Los gobiernos de México y Estados Unidos, dicen expertos de energía y políticos de Baja California, están obligados no sólo a determinar con precisión las causas reales del apagón que el 8 de septiembre pasado dejó sin suministro eléctrico a casi ocho millones de personas, ocasionó pérdidas de más de 150 millones de dólares a miles de empresas y expuso la debilidad de la red eléctrica que abastece a la región californiana, sino a identificar a los responsables directos y proceder en consecuencia. Según las investigaciones del caso, las empresas ligadas a la producción y distribución de la energía en ambas partes de la frontera, exhibieron su poco o nulo compromiso con la población y emitieron al unísono conclusiones sin ninguna base técnica o científica.
TIJUANA, BC. Mientras en México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actúa como un monopolio que impide a particulares nacionales generar energía y venderla a usuarios del servicio, su interconexión con una empresa privada de Estados Unidos, secreta hasta el apagón del 8 de septiembre pasado en la frontera californiana, pone en riesgo la seguridad nacional de nuestro país.
Esto porque la paraestatal mexicana le compra energía a la trasnacional estadounidense Sempra Energy, y al estar conectada al circuito que abastece al Sur de California y Arizona, Baja California se verá arrastrada por futuros desperfectos o daños intencionales al suministro eléctrico originados en territorio de EU, afirmó el arquitecto Jaime Martínez Veloz, político, articulista, miembro de la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa) de Chiapas y especialista en el tema Sempra Energy en México, quien agregó que el apagón del 8 de septiembre es la expresión de un “concierto de desatinos”, donde Sempra y el gobierno mexicano tienen una enorme responsabilidad.
“Lo más grave no es que esta contingencia sea el final de una serie de acontecimientos erráticos, sino el principio de una etapa cuyo destino final ni siquiera nos imaginamos. Y si ahora fue algo ‘accidental’, el día de mañana puede realizarse con toda premeditación, alevosía y ventaja para dañar a la nación mexicana”, afirma el analista.
Por su parte, Alfonso Lazcano Sahagún, ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y con estudios de Maestría en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), instó al gobierno federal a invertir en los estados fronterizos que tengan contratos de interconexión eléctrica con la Unión Americana, para instalar un sistema alterno de abastecimiento de energía y evitar colapsos, como los ocurridos en Baja California el 8 de septiembre.
Este sistema, de muy bajo costo de inversión y muy eficiente, debe centrarse en el uso de energía solar, con bancos de baterías que puedan ser alimentados incluso con electricidad convencional, previamente abastecida por la CFE, y que debe dirigirse estratégicamente a evitar la caída de los servicios básicos de las ciudades, como son servicios médicos de emergencia, protección civil, seguridad pública, vialidades y comunicación telefónica, radiofónica e internet.
Martínez Veloz, quien estudia la instalación de Sempra en México desde los primeros años del decenio pasado, acusó a la CFE de formar parte de un sistema eléctrico mayor, donde el propósito principal es usar las instalaciones eléctricas mexicanas para abastecer el mercado de EU, vía la trasnacional Sempra Energy.
Por ello, consideró, los gobiernos de México y Estados Unidos están obligados no sólo a determinar con precisión las causas reales del apagón que dejó sin suministro eléctrico a casi ocho millones de personas, ocasionó pérdidas calculadas en más de 150 millones de dólares a miles de empresas y expuso la debilidad de la red eléctrica que abastece a la región californiana, sino a identificar a los responsables directos y proceder en consecuencia.
“Se debe obligar a los responsables del suministro eléctrico a revisar estrictamente sus protocolos de seguridad y a indemnizar a empresas y ciudadanos que sufrieron pérdidas o daños en sus bienes por las fallas en el servicio. Sólo así pondrán más cuidado para que esto no vuelva a ocurrir y se termine en el deleznable ‘usted disculpe’”, agregó.
