Pensionados protestan en Xalapa. Foto: Miguel Ángel Carmona
Durante la octava protesta consecutiva de las últimas semanas, unos 200 extrabajadores se plantaron en los alrededores del Palacio de Gobierno, cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez y protestaron para que el pago se haga de inmediato.
Según el gobierno estatal, las transferencias bancarias comenzaron el lunes pasado, pero a cuentagotas.
Entre exempleados del aparato estatal y jubilados del magisterio en Veracruz hay cerca de cien mil agremiados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Esta mañana, ante una temperatura que sobrepasaba los 30 grados centígrados, los jubilados inconformes volvieron a bloquear calles como medida de presión al aparato gubernamental.
Al lugar de la protesta llegó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumuto, para gestionar una mesa de trabajo entre los demandantes y el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.
No obstante, la presencia de la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) –identificada como subordinada a Duarte de Ochoa– tensó más la molestia de los pensionados. Muchos le gritaron “¡pinche vieja vendida!”.
Desde marzo pasado, el pago de pensiones se retrasó y provocó que los afectados presentaran más de 600 quejas con el argumento de violación a sus derechos humanos. Sin embargo, las solicitudes en la CEDH se quedaron “estancadas”.
De hecho, en los últimos cuatro meses, la dependencia encabezada por Namiko Matzumuto no emitió ninguna recomendación al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ni a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Empresarios de Veracruz piden intervención de Peña para frenar “blindaje” de Duarte
XALAPA, Ver.- Empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), así como micro y medianos independientes le dieron la espalda a Javier Duarte al exigir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para detener el paquete de iniciativas que el gobernador priista envió al Congreso local para “blindar” su salida.
La solicitud la hicieron a través de un desplegado publicado en medios locales y nacionales, firmada por medio centenar de empresarios y delegaciones regionales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dirigido al presidente, al secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y a los diputados locales de todos los partidos políticos del Congreso local.
En el texto, los firmantes llamaron a “detener” el paquete de iniciativas que Duarte de Ochoa envió a los legisladores para donar la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como aeronaves a la Fiscalía General del Estado (FGE).
También se oponen al nombramiento del fiscal anticorrupción y al próximo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) por un periodo de cinco años, así como la intención de “blindar” sus cuentas públicas, estados financieros y posibles sanciones, y dotar de 4% de presupuesto anual a la Universidad Veracruzana –aproximadamente cuatro mil millones de pesos–, cuando en promedio recibe dos mil millones.
En una extensa carta, los diversos grupos empresariales fustigan que los diversos compromisos económicos que tiene Javier Duarte y los que pretende endilgar al nuevo gobierno electo, sólo “hipotecan” el futuro económico y social de Veracruz.
“Se afecta la generación de empleos y con ello, se incrementa la inseguridad que padece nuestro estado”, atajan.
En una especie de pliego petitorio, los empresarios de Veracruz rechazan que el recurso de 3% a la nómina se destine al pago de deuda, pues su propósito original es la creación de infraestructura y obras, en aras de reactivar la economía.
Los líderes empresariales exigen también que cese la intención del gobierno de basificar a los empleados de confianza de la actual administración estatal, pues aseguran que dicha medida comprometería las finanzas de Veracruz.
En el último punto de la misiva, los distintos organismos empresariales piden que sea el nuevo Congreso local –el cual será integrado en tercios por PAN, Morena y PRI–, quien elija al nuevo fiscal anticorrupción y al nuevo comisionado del IVAI, para que en dichos cargos pueda quedar gente imparcial que no tenga compromisos con el actual gobierno de Duarte de Ochoa.
En Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tiene deudas con contratistas, empresarios y terceros institucionales por tres mil 468 millones 700 mil pesos, según el último reporte público entregado en noviembre del 2015.
Durante los últimos seis meses, el llamado pasivo revolvente ha sido ocultado por el gobierno del priista.
A través de la solicitud de información número 00292616 hecha a la plataforma Infomex Veracruz, la Sefiplan contestó que la tesorería del gobierno priista se ampara en los artículos 3 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para justificar que por el desahogo de la cuenta pública 2015 y en aras de no entorpecer la fase de comprobación de dichos estados financieros, no puede dar a conocer la situación financiera que guarda el estado.
Fuente: Proceso| NOÉ ZAVALETA
