poner las condiciones para la producción, productividad, demanda-consumo y gasto público, para alcanzar el máximo empleo, el bienestar social y la paz pública. En lugar de esto, optaron por dejar escapar al narcotraficante millonario y alborotar a militares y policías para poner en acción una “guerra” que alcanza más de 100 mil homicidios (si no es que más, pues las cifras oficiales mienten) entre narcotraficantes, uniformados, niños, estudiantes, feminicidios, periodistas y civiles que Calderón ha calificado de “daños colaterales”.

Hay más de 80 periodistas asesinados. Más de 20 desaparecidos. Más de 25 asilados. Y cientos que han dejado la profesión o ya no informan sobre la sangrienta violencia que se enseñorea por todo el territorio. Durante 12 años de mal gobierno antidemocrático y antirrepublicano del PAN y sus elites que rompieron con el gomezmorinismo y, más Calderón que Fox, pasaron de largo ante la advertencia de Carlos Castillo, con tal de ser dos presidentes del montón que prefirieron corromperse a la sombra de aquella respuesta a Calles, cuando lo increparon por ladrón en el poder presidencial y replicó: “¡pruebas!”, a lo que le contestaron: “¡Te acuso de ratero, no de pendejo!”.

Se van de Los Pinos, la mansión para descanso con todos los gastos pagados, un sueldo millonario con todo y jubilación. Fox y Calderón no supieron ser la alternancia ni menos la transición a la democracia. Y además, fueron politiquillos, ni siquiera políticos; encubridores de las pandillas de amigos que llevaron a la administración pública, a la que privatizaron, para servir a los empresarios y servirse del botín presupuestario. Así que el peligro era y es Calderón. Éste hace las cuentas alegres y a la “Pilatos” se lava las manos de la violencia sangrienta, donde están incluidos 81 periodistas.

En Veracruz, donde está el inepto desgobernador Javier Duarte, más de 20 trabajadores de la prensa escrita han sido privados de la vida; el más reciente fue Víctor Manuel Báez Chino. Y la criminalidad que impera en el país se debe a la necia y cínica conducta de Calderón, y del mismo Fox, que nada hizo para impedir la fuga del Chapo Guzmán, que inició el auge del narcotráfico que tiene a la sociedad, gobierno y Estado atrapados en una guerra fallida que no ha logrado contener a las delincuencias organizadas.

Éstas han impuesto un poder paralelo, con todas sus ilegalidades y suprimiendo la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituciones de las entidades (en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Jalisco. Michoacán, Colima, Aguascalientes, etcétera), que desafía al poder institucional, porque Calderón no supo ni pudo resolver el problema de la inseguridad. Y ha logrado que los militares, con Galván, y la Policía Federal, con García Luna, se hayan corrompido más y estén de lleno en la disputa del botín de la corrupción y de los poderes fácticos y estatales.

Calderón es el peligro (y Fox), y lo es de aquí a que se vaya, obviamente huyendo, creyendo que si escapa al juicio político constitucional y al deslinde de responsabilidades en La Haya, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo de la Guardería ABC, y por más de 100 mil homicidios, su partida quedará en la impunidad. Esto es más que dudoso. Al menos los asesinatos de los más de 80 periodistas no permanecerán en el olvido al lado de los 100 mil crímenes resultado de la “no-guerra” calderonista, cuyo responsable directo es Felipe Calderón y sus amigos incrustados en el presupuesto de salarios, quienes con García Luna, el general Galván, el titular de Marina, Mariano Francisco Saynez, el de Gobernación, la Procuraduría General de la República y todas las secretarías del despacho presidencial, que nada hicieron por la seguridad nacional.

Al peligro que sigue siendo Calderón, bien le van los versos de Ángela Figuera Aymerich: “toma tus muertos uno a uno, ciento a ciento/Mil a mil, cárgalos todos/Sobre tus hombros y desfila al paso/Delante de sus madres/”.

-Si hay imposición, ¿habrá revolución?

Juan Manuel Velázquez (Parte I)

”¡Si hay imposición, habrá revolución!”. Es esta una consigna repetida en los momentos álgidos de protesta de los contingentes que han salido a las calles a manifestarse en contra de la manipulación mediática y la imposición de Peña Nieto como presidente. Esta consigna objetiva en voces unificadas marca subjetividades de diferente tipo: sentimientos de disgusto, estados de ánimo de rabia, representaciones simbólicas de fuerza y anhelos de cambios profundos. Sin embargo, y a pesar de todo flota en el ambiente la pregunta ¿si hay imposición, verdaderamente habrá una revolución en México? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario precisar algunas cuestiones.

Primero, una consigna política es una expresión simbólica que de manera sintética cumple la función de representar la posición de un grupo, una clase social, una organización o un movimiento ante una situación que se considera como problema. En esta representación los agentes sociales se autodefinen y definen a los otros (los enemigos); pero también valoran y establecen pautas de acción. Entonces al decir que “si hay imposición, hay revolución”, implícitamente se está planteando una relación condicional entre un presupuesto (la imposición) y una consecuencia (la revolución). Nominalmente la imposición se puede entender como una acción y un efecto mediante el cual alguien obliga, exige e impone a alguien una carga o una obligación. En tanto que la revolución se define como un proceso de cambio rápido, profundo y violento en las instituciones de una sociedad producto de actividades sediciosas. Sin embargo, toda consigna debe entenderse siempre en sus contextos históricos, situados espacial y temporalmente, y bajo ciertas expresiones de relaciones de fuerzas entre las clases y grupos.

