Desde la convocatoria para erigir el monumento, “historia de fraude e impunidad”: PVEM
También solicitan al Ejecutivo publicar decretos sobre las cuentas públicas de 2002 y 2007
La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón a no cubrir una “comisión” de 80 millones de pesos que la firma III pretende cobrar por haber actuado como intermediaria entre la administración federal y la empresa Gutsa en la licitación para otorgar a esta última la construcción de la Estela de Luz, monumento para conmemorar el bicentenario del inicio de la Independencia.
Asimismo, durante la sesión ordinaria de ayer, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en San Lázaro se solicitó al Ejecutivo publicar los decretos con que los legisladores dictaminaron y rechazaron las cuentas públicas de 2002 y 2007 –la segunda corresponde al primer año de gobierno de Felipe Calderón–, que el Presidente de la República no ha ordenado divulgar en el Diario Oficial de la Federación.
El pleno avaló también una solicitud del mismo órgano de gobierno de la Cámara para que la Comisión de Presupuesto, que preside Alfonso Navarrete Prida (PRI), dictamine las cuentas públicas pendientes de 2004, 2005, 2006 y 2008, así como la de 2009, aun cuando el plazo para votar esta última vence hoy, por lo cual la actual legislatura tampoco cumplirá con el plazo constitucional y legal para decidir si aprueba el gasto que la administración del Poder Ejecutivo ejerció en ese año.
Durante la discusión del punto de acuerdo sobre la Estela de Luz, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refirió que desde la convocatoria al concurso para erigir ese monumento hasta ahora, “sólo se ha dejado una historia de fraude e impunidad; se trata de una estela a la corrupción, un motivo de vergüenza para el país que la Cámara de Diputados aún está a tiempo de corregir”.
El legislador refirió que además de que el presupuesto para dicho monumento subió de 390 millones de pesos a más de mil millones, ahora la empresa III –que opera como compañía privada, a pesar de que depende de Petróleos Mexicanos– “quiere cobrar 80 millones de pesos, a pesar de que acogió a un directivo de Gutsa para hacer que esta compañía ganara la licitación y de que ha dejado cuatro denuncias penales por presuntas irregularidades y corrupción, 25 servidores públicos despedidos, ineficacia o ineficiencia”.
En respuesta, el diputado Javier Landero (PAN) reconoció el retraso en la construcción del monumento, porque aun cuando se planeó para conmemorar el inicio de la Independencia nacional, “llega tarde; se ha retrasado más de lo debido”. Sin embargo, señaló que al final, cuando esté concluida, “todos los mexicanos nos sentiremos orgullosos”.
También desde la tribuna, el priísta César Augusto Santiago refirió que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que desde la colocación de la primera piedra de dicha construcción ocurrieron irregularidades. “De ahí en adelante, se han ido acumulando. ¡Eso es lo que me subleva! ¡No es posible que lleguemos al extremo de que un grupo maniobrara para apoderarse de dinero con los fastos de la República! ¿Los diputados vamos a hacernos de la vista gorda o vamos a exigir transparencia?”.
Fuente: La Jornada
