De autodefensas a narcos y de reversa, en Michoacán llevan años brincando de
bando
El Presidente Enrique Peña Nieto, afirma que ha detenido a Los Caballeros Templarios y ha logrado controlar a los grupos de autodefensas que surgieron para combatir al cártel. Sin embargo, la historia en Tierra Caliente es muy diferente. La región no solamente está sufriendo las heridas de la violencia en los últimos años, también es ahora hogar de al menos 13 grupos criminales armados, la mayoría de ellos dominados por Templarios y ex miembros del grupo.
La pregunta para muchos es cuándo la violencia estallará de nuevo.
En el interior de un almacén vacío, un hombre gordo comiendo carne de res y tortillas cuenta cómo a la edad de 18 años quería convertirse en un agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas). Hoy, 14 años después, él está a cargo de ocho sicarios de Los Caballeros Templarios, un cártel que en su momento llegó a ser muy poderoso en el estado de Michoacán, México.
“A veces me pregunto si todo ha valido la pena”, dice refiriéndose a la guerra que ha librado con otros cárteles de la droga y exmiembros de su grupo que se han unido a equipos de autodefensas, apoyados por el gobierno. “Debimos haber escondido las armas enseguida y huido. No tenía sentido pelear, y muchos de mis compañeros seguirían con vida el día hoy”, agrega.
Estamos ahora en otro lugar de Michoacán, frente a un hombre más viejo y regordete, que alguna vez fue Templario, pero que ahora es líder de un grupo de autodefensas, integradas por excombatientes del cártel que aseguran haber dejado atrás el crimen, aunque se ríen de la posibilidad de bajar las armas.
“Si no cargo ningún arma, los malos van a matarme”, dice el líder de las autodefensas, mientras coloca a la sombra de un árbol de mangos un plato de birria.
La historia de estos dos hombres, antes aliados y ahora enemigos, a quienes llamaremos Luis y Pancho, ayuda a explicar por qué Michoacán sigue estando entre las regiones más conflictivas de México a lo largo de casi una década de la llamada ‘guerra contra las drogas’ que ha dejado más de 100 mil muertos.
La violencia despegó después de que el presidente Felipe Calderón lanzara una campaña contra los cárteles luego de haber sido electo en diciembre de 2006. La ofensiva comenzó en Tierra Caliente, una región de Michoacán, su estado natal.
El sucesor de Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo poco para modificar la estrategia cuando asumió el poder en 2012. Su gobierno afirma que ha detenido a los Templarios y ha logrado controlar a los grupos de autodefensas que surgieron para combatir al cártel.
Sin embargo, la historia en Tierra Caliente es muy diferente. La región no solamente está sufriendo las heridas de la violencia en los últimos años, también es ahora hogar de al menos 13 grupos criminales armados, la mayoría de ellos dominados por Templarios y exmiembros del grupo. La pregunta para muchos es cuándo la violencia estallará de nuevo.
La violencia entre éstos grupos es todavía una constante en la región, y el gran despliegue de fuerzas federales ha hecho que mantengan un bajo perfil en la ciudad de Apatzingán, otrora bastión de Los Caballeros Templarios.
Esta situación cambia a unos minutos de distancia, más allá de los límites de la ciudad. El paisaje va dejando atrás las colinas para dar paso a montañas escarpadas y empinadas, en donde los habitantes han cultivado marihuana por más tiempo del que cualquiera pueda recordar, y donde las “cocinas” producen metanfetaminas, adaptándose así a los gustos contemporáneos de Estados Unidos.
La fortaleza o centro de operaciones de Luis, el sicario templario, se encuentra a unos 40 kilómetros de Apatzingán, y llegar ahí nos obliga a cruzar por el territorio rival marcado por la presencia de ‘punteros’ o ‘halcones’, jóvenes empleados para reportar cualquier actividad sospechosa a través de radiocomunicadores. El feudo del grupo enemigo termina en un río y un puente de concreto conocido por los lugareños como “la frontera”.
A partir de ahí, el asfalto del camino da paso a caminos de tierra llenos de zanjas que desafían al conductor más experimentado. Debemos serpentear a través de grandes campos de matorrales y de una monotonía sólo interrumpida por una escasa población de altos cactus.
Los episodios clave de los múltiples conflictos de Tierra Caliente han dejado su marca en esta parte de la región: ahí está el templo color durazno que se encuentra en la parte más baja de una pequeña colina y que luce devastado.
El templo fue construido para conmemorar el lugar donde balas disparadas por un helicóptero de la policía en diciembre de 2010 habrían matado a Nazario Moreno González, también conocido como El Chayo o El más loco. O al menos eso fue lo que dijo el gobierno mexicano de Felipe Calderón en aquél momento.
Moreno se volvió famoso como líder del cártel de La Familia Michoacana que surgió en Tierra Caliente a principios de los años 2000, y probó ser lo suficientemente fuerte para arrebatar el control de la región a sus antiguos jefes, los Zetas. La Familia llegó a dominar casi todo, desde el cristal y la producción de aguacate, hasta la resolución de conflictos en la región. Alegaba inspiración religiosa, al mismo tiempo que cometían numerosos asesinatos, y organizaba extorsiones a gran escala. Algunos acusaron a miembros del cártel de comerse el corazón de sus enemigos como parte de un ritual.
El presidente Calderón celebró haber derribado a Nazario Moreno en aquél 2010 como una gran victoria en medio de su campaña contra el crimen organizado, pero había un problema: el capo aún estaba vivo, como se comprobó más adelante.