El también ex diputado federal y estatal por Baja California, a quien Darcel Hulse, presidente de Sempra LNG, acusó sin pruebas de formar parte de un grupo que en México extorsionan a la trasnacional californiana –en esa conjura también estaría el diputado federal José Narro Céspedes, quien solicitó al Congreso de la Unión declare persona no grata para el país al ejecutivo de la trasnacional–, consideró necesario reconocer la realidad y ubicar el tema como parte de la agenda bilateral entre ambos países.
“Esto sería más saludable que seguir tratando el problema debajo de la mesa, vulnerando voluntades y atropellando derechos, lo que al final de cuentas propicia problemas jurídicos, técnicos, económicos y sociales cada vez mayores”.
La situación –agregó– no es nada sencilla, pero tenderá a complicarse cada vez más si el empecinamiento, la sinrazón y la lógica de la ganancia sean las que sigan rigiendo las relaciones en el tema.
“El gobierno federal debe tomar verdaderamente cartas en el asunto y disponer las medidas técnicas y jurídicas que sean necesarias para que en lo sucesivo la CFE garantice la soberanía energética de México, independientemente de lo que pueda ocurrir o no en el país vecino”.
Asimismo recomendó acordar mecanismos expeditos para atender las emergencias, en coordinación con el gobierno de Baja California y los cinco municipales de la entidad afectada con el apagón.
Esto porque, aseguró, los niveles de coordinación y articulación en materia de Protección Civil en los ayuntamientos y el gobierno de Baja California, son casi nulos por no decir inexistentes.
“No estamos preparados para eventos de esta naturaleza, mucho menos para otros de mayor envergadura. Esta experiencia debe constituir un auténtico parteaguas para nuevas acciones y responsabilidades de los tres ámbitos de gobierno”, afirmó.
Así, para Martínez Veloz, el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán debe tener un atlas de riesgos que identifique plenamente todos los riesgos reales y potenciales, incluyendo los relativos a la planta regasificadora de Gas Natural Licuado (GNL) de Sempra en Ensenada, y a las terminales generadoras de energía eléctrica que operan en Baja California.
También que el estudio determine las acciones inmediatas a realizarse en caso de emergencia, así como los mecanismos de coordinación con los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, a los que Osuna Millán debe convocar para alcanzar los acuerdos que sean necesarios y la actuación conjunta que se requiera.
“Los cinco gobiernos municipales habrán de tener planes de contingencia de pronta respuesta, que realmente funcionen y que no sólo existan en documento, y coordinarse entre sí y con el gobierno del estado y el gobierno federal”, propuso.
Los desatinos
Un informe de los acontecimientos, que Martínez Veloz elaboró para SinEmbargo.mx, detalla que el pasado 8 de Septiembre, a las 15.30 horas, se produjo el apagón eléctrico que afectó a 8 millones de personas que habitan el Sur de California a partir del Condado de Orange, parte de Arizona, todo el estado de Baja California y parte de Sonora.
En Baja California, el servicio se empezó a restablecer paulatinamente a partir de las 21.00 horas y en el caso de San Diego, el evento tuvo una duración de 12 a 24 horas, dependiendo de la zona de ubicación.
Al día siguiente del apagón, la CFE informó que a las 11.00 horas se registraba un avance global de 97% del restablecimiento del servicio eléctrico en Baja California y en Estados Unidos.
La compañía San Diego Gas & Electric, filial de la multinacional Sempra Energy, anunció también que ya había restablecido el servicio a la mayoría de los 1.4 millones de sus clientes en San Diego y en el sur de California, aunque advirtió que la red eléctrica se encontraba muy frágil, por lo que solicitó a los consumidores que limitaran o postergaran el uso de electrodomésticos y aires acondicionados.
Los medios de comunicación de California y Baja California informaron que las escuelas y universidades estatales, de ambos lados de la frontera, cerraron el jueves 8 y el viernes 9 de septiembre.
En San Diego, el apagón afectó el sistema de desagüe sanitario del condado y más de dos millones de galones –siete millones 300 mil litros– de aguas residuales fueron a parar a las costas, por lo que se tuvieron que cerrar las playas de Solana Beach a Scripps Pier, así como Bayside Park, en Chula Vista.
