El jueves 8 de septiembre, a las 15:30 (hora local), se produjo un apagón que afectó a alrededor de 8 millones de personas que habitan el sur de California a partir del condado de Orange, parte de Arizona, el estado de Baja California y parte del estado de Sonora. En Baja California el servicio se empezó a restablecer paulatinamente a partir de las 21 horas, y en el caso de San Diego el evento tuvo una duración de 12 a 24 horas, dependiendo de la zona de ubicación. Las escuelas y universidades estatales de ambos lados de la frontera cerraron durante el viernes. En San Diego el apagón afectó el sistema de desagüe sanitario del condado y más de 2 millones de galones de aguas residuales fueron a parar a las costas. Todos los vuelos con salida en el aeropuerto Lindbergh Field de San Diego fueron detenidos; cientos de pasajeros tuvieron que pasar la noche en las salas de espera; vuelos hacia la región fueron demorados y los entrantes fueron desviados a aeropuertos regionales colindantes. El corte de suministro eléctrico paralizó los dos reactores nucleares de San Onofre, California, que abastecen de energía al sur de California.
En cuanto a las pérdidas, el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali estimó éstas en 90 millones de dólares. Las pérdidas en la industria maquiladora asentada en Baja California alcanzaron 480 mil 500 horas, con un costo de horas sin trabajar de un millón y medio de dólares, sin contar con las mermas y pérdidas en el retraso de los procesos que se vieron afectados por el corte eléctrico. En el lado estadunidense, el Instituto para la Investigación de las Políticas del Sistema Nacional Universitario calculó que las pérdidas ocasionadas por el apagón ascendieron a más de 100 millones de dólares.
Al día siguiente, la distribuidora San Diego Gas & Electric (SDG&E), perteneciente a Sempra Energy, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), declararon que el apagón que dejó sin electricidad a unos 8 millones de residentes en la frontera entre California y Baja California fue causado por un “error humano”. “Un empleado de mantenimiento en Arizona cometió un error con una línea de transmisión de alto voltaje en South Gila, al norte de la ciudad de Yuma, cuando se encontraba apagando un condensador, que es un dispositivo para controlar los niveles de voltaje”. Daniel Froester, vicepresidente de la compañía Arizona Public Service (APS), declaró que era prematuro llamarlo “error humano”, señalando la necesidad de realizar una investigación objetiva que permita esclarecer a fondo las causas del corte energético. En una circunstancia como la que se presentó en Yuma existen protocolos predeterminados que estipulan cómo, ante un corte de luz, debe aislarse el problema para que no afecte el resto de las líneas de corriente, lo cual no sucedió, lo que de acuerdo con APS deberá ser el principal foco de atención en la investigación. El presidente y director de operaciones de SDG&E, Michael Niggli, afirmó que no cerraron la línea porque no habían tenido ningún aviso previo. Cabría preguntar, ¿qué clase de tecnología obsoleta utiliza Sempra en San Diego que es incapaz de detectar un asunto que se debiera resolver mediante un proceso automatizado? Al unísono de Sempra, la CFE, por conducto del superintendente en la entidad, Javier Larios Santillán, tal y como ha sido su costumbre de ponerse de tapete de los intereses de las trasnacionales, brindó una explicación que se empata con los argumentos de Sempra y dijo que en el lado mexicano sufrimos el impacto del apagón “debido a que los sistemas de energía eléctrica de ambos países están interconectados como parte de un convenio entre México y Estados Unidos, para abastecer del suministro eléctrico a la parte en caso de un problema en alguno de los puntos, de ahí que la falla afectara a la contraparte”. En la argumentación esgrimida por la CFE no se hizo mención alguna a la política federal que ha venido convirtiendo paulatinamente a Baja California en el sótano de máquinas de Estados Unidos, para abastecer de energía y gas natural desde territorio mexicano al vecino país del norte a través de dos plantas de generación de energía eléctrica de exportación de ciclo combinado, una propiedad de Sempra y otra de la compañía Intergen, instaladas en el municipio de Mexicali. La interconexión no tiene finalidades samaritanas, sino razones estrictamente comerciales y de negocio, donde Sempra se lleva la tajada del león.
Por otra parte están los turbios antecedentes de Sempra, que motivan a pensar que con tal de ganar dinero es capaz de cualquier cosa. La Comisión de Energía de California multó con 3 mil 300 millones de dólares a las empresas energéticas en 2003 debido a que crearon una crisis de precios y aprovisionamiento en California aprovechando las deficiencias de la desregulación del Estado para elevar las tarifas. Sempra Energy ha tenido que pagar 800 millones de dólares en California de multas por prácticas ilegales en el suministro de energía.
Por ello cabe destacar que una semana después del apagón, el 16 de septiembre, Debra L. Reed, ejecutiva de SDG&E , ha declarado en el diario San Diego Union Tribune que ha solicitado a la Comisión Reguladora de Energía aprobar un incremento de las tarifas eléctricas de 231 millones de dólares, para invertir en tecnologías para mejorar la eficiencia en las operaciones de dicha empresa, que evitarían este tipo de apagones. ¿Así, o más sinvergüenzas?
De esta manera el apagón se ha convertido en un elemento de extorsión de Sempra, para justificar la solicitud de un nuevo incremento a las tarifas eléctrica en California, la cual tendrá repercusiones en el lado mexicano.
Fuente: La Jornada