Declarado oficialmente muerto, Moreno forjó su propia leyenda como “San Nazario”, escribiendo una plegaria para él mismo en la que se le describía como un “defensor de los enfermos”; y no sólo eso, sino que también organizó un nuevo cártel llamado Los Caballeros Templarios.
Los Templarios se establecieron en lugares de donde La Familia Michoacana se había ido, pero encontraron un nuevo obstáculo en los grupos de autodefensas conformados por civiles que crecieron alrededor de la región en el año 2013 con el fin de combatir a los cárteles, quienes les extorsionaban y secuestraban. Después, algunos grupos de autodefensas se aliaron con el gobierno para llevar a cabo operaciones en conjunto dirigidas a poner fin al reinado de los grupos criminales.
Los habitantes del lugar recuerdan y aseguran que un convoy de 50 vehículos estatales y de otras fuerzas pasaron por la zona de los Templarios a principios de 2014, y ellos fueron quienes destrozaron el santuario de Nazario Moreno mientras cruzaban por ahí. Ahora el lugar está plagado de balas, vidrios rotos y desechos que cubren el suelo. La estatua de oro del narco-santo también es cosa del pasado.
En marzo de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que ahora sí se había acabado con la vida de este narcotraficante en un enfrentamiento con fuerzas oficiales; y más adelante, cuando el gobierno arrestó al segundo al mando, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en marzo de 2015, proclamaron haber acabado con los Templarios.
Pero los hombres armados del cártel, bajo el mando de Luis y establecidos en una aldea de 20 chozas al final del camino, cuentan una historia distinta mientras pasan el rato en una fiesta de cumpleaños y beben cerveza escuchando música en vivo.
Definitivamente no lucen como fantasmas mientras presumen sus AK-47, con lanzagranadas montados y rifles Barrett de .50mm. Enumeran las especificaciones técnicas sobre el peso (37kg), poder de alcance (2.8km) y costo por cartucho de 19 tiros (1.042 dólares), casi el triple del salario mensual de un sicario.
Luis habla sobre sus días como estudiante en Área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos, cuando soñaba con derribar narcos como agente de la DEA. Dice que todo se desmoronó cuando su hermano fue atrapado por dirigir una operación de cristal y él pasó cuatro años en prisión antes de ser deportado a México en 2006, aunque asegura que nunca estuvo involucrado.
Se unió a La Familia y luego siguió a El Chayo hasta los Templarios, a quien le fue leal cuando las cosas se pusieron difíciles. Lamenta la “traición” de aquellos que se unieron a las autodefensas y se convirtieron en contras, o enemigos, de un día para otro. Recuerda todavía la guerra que libró antes de que se le ordenaran mantener un perfil bajo a mediados de 2014.
El sicario dice que lideraba la capital del estado, Morelia, donde vivía en paz junto con su esposa y sus dos hijos pequeños, hasta que alguien llegó a su casa a atacar a su familia. Golpearon a su esposa y asustaron a sus hijos: “sé quiénes fueron, sé dónde están. Esto se arreglará cuando llegue el momento”.
Luis dice que estableció su nueva unidad de Templarios en el lugar en que ahora está, en enero de este 2016. Insiste en que todo está tranquilo, pero la calma no impide que los francotiradores que rodean las colinas en las que nos encontramos vigilen en todo momento, posibles incursiones de otros grupos armados.
Uno de ellos es el grupo al otro lado del río entre la fortaleza de Luis y la ciudad de Apatzingán. Otro grupo de enemigos tiene su base detrás de las altas colinas que rodean el poblado.
Esta es la razón por la que el equipo duerme en un campamento itinerante justo afuera de la aldea. También explica por qué toman sus cosas y se alistan para salir de la fortaleza tan pronto como el radio de Luis arroja un reporte sobre disparos en una comunidad cercana.
Tales enfrentamientos no se comparan con las ofensivas a muerte que alcanzaron un pico cuando La Familia se separó y se formaron los Templarios en 2010, o cuando las autodefensas se enfrentaron a éstos últimos en 2013 y 2014.
Sin embargo, las muertes son un reto constante para las declaraciones del gobierno, que asegura que Tierra Caliente ha dejado atrás la violencia. Son también un recordatorio de que las líneas divisorias entre los miembros de los cárteles, exmiembros y autodefensas son casi siempre difusas.
El caso de Pancho es una clara muestra de cuan delgada puede ser la línea entre buenos y malos, entre los autodenominados combatientes por la libertad y los narcos.
Él dice que abandonó los Templarios porque se hartó del sofocante autoritarismo de los líderes del cártel. Cuenta que se unió al movimiento de las autodefensas cuando comenzó a parecer lo suficientemente fuerte para enfrentar al cártel.
En teoría, Pancho y las autodefensas ganaron. Y después de haber sacado a los Templarios, fueron parcialmente integrados a las fuerzas estatales a través de un nuevo cuerpo conocido como Policía Rural, el cual fue, de nuevo en teoría, desmovilizado por completo en el mes de mayo.
Sin embargo, el grupo de autodefensas que dirige desde una base a unos 24 kilómetros de Apatzingán sigue activo.
Bajar las armas, dice Pancho, sería imposible porque los Templarios están aferrados a regresar a los días de dinero fácil proveniente de la venta de protección impuesta a las empresas agricultoras del área. Afirma que éstas ya han recibido amenazas.
“Tienen las listas de cuánto pagaba cada quién antes”, dice. “Es un chingo de dinero”.
