En abierto desafío a una resolución de la Suprema Corte que declaró contraria a la Constitución la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 por la entonces aplanadora priísta, está creciendo una oferta de energía eléctrica paralela a la de la Comisión Federal de Electricidad
Del tamaño de la ilegalidad que vuelve en los hechos letra muerta la exclusividad para el Estado reclamada en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, habla el que la energía producida y distribuida por instancias privadas alcanza ya el 76.28 por ciento del potencial de la paraestatal.
Dicho con todos los números, mientras ésta mantiene un nivel de 39 mil 265 megawatts, la oferta paralela llega a 27 mil 755.
Sin molestarse, pues, en modificar la Constitución, ya ve que a veces los señores integrantes del Congreso se vuelven rejegos, el gobierno ha privatizado de facto la energía eléctrica.
De hecho, ya ni quien se acuerde de lanzar al menos un cohete el 27 de septiembre, en la conmemoración de aquel 1961 en que el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria.
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido el 85 por ciento de sus clientes de élite, es decir los grandes corporativos.
En la lista de quienes han dejado de recibir los tradicionalmente abusivos recibos de la paraestatal están la totalidad de las empresas cementeras, léase Cementos Mexicanos, Holcim-Apasco, Cementos Chihuahua…; los consorcios industriales como Alfa, Femsa, Cervecería Modelo, Kimberly Clark, Procter & Gamble, Sabritas; las cadenas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y Liverpool; las mineras como Peñoles y Autlán; las cadenas de autoservicio como Wal Mart; las firmas de servicios como Teléfonos de México…
De acuerdo al ordenamiento empujado por el gobierno salinista para reducir el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y entonces aún de Luz y Fuerza del Centro, en favor de la causa privada, se integraron varias opciones de generación privada.
Una de ellas, supuestamente la más socorrida, hablaba de que se permitiría a firmas generación privada sin distingo de capital nacional o extranjero, bajo la modalidad de ciclo combinado, cuya producción, hasta un límite, se destinaría a una clientela específica, vendiéndose los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
Ahora que en todos los casos la distribución del fluido sería vía la red de transmisión de la empresa pública.
Otra de las modalidades hablaba de permitir la generación privada para autoconsumo, es decir no había forma de vender los excedentes a la causa pública.
Lo cierto es que abierta la rendija, pronto surgieron decenas de empresas que bajo la formulita generan energía… que la venden a entidades privadas ajenas a ellas, en competencia con el Estado.
La trampita se ha multiplicado al infinito, por más que en los libros de la Comisión Reguladora de Energía se habla sólo de la entrega de 936 permisos de autogeneración y autoabasto, de los cuales 374 ya caducaron o los dieron de baja los concesionarios.
Los 562 vigentes, con todo, representan, decíamos una oferta paralela de 72 mil 755 megawatts.
La paradoja del caso es que ante la explosión de plantas generadoras de energía privada, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se expediría un nuevo reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que incrementaba la posibilidad de vender excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
La maniobra, orquestada por el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens, quien había sido director general del Grupo Vitro y presidente de Cintra, provocaría la promoción por parte de la oposición en el Congreso de una Controversia Constitucional.
La exposición de motivos era simple: No se vale modificar una ley bajo el método simple de plantear un nuevo reglamento.
El Ejecutivo, pues, asumía olímpicamente atribuciones del Congreso.
Naturalmente, la Suprema Corte le dio la razón a los quejosos… con la novedad de que la resolución iría más lejos, al determinarse que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica violaba lo dispuesto en la Constitución.
Lo inaudito del caso es que ni la propia Corte ni el Congreso hayan movido un dedo, en congruencia, para derogar el ordenamiento.
En la manga ancha se volvió, o mejor dicho la volvieron, chiquita la Comisión Federal de Electricidad.
Total, qué tanto es tantito, diría el cinismo.
Balance general
Acicateado por los gritos desesperados de auxilio de los industriales ante la inminencia de la caída de la guillotina que representa el desmantelamiento total, previsto para el 12 de diciembre, de los impuestos compensatorios que se le aplicaron a productos importados de China por prácticas desleales de comercio, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, se envolvió en la bandera nacional, arengó al acero aprestad y el bridón… y ¡zácatelas! que le envía una carta a los chinos.
La misiva, con etiqueta de enérgico reclamo, le suplica de la manera más atenta y con todo respeto a los gobernantes del país de la muralla que por favor dejen de lado sus prácticas ilegales.
No sean malos, no nos manden mercancías triangulando su ingreso de Estados Unidos; no nos manden facturas alteradas a la baja; no se equivoquen al momento de clasificar los productos bajo el arancel que les corresponde. No falsifiquen certificados de origen. No le otorguen subsidios o subvenciones a sus exportadores. No molesten a nuestros productores con sus trucos...
He dicho.
Se espera para los próximos días una magna concentración de industriales en la explanada de la dependencia para aclamar al nuevo héroe nacional.
¡Ferrari para presidente!
Demandan al Bancomext
En su desesperación frente a la ausencia de salidas sustentables para Mexicana de Aviación, a más de un año de su abandono de las pistas, el sindicato de trabajadores de tierra de la firma está presentando una demanda contra el Banco Nacional de Comercio Exterior, a quien acusa de despojo al adquirir ilegalmente bienes de la empresa aérea.
Estamos hablando de los nueve aviones y dos terrenos dejados en prenda por los ex dueños de la empresa aérea por un préstamo cercano a los mil millones de pesos, que se le otorgó en el marco de un programa gubernamental para paliar los efectos negativos de las medidas contra la epidemia de influenza A H1N1.
El problema, de acuerdo a los denunciantes, es que el grupo de accionistas encabezado por Gastón Azcárraga Andrade, desvió los recursos para otros fines.
En la lógica, pues, del sindicato, mientras no se ventile la irregularidad, el Bancomext no puede cobrarse “a lo chino”.
Cónclave inmobliario
A partir del próximo lunes se realiza en Mérida el XL Congreso Nacional Inmobiliario convocado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios que encabeza Adán Larracilla.
El objetivo es analizar, bajo la óptica de expertos nacionales e internacionales en la materia, la expectativa en la actividad, en un escenario en que ésta se incrementó este año en 7.6 por ciento, pese a la cual se calcula para el 2011 una caída de 4.5.
Fuente: El Universal