Segundo. Por la lógica del movimiento que se desarrolla en México, la imposición se asocia a la práctica de un partido (PRI/PVEM), de grupos políticos (gobernadores de los estados), de unos medios masivos (Televisa, Televisión Azteca, Milenio), de grupos empresariales (Soriana, Monex) y de instituciones electorales (IFE y Tribunal Electoral). Lo que se pretende imponer es un candidato (Enrique Peña Nieto), identificado con una tradición de corrupción, antidemocracia y violencia. En este caso, como imposición Peña Nieto representaría esa carga política hacia los sectores ciudadanos que no se identifican con su proyecto. Es así que debe entenderse que la causa de la revolución que se anuncia en la consigna es que se concrete esta imposición. Lo que ha de quedar claro es que si hay imposición es que la correlación de fuerzas políticas favoreció, en esas circunstancias, a las clases y grupos dominantes en el terreno político, económico y mediático. Aún más, si esa imposición se concretara es que la fuerza del movimiento de resistencia no alcanzó la magnitud necesaria para evitarla. De ahí surge la pregunta de ¿cómo habrá una revolución de los ciudadanos si no se fue capaz de detener una imposición, dadas las condiciones desventajosas en las relaciones de fuerzas? Esto hace necesaria la clarificación sobre lo que se entiende por el concepto de revolución, más allá de su definición nominal.

Tercero. Una revolución no es un hecho sino un proceso; no es algo que es, sino que está siendo. Una revolución tiene su etapa de gestación, de maduración y de concreción. No se construye como un recorrido lineal ni siempre progresivo. Las revoluciones reales tienes sus avances, sus estancos y sus saltos, pero también sus retrocesos. Son una conjunción de procesos que le dan carácter de permanencia, continuidad, a veces evidentes y a veces imperceptibles. Entonces, habría que tener cuidado: una manifestación explosiva de masas puede ser una expresión impresionante de inconformidad, pero no es en sí misma una revolución. Además, si el problema fundamental de toda revolución es el poder. Lo que hay que dejar claro en momentos como los que vivimos en México es ¿quién tiene el poder? ¿cuál poder? ¿poder para qué? ¿poder en dónde y desde cuándo? y ¿poder cómo? Esto posibilita definir también a quien no tiene el poder, y si existen formas de resistencia y de alternativas a ese poder. Dar respuesta a estas preguntas crea las condiciones para identificar a los agentes sociales detentadores del poder y el tipo de poder que poseen. En las circunstancias actuales, son los grandes empresarios nacionales y extranjeros los que poseen el poder económico; las empresas monopólicas de medios las que cuentan con el poder simbólico; el gobierno, los partidos y las instituciones que configuran el Estado mexicano las que poseen el poder político; y los carteles de la droga aquellos que se hacen presentes con posiciones de poder en los diferentes campos. Los agentes de poder, a pesar de desenvolverse y detentar un tipo de poder en un campo social determinado, cerraron filas para cobijar con su apoyo a los actores del campo político, particularmente a Peña Nieto.
Cuarto. 

El poder es una relación, una relación asimétrica, multidimensional y recíproca (de indispensable complicidad) entre dominadores y dominados. Los agentes dominantes construyen su poder mediante las medidas coactivas (de fuerza) o el convencimiento (la persuasión). A través de ellas buscan favorecer la institucionalidad, la dominación y construir legitimidad para su proyecto y los sujetos que lo enarbolan. El grado de poder que ha alcanzado el grupo dominante se puede identificar en la capacidad que posee para influir en las decisiones, los acontecimientos y los resultados de cualquier proceso, haciendo creer a los dominados que su poder es natural, inmenso e inacabable, y que actuar en torno a los proyectos y objetivos de ellos como dominantes, es la única alternativa que le queda a los dominados. Entonces, ¿es cierto que “¡si hay imposición, habrá revolución!”?. La siguiente semana seguiremos platicando sobre este asunto.

-La Iglesia en las elecciones

Edgar González Ruiz

El carácter laico del Estado, es decir, ajeno a cualquier culto religioso, es la base de las libertades personales y de la pluralidad religiosa.

     Sin embargo, el tema del laicismo y sus implicaciones, como la despenalización del aborto, el reconocimiento del matrimonio homosexual, etcétera, son asuntos incómodos para muchos políticos en campaña.

Los de convicciones liberales temen que expresarlas les granjeará la enemistad del clero y de empresarios, mientras que los conservadores, conscientes de la impopularidad de las doctrinas clericales, procuran ocultarlas en la época electoral para ponerlas en práctica una vez que lleguen al poder.

Así, mientras que López Obrador se mostró poco dispuesto a abordar esos asuntos, Peña Nieto desde hace tiempo siguió la estrategia de conciliarse con el clero. Pero ambos, en sus declaraciones y en su propaganda, hicieron como si esa temática no existiera.

Josefina Vázquez Mota fue la abanderada de un partido que históricamente ha estado al servicio de la jerarquía católica, y que se ha distinguido por su empeño en encarcelar a las mujeres que abortan, en oponerse al matrimonio homosexual y en no reconocer el carácter laico del Estado.

Sin embargo, en varias ocasiones durante su campaña, trató de presentarse como respetuosa de la despenalización del aborto y respetuosa de la diversidad sexual; desde luego, como militante del Partido Acción Nacional (PAN), que se sepa, nunca se opuso a las posiciones reaccionarias de su partido.

Al final de la competencia electoral, quizás porque era demasiado obvio que la candidata panista tenía perdido el voto de la mayoría del pueblo (a excepción del de la ultraderecha y de las sacristías), hubo esfuerzos derechistas y clericales para atraer a favor de ella el voto duro del PAN.

A fines de junio, circuló en redes electrónicas una carta atribuida a Vázquez Mota donde prometía al electorado católico un decálogo que la comprometía a defender la penalización del aborto con el conocido eufemismo del “respeto a la vida desde la concepción”, así como a fortalecer “el matrimonio entre hombre y mujer”.

Enfáticamente, prometía apoyar la creación de los centros “Vida y Familia”, que promoviera una organización antiabortista con un supuesto cariz filantrópico (Contralínea 244).