Además, el apagón dejó a cientos de personas atrapadas y dentro de elevadores, y produjo caos vial en las ciudades de ambos lados de la frontera, al paralizarse la actividad de los semáforos.
Todos los vuelos con salida en el aeropuerto Lindbergh Field de San Diego fueron cancelados, cientos de pasajeros tuvieron que pasar la noche en las salas de espera; vuelos hacia la región fueron demorados y los entrantes fueron desviados a aeropuertos regionales colindantes.
Las estaciones de policía usaron generadores para recibir llamadas de emergencia y los hospitales recurrieron a sus propios generadores para seguir operando.
El corte de suministro eléctrico paralizó los dos reactores nucleares de San Onofre, California, que se desconectaron a las 3:38 de la tarde, tal y como se contempla en los protocolos de seguridad cuando existe una perturbación en la red eléctrica. Las autoridades dijeron que no había peligro para el público o los trabajadores.
Pérdidas millonarias
En cuanto a las pérdidas, el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali las estimó en 90 millones de dólares. Sólo las de la industria maquiladora asentada en Baja California alcanzaron 480 mil 500 horas sin trabajar, con un costo de un millón y medio de dólares, y sin contar con las mermas y pérdidas en el retraso de los procesos que se vieron afectados por el corte eléctrico.
Del lado estadounidense, el Instituto para la Investigación de las Políticas del Sistema Nacional Universitario calculó que las pérdidas ocasionadas por el apagón ascendieron a más de 100 millones de dólares.
La mayoría de los negocios tuvieron que cerrar, por lo que según el cálculo de ese instituto perdieron unos 70 millones de dólares.
Las horas extras de los trabajadores del gobierno de San Diego, manifestó el instituto, cuestan uno 20 millones de dólares y los alimentos en mal estado se calcularon en 18 millones de dólares.
Este grupo de expertos consideró las pérdidas entre 97 y 118 millones de dólares.
Sin embargo, en ambos lados de la frontera, los expertos y dirigentes empresariales advirtieron que será hasta octubre cuando se tenga una dimensión más precisa de la cantidad de daños ocasionados por el apagón.
En suma, recapituló Martínez Veloz, millones de afectados, perdida de cientos de millones de dólares y cientos de miles de horas hombre, así como incertidumbre, desinformación, innumerables problemas, caos, angustia y miedo de atentados, compras de pánico, vuelos cancelados, escuelas sin clases, costas contaminadas, saturación de llamadas de emergencia, centrales nucleares y ciudades de dos países y varios estados paralizadas.
“Escenarios reales que no hubieran sido causados, por su magnitud y extensión, ni siquiera por un gran acto terrorista y que sucedieron de pronto, y lo que es peor y muy predecible es que pudieran volver a suceder”, apuntó el político.
La desinformación
El comisionado para la paz chiapaneca consideró que un evento de esta naturaleza, por su dimensión y alcance, se debe investigar bajo un procedimiento técnico que reúna toda la información posible y establecer un método que permita determinar con precisión las causas que lo generaron.
“Sin embargo, las empresas ligadas a la producción y distribución de la energía en ambas partes de la frontera, exhibieron su poco o nulo compromiso con la población y emitieron al unísono conclusiones sin ninguna base técnica o científica. En algunos casos esto se produjo por la ignorancia de los funcionarios y en otros por el apuro de que este evento ponga al descubierto los enjuagues entre Sempra Energy y la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó.
Y como si las cosas estuvieran organizadas para agudizar el caos –lamentó el político coahuilense–, el gobernador de Baja California se encontraba en Seúl, Corea, y los presidente municipales de Tijuana y Mexicali en la Ciudad de México.
Durante varias horas después del apagón, muchos medios de comunicación difundían como un hecho la versión que un sobrecalentamiento en una de las turbinas de la termoeléctrica de Rosarito, que provee electricidad a Baja California y parte de San Diego, había sido la causa. La fuente de información era Carlos Martínez, director de Bomberos de Tijuana. Posteriormente, fue el director de Protección Civil de Rosarito, Octavio Méndez, quien informó de un aparente desperfecto en un distribuidor de electricidad entre California y Arizona.