Pancho también dice que la renuencia del estado a tomar una acción decisiva contra los reconstituidos Templarios significa que la región podría estallar de nuevo.
Apenas tres meses atrás, asegura, los Templarios podrían haber invadido su territorio para siempre. Pancho dice que activó el protocolo de emergencia del grupo creado para manejar tales situaciones, lo que significa que 150 vehículos bajo sus órdenes se movieron y sus hombres tomaron sus posiciones, listos para interceptar a los invasores. Asegura que el despliegue de fuerzas persuadieron al convoy templario y se lo pensaron dos veces. Regresaron sin haber disparado una sola vez.
La amenaza de sus antiguos hermanos Templarios ha empeorado, dice el líder de las autodefensas, gracias a la alianza que formaron con un grupo llamado Los Viagras.
Los Viagras es un grupo criminal independiente que tiende a aliarse con cualquiera que sea la principal organización criminal en Tierra Caliente: Zetas, La Familia, o Templarios. En el intermedio, también se volvieron el escuadrón anti-Templario más importante del gobierno federal, aunque el pacto parece haber desaparecido, y Los Viagras regresaron a ser socios de los Templarios.
Pero a pesar de que el grupo narco, convertido en autodefensa, se queja de no poder contar con la Policía Federal ni con el Ejército para que apoyen su batalla para mantener lejos a los Templarios y a los Viagras, sí les da crédito por saber “quién es bueno y quién es malo”.
Esto incluye darle a su grupo luz verde para contratar escuadrones de 10 hombres armados para proteger a las firmas agricultoras, a fin de asegurar que el pasado no regrese. Pero esto también significa la creación de un tipo de grupo armado privado con 350 miembros que están en una zona gris de ilegalidad, rendición de cuentas y violencia, que desenmascara la mentira de que Michoacán está en camino de restablecer el Estado de Derecho.
‘¿Vas a protegerme, a mi familia, mi casa, a mi esposa? No puedes’.
Pancho insiste en que su grupo no tiene ninguna intención de remplazar al Estado, y mucho menos de disparar en su contra.
Aún así, otras fuentes lo ponen a él y a su grupo justo en el centro de una cruenta batalla por el territorio y las rutas para traficar droga que mantienen a la baja, pero constante, la cifra de asesinatos y el hallazgo de cuerpos mutilados en las calles de Michoacán.
Cualquiera que sea su rol en el juego actual de sondear las debilidades de los otros grupos armados, incluyendo a las fuerzas del estado, Pancho mantiene un tono sereno a lo largo de la entrevista. Esto hasta que hablamos de los planes del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para desarmar a los autoproclamados grupos de autodefensas, como el de él.
“Al hombre le importa una mierda”, dice sobre el plan del gobernador. “Con una sola patrulla y cuatro oficiales, ¿vas a protegerme, a mi familia, mi casa, a mi esposa? No puedes”.
Un gatillero, presunto miembro de los Viagras, asesinó a un primo de Pancho cuando cargaba gasolina, dos días después de haber hablado para este reportaje. Él era el tercer familiar cercano del autodefensa asesinado este año.
Obreros de maquilas en Juárez marchan y bloquean puente fronterizo
CHIHUAHUA, Chih.- Alrededor de mil obreros de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, exigieron hoy en una marcha y bloqueo del Puente Internacional Paso del Norte, el incremento al salario, alto al acoso laboral, libertad sindical y el cumplimiento de pago de horas extras.
Los empleados de la empresas Eaton, Foxconn y Johnson Controls, salieron a las calles de la frontera para caminar desde el monumento Benito Juárez
hasta el puente fronterizo, donde cerraron el paso por una hora, mientras que los conductores que se dirigían a El Paso, Texas, eran desviados para ingresar por otras vías.
Los manifestantes, que llevaban mantas con las frases como “Cero toleraR represión”, “Foxconn, libertad sindical”, “Eaton ladrón”, “Johnson Controls, explotadores”y “Justicia a la Clase Obrera”, fueron acompañados por la abogada Susana Prieto Terrazas, quien llevó ante las autoridades laborales, a los directivos de las empresas Eaton y Foxconn, en diciembre del año pasado.
La unión de los obreros se dio de nuevo, luego de que empleados de la empresa Johnson Controls demandaron aumento salarial (ganan en promedio 800
pesos a la semana), y denunciaron hostigamiento por parte de los jefes, quienes los acompañan hasta el baño para evitar que tarden mucho tiempo, entre otras violaciones.
Una vez que se manifestaron afuera de las instalaciones de la empresa, el acoso incrementó, los directivos pidieron apoyo de la Policía
Municipal y propusieron a otros empleados, gratificaciones en alimentos, vales para paquetes de hamburguesas y carne asada, entre otros.
Esta semana, los empleados inconformes pararon labores en las plantas 1 y 4 de Johnson Controls, para exigir incremento laboral y ascenso laboral,
y enfrentaron a uno de los gerentes, Mario Hernández, de acuerdo con la abogada Susana Terrazas.
El problema en diciembre fue similar, pero, además, los obreros de Eaton y Foxconn, intentaron formar un sindicato independiente para no pertenecer al de la CTM, porque no se sienten representados, lo que generó mayor hostigamiento.
Durante semanas, entre nieve y frío, lucharon por sus derechos, algunos obtuvieron incrementos, otros fueron reinstalados y algunos más se
quedaron sin trabajo.
Las manifestaciones continuarán hasta que sean escuchados, de acuerdo con los mismos trabajadores.
