La propuesta hecha por el Ejecutivo federal a los estados sobre aplicar una nueva carga tributaria de hasta 5% adicional a los productos y servicios es una medida que algunos legisladores califican como inviable y parece no encontrar terreno fértil al interior de la Cámara de Diputados.
A decir del priísta Jesús Alberto Cano Vélez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, esta invitación tiene tres principales obstáculos: el primero es que tendrían que establecerse mecanismos de cobro antes de que termine el año, cosa que se vuelve muy complicada dado que es un año electoral, según dijo.
“No veo que su aprobación y aplicación sea viable al menos en el corto plazo. Es que este impuesto debería formar parte de una redefinición de potestades tributarias” entre gobierno federal y estatal, afirmó el Diputado de la bancada priísta.
El segundo obstáculo es que, suponiendo que se aprobara, se necesitaría organización por parte de los estados para tratar de homologar las tasas y no desincentivar el consumo en las entidades donde se aplique un impuesto más alto que en otras.
Y en tercer lugar, significaría una carga adicional para las familias, argumento en el que coinciden otros legisladores, entre ellos, el mismo presidente la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Mario Alberto Becerra Pocoroba.
“Habría que considerar el hecho de que sí representaría una carga adicional a las familias y se tendría que buscar una posición unánime entre los estados para evitar que unos lo apliquen y otros no”, declaró el legislador panista.
Sin embargo, abundó, “es importante destacar que éste es sólo un recordatorio a los estados para que ejerzan su potestad tributaria, no tiene nada que ver con una negociación política relacionada con la abrogación del impuesto a la Tenencia vehicular”. El PRD también se suma a la postura de rechazo, en voz de Vidal Llerenas Morales.
Fuente: El Economista