“Cualesquiera que hayan sido las causas del mega apagón, el hecho que afectara una zona geográfica tan extensa y pusiera en jaque a las autoridades de los dos países, convierte el asunto en un tema de seguridad nacional para ambas naciones”, insistió.
Lo delgado del hilo
El 9 de septiembre, la distribuidora San Diego Gas & Electric (SDG&E) –filial de Sempra Energy– y la CFE declararon que el apagón fue producto de un “error humano”: “Un empleado de mantenimiento en Arizona cometió un error con una línea de transmisión de alto voltaje en South Gila, al norte de la ciudad de Yuma, cuando se encontraba apagando un condensador, que es un dispositivo para controlar los niveles de voltaje”, detalló SDG&E en un comunicado de prensa.
Pero Daniel Froetscher, vicepresidente de la gubernamental Arizona Públic Service (APS), ubicada en Phoenix, Arizona, dijo en entrevista con el diario angelino La Opinión que era prematuro llamarlo “error humano”, por lo que destacó la necesidad de realizar una investigación objetiva, que permitiera esclarecer a fondo las causas del corte energético.
Según este funcionario, la línea de suministro de electricidad que colapsó se había mantenido “sólida y confiable” y no tuvo problemas en el pasado, por lo que cuestionó la hipótesis de Sempra y la CFE al señalar que SDG&E disfrutó de un período de 10 minutos –entre el momento del problema en la subestación y que los usuarios se quedaran sin electricidad– para evitar el colapso.
En ese periodo, previo al apagón, San Diego Gas & Electric debió aislar el problema apagando la central Southwest Powerlink de 500 kilovatios y evitar que se extendiera, tal y como lo hizo durante los incendios forestales de 2007, según recordó Michael Shames, director ejecutivo del grupo de defensoría californiana Red de Acción de los Usuarios de Servicios Públicos.
También cuestionó que la planta nuclear de San Onofre se viera obligada a apagarse, además de la falta de activación de otras fuentes energéticas de respaldo.
Responsabilizar al trabajador de servicios públicos de Arizona –agregó– sería como desestimar el papel que tuvieron las construcciones de madera y la falta de protección contra siniestros en el incendio ocurrido en Chicago en 1871.
“Es como decir que el principal motivo del gran incendio de Chicago fue la vaca. Sí, la vaca comenzó el fuego al patear un farol, pero eso no fue verdaderamente lo que causó la tragedia”, dijo.
Michael Niggli, presidente y director de operaciones de SDG&E, expuso que la empresa no tuvo tiempo para cerrar la línea porque no hubo un aviso previo.
Niggli afirmó que los cortacircuitos automáticos de San Onofre evitaron que el apagón se extendiera a Southern California Edison, empresa que tiene 14 millones de usuarios en el área de Los Angeles.
Y comparó la red eléctrica con un estanque tranquilo: “Cuando alguien lanza una piedra en el estanque comienzan a formarse olas. Dependiendo del tamaño de la piedra, esas olas pueden afectar a todos los que estén en ese estanque”.
Cuando las fluctuaciones de voltaje hicieron que la estación nuclear de San Onofre se apagara para protegerse, privó a la red de una gigantesca fuente eléctrica generada en California.
En la actualidad, California importa cantidades astronómicas de electricidad de Arizona y otros estados de EU, así como de las plantas que Sempra Energy e Intergen operan en Baja California.
Ahora se conoce con certeza que la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, de la CFE, en el municipio bajacaliforniano de Playas de Rosarito, también abastece a la red que en el suroeste americano administra Sempra Energy a través de sus filiales en aquella región de Estados Unidos.
De acuerdo con Daniel Froetscher, en una circunstancia como la que se presentó en Yuma, existen protocolos predeterminados que estipulan como, ante un corte de luz, debe aislarse el problema para no afectar el resto de las líneas de corriente, lo cual no sucedió. Esto, agregó el ejecutivo del Arizona Públic Service, debe ser el principal foco de atención en la investigación federal que se realice en torno a las causas del incidente.