Anuncia CNTE "caravana motorizada" para el 17 de julio
Oaxaca, Oax. El encuentro magisterial-popular, que reúne a decenas de presidentes municipales, autoridades agrarias, sindicatos, organizaciones sociales. La sección 22 de la CNTE acordó realizar una “caravana motorizada” a la Ciudad de México el próximo domingo 17 de julio.
Los participantes en la caravana acudirán también a una movilización nacional el 19 de julio, a un mes de “la masacre de Nochixtlán”.
El encuentro llamó a que ese día se realicen protestas contra la reforma educativa y el resto de las reformas estructurales en todas las plazas públicas del país. Asimismo, pidió llevar a las plazas libros o herramientas pedagógicas que simbolicen el rechazo a la reforma educativa, así como recibos de luz u otros servicios gubernamentales (los cuales serán quemados públicamente).
El encuentro advirtió que en Oaxaca “no cesarán las movilizaciones si no se libera a los presos políticos”.
La historia de tres jóvenes desaparecidos por “su facha de españoles”
La ascendencia gitana y la “facha de españoles” marcaron el destino de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, reportados como víctimas de desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas.
Nacidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y residentes en Los Mochis, Sinaloa, los jóvenes fueron vistos por última vez el 21 de julio del año pasado, luego de ser detenidos por policías municipales de Ahome (municipio al que pertenece Los Mochis). De acuerdo con la indagatoria, los muchachos fueron subidos a una patrulla y después a un automóvil compacto.
Como ha ocurrido con los miles de casos de desaparecidos, Carola Marín y Tomás Mendoza, familiares de los jóvenes, realizaron la investigación y recurrieron a instancias internacionales –primero al CED y después a la CIDH– con el apoyo de la organización civil I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Por su persistencia, la pareja logró que se abrieran expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría estatal, y que un juzgado local de Sinaloa librara órdenes de aprehensión en contra de tres de los diez policías municipales presuntamente implicados en la desaparición forzada de David, Margarita y Alfredo.
Sin embargo, “este caso demuestra la falta de coordinación entre las autoridades de procuración de justicia, omisiones de la PGR que no ha hecho nada para localizar a los jóvenes y, peor aún, la complicidad de los cuerpos policiacos que no han detenido a los presuntos responsables, quienes se sabe caminan despreocupados por Los Mochis, poniendo en riesgo, además, la integridad de los denunciantes”, apunta Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de I (DH)EAS.
En entrevista, Carola Marín, madre de David y suegra de Margarita y Elías, narra su historia: “Mis hijos se dedican a la venta de carros usados, ese día salieron a trabajar, y a las cinco de la tarde, al ver que no llegaban, Tomás les llamó por celular. Contestó Elías y dijo que los habían detenido policías, que había un malentendido y que ya los iban a soltar, pero eso nunca ocurrió”.
En su búsqueda, Carola y Tomás descubrieron que los jóvenes, quienes viajaban en una camioneta Astrovan con placas de Baja California, preguntaron a una vecina del fraccionamiento San Rafael si vendía un vehículo estacionado afuera de su vivienda. Al recibir una negativa, los jóvenes abandonaron el lugar.
“Lo que sabemos es que una vez que mis hijos se fueron, esa señora salió a la calle, paró una patrulla y les dijo que mis hijos eran sospechosos, que no eran de Sinaloa por el acento, y que tenían facha de españoles; todos nosotros somos mexicanos, aunque tenemos acento porque tenemos ascendencia de gitanos”, explica Carola.
De acuerdo con la resolución de la CIDH (29/2016) sobre las medidas cautelares otorgadas a los desaparecidos y sus familiares, los municipales alcanzaron a los jóvenes, pidieron refuerzos y llegaron al menos cuatro patrullas. Los jóvenes fueron sacados de su vehículo, subidos a una patrulla y dos horas más tarde a un vehículo Nissan tipo Versa blanco.
El mismo 21 de julio, Carola y Tomás buscaron a sus familiares en todas las oficinas policiacas de Los Mochis, preocupados por la salud de Margarita, que en ese momento estaba embarazada.
Desde los primeras horas de la desaparición, la familia buscó en “barandillas”, en las oficinas de la policía municipal, y seis días después Carola se entrevistó con el comandante Gerardo Amarillas, un temido agente policiaco de Los Mochis y quien estaría sometido a investigación por “sospechas de que oculta desapariciones forzadas en que incurren elementos a su cargo”, según declaraciones del secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, difundidas en el portal del semanario Río Doce.
En reportajes publicados por esta reportera en la revista Proceso (2042 y 2047) se reprodujeron testimonios de familiares de desaparecidos en Los Mochis, algunos de ellos integrantes de la organización del norte de Sinaloa conocida como “Las Restreadoras”, encabezada por Myrna Nereyda Medina,
De acuerdo con datos de la agrupación, que documenta casos de El Fuerte, Choix y Los Mochis, de los más de 120 casos de personas desaparecidas que buscan, “en 90% intervinieron policías municipales”.
Carola y Tomás participaron durante algunos meses con “Las Rastreadoras”, que se han distinguido por ubicar y exhumar cuerpos de personas denunciadas como desaparecidas.
“Dejamos el grupo porque yo estoy convencida que mis hijos están vivos, no hay razón para que los hayan matado, no estaban haciendo nada malo, llevaban 21 mil pesos y nada más, incluso quienes los subieron a la patrulla nos dicen que ellos estaban tranquilos”, dice Carola.
Durante las primeras semanas de búsqueda, Carola y Tomás recurrieron al CED de la ONU, organismo al que agradecen y al que atribuyen que la presión ejercida visibilizara el caso para las autoridades mexicanas.
