Algún día por venir los mexicanos querrán saber cuántos miles de millones de pesos gastó el gobierno del presidente Calderón en su guerra contra el narcotráfico. O si hubo contratos para el cuñado Hildebrando y cuánto fue su monto. O conocer los contratos originales de la multimillonaria cuenta de importación de gasolina, y cuáles compañías petroleras extranjeras benefició, y los nombres de los intermediarios, si los hay.
Son datos indispensables, más otros muchos, para hacer el balance de la administración calderonista. Los ciudadanos deberán entonces recurrir a las dependencias que posean esa información; lo más probable es que se las nieguen por ser sensitiva, así que tendrán que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Calderón sin duda lo ha previsto, porque está colocando gente que le cubra las espaldas. Ahora que la comisionada María Marván Laborde se incorporó al IFE quedó un asiento vacío y ha propuesto para que lo cubra a Ricardo Celis Aguilar Alvarez, uno de sus empleados, que ocupa un cargo de mediano nivel en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
La propuesta debió haber llegado ya al Senado; tiene 30 días para objetarla. Lo más probable es que no lo hará; ahí Calderón sigue contando con los servicios de don Beltrone.
No es el único elemento de confianza con quien cuenta en el instituto, habría que añadir a Wanda Sigrid Arzt Colunga, la comisionada de lo oscurito, como es conocida; con frecuencia vota por que se clasifique por varios años la información que podría incomodar a Calderón. El nuevo comisionado, en caso de que pase el semáforo del Senado de la República, es sobrino político del ministro de la Suprema Corte Sergio Valls Hernández.
La crisis hipotecaria
Otro paso firme del presidente Obama hacia su relección: su gobierno dio a conocer que ha establecido convenios con cinco grandes bancos que tienen expedientes de 27 millones de hipotecas en problemas; se trata de familias que ya perdieron sus casas o que están a punto de perderlas. Son de los más grandes: Banco de América, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Ally Financial. Tendrán que absorber pérdidas por 26 mil millones de dólares.
No fue una iniciativa propia, el gobierno debió llevar a cabo una investigación y encontró muchas irregularidades y abusos de los funcionarios de los bancos. Entre los cinco poseen 55 por ciento de las hipotecas. El convenio, en los términos en que está concebido, podría ayudar a muchas familias que están batallando para hacer el pago de la hipoteca, o que su deuda creció de valor más que el costo de su casa o que ya la perdieron (foreclosure). Como dicen por ahí, en los detalles está el diablo, veremos cómo aterriza el plan de la administración Obama.
Fuente: La Jornada