CFE: La comparsa
Al unísono de Sempra, la Comisión Federal de Electricidad a través del superintendente en Baja California, Javier Larios Santillán, brindó una explicación que se empata con los argumentos de su principal proveedor de gas natural en diversos estados fronterizos de la República mexicana.
Explicó que Baja California sufrió el impacto del apagón “debido a que los sistemas de energía eléctrica de ambos países están interconectados. Esto como parte de un convenio entre México y Estados Unidos para abastecer del suministro eléctrico en caso de un problema en alguno de los puntos. De ahí que la falla afectara a la contraparte”.
Lacónico en la información y tras afirmar que el problema se originó por “un error humano” en Arizona, el funcionario aseguró que el convenio entre ambos países sólo contempla proveer del servicio de energía a manera de emergencia y no para comercialización, pero se negó a proporcionar una copia del contrato.
“Las autoridades de México y Estados Unidos analizan el motivo real de incidente para evitar que se repita; como parte de las medidas que se instrumenten, también se tomara en cuenta un sistema que evite que una falla repercuta en la parte contraria”, dijo.
Al respecto, Jaime Martínez Veloz se preguntó: “¿Por qué todos los supuestos protocolos no funcionaron y la falla detectada en Yuma (Arizona), generó un apagón generalizado en todo Baja California y parte de Sonora? ¿Cuándo y por quiénes se firmó el famoso convenio al que aluden? ¿Quién elaboró y quien tiene el convenio? ¿En qué consiste, qué implica y qué se indica en sus cláusulas? ¿Compromete de alguna forma la soberanía nacional? ¿Se considera en el convenio la energía que producen Sempra e Intergen con destino a Estados Unidos?”.
El integrante de la Cocopa destacó que pocos en México, a raíz del mega apagón del 8 de septiembre, recuerdan la política generada por el gobierno federal y los gobiernos locales del Partido Acción Nacional (PAN), que desde 2000 han convertido paulatinamente a Baja California, y ahora a San Luis Río Colorado, Sonora, en el “sótano de máquinas” de EU para abastecer de energía y gas natural al vecino país del norte desde territorio mexicano.
Dijo: “Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se esmeraron por entregar territorio, soberanía y recursos naturales a las trasnacionales de la energía, en una estrategia que ha consistido en atropellar la opinión y la voluntad de los ciudadanos fronterizos para imponer a toda costa el esquema convenido con las empresas energéticas, en particular con Sempra Energy.
“Esta trasnacional tiene ya en su poder una parte de territorio mexicano, al habérsele entregado un puerto particular en Ensenada, sitio en el que tiene instalada una regasificadora que recibe el Gas Natural Licuado que Sempra adquiere en el extranjero, lo somete a un proceso para transformarlo de líquido en gas –con un altísimo costo ecológico– y llevarlo por una gaseoducto que atraviesa desde Ensenada hasta Mexicali, en donde se conecta al principal gasoducto que distribuye el gas en el sur de Estados Unidos y a dos plantas de generación de energía eléctrica de exportación de ciclo combinado, una propiedad de Sempra y otra de la compañía Intergen, y donde una parte de la energía que se produce se vende a la CFE y la otra tiene como destino Estados Unidos, transportándose utilizando la infraestructura eléctrica mexicana”.
Así, para Martínez Veloz, el argumento de la CFE en el sentido de que la interconexión con EU es para efectos especiales y en momentos aislados, cae por su propio peso dado que el abastecimiento de energía se produce en forma constante y permanente.
De hecho, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado permisos a “algunos clientes industriales especiales” para que importen energía de Termoeléctrica de Mexicali –filial mexicana de Sempra–, a la que se le otorgó el permiso para su instalación, condicionado a que la energía que produzca se exporte.
Pero, una vez que la electricidad llega a California, la misma se regresa a Mexicali para abastecer a los grandes consumidores de energía en ese municipio a tasas preferenciales –Bimbo y Jumex, por ejemplo–, mientras que el resto de los ciudadanos mexicalenses, sufre por los enormes costos del consumo de energía debido a las altas temperaturas prevalecientes en la región.