“Al principio los mismos ministerios públicos nos decían que no recurriéramos a la ONU, que si nos iba bien, nos iban a responder en seis meses. No les hicimos caso, escribimos un correo electrónico denunciando la situación, y a los 15 días ya se estaban comunicando con nosotros para avisarnos que ya habían pedido información al gobierno de México sobre mis hijos”, dice Carola.
En septiembre de 2015 el CED emitió las acciones urgentes 157/2015, 158/2015 y 159/2015, en las que instaba al gobierno de Enrique Peña Niego a “a adoptar todas las medidas investigativas que sean necesarias para ubicar y localizar” a David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan.
A finales de 2015, Carola y Tomás contactaron a I(DH)EAS, organización que asumió la defensa legal ante las distintas instancias nacionales y promovió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presionar al gobierno mexicano en la búsqueda de los jóvenes, así como para proteger a sus familiares, quienes denunciaron acoso e intimidación por parte de policías municipales de Los Mochis.
Con la presión de la CIDH y el CED de la ONU, el 15 de abril de este año se confirmó la orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Pena de la Región Norte de Sinaloa en contra de los agentes municipales Álvaro Ricardo Montes Gaxiola, Silvia Abigail Paniagua Jiménez y Nicolás Galaviz Bojórquez, por el delito de desaparición de personas.
Sin embargo, los agentes no han sido detenidos y tuvieron la oportunidad de interponer un recurso de amparo contra la orden de captura, mismo que fue negado por tratarse de un delito grave.
“Antes de que se librara la orden de aprehensión habíamos tenido reuniones con el procurador (Marco Antonio Higuera Gómez) para pedirle que tuviera cuidado, que no se le fueran a escapar los policías –cuenta Carola–. Él me decía: ‘no se preocupe, los tenemos ubicados, le voy a dar la orden de detención a un grupo especial de agentes que me reporta directamente a mí, no con Chuy Toño’”.
El procurador Higuera trataba de tranquilizar así a Carola, prometiéndole no dar la orden de detención a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial, sobre quien hay señalamientos por supuestos abusos cometidos y por dar protección al narcotráfico. (Noroeste, 27 de marzo, 2011).
De acuerdo con la madre de las víctimas, días después de librada la orden de aprehensión notó la ausencia de los uniformados, quienes solían patrullar su casa de forma intimidante.
“Noté que los policías dejaron de rondar mi casa y le dije a Tomás que sospechaba que ya se habían fugado. Fuimos a preguntar por ellos a la policía municipal y ahí me dijeron que los policías estaban de vacaciones y que no sabían cuándo regresaban. Me comuniqué con el procurador y me dijo que ya le había dado la orden a Chuy Toño para detenerlos, y me enojé muchísimo porque él mismo me había dado a entender que Chuy Toño no era de fiar, y ahora resultaba que a él le había dado la orden de detención”, abunda Carola.
De rasgos afilados y marcado acento eslavo, la mujer buscó por su cuenta –en sus oficinas y en su domicilio particular– al comandante de la policía municipal Gerardo Amarillas, sin éxito, hasta que solicitó la intervención del gobernador Mario López Valdez.
“Fui a ver a Amarillas y le pregunté cuándo regresarían los policías de sus vacaciones, y dijo que él no sabía porque no había autorizado las vacaciones y que había estado enterado que yo lo andaba buscando”.
Las omisiones del gobierno de Sinaloa fueron motivo de una comunicación del CED de la ONU al gobierno mexicano.
Fechada el 10 de mayo de este año en Ginebra y firmada por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del CED, el organismo de la ONU manifestó al gobierno de Enrique Peña Nieto su preocupación de que “la orden de captura hubiera llegado al conocimiento de los integrantes de las patrullas concernidos antes de ser ejecutada, permitiéndoles escapar”.
Según el documento del que Proceso tiene copia, el CED pedía al Estado mexicano “enviar inmediatamente información completa sobre lo ocurrido e investigar y sancionar cualquier filtración de información que pudiese haber ocurrido en relación con la orden de captura de los integrantes de las patrullas, en manos de los cuales los señores Mendoza Marín, Marín Bustos y la señora Marín Yan habrían sido vistos por última vez el 21 de julio de 2015”.
Instruía a “adoptar de inmediato todas las medidas que sean necesarias” para capturar a los inculpados e interrogarlos, “con el fin de coadyuvar a la localización” de los jóvenes desaparecidos.
Según el CED, ante la información recibida de que Carola y Tomás “recibieron varias amenazas (…), la situación de intimidación y vulnerabilidad de los familiares se ve agravada por el hecho de que los policías sindicados se encuentran prófugos”.
Además de solicitar medidas de seguridad para los familiares, el CED insistió en su preocupación porque, a pesar de la orden de captura, “la suerte y paradero” de los familiares de Carola y Tomás “no han sido esclarecidos”, por lo que reiteró su petición de “adoptar todas las medidas investigativas que sean necesarias para buscar y ubicarlos”.
El 17 de mayo el Estado mexicano respondió al CED, pero no hizo referencia a medidas adoptadas para sancionar la posible fuga de información. Entre los puntos relevantes se menciona que a nivel federal se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas, y sobre la protección a los familiares proporcionó una lista de 11 personas, entre ellas las víctimas directas, que fueron incluidas en el Registro Nacional de Víctimas, y algunas acciones asistencialistas para la atención a cinco menores, integrantes de la familia afectada.
