En seis meses hubo 17% más que en 2010
En los primeros seis meses de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 17.4 por ciento más denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la institución que en el mismo periodo de 2010.
En 2010 se recibieron 907 quejas y se iniciaron 25 averiguaciones previas por violaciones de garantías individuales, de los cuales sólo cinco casos fueron turnados a un juez, refiere el informe de labores de la dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez.
De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, la atención a quejas consiste en intervenir en la investigación, resolución y seguimiento de los casos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace del conocimiento de la institución.
Las estadísticas señalan que del primero de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011 se atendieron mil 548 quejas, mientras en el periodo inmediato anterior hubo mil 641 casos.
Sin embargo, al considerar los periodos de enero a junio de 2010 y 2011, las estadísticas pasaron de 907 a mil 65 casos, respetivamente, lo que significa un incremento de 17.4 por ciento.
De septiembre a diciembre de 2010, la PGR desahogó 86 solicitudes de organismos internacionales y nacionales, mientras en los primeros siete meses de este año las peticiones aumentaron a 285 y las respuestas de la institución ministerial estuvieron relacionadas con casos de amenazas y hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas, así como a “asuntos de desapariciones forzadas, solicitud de medidas cautelares y de atención médica y sicológica a actores sociales”.
Acerca de la determinación de iniciar averiguaciones previas, la PGR señaló que en el periodo de septiembre de 2010 a julio de 2011, de un total de 25 asuntos en cuatro se consideraron incompetentes, 14 fueron resueltos con el no ejercicio de la acción penal, cinco se pusieron a consideración de un juez y dos se enviaron a la reserva, es decir, en espera de datos que pudieran acreditar la comisión de algún ilícito.
Fuente: La Jornada