El decálogo en cuestión (que evoca el que Fox difundiera en abril de 2000, con 10 promesas para el clero católico) fue propagado en mensajes de correo electrónico por el sacerdote español Ángel Luis Lorente Gutiérrez, quien colabora con la Arquidiócesis de México y con grupos de la ultraderecha católica, como la Unión de Voluntades (auspiciado por Patricio Slim Domit y presidido por Guillermo Bustamente Manilla, exdirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia) y como los CAM (centros de Ayuda a la Mujer), organización creada a principios de la década de 1990, y que desde entonces operó conjuntamente con el Comité Nacional Provida, encabezado por Jorge Serrano Limón (http://www.empresaresponsable.org/consulta-angel-luis.html).

En su presentación del texto, el religioso español, quien también colabora en la agrupación de Comunicadores Católicos, mencionaba que con Vázquez Mota “al menos tenemos una promesa que no tenemos con los demás candidatos… Pero se puede trabajar en eso más tarde, mejorando las políticas públicas”.

Esto es, Vázquez Mota fue mentirosa en los discursos públicos de su campaña, pero la ultraderecha católica, sus verdaderos simpatizantes, no creían en sus mentiras; por el contrario, estaban conscientes de que si llegaba al poder gobernaría en conformidad con la naturaleza de su partido, el único del espectro político mexicano que tiene raíces confesionales.

También en junio pasado, partidarios de Vázquez Mota repartieron afuera de la Catedral Metropolitana volantes con “una agenda de Josefina Vázquez Mota, por la vida, la familia y la libertad religiosa”; en ella, además de manifestarse contra el aborto y la diversidad sexual, la panista apoyaba las pretensiones del clero de obtener privilegios mediante la reforma al Artículo 24 constitucional.

Instancias clericales participaron en el esfuerzo final para apoyar a la panista. En algunas parroquias, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México estuvo distribuyendo volantes para normar el voto de los católicos con principios como el rechazo al aborto y a los matrimonios no heterosexuales, así como la defensa de la llamada “libertad religiosa”.

A pesar de todos esos esfuerzos clericales, en la sociedad mexicana (a excepción de regiones como Guanajuato y los Altos de Jalisco) no ha prevalecido un catolicismo militante y sí, por el contrario, el respeto juarista a la separación entre la Iglesia y el Estado, y a las decisiones personales.

Es significativo que a lo largo de las campañas electorales se evidenció que en el Distrito Federal había un abrumador apoyo al gobierno local, el mismo que, acorde con el Estado laico, despenalizó el aborto y aprobó el matrimonio homosexual.

En contraste, se puso de manifiesto también la impopularidad del PAN,  partido de la derecha católica, cuya candidata fue perdiendo cada vez más terreno en las encuestas, a pesar del apoyo abierto que estuvo recibiendo de Calderón y del respaldo de sectores empresariales y clericales.

-Elecciones “sorpresivas”

Jorge Melendez Preciado

Los pasados comicios han traído una serie de sobresaltos en casi todas las esferas políticas de nuestro país y a nivel internacional. Hay para todos los gustos. Ello muestra que la sociedad está en movimiento. En ocasiones no como desearan algunos (me incluyo). Pero en otros casos sorprendiendo a los que pensaban que “este arroz ya se coció”, a decir de muchos articulistas y seguidores de Enrique Peña Nieto.

Lo primero a destacar es que la gran mayoría de casas encuestadoras fallaron con mucho. Especialmente las que auguraban un triunfo de Enrique por más de dos dígitos: arriba de 15 puntos en relación con Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas se encuentran las de El Universal, Excélsior, El Sol de México y Televisa. También GEA/ISA, la cual hizo un seguimiento diario, que dejó muy mal parado al grupo Milenio.

Es importante reconocer a ese respecto que Ciro Gómez Leyva salió a “explicar” lo ocurrido (Milenio, 3 de julio). El comentócrata incluso dijo que se retirarían de hacer este tipo de ejercicios para recabar la opinión pública.

Consulta Mitofsky, en voz de Roy Campos, simplemente no pudo explicar nada ante Denise Maerker. Fallaron, ya que pronosticaron un margen casi del doble que el ocurrido oficialmente entre el primero y el segundo lugar: 6.5 puntos.

Incluso ni siquiera las encuestas de salida fueron aproximadas. Ponían una distancia de 10 puntos entre los abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática.
Hay algunas que se salvan y son, curiosamente, las que fueron más satanizadas: Covarrubias y Asociados, Berumen, María de las Heras y Reforma.

Tampoco, por fortuna, resultó cierto que el PRI tendría mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores. Por lo tanto, deberá negociar las iniciativas que proponía en campaña el mexiquense, entre otras, las leyes laboral, fiscal y energética, impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y los financieros internacionales; es decir, mayores beneficios a las empresas y empobrecimiento de la población. Ahora necesitarán tomar en cuenta a la izquierda, que ha obtenido una buena cantidad de espacios que no se esperaba.

Los triunfos son resultado del movimiento Yo Soy 132, de la campaña de López Obrador (con varios desaciertos) y de millones de personas que se movilizaron ampliamente contra las dos instituciones que nos han gobernado y llevado a la ruina: los partidos Revolucionario Institucional, y Acción Nacional.

El gran derrotado, obviamente, es el panismo. Perdió en toda la línea. No obtuvo triunfos importantes. Queda en el tercer lugar entre los legisladores y únicamente salió airoso en Guanajuato, donde El Yunque manda.

El más dañado es Felipe Calderón. Su forma de manejar al partido, de imponer un candidato, de boicotear a Josefina, de pelearse con Manuel Espino y Vicente Fox, de intentar dejar como herencia a su sucesor la estrategia de la guerra fallida y despreciar cualquier opinión ha traído este resultado. Bien lo dice Roberto Zamarripa: “no sólo perderá el gobierno, sino el partido e incluso el país” (Reforma, 2 de julio).

El priísmo sólo en apariencia está contento. El festejo en Insurgentes Norte el 1 de julio fue más bien un acto protocolario. Las masas acarreadas gritaron, bailaron y escucharon música, pero no eran las que saborean la victoria, ni siquiera esperando la chamba después de la torta.