En cuanto a las acciones de la PGR, Juan Carlos Gutiérrez advierte que “el gobierno federal ha actuado de forma totalmente omisa”.
Señala que desde que tomaron el caso “instamos al agente del Ministerio Público que aplicara el protocolo de búsqueda aprobado por acuerdo de la procuradora, que ordena toda una serie de medidas desde las primeras 24 horas en que se reportó la desaparición, pero la agente nos manifestó que no era su responsabilidad ni estaba obligada a aplicarlo. El 17 de diciembre pedimos el cambio de la encargada de la investigación, porque no había hecho nada”.
El director de I(DH)EAS agrega que después de sostener reuniones con el entonces encargado de la Fiscalía, Miguel Severino Chávez, se acordó mandar a un grupo especial de búsqueda, y en abril se envió a un par de policías de investigación que estuvieron dos días en Los Mochis “sin ningún plan de investigación ni de búsqueda, sin entrevistarse con los familiares de las víctimas, sólo para dar respuesta a la CIDH y a la CED y decir que hicieron algo”.
Desde mayo, en reuniones con el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos, se acordó enviar, ahora sí, un grupo de búsqueda de las víctimas, “y que además se coordine con el gobierno de Sinaloa para capturar a los responsables”.
Pero el defensor y familiares de las víctimas han recibido respuestas reiteradas por parte de la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desparecidas de que “no hay personal” para conformar el grupo especializado. Y Carola y Tomás supieron que uno de los policías con orden de aprehensión entró y salió de instalaciones federales con tranquilidad.
De acuerdo con un acta levantada a las 11:30 del 1 de junio pasado, el policía Nicolás Galaviz Bojórquez se presentó ante el juez Séptimo de Distrito, José Francisco Pérez Mier, para “desistirse en su perjuicio de la prosecusión del juicio de garantías 280/2016-1”, mismo que inició contra la orden de aprehensión por la desaparición forzada de los jóvenes de origen gitano.
El documento, del que este medio tiene copia, muestra que el prófugo se presentó al juzgado para solicitar “que se dé por concluido el juicio” en lo que a él se refiere “y se archive como asunto concluido”. Galaviz, con domicilio en “Bajada de San Miguel S/N”, del municipio de Ahome, se identificó con la credencial de elector foliada con el número 43140884, de la que también dio fe de su autenticidad el secretario del juzgado, José Samuel Soto Gómez.
En información enviada a I(DH)EAS el 27 de junio, para ser reenviada a la CIDH, Tomás Mendoza se manifiesta indignado sobre esta situación:
“Lo importante aquí es que este presunto delincuente (Galaviz Bojórquez) viene al juzgado donde hay muchas patrullas de la policía estatal y alrededor de diez policías para seguridad del juzgado, y los jueces saben que este delincuente tiene una orden de aprehensión en su contra y nadie lo detuvo”.
Para Mendoza, quien calificó lo ocurrido como “una burla”, ello significa que en los hechos los implicados en la desaparición de David, Elías y Margarita “no están prófugos, están gozando de libertad, caminando por las calles, entrando a los juzgados como si no pasara nada (…). Lo que miramos aquí es que no existe ninguno de esos equipos que el gobierno dice que están buscando a los policías implicados”.
En el escrito, el familiar de los desaparecidos da cuenta de los apoyos recibidos por formar parte del RNV: de los cinco menores, víctimas indirectas, a dos se les aprobó una beca de cien pesos bimestrales y han recibido cuatro despensas con valor de 200 pesos.
Y Carola asegura que la detención de los tres policías prófugos es fundamental. “Quiero que los detengan para que me digan dónde están mis hijos, porque hasta ahora ni siquiera se ha encontrado la camioneta, no hay rastro de ellos. Quiero saber el paradero, si se quedan años en la cárcel eso no me importa, no me sirve de nada tenerlos encerrados sin saber dónde están”, advierte indignada la mujer.
Al menos tres desaparecidos de Chilapa podrían estar recluidos en penal, anuncia Astudillo
CHILPANCINGO, Gro.- El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que en los penales de los estados de Veracruz y Morelos se encuentran recluidos cuatro hombres con el mismo nombre de personas reportadas como desaparecidas en Chilapa desde el año pasado.
No obstante, dijo que hasta el momento no han verificado esta información para confirmar si se trata oficialmente de los desaparecidos o es una homonimia, y admitió que tampoco le habían notificado a los familiares de las víctimas, quienes son los directamente involucrados en esta tragedia.
El mandatario dio a conocer a reporteros la información parcial esta tarde, en la cabecera municipal de Chilapa, al término de un acto oficial que se caracterizó por el acarreo masivo de indígenas y el reparto de dádivas, así como insumos agrícolas para campesinos en la unidad deportiva de este lugar colapsado por la narcoviolencia.
Enseguida, Astudillo ordenó a su secretario particular, César Armenta leer un comunicado frente a reporteros y con la ausencia de los familiares de los desaparecidos que han denunciado la desaparición de al menos 62 personas de abril de 2015 a la fecha.
Al respecto, el asistente del gobernador Astudillo dijo textual:
“Nota sobre los 62 desparecidos en Chilapa. Con el propósito de localizar a las 62 personas desaparecidas en Chilapa en abril pasado, solicité a los gobernadores de las entidades federativas del país su colaboración a fin de saber si pudieran encontrarse recluidas en ceresos o si autoridades competentes tuvieran registro de ellas”.
