Cerca de 100 indígenas entraron a los planteles; luego amarraron a promotores del plan educativo
Temen pobladores escalada de violencia ante la tardanza de autoridades para resolver el conflicto
El día 24, en la comunidad de Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, un grupo de 100 campesinos encabezados por los caciques locales Juan Pérez Gutiérrez; Antonio Mazariegos López, El Azul (ambos con orden de aprehensión); Tomás Gómez Vázquez y Alejandro López Gómez ingresaron de forma violenta y destruyeron las instalaciones de la secundaria bilingüe Emiliano Zapata, así como el bachillerato intercultural Bartolomé de Las Casas.
Dichos planteles han establecido desde hace tres lustros una educación bilingüe e intercultural de calidad. Sus estudiantes proceden de muchas comunidades tzeltales de Chilón, Ocosingo, Altamirano y la zona chol al norte. Pero, ¿quién destruye escuelas, libros, material educativo?
Cuatro heridos, el saldo
Los planteles comunitarios saqueados también forman parte del proyecto Desarrollo comunitario, del Patronato pro Educación Mexicano. Maestros y colaboradores de dicho proyecto denuncian que el pasado fin de semana se generó un enfrentamiento en la comunidad de Guaquitepec, con un saldo de cuatro heridos: “dos de nuestros compañeros y dos de parte de ellos, además de la destrucción parcial de las escuelas, el laboratorio y casi el total del centro de cómputo”.
Posteriormente, los atacantes se dirigieron a las casas de Antonio Jiménez Álvarez y Juan Pérez Hernández, promotores del proyecto educativo desde su fundación: “fueron sacados a la fuerza, golpeados y retenidos durante horas, amarrados en la plaza central”. Este “grupo invasor” mantiene en su poder las instalaciones educativas y desde el lunes comenzó a talar todos los árboles del predio, con la intención de arrasar por completo con las escuelas.
El día 24 la tensión fue en aumento, lo que culminó en un enfrentamiento entre quienes defendían las escuelas y sus saqueadores. En el transcurso de la noche llegaron cerca de 50 policías, sin intervenir. Todos los que trabajan en el proyecto están amenazados y algunos han tenido que abandonar la comunidad. Docentes y representantes comunitarios sostuvieron después en conferencia de prensa: “a pesar de los esfuerzos de las instancias gubernamentales para solucionar de manera legal el conflicto, nos preocupa que la tardanza en ejecutar las órdenes de aprensión ya liberadas y la restauración del orden y la seguridad en la comunidad se traduzca en una escalada de violencia y tensión”. Todas las escuelas de la comunidad suspendieron sus actividades.
Denuncian particularmente la actitud del delegado de gobierno, Antonio Moreno López, “actor clave” en el conflicto, quien “tiene nexos con el líder invasor El Azul”, que en mayo pasado secuestró a servidores públicos, y éstos debieron pagar 10 mil pesos por su libertad. En esta ocasión, el delegado habría impedido que la policía evitara el saqueo y detuviera a los responsables.
Cabe recordar que el pasado 17 de enero el grupo encabezado por los caciques Mazariegos López, Pérez Gutiérrez, Hernández González y Gómez Vázquez, hoy todos con órdenes de aprehensión en su contra, invadió la parcela escolar de la secundaria Emiliano Zapata. Entonces “se inició un proceso de negociación con la intervención de la Secretaría de Gobierno”. No obstante, “el grupo invasor nunca cedió para desalojar la parcela”. Se procedió a levantar una denuncia penal por despojo, y el día 22 policías judiciales detuvieron a Hernández González y Gómez Vázquez. “Como represalia, el día 23 a las 9:30 horas los invasores, liderados por Mazariegos López y Pérez Gutiérrez, secuestraron a Marco Antonio López López, quien sería liberado en Ocosingo más de un día después”.
Michael Chamberlin, en nombre de los colaboradores de las escuelas atacadas, destaca el carácter “simbólico” de una violencia que “agravia” a decenas de comunidades. También que el delegado Moreno López, cuando fue alcalde de Chilón, “propició el conflicto de la caseta de cobro en San Sebastián Bachajón” y está vinculado con grupos de corte paramilitar, como Opddic y Chinchulines.
Fuente: La Jornada