¿Será que la tecnocracia ya no se conmueve con el bullicio de la prole?, para recordar a una “teórica” del peñismo. O es que realmente entendieron que están en condiciones económicas y políticas que no les permitirá cumplir lo firmado. La frialdad y la rapidez del acto fue un viento que arrasó con el optimismo.

López Obrador ha impugnado la elección. Antes y el día de la votación hubo todo lo conocido anteriormente y más: exceso en el gasto, inducción del voto, un coro que repetía lo inevitable del triunfo del esposo de la Gaviota y mil repartos. Incluso el pasado 2 de julio miles acudieron a las tiendas Soriana para hacer efectivas las tarjetas que les dio el PRI. Todas esas anomalías jamás las vio el Instituto Federal Electoral, quien ahora asegura que tuvimos las elecciones más limpias de la historia…, mundial les faltó agregar, pero yo lo añado como estrellita en su frente.

Sólo que Alianza Cívica reportó que hubo anormalidades en infinidad de casillas y coacción del voto al por mayor. Y, para utilizar las enseñanzas del narcotráfico, se utilizaron halconcitos el día de los comicios, es decir, niños que vigilaban a los adultos para que sufragaran por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, cuando menos en cuatro estados. Una nueva aportación mexicana en la historia de la transa.

Hay más de estas singulares elecciones, las cuales no son para echar las campanas al vuelo. Destaca, empero, que no obstante las dificultades y las manipulación informativa, millones salieron a votar contra lo establecido. Hoy es urgente limpiar, hasta donde sea posible, unos comicios que nuevamente tienen una mancha que ni el detergente más eficaz logrará borrar.

La prensa internacional ha señalado que Peña Nieto es un enigma sin experiencia en política exterior (The Washington Post). Página 12 de Argentina dice que llegará a un país ensangrentado por Calderón, quien ahora le hace “la corte”. Y no olvidar que The Guardian insiste en la relación de Enrique con Televisa y la forma en que desprestigió hace tiempo a sus posibles adversarios.

¿Realmente tuvimos comicios libres, democráticos y participativos?

-Desenmascarar la “democracia”
Aurelio Morales Posselt

Fraude o no fraude, y aún asumiendo que la obvia compra de votos no existiera y que no existen asimetrías que favorezcan a un partido sobre otro (repito, asumiendo que así fuera), es difícil que no exista en muchos mexicanos la sensación de estar eligiendo gobernantes de la misma manera que eligen entre Coca, Pepsi o Red Cola, y no tanto porque al final de cuentas sean todos lo mismo o porque, aunque varíen en el empaque, en el fondo todos contienen las mismas cantidades nocivas de azúcar, sino, más bien y sobre todo, porque estamos asistiendo como consumidores a la comercialización de un producto. Decir hoy que la carrera política es una carrera de imagen es decir algo poco polémico. E igual que en las bebidas, hay tres grandes monopolios que quieren convencerte que su producto es el mejor.

¿A qué voy con todo esto? ¿Para qué hacer énfasis en el trillado merchandaising político, cuando los tiempos actuales de emergencia necesitan de acciones y denuncias concretas? Para llegar a ese punto, antes me gustaría hacer una reflexión sobre el poder y la manera en que se estructura socialmente. Michael Foucault, filósofo del poder, decía que éste es como una red que se va adaptando a las circunstancias, estirándose y apropiándose de aquellas expresiones que pretenden oponérsele. El poder, como lo entiende este pensador francés, no es algo que se tiene (como se piensa en la política) sino algo que subyace a las relaciones humanas y nos modela como humanos y como sociedad. El poder es básicamente aquello que cohesiona una sociedad, aquella tendencia a mantener el statu quo, sea cual fuere. El poder se transmite en la cultura, en las relaciones familiares, en las ideas y, de una forma u otra, nos domina, pues es inherente a las relaciones humanas. El poder, por ejemplo, se transmite en la convicción general de que las naciones deben protegerse unas de otras; en la misma idea de que las fronteras son necesarias o en ideas más abstractas aún como que todo tiene su lugar y su momento, o de que sin un gobierno que brinde seguridad a los ciudadanos la sociedad se irá al caos.

El poder vendría a instaurarse al interior de cada persona desde el momento que se distinguen ciertas ideas correctas sobre las que no lo son. Los discursos mediáticos son los discursos de poder más claros; así, los medios transmiten la idea de que votar es correcto y no hacerlo es antipatriótico; que criticar las instituciones es una cosa, pero mandarlas al diablo es sacrilegio; que manifestar el descontento con una denuncia es correcto y que manifestarse en las calles es de bárbaros… En fin, las maneras en que los discursos, la educación, la sociedad misma van interviniendo en nuestro comportamiento son justamente aquellas en que se expresa el poder, es la forma en que nos domina como entes sociales. Invariablemente, a favor o en contra, entramos en su juego y nos movemos en las dualidades que marca. Son muy raros los momentos en que las sociedades logran romper esta red creando algo nuevo: una ruptura. Vendría a ser el caso de las revoluciones, de los movimientos sociales o del surgimiento de nuevas formas de organización social; así lo fue el socialismo ante el dominio de la producción capitalista; la independencia ante el poder colonialista y la democracia ante el totalitarismo.

Sin embargo, ante estas rupturas, Foucault es poco entusiasta, pues él observó, a través de un minucioso estudio de la historia, que toda ruptura tarde o temprano será, como decía, apropiado por la red del poder, por sus estructuras. Es decir, una vez instaurado el socialismo, éste será absorbido por el Estado (las estructuras), para mantener un cierto statu quo que le es conveniente; lo mismo los imperios ante la pérdida de las colonias (hoy en día nadie puede negar que España sigue ejerciendo un poder fáctico y cultural sobre Hispanoamérica). Igualmente, y es a esto a lo que quería llegar, la misma democracia, que en cierto momento de la historia irrumpió para transformar el tejido social vigente y para empoderar a quien antes no tenía voz, esa democracia que alguna vez alzó imperios, también tarde o temprano termina, como lo hace en esos mismos imperios, siendo absorbida por las estructuras de poder para ya no tener un papel de ruptura con éstas sino para fortalecerlas y protegerlas repitiendo las estructuras de dominación vigentes, entre ellas, la comercial.