Negros antecedentes
El ex legislador estatal y federal mencionó los “turbios antecedentes” de Sempra, que hacen pensar que el apagón pudo haber sido intencionalmente causado o negligentemente atendido.
“Los antecedentes están ahí y no mienten. La Comisión de Energía de Estados Unidos multó con 3 mil 300 millones de dólares a las empresas energéticas –Enron Corporation y Sempra Energy– en el año 2003 debido a que crearon una crisis de precios y aprovisionamiento (de electricidad) en el estado de California, aprovechando las deficiencias de la desregulación del Estado para elevar las tarifas”.
Destacó que en los momentos de la máxima demanda durante la crisis energética de California de 2000 y 2001, los precios se dispararon 10 veces por encima de su valor real por la manipulación financiera que Enron y Sempra hicieron en los mercados bursátiles, ello con el objeto de elevar precios y tarifas.
Por esa y otras acusaciones que civiles y el gobierno de San Diego encauzaron en contra de Sempra, la trasnacional fue obligada a pagar multas por hasta 800 millones de dólares y Enron cubrió mil 500 millones de dólares para cancelar otras demandas penales en su contra.
Martínez recordó que el 7 de diciembre del 2010 Dianne Jacob, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, California, reveló que la trasnacional es ejemplo de las industrias que se hacen llamar “limpias”, pero poseen “un historial negro de multas y castigos por su desempeño fuera de toda norma” legal.
De hecho, Jacob solicitó a la estadounidense Comisión Federal Reguladora de Energía y a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), investigar el desvío de 17 millones de dólares que Sempra Energy dispuso para construir una mansión en Ensenada, y el pago de sobornos a funcionarios de Baja California con la finalidad de favorecer sus intereses comerciales.
Según la supervisora, los donativos de Sempra han sido estratégicamente diseñados para callar a sus detractores. Esto porque a la trasnacional le interesa hacer dinero, como en el caso del mega proyecto energético Sunrise, que goza del respaldo del ex gobernador californiano Arnold Schwarzenegger, quien presuntamente ordenó a sus allegados dentro de la CPUC que votaran para mantenerlo vigente, pese a la oposición de la mayoría de los californianos.
Para Alfonso Lazcano Sahagún, director de la única escuela de energía solar en México con un campus autosuficiente en materia energética –en lo alto de la Sierra de Juárez, Baja California, y funciona con un sistema totalmente autónomo de apenas 650 watts–, no hay otra forma de calificar a la trasnacional californiana más que la siguiente:
“Sempra es una empresa vándala, de malas mañas, de malas artes. A nuestro país no le conviene tratar con ese tipo de vándalos. Debemos de tener mucho cuidado con ellos y con empresas españolas como Repsol. Si los metemos a la casa luego no los vamos a poder sacar tan fácilmente”.
Convencido de las bondades de las fuentes de energía alterna como el sol, el viento y las corrientes hidráulicas, el ensenadense dijo estar preocupado por la futura instalación en Baja California de mil aerogeneradores de electricidad por la empresa Energía Sierra Juárez, subordinada a Sempra Energy y con un permiso del gobierno mexicano para generar hasta mil 200 megavatios de energía eléctrica en poco más de 294 mil hectáreas localizadas en Jacumé, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez.
“Muchas torres eólicas pueden producir un problema operativo y ecológico de importantes magnitudes. Es además una gran preocupación porque es energía que se va a mandar totalmente a los Estados Unidos. ¿Por qué no instalaron ese mega parque eólico en California o en la Bahía de los Ángeles, que es la segunda cuenca de aire más importante que existe en Baja California?
“En ese primer lugar no, porque ni las leyes ni el gobierno ni la ciudadanía de California se los permite, y en el segundo espacio tampoco porque afecta las ganancias de la trasnacional: Bahía de los Ángeles se ubica a más de 600 kilómetros al Sur de la frontera con California y resulta que cada kilómetro de un sistema de transporte de alta tensión cuesta en promedio un millón de dólares”.
