Las empresas proveedoras del Gobierno Federal que fueron sancionadas por adjudicarse irregularmente contratos millonarios, burlan las multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el castigo penal.
De acuerdo con datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia, la SFP ha impuesto durante el sexenio 4 mil sanciones a empresas privadas y ha interpuesto 500 denuncias penales contra particulares.
Sin embargo, sólo ha cobrado el 9 por ciento del monto de las multas y ha habido tres consignaciones y una orden de aprehensión, aunque el particular pagó una fianza de 10 mil pesos y quedó libre.
En contraste, los fraudes cometidos por empresas contratistas sumaron, tan sólo en 2010, 4 mil 100 millones de pesos, de los cuales mil 600 corresponden a contratos con Pemex.
El año pasado, la SFP impuso multas a empresas por 70 millones de pesos. Sin embargo, del total de empresas que impugnaron la sanción de la SFP, 44 por ciento obtuvieron un fallo favorable.
Tan sólo en marzo pasado, la misma SFP dio a conocer que siete empresas proveedoras de Pemex burlaron durante cuatro años a funcionarios de la paraestatal con fianzas falsas y domicilios y teléfonos particulares inexistentes o de giros distintos con el fin de obtener contratos de la empresa.
Una investigación especial de la dependencia detectó que con documentos apócrifos se adjudicaron contratos por 814 millones de pesos entre 2004 y 2008.
De acuerdo con información de la PGR, no existe ningún consignado por esos hechos.
Sergio Aguayo, experto en temas de transparencia, consideró que la Función Pública no está cumpliendo con su obligación, por la evidencia que existe, de que no sólo los servidores públicos no pagan sus multas y libran las denuncias penales, sino que las empresas hacen lo mismo.
“La SFP es una burocracia anémica y sin compromisos. Es una burocracia que termina por alimentarse así misma sin tener un resultado verdadero”, consideró.
De acuerdo con datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia, la SFP ha impuesto durante el sexenio 4 mil sanciones a empresas privadas y ha interpuesto 500 denuncias penales contra particulares.
Sin embargo, sólo ha cobrado el 9 por ciento del monto de las multas y ha habido tres consignaciones y una orden de aprehensión, aunque el particular pagó una fianza de 10 mil pesos y quedó libre.
En contraste, los fraudes cometidos por empresas contratistas sumaron, tan sólo en 2010, 4 mil 100 millones de pesos, de los cuales mil 600 corresponden a contratos con Pemex.
El año pasado, la SFP impuso multas a empresas por 70 millones de pesos. Sin embargo, del total de empresas que impugnaron la sanción de la SFP, 44 por ciento obtuvieron un fallo favorable.
Tan sólo en marzo pasado, la misma SFP dio a conocer que siete empresas proveedoras de Pemex burlaron durante cuatro años a funcionarios de la paraestatal con fianzas falsas y domicilios y teléfonos particulares inexistentes o de giros distintos con el fin de obtener contratos de la empresa.
Una investigación especial de la dependencia detectó que con documentos apócrifos se adjudicaron contratos por 814 millones de pesos entre 2004 y 2008.
De acuerdo con información de la PGR, no existe ningún consignado por esos hechos.
Sergio Aguayo, experto en temas de transparencia, consideró que la Función Pública no está cumpliendo con su obligación, por la evidencia que existe, de que no sólo los servidores públicos no pagan sus multas y libran las denuncias penales, sino que las empresas hacen lo mismo.
“La SFP es una burocracia anémica y sin compromisos. Es una burocracia que termina por alimentarse así misma sin tener un resultado verdadero”, consideró.
Reforma