No es mi intención hacer polémica al respecto de qué tanto de razón o de error tenía el francés, sino destacar la reflexión a la que nos lleva, es decir, a preguntarnos: ¿cuál es el rol de la democracia en la forma en que se entiende y ejercita desde la política en México, esa democracia del merchandaising, que inicia y acaba en la compra, por medio del voto sexenal, del producto mejor armado? ¿Tendrá el papel de empoderar al pueblo, o el de mantener una cierta estructura de poder? ¿Será que nuestro voto realmente define el futuro de México, o tan sólo le da un aval? ¿Son los partidos políticos las vías de acceso público al gobierno, o más bien la cooptación de éste por unos cuantos? ¿Por qué, hasta hoy, no hay rebeliones sociales a gran escala en aquellas sociedades donde el gobierno ha sido “democráticamente” elegido? No pretendo dar las respuestas a esta polémica, que no es nada nueva, pero que la pasada elección pone en absoluta vigencia.

Tampoco se trata de mandar al carajo a la democracia. Al contrario, se trata de desenmascararla, de llegar a su fondo, de entender por qué estamos luchando. El mismo Foucault no era tan pesimista como pareciera, él decía que si bien la red del poder suele apropiarse de las manifestaciones de ruptura, la posibilidad de una nueva ruptura nunca se cancela. La red siempre tendrá fisuras, fisuras desde las cuales pueda desenmascararse la verdad oculta y a través de ella lograr las transformaciones reales. Hoy en México la democracia es una bandera de lucha, es un derecho inalienable al que la sociedad apuesta por entero. ¿Pero a qué derecho de democracia refiere? ¿Al de elegir limpiamente a los gobernadores? O a aquél de participar directamente en todos los procesos sociales, el derecho de todos a cambiar las cosas; a no permitir la exclusión ni la destrucción ni la absorción de los otros. La lucha por la democracia es la lucha por el reconocimiento del otro y por la vida del otro tanto como por la de uno mismo.

-Sancionan a director fundador del Sae

Miguel Badillo

Muchos mexicanos esperan que este gobierno panista que concluye  sea sometido a una escrupulosa revisión del gasto público, y los funcionarios responsables de delitos como peculado, abuso de poder y tráfico de influencias sean sometidos a la aplicación de la justicia, pues se presume que el gobierno de Felipe Calderón se manejó con deshonestidad y permitió una de las mayores corrupciones de las que se tengan memoria, tal vez apenas similar a la padecida en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Vicente Fox y Marta Sahagún.

Aunque se espera que esta fiscalización se haga en la siguiente administración, tanto por los órganos de vigilancia y control del Poder Ejecutivo como los de auditoría del Poder Legislativo, la crisis en el gobierno ha iniciado sus primeras manifestaciones en algunas áreas como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta vez ha sido la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular es Rafael Morgan Ríos, la que sancionó, destituyó e inhabilitó al exdirector general del Sae, Luis Miguel Álvarez Alonso, a quien acusa de “negligencia administrativa”.

Bajo los expedientes E/SAE/009/2011 y R/SAE/ 028/2011, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó dos inhabilitaciones al exdirectivo por 15 y 10 años, así como dos sanciones económicas por un total de 72 millones 281 mil 803 pesos.

Aunque el portal de internet de la Función Pública no explica los motivos de la “negligencia administrativa” en la que incurrió Álvarez Alonso, sabemos que el exdirector y fundador del Sae se vio envuelto en una disputa legal entre el OIC y un tribunal judicial federal, así como entre disposiciones y órdenes que le dictaron desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas. Estos últimos le ordenaron retribuir a dos contribuyentes textileros los bienes (telas) que les habían sido decomisados por Aduanas y que ascendían a un  total de 70 millones de pesos. Por su parte el OIC le ordenó lo contrario: no devolver las telas ni acatar las órdenes del SAT y de un juez federal de pagar el daño ocasionado.

Ante tantas órdenes contradictorias, Álvarez Alonso recurrió a sus superiores, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes le recomendaron no preocuparse por nada, pues nadie se atrevería a sancionarlo si cumplía las instrucciones del SAT y deljuez federal.

La realidad fue otra para Álvarez Alonso: el titular del OIC en el Sae, Alberto Mesta (actual responsable del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE), lo acusó por falta de supervisión a dicha operación y se obstinó en sancionarlo con la anuencia, según ha dicho a sus allegados, del exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del entonces subsecretario Rafael Morgan Ríos. La consigna de Vega Casillas era presionar a Álvarez Alonso por criticar la labor de la Función Pública y haber supuestamente pedido su desaparición, por inoperante y poco eficaz.

La Secretaría de la Función Pública no tomó en cuenta una determinación de las áreas jurídicas del SAT, del mismo Sae y de la Procuraduría Fiscal, quienes en reunión privada analizaron los hechos y concluyeron que no había elementos para considerar que hubo irregularidades en la devolución de telas a los empresarios textileros, de tal manera que tampoco había razón para sancionar al director general del SAE.

Además de las disputas por el poder y el control de bienes decomisados o simplemente dados en resguardo al Sae (en donde la Función Pública sí debería investigar el abuso de poder, pagos de salarios onerosos y malos manejos en las liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro, LFC, y el Banrural), hay presiones de empresarios de la industria textil, que están muy molestos porque las telas que habían sido decomisadas fueron vendidas por el Sae en países de Centroamérica y dichos recursos se entregaron a la Tesorería de la Federación. En Aduanas, área encargada de los decomisos, se comprometían con los textileros a destruir las telas, pero en realidad esa mercancía nunca era quemada (porque no se tiene el equipo para ello) y salía por la puerta de atrás de Aduanas para regresar al mercado, lo que significaba cuantiosas ganancias para funcionarios corruptos y empresarios abusivos. Un negocio redondo.