Luego, agregó que las autoridades del estado de Veracruz respondieron que los ciudadanos Roberto Santos Cruz, Cándido Díaz Sánchez y Celso García García se encuentran recluidos en penales de esa entidad por los delitos de robo a casa habitación, homicidio doloso y lesiones dolosas.
En el caso de Celso García García, el secretario particular del mandatario dijo que una persona con este nombre también se encuentra presa en una cárcel del estado de Morelos por el delito de homicidio doloso.
El comunicado leído para reporteros remata diciendo que de esta forma, el gobierno estatal reafirma el compromiso con la localización de las personas denunciadas como desaparecidas en Chilapa.
Luego, Astudillo reiteró que van a verificar la información para cuidar que no se trate de homonimias, es decir, personas con el mismo nombre, y que para ello informaría a los familiares de los desaparecidos a través del alcalde de Chilapa, Jesús Parra.
“Voy a pedir que le transfieran este correo elaborado en la Secretaria General de Gobierno, a efecto de que se pueda corroborar de parte de familiares la existencia de las personas en los lugares que se ha mencionado”, indicó Astudillo.
De esta forma, el mandatario abordó el caso de la desaparición masiva de personas en el municipio de Chilapa donde bandas delincuenciales operan impunemente y la confrontación que mantienen por el control de las zonas de producción y trasiego de heroína en esta franja de la entidad ha dejado una estela de muerte y terror.
Dos muertos tras accidente vial en la Autopista del Sol
Cuernavaca, Mor. Dos personas muertas y siete personas heridas es el saldo que dejó un accidente ocurrido en la autopista del Sol a la altura del kilómetro 80, informó Protección Civil Municipal.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando una pipa de doble remolque que transportaba material de construcción, presuntamente al quedarse sin frenos, se impactó sobre varios vehículos que iban en la vía con dirección a la Ciudad de México.
Tres de los vehículos que se llevó el pesado camión fueron destrozados, lo que causó la muerte instantánea de sus ocupantes.
El accidente sucedió al sur de la ciudad, a la altura del hotel Girasoles. Desde las 13:00 horas la autopista de peaje donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construye el Paso Exprés está cerrada en ambos sentidos.
Clausuran predio por remoción de manglar en Quintana Roo
Puerto Morelos, Qroo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en este municipio un predio por remoción de manglar en un área de 3 mil 400 metros.
En un comunicado, la dependencia informó que dicho espacio se encontraba desprovisto de su vegetación arbórea y arbustiva y rellenada con material pétreo, tocones, ramas y hojas de ejemplares de almendros cortados y tirados sobre el suelo.
Debido a ello, se procedió a la clausura total temporal, por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y por la afectación de manglar blanco (Laguncularia racemosa), especie listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2010 con categoría de (A) amenazadas.
La Profepa explicó que al momento de la visita, el inspeccionado no presentó la autorización correspondiente en materia forestal emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El responsable de la remoción puede hacerse acreedor a una multa equivalente a 100 o 20 mil días de salario mínimo general.
Asimismo, mencionó la dependencia, las sanciones pueden derivar en la configuración de un delito penal, y conforme a lo previsto en el artículo 418 del Código Penal Federal se podrá imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión.
Investigan presunta tortura contra 2 hombres en Yucatán
Mérida, Yuc. La Fiscalía General del Estado inició la investigación para esclarecer hechos cometidos presuntamente por policías municipales de Tekax en contra de Francisco Javier Avila García y su hijo Francis Andrey Avila Basto, conocido como Xix, quienes aseguran haber sido torturados por los agentes para aceptar su participación en un presunto robo en un rancho de ese municipio.
La mañana de este sábado circuló un video en las redes sociales en el que se muestra a cuatro agentes con uniforme de la policía de Tekax –ubicado a 180 kilómetros al sur del estado- y un sujeto más con con una playera de la Secretaría de Seguridad Pública torturando a Francis Andrey, a quien le tenían tapada la cara con una camiseta y le arrojaban agua para intentar ahogarlo, con el propósito de interrogarlo sobre el robo de ganado y sus presuntos cómplices.
La FGE indicó que inició las averiguaciones para deslindar de responsabilidades y actuar en consecuencia de lo que arrojen las indagatorias. La carpeta de investigación 858/2016 se abrió tras la denuncia de los agraviados, tras ser liberados por el Ministerio Público de Tekax, donde estaban acusados de robo de ganado.
El joven de 26 años de edad interpuso una denuncia por tortura contra los agentes de la Policía Municipal de Tekax, Jesús Sánchez, Gabriel Galera, Josué Dziu Ek, Rudy Novelo, Javier Castro, Barrientos Ponce y Briceño Itzá, así como al director Juan Alberto Golib Moreno, y al subdirector Gabriel Puc Maldonado, ya que bajo su consentimiento se cometió la tortura.
El Xix señaló que alrededor de las 9 de la mañana del viernes fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la calle 57 por 20, cuando transitaba a bordo de una motocicleta, para trasladarlo a la comandancia donde permaneció por unos 15 minutos.
Posteriormente, lo sacaron de las instalaciones de la corporación con la cara tapada y lo llevaron a un lugar desconocido (al parecer en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicado a la salida de esa ciudad), donde lo torturaron. Luego fue regresado al las instalaciones policiales y turnado al Ministerio Público.
Por su parte, su padre Francisco Javier Avila García dijo que fue detenido en la calle 51 por 78, cuando manejaba una camioneta propiedad de Felipe López España.
Indicó que los agentes de la Policía Municipal obligaron a él y a su hijo a pararse frente unas reses y una camioneta que se encontraba en el estacionamiento de la corporación para fotografiarlos.