Agregó: “Sempra, por el simple hecho de habernos ganado el tirón en la Sierra de Juárez, se va a ahorrar el desembolso de unos 600 millones de dólares. Lo mismo sucedió con la planta de regasificación de gas natural licuado que opera en Costa Azul (Ensenada). No haber instalado esa fábrica en Punta Colonet, que es donde menos afectaría (y que se ubica a 100 kilómetros al Sur de la ciudad de Ensenada), le ahorró más de 100 millones de dólares a la trasnacional.
“Entonces, ceder uno de los principales ecosistemas del Noroeste de México, aparte de poner en peligro la sustentabilidad de la región, nos esta costando 500 o 600 millones de dólares que probablemente los vayan a poner Repsol, o Gamesa, o vete tú a saber, porque en este país parece que no queremos hacer nada por nosotros mismos. ¡Es una pena!
¿Qué hay por hacer?
Alfonso Lazcano Sahagún, experto en el diseño de software de ahorro energético para empresas del sector público y privado, así como para ciudadanos comunes, Lazcano consideró que luego del apagón la prioridad para el gobierno mexicano debe ser, además de esclarecer el origen del problema, asegurar que las ciudades mexicanas en riesgo sigan funcionando en escenarios de crisis.
“Debemos sacar provecho de una lección como ésta. Fue un aviso de que esto se puede repetir y no queremos que nuestras ciudades entren en caos. Para empezar ya deberíamos estar haciendo un análisis de lo que sucedió y ver qué estuvo mal, qué es lo que debemos atender para que otras eventualidades las libremos con mejor solvencia y actitud”.
–¿Cómo mantener la operatividad de una ciudad cuando hay un apagón de esta magnitud?
–Primero debemos definir qué es lo que no puede dejar de funcionar. En la sierra ya enfrentamos tres apagones y allá ni cuenta nos damos. Operamos un sistema con un banco de baterías de carro de golf que cargamos con energía solar y eólica.
“En las ciudades estas pilas pueden cargarse hasta con gasolina. Estarían conectadas todo el tiempo al sistema de la CFE y en cuanto se da un apagón de inmediato entra el banco de respaldo y te da apoyo con todas las cargas críticas que previamente seleccionaste como gobierno para que sigan operando”.
–¿Quién debe hacer la inversión para instalar y operar este sistema de emergencia?
–El municipio con el apoyo de la Federación, porque es quien opera los servicios básicos de las ciudades. Por ejemplo, si quieres que los semáforos sigan operando en cinco o seis vialidades fundamentales de la ciudad, las incluyes en tu banco de respaldo.
Antes das prioridad a todos los servicios de emergencia, como seguridad pública, protección civil, un lugar de coordinación, una parte mínima del ayuntamiento para mantener contacto con la ciudadanía. También debes mantener internet vivo.
Ya entonces enlistas la cantidad de equipo que necesitas y planificar hasta cuántas horas de emergencia. De ahí se desprende el diseño de un banco de baterías y de un sistema eléctrico que a la hora en que caiga la electricidad suministre a esos circuitos respaldados, nada más. Con esto permites que el gobierno municipal siga operando a pesar de que el sistema siga interrumpido.
Para cargar estas pilas utilizas el suministro normal de la CFE para mantenerlas siempre en condición de uso. Cuando se da el apagón entra tu sistema. Así de simple, como un relay. Además, puedes tener una planta de gasolina para recargar el banco de baterías en caso necesario, es decir que el corte de suministro se extienda más allá de tus expectativas de reanudación del servicio. Así prolongas tu habilidad de coordinar.
–¿No es esto muy caro? ¿Se necesita permiso especial del gobierno federal para ponerlo en práctica?
No hay problema con la Federación para instalarlo y administrarlo. Por otro lado, se habla de pérdidas en Baja California por 90 y 100 millones de dólares por el apagón. ¿Qué es caro? ¿Gastar 1% de esas pérdidas en instalar estos sistemas? ¿O tiene que morir gente para justificar la inversión? Caro es que se repita la eventualidad sin haber sacado algo positivo de la experiencia previa. Entonces, invertir 1 millón de dólares en la instalación de estos programas no es caro.