El manejo de los OIC

Extrañamente, en la administración pública federal está reglamentado que todas las áreas de los OIC, aunque dependen directamente de la Función Pública, están adscritos a las nóminas de cada dependencia o entidad. Es decir que en cada Secretaría paga al titular del Órgano Interno de Control y a todo su equipo su salario, lo que los convierte no sólo en una carga económica sino en un dependiente directo del titular del ramo, o en este caso, del secretario.

Con esa política, los bonos y prestaciones para los titulares de los OIC son asignados precisamente por los responsables de cada secretaría o entidad gubernamental, de tal manera que si las auditorías que realizan salen favorables, económicamente les va bien también.

Este parece ser el caso del contralor Alberto Mesta, quien misteriosamente, por decir lo menos, es asignado a los órganos internos de control de las dependencias adonde es transferido Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien fue director general del Sae y ahora es titular del ISSSTE, y en ambos casos se le ha asignado desde la Función Pública al auditor Mesta.

Al parecer su relación es muy buena y hasta ahora les ha dado buen resultado: Sergio Hidalgo nunca fue sancionado ni tampoco reconvenido por el contralor Mesta por mantener bajo su servicio personal a 45 personas, ni tampoco por mantener una nómina paralela en los procesos de liquidación de Banrural y de LFC, en donde se pagaban salarios de hasta 400 mil pesos mensuales, bajo el rubro de “terceros especializados”.

Todo se debe, según dicen personas cercanas a Sergio Hidalgo, a que tiene buenas relaciones y palancas en Los Pinos. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

Reforma
Templo Mayor

Aunque Enrique Peña Nieto quería que la actual legislatura aprobara las reformas estructurales pendientes, todo indica que tendrá que esperar hasta septiembre, cuando entren los nuevos diputados y senadores.
Y es que la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de que sea declarada invalidada elección presidencial modificó el escenario.
Incluso hay quienes anticipan que la aprobación de tales reformas en la nueva legislatura podría formar parte de una serie de acuerdos entre el PRI y el PAN para ayudar a darle legitimidad al gobierno peñista.
Está visto que, por angas o por mangas, del plato a la boca se cae... la reforma.

Ahora que se sabe que Enrique Peña Nieto podría nombrar a Vicente Fox como representante de México ante la Unión Europea, hay quienes temen que el sistema político nacional entre en una profunda crisis.
Y no tanto porque en materia de diplomacia el ex presidente de las botas está más quemado que el aceite de un microbús capitalino.
Lo que le ha puesto los pelos de punta a propios y extraños es que, una vez en Europa, el Centro Fox pueda quedar a la deriva y cerrar sus operaciones en México.
Y, entonces sí, ¡¿dónde diablos se van a capacitar los políticos del PRI y el PRD?!

Aunque parecen cosas muy similares, no es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador desechara pedir la nulidad de la elección presidencial y que optara por solicitar que el proceso sea declarado inválido.
La nulidad está regulada por el Cofipe y sólo procede en casos específicos, como cuando, por ejemplo, se demuestra que hubo irregularidades en el 25 por ciento o más de las casillas.
La invalidez no aparece en la legislación electoral, pero podría proceder con base en una interpretación del artículo 41 de la Constitución, el cual establece que las elecciones deben ser "libres, auténticas y periódicas".
El argumento es que, debido a la supuesta compra de votos, las elecciones no fueron ni libres ni auténticas, por lo que quieren hacer valer como causal de invalidez una serie de "violaciones graves al proceso electoral", criterio que ya usó el Trife para invalidar las elecciones para alcalde en Acapulco y Morelia.
Eso sí, a pesar de que la base legal es la misma, resulta claro que no es lo mismo una alcaldía -por más que sea la ciudad más importante de cualquier entidad que la Presidencia de la República.

Vaya sorpresa se llevaron ayer por la mañana los clientes de la sucursal de la famosa cafetería de la sirena verde que se ubica en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino.
Formado en la fila para comprarse un café estaba... ¡el presidente Felipe Calderón!
Sin mayores aspavientos, el mandatario espero su turno, pidió y pagó su café, lo endulzó y se fue tan campante, no sin antes tomarse fotos con parroquianos que se lo pidieron e incluso llevarse algunos aplausos de la concurrencia. Un detalle de sencillez que no pasó desapercibido.

El Universal
Bajo Reserva

Apenas ganó la elección en Tabasco y puso su experiencia en asuntos electorales para la impugnación de la elección presidencial, cuando tenía más que lista la maleta con traje de baño, bloqueador solar y unas gafas negras. El mandatario electo tabasqueño, Arturo Núñez, setomó una semana de asueto en algún destino turístico de Guerrero, después de colaborar en la confección del documento que el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para solicitar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio. Antes de partir, don Arturo dejó un recado para los seguidores de AMLO: Tabasco no será la "caja chica" de su movimiento, nos dicen.

Algunas oficinas del gobierno federal han bajado la cortina, a cuatro meses y medio de la terminación del sexenio del presidente Felipe Calderón. Otras, de plano, hacen viajes al estilo año de Hidalgo. Entre 10 y 15 funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres, encabezados por su presidenta Rocío García Gaytán, tomaron este fin de semana un vuelo a Nueva York para participar en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde la delegación mexicana presentará un reporte. Claro, algunos tomaron el avión desde el viernes, para la reunión programada para el martes. ¿Visión de futuro o "viaje el que pueda"?

De ninguna manera se quedó con las ganas de reclamar a quienes dieron línea para "madrugar" en la Conferencia Nacional de Gobernadores con el tema de los resultados de las elecciones presidenciales del primero de julio. El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, se deslindó desde la noche del viernes del espaldarazo que dio la Conago a Enrique Peña Nieto, el aspirante que más votos obtuvo en los comicios. El asunto no paró ahí. Don Marcelo solicitó el sábado que le mandaran la relación de los mandatarios estatales que avalaron el pronunciamiento. La información corrió vía mail y el caso no se quedará en ese punto. El perredista seguirá haciendo ruido, nos comentan.

