México es un país colmado de riquezas naturales, más que suficientes para hacer de ésta una verdadera república de la abundancia, con los consecuentes cuan obvios beneficios económicos y sociales. Petróleo por aquí, oro y plata por allá, recursos forestales por acullá, minerales por doquier, vastos litorales y lo que se quede en el tintero. Sin embargo, parafraseando lo que Abel Quezada plasmó en aquel viejo cartón –nunca más actual que ahora–, para contrarrestar tan infinita fortuna a alguien se le ocurrió –y los mexicanos lo han permitido– que la mejor forma para dilapidar rápidamente el regalo de la madre natura era mantener en Los Pinos a gobiernos como el de Vicente Fox y Felipe Calderón, sin olvidar a sus predecesores y a la clase política en su conjunto, y tolerar su rapacidad.
Por ejemplo, los dos gobiernos panistas concesionaron más de una cuarta parte del territorio nacional (52 millones de hectáreas, en una década) para que grandes corporativos nacionales y extranjeros explotaran la riqueza minera y obtuvieran pingües ganancias, sin beneficio alguno para la propietaria original de esos bienes, la nación. Para dar una idea del atraco, por cada peso que en forma de pago de derechos cubrieron (se supone) al erario, tales grupos empresariales obtuvieron, en promedio, 84.42 pesos entre 2005 y 2010, es decir una diferencia superior a 8 mil por ciento. ¿Quién garantiza negocios de ese tamaño con los bienes nacionales? Los señores de Los Pinos y fauna que los acompaña.
Documentado está que a lo largo de la primera década de gobiernos panistas (los de la dupla Fox-Calderón) los grandes consorcios mineros extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata con respecto de los volúmenes obtenidos por la Corona española en 300 años de conquista y coloniaje. Y el negocio privado se mantiene a todo vapor en detrimento de la nación: de 2005 a 2010, el valor de la producción minera (alrededor de 267 mil toneladas) en manos del puñado de corporativos privados concesionados sumó 552 mil 422 millones de pesos, a cambio de los cuales pagaron derechos, si en realidad lo hicieron, por 6 mil 543 millones, una diferencia cercana a 85 tantos.
Sirva lo anterior para dar contexto a las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación documentó durante su revisión financiera y de cumplimiento (Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010) sobre derechos de minería en la Secretaría de Economía, la institución que otorga las concesiones. Va, pues, lo que la ASF detectó en este filón de negocios privados con bienes de la nación:
El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba (casi 85 tantos) de los derechos por concesión que cobra el Estado; como se observó en el periodo 2005 a 2010, los derechos cobrados apenas equivalieron a 1.2 por ciento del valor de la producción obtenida. Con Felipe Calderón en Los Pinos, las cuotas por concesiones y asignaciones mineras apenas si se incrementaron entre 8 centavos (para aquellas con antigüedad del título de uno a dos años) y 10.27 pesos (de una década en adelante).
Las enormes utilidades quedan en manos privadas; las terribles consecuencias ecológicas y su costo económico en las de los mexicanos. Advierte la ASF que la extracción de minerales y su procesamiento implican impactos ambientales con costos significativos para la sociedad que perduran en el tiempo, como los siguientes: incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, o bien, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento, o bien, la fracturación causada por los trabajos de extracción, las cuales pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática; minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos; y enfermedades en la comunidad y en los trabajadores mineros.
Sobre el eficiente control que la Secretaría de Economía mantiene sobre este enorme negocio privado con bienes nacionales, la ASF documentó lo siguiente: al 31 de diciembre de 2010, la Dirección General de Minas (DGM, dependiente de la citada institución) reportó un padrón de 24 mil 910 títulos de concesiones y asignaciones mineras; de dicho padrón, 20 mil 958 títulos se encontraban vigentes; de su revisión se identificaron diversas deficiencias de control interno como las siguientes: en 9 mil 127 títulos no se consignó el Registro Federal de Contribuyentes de sus titulares (ergo, no pagan impuestos); 4 mil 966 títulos se duplicaron, debido a que en el padrón se registraron en forma individual los titulares de la concesión; en 565 casos los nombres de los concesionarios están incompletos; únicamente se registró el titular original de la concesión, sin distinguir algún posible proceso de transmisión de derechos; además, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la nación. Se revisó una muestra de 347 expedientes de concesiones mineras (1.7 por ciento del total de los 20 mil 958 vigentes), y al comparar la información contenida en la base de datos con la documentación de los expedientes se identificaron 149 irregularidades en 97 expedientes (es decir, en casi uno de cada tres). Así, simple y sencillamente, apunta la ASF, el padrón no es confiable.
Otra perla: de los 20 mil 958 títulos vigentes (de concesiones mineras), la DGM informó que durante 2010 sólo realizó 83 visitas de verificación, es decir, 0.4 por ciento del universo, a fin de constatar la ejecución de las obras y los trabajos previstos en el artículo 27, fracción I, de la Ley Minera. Sólo uno de cada tres titulares de concesiones entregó reportes anuales de ejecución de obras y trabajos, así como de producción, beneficio y destino de minerales o sustancias, lo que denota que no existe confiabilidad en las estadísticas en la materia. La Secretaría de Economía no acreditó que en esos casos se hubiera aplicado la sanción respectiva.
Las rebanadas del pastel
De ese tamaño son el negocio minero privado y los graciosos olvidos de quienes están obligados a cuidar los bienes de la nación.
Fuente: La Jornada