También se presentaron, José Sánchez Pacheco, de 28 años de edad, y Javier Pacheco Moo, de 63 años, ambos de la comisaría de Xaya (en Tekax), donde aseguraron que el viernes por la tarde, agentes de la Policía Municipal encapuchados los sacaron de sus predios y los llevaron a Tekax acusados de robo ganado, pero los afectados comprobaron la propiedad de los vacunos, ya que Anastasio Pérez, del municipio de Maní, aseguró que él se los vendió
Asesinan a 14 personas en Tamaulipas
Hombres armados asesinaron el sábado a 14 personas de dos familias en ataques separados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo el gobierno estatal.
En el primer ataque, sujetos armados ingresaron a las 7:00 hora local a una vivienda en el centro de la ciudad y mataron a 11 miembros de una familia, entre ellos dos adultos y nueve mujeres, cinco de ellas menores de edad, dijo el secretario de gobierno del estado, Herminio Garza.
Cuarenta y cinco minutos después, hombres armados mataron a un hombre y dos mujeres de otra familia en una vivienda de un barrio cercano. Otras cuatro personas resultaron lesionadas, agregó el funcionario.
Fuerzas federales y estatales "están trabajando conjuntamente realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables (...) Se presume que estos hechos son derivados de una disputa entre grupos rivales de la ciudad capital", destacó.
Avanzan en solución a paro de estudiantes de la UAM
Este sábado hubo avances que apuntan a la solución del conflicto que se vive en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desde la noche del lunes, cuando alumnos tomaron la Rectoría de la institución en demanda de que fueran aumentadas las becas de movilidad.
El rector general de la UAM, Salvador Vega y León, ofreció a los jóvenes que la universidad otorgará becas para hacer estancias de estudios en instituciones del país y del extranjero a todos los estudiantes que lo hayan solicitado en la última convocatoria y que cumplan con los requisitos establecidos en la misma.
El funcionario se presentó a dialogar con representantes estudiantiles a las afueras de la Rectoría General, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes, en el sur de la Ciudad. Estuvo acompañado de otros funcionarios, entre ellos los rectores de cuatro de las cinco unidades académicas de la UAM.
Los jóvenes acordaron con el funcionario que este mismo sábado les será entregado el dictamen del comité de becas de la UAM -encargado de otorgar los apoyos- y que mañana estarán en condiciones de entregar las instalaciones de la Rectoría.
Este domingo a las dos de la tarde los alumnos y el rector se volverán a encontrar, pero ahora lo harán en la Casa Rafael Galván, un centro cultural de la UAM que está en la colonia Roma. Luego de ese encuentro, se hará la entrega de instalaciones.
El conflicto inició cuando el comité de becas dio a conocer su decisión de otorgar becas de movilidad internacional a 97 estudiantes y a 47 de movilidad nacional. Los jóvenes que no recibieron la beca -hubo más de 500 solicitantes- hicieron una manifestación en la Rectoría el lunes pasado y decidieron tomar las instalaciones.
El rector Vega y León dijo en entrevista que los recursos para entregar las nuevas becas serán tomados de algunos otros programas, y sobre todo de ahorros que se harán con un plan de austeridad para la administración universitaria. Dijo que confía en que el problema se ha resuelto y en que los alumnos cumplirán su compromiso de entregar los edificios.
Los jóvenes consideran que sólo podrán estar satisfechos cuando tengan los dictámenes firmados y constatar que todos los jóvenes que cumplen con los requisitos tengan su beca asegurada.
G20 debe liderar la recuperación de la economía global: China
Shanghái. La situación económica global es sombría y las principales economías deben liderar el camino en el ataque a problemas que incluyen un crecimiento flojo y un comercio débil, dijo el sábado el ministro de Comercio de China, Gao Hucheng.
Gao realizó esas declaraciones en el inicio de la reunión de dos días que tendrán los ministros de Comercio de las economías del G-20 en Shanghái, que se realiza en un contexto de incertidumbre por perspectiva de un crecimiento lento para la economía global, agravada tras el "Brexit".
"El comercio global está débil, la inversión internacional todavía no repunta a los niveles previos a la crisis financiera", dijo Gao. "La comunidad internacional espera que el G-20 muestre liderazgo en la resolución de los problemas que enfrentamos".
En abril, el Fondo Monetario Internacional bajó su pronóstico de crecimiento global de 2016, por cuarta vez en el año, a un 3.2 por ciento desde un 3.4 por ciento ante la debilidad en la demanda global y los riesgos geopolíticos. Es casi seguro que el Fondo revise a la baja su proyección por quinta vez.
La Organización Mundial de Comercio espera que 2016 sea el quinto año consecutivo con un crecimiento inferior al 3 por ciento en el comercio global, según dijo el viernes su director general, y que la actividad se mantenga débil de cara al tercer trimestre del año.
Es probable que la reunión de ministros en Shanghái acuerde un conjunto de principios no vinculantes para mejorar la inversión y que también emita una declaración sobre el proteccionismo, dijo a Reuters el ministro sudafricano de Comercio e Industria, Rob Davies.
"El mayor contexto es que se ha dado una fuerte reducción en el crecimiento del comercio", señaló Davies. "Hoy escuchamos de la OMC que (el comercio) ha estado muy por debajo de las tasas del crecimiento del PIB, que de todos modos están bastante deprimidas.
La incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá la decisión de Reino Unido de dejar la Unión Europea afectará el crecimiento económico del país, el del resto de Europa y afectará la producción global, según el FMI.