Es un tema que no está cerrado y que transita por distintas vías. ¿De qué hablamos? El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se ha negado en cuatro ocasiones a entregar al IFAI los nombres de las personas físicas y morales a quienes les fueron cancelados créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos en 2007, los montos y las razones que justificaron los beneficios. El caso se encuentra en la Secretaría de la Función Pública por medio de una denuncia presentada en agosto de 2011, nos comenta Haydeé Pérez, del Centro de Análisis e Investigación Fundar. En los próximos días sabremos qué ha pasado con este proceso y si la SFP sancionó a algún funcionario del SAT por el desacato.

Cierran las puertas en la Cámara de Diputados, todavía a cargo del panista Óscar Martín Arce Paniagua. Los grupos parlamentarios, los negocios comerciales y los restaurantes han dejado de funcionar y sólo esperan la fecha mágica del primero de septiembre para recobrar la vida. Mientras cambian las hojas del calendario, cada uno de os diputados puede llevarse a sus alforjas más de un millón de pesos de finiquito, un monto abultado, es cierto, por su cuenta de ahorros, que contrasta con las liquidaciones de empleados sin contrato. Los contratados en el régimen de salarios asimilados serán liquidados este mes, nos informan.

Milenio
Trascendió

Que uno de los resolutivos que se perfilan en la Convención Nacional contra la Imposición será invitar a Morena y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a que se sumen, formalmente, a las movilizaciones y acciones para impedir que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia de la República.
Se delineó también la toma de plazas públicas los emblemáticos 15 de septiembre, 2 de octubre y 20 de noviembre. Y, desde luego, el 1 de diciembre.

Que pese a la afectuosa bienvenida que se le dio al movimiento #YoSoy132, la mayoría de las organizaciones que participaron en la Convención Nacional contra la Imposición, celebrada en Atenco, les dejaron en claro que son un grupo más, no el dominante.

Que no es que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, saliera huyendo de la reunión de la Conago, el viernes en Querétaro, porque temiera algún reclamo por los resultados electorales en la entidad, sino que se disculpó porque debía cumplir una serie de compromisos contraídos con anterioridad.
De hecho, Borge arribó a Querétaro el jueves por la noche, lo que anula la versión de que llegó a las carreras y casi de incógnito.
Por cierto, Borge salió ayer a España en un viaje para promover el turismo a Quintana Roo. Uno de los objetivos es lograr un acuerdo con el equipo de futbol Mallorca.

Que continúan avanzando en la oficina de Enrique Peña Nieto en la definición del gabinete.
En el PRI ya dan a Carlos Rojas como la carta propuesta para Sedesol, lo que confirmaría a Ivonne Ortega en Turismo; en Hacienda adelantan que habrá una sorpresa; en Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza.
Están avanzadas las carteras de seguridad, pero aún bajo análisis. Lo cierto es que Luis Videgaray seguirá coordinando al equipo peñista.

Que todavía no rinde protesta el nuevo grupo parlamentario del PRD en el Senado y ya entró en crisis en esta cámara.
De plano ya un tercio de los 22 senadores de la nueva bancada le cantó a Marcelo Ebrard que si insiste en impulsar a Armando Ríos Piter como coordinador, simplemente se separan del grupo y se declaran independientes.

Excélsior
Frentes Políticos

I. Un juez de Baja California Sur concedió un amparo al ex gobernador perredista Narciso Agúndez Montaño, acusado de vender siete predios de una zona residencial exclusiva en Los Cabos en febrero de 2011. La justicia considera que no existe peculado al no haber distracción de bienes o valores, ya que Agúndez Montaño habría pedido la aprobación del Congreso. El ex gobernador fue detenido desde el pasado 24 de mayo y encarcelado en el Cereso de la Paz. En de 10 días hábiles el fallo será ratificado por la procuraduría del estado, a la espera del auto de formal libertad. Otro famoso “usted disculpe”.

II. Mejor prevenir que lamentar. El presidente Felipe Calderón, acompañado del titular de la Segob, Alejandro Poiré, visitó las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para supervisar su funcionamiento ante la eventual presencia de fenómenos naturales. El director general del Centro, Roberto Quaas Weppen, informó al Presidente que el nivel de alerta del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 3 y que su actividad presenta una relativa calma. La coordinadora general de Protección Civil, Laura Gurza, señaló que está listo el plan de emergencia para evacuar a la población rápida y eficazmente, de ser necesario. Más vale prevenir.

III. Por si no quedó claro, el GDF dio a conocer que Marcelo Ebrard rechazó el pronunciamiento de la Conago que pidió, a través de su nuevo presidente, César Duarte Jáquez, cerrar filas en torno a Enrique Peña Nieto, vencedor de las elecciones del 1 de julio pasado. Insistió en que Ebrard no asistió a la reunión porque estaba participando, en su carácter de vicepresidente, en la 24 Reunión de Alcaldes de Centroamérica, México y el Caribe en San Juan, Puerto Rico. El jefe de Gobierno fijará su postura una vez que el TEPJF califique la elección.

IV. No a las “imposiciones” surgidas del PRI, pero sí a imponer a su candidato. Un pequeño grupo se prepara para atentar contra la voluntad de la mayoría de mexicanos que votaron. La “Convención Nacional contra la Imposición” que se celebra en San Salvador Atenco y en la que participan #YoSoy132, el SME y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, inició sus trabajos, encaminados a poner lodo en el camino a la transición. Las organizaciones buscan un plan de acción para evitar lo que consideran una imposición. No entienden que la mayoría cruzó su boleta por Peña Nieto.

V. Andrés Manuel López Obrador afirmó que su movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, “todo lo vamos a hacer en el marco de la Constitución”. ¿Todo? ¿Y cómo controlará la molestia de la gente, que está dispuesta a tomar las calles y a manifestarse? Ante la pregunta dijo no saber si habrá manifestaciones como parte de la etapa de impugnación a la elección; “no sabemos, pero no vamos a cometer nada, absolutamente nada que afecte a terceros”, señaló. Asegura que esperará el resultado del Tribunal. ¿Y si, como todo mundo sabe, le es adverso? ¿Finalmente aceptará la derrota? A que no.