–Al seguir la huella de la información que manejan la CFE y Sempra Energy como causas del apagón, la versión original es que el calor extremo provocó la falla y posteriormente dicen: ‘No, fue un error humano’. ¿A que versión creerle?
–Es cierto que cualquier equipo que trabaja con semiconductores, como es el caso de las plantas de energía eléctrica convencional, tienen fallas en temperaturas extremas, pero pasa que echarle la culpa al equipo genera más responsabilidad a las empresas. En cambio, si se acusa a un trabajador sólo éste adquiere esa responsabilidad. En cualquier demanda por pérdidas los demandantes van a culpar a la empresa de negligencia o/y omisión criminal, y le preguntarán: ¿por qué no previste esta contingencia?
–¿Estos sistemas eléctricos en red no tienen protocolos de emergencia, sistemas preventivos para evitar la caída en suministro en cada una de las plantas conectadas?
Sí existen. En este caso, como el del apagón de Nueva York (en 2003 y que dejó sin electricidad a 50 millones de hogares en las zonas central y noroeste de EU), es evidente que se trata de sistemas con problemas de diseño y de autoprotección en caso de emergencias.
Los operadores de esta clase de sistemas, y más si están compartidos, tienen un margen de seguridad en donde pueden ver con anticipación los aumentos en la oferta o demanda de suministro de energía para poner en alerta los sistemas antes de que éstos colapsen.
Lo cierto es que tanto en el apagón del 8 de septiembre como en el de Nueva York se dieron una serie de eventos desafortunados, como diría Lemony Snicket (seudónimo y personaje del escritor estadunidense Daniel Handler), en el que uno se pregunta: ‘¿qué, esto no es previsible? ¿En lugar de afectar a 500 mil mejor dejas sin luz a siete u ocho millones de personas?’. Definitivamente ahí existen una serie de errores de diseño inherentes.
–¿Hay responsabilidad de las empresas en el mal diseño de los sistemas de operación de este tipo de redes?
–Sí. Este tipo de escenarios deben estar previstos para decir con anticipación a una crisis: ‘Ya no te voy a surtir. Tú me estás pidiendo más de mi capacidad y si lo hago se me va a caer mi sistema por una sobrecarga en el mío’. Es así de simple: Yo me protejo y hasta aquí llego.
La cuestión de la red es buena, pero hasta cierto punto, en condiciones normales. En la de sobrecarga las experiencias muestran que hay problemas, y a veces muy graves como nos pasó ahora a nosotros y antes a Nueva York.
–¿Existe la tecnología y el equipo adecuado para operar sistemas de suministro de energía más seguros, con mayores niveles de protección para los países, las empresas y los usuarios?
–Por supuesto que sí. No creo que a la Central Termoeléctrica de (Playas de) Rosarito se le hayan fundido los fusibles o tuvo una turbina dañada. Perfectamente se pudo haber aislado el problema en el sitio donde estaba la sobrecarga; es decir, esperar a que el equipo afectado se recuperara o lo que procediera de acuerdo al protocolo, y entonces sí reestablecer el servicio.
–Ahora sabemos, porque se había manejado en secreto, que existe un convenio entre la CFE y algunas empresas operadoras de suministro eléctrico en California y Arizona, filiales de la trasnacional Sempra Energy, que obliga a los firmantes a suministrar energía en caso de que alguna de ellas enfrente un problema. ¿Es adecuado que México firme este tipo de acuerdos?
–Mire, soy nacionalista, pero creo que este tipo de redes eléctricas, y más si son de energía solar, pueden ser el camino a la hermandad y a la solidaridad mundial, así como lo es ya sin duda internet.
Pero hablamos de un sector estratégico para nuestro país en el cual también tenemos que medir los costos ambientales, la forma en cómo se distribuye la energía y ahí de plano no conocemos cómo están las cosas.
Si esto va a redundar en que toda la franja fronteriza mexicana sea cuarto de máquinas para los Estados Unidos, definitivamente no estoy de acuerdo
Fuente: Sin Embargo