VI. Los criminales que se internaron en el Parque El Colibrí, son, además de despreciables, unos viles cobardes. Atacaron entre doce personas armadas a un grupo de 90 niños y jóvenes que acampaban en Ixtapaluca. La procuraduría estatal confirmó que 90 jóvenes fueron asaltados y siete menores, víctimas de abuso sexual. El gobernador Eruviel Ávila expresó su más enérgica condena y desde el principio instruyó a la procuraduría y a las áreas de gobierno a dar apoyo a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Urge.

-Contubernio y encubrimiento
Irma Eréndira Sandoval

El contubernio de las instituciones electorales con Enrique Peña Nieto, para encubrir las graves irregularidades cometidas durante el proceso electoral y para descalificar a los denunciantes ciudadanos, deja ver ya el tinte simulador que podría caracterizar la eventual gestión federal priísta en materia de combate a la corrupción. En lugar de rendir cuentas y garantizar la transparencia, EPN busca cualquier coartada para distraer la atención y rehuir la responsabilidad de haber erogado hasta 4 mil millones adicionales a los 336 millones de pesos permitidos.

Todo parece indicar que ni el IFE, ni la Fepade actuarán a tiempo para esclarecer los gastos y sancionar los delitos antes de la calificación de la elección por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por su parte, el mismo TEPJF también se prepara para cerrarle el paso a las peticiones del Movimiento Progresista, quien le requirió las pruebas y la información necesarias para resolver sobre la validez de la elección.

Una vez más privarán los pactos políticos y la indolencia burocrática por sobre la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En aquellos excepcionales casos en los que se logre aplicar sanciones en materia electoral, ellas serán seguramente muy menores y llegarán muy tarde. Quizás en algún momento, en los próximos años, el IFE se anime a castigar a PRI y PVEM con una multa simbólica. Pero, tal y como ocurrió en el caso de Amigos de Fox, el agravio contra la voluntad popular ya habrá sido consumado.

Lo más preocupante de este panorama es que una Presidencia de la República ganada a la mala solamente puede augurar un gobierno capturado por los poderes fácticos y entregado a la corrupción. Los nuevos nombramientos de los mismos personajes de siempre (Videgaray, Osorio Chong y Murillo Karam) demuestran que un eventual gobierno de EPN seguiría exactamente el mismo guión que su campaña, apostándole a la compra de voluntades por sobre el convencimiento y el diálogo.

En este contexto, las propuestas de EPN en materia de transparencia y combate a la corrupción (su Comisión Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) y la instancia para vigilar los contratos entre el gobierno y los medios de comunicación) son meras coartadas para distraer la atención del verdadero Tsunami de corrupción que envuelve la elección presidencial. El candidato que de forma irresponsable se ha autodenominado presidente electo de los mexicanos, mandando con ello al diablo al TEPJF, busca proyectar la imagen de ser alguien preocupado por la probidad y la honradez, aun cuando se encuentra sumido en el total descrédito público.

La corrupción estructural que corroe las fibras de la institucionalidad democrática del país no se resolverá con promesas huecas, compromisos demagógicos y más comisiones que terminarán siendo nuevos elefantes blancos. El país ya vivió el fracaso de estas estrategias de simulación institucional con la renovación moral de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988. El principal legado de ésta fue una inservible Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) tan inútil que hasta el mismo Felipe Calderón se atrevió a proponer su desaparición.

EPN al parecer también contará con el apoyo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte para su estrategia de encubrimiento. A pesar de los mejores esfuerzos del ministro Arturo Zaldívar, la semana pasada la Corte decidió garantizar la total opacidad de los nombres de los recipiendarios, montos y motivos de los millonarios créditos fiscales otorgados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos regalos del sector público a los amigos del sector privado son el lubricante que engrasa las relaciones de complicidad que hoy tienen postrada a la nación. Muy probablemente Soriana, Walmart y Monex figuran en esa lista secreta.

Si no se limpia la elección hoy que todavía hay una oportunidad histórica, las autoridades electorales nos conducirán directamente a la antesala de una crisis institucional de grandes proporciones.

El Consejo General del IFE debe sacudirse inmediatamente su lógica de simulación burocrática y abrir inmediatamente procesos fiscalizadores extraordinarios que esclarezcan tanto el Sorianagate como el Monexgate. El artículo 85 del Cofipe permite adelantar los tiempos de fiscalización. Además, el Consejo General ya realizó un proceso de fiscalización expedita para revisar los informes de gastos de precampaña. No existe razón, motivo o pretexto alguno para que en un momento tan delicado como el actual no se repita este mismo ejercicio para las campañas presidenciales.

Asimismo, a partir de la reforma electoral de 2007 los secretos fiscal, bancario o fiduciario ya no son oponibles a la autoridad electoral. El IFE tuvo que haber frenado y prevenido hace mucho el grosero rebase de topes de campaña y el vergonzante operativo de compra y coacción del voto.

Sin embargo, frente a la exigencia ciudadana para que se investiguen y se sancionen las violaciones de la ley, los conductores del IFE se preguntan con desidia, muy probablemente inspirados por el presidente que primero prometió sacar y después invitó a meter a las víboras prietas a Los Pinos: ¿y nosotros por qué?.

Ya han sido ampliamente documentados los casos de compra y coacción del voto, las violaciones a la secrecía electoral, el multimillonario rebase de topes de campaña, y la desenfrenada e insultante utilización de recursos públicos, así como la muy probable intervención de financiamientos de origen ilegal provenientes del extranjero y hasta del crimen organizado en la campaña de EPN. La sociedad no está dispuesta a consentir que las autoridades electorales extiendan el manto de impunidad que Peña Nieto y sus huestes acarician. Permitirlo condenaría a la nación a otros seis años de un Ejecutivo federal ilegítimo y corrupto.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM