Horas antes de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, entregara a la Cámara de Diputados su tercer informe de gobierno, padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año afirmaron que en esta administración la “impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización”.
Reunidos en el Monumento a la Revolución, los familiares de los estudiantes se congregaron para dar a conocer el “Contra-Informe de gobierno”. En él, abordan los problemas de los sectores más vulnerables del país, así como las consecuencias de la política económica, social y educativa, así como la dirigida a las poblaciones indígenas y campesinas.
De acuerdo con los padres de familia, el tercer año de gobierno de Peña Nieto se distinguió por “ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas”. De ahí que el mandatario “ha conducido al país a una de las mayores crisis de las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo”.
El documento, firmado por el Comité de padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, la Asamblea Popular y la Convención Nacional Popular, fue leído por el vocero del movimiento guerrerense, Felipe de la Cruz Salgado, ante decenas de periodistas congregados y algunos simpatizantes.
Los denunciantes consideraron el ataque contra los normalistas como “la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, que sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades y funcionarios políticos”. Luego, hicieron un recuento de hechos que han marcado el último año de gobierno.
En la lista incluyeron el escándalo de la “Casa Blanca” y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, como “los signos característicos de su gobierno”. A estos hechos sumaron “los multihomicidios de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal”.
Los firmantes del escrito hicieron una lista de nueve puntos encabezados por la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y el castigo a los culpables. Le siguieron la libertad a los presos políticos, el cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre el tema de la tortura y del grupo de trabajo de la Comisión Interamericana sobre el tema de las desapariciones forzadas, así como la abrogación de las reformas estructurales.
En entrevista, Melitón Ortega, representante y padre de uno de los jóvenes desaparecidos, sostuvo que a casi un año de los hechos, Peña Nieto no ha cumplido el compromiso que les hizo en noviembre, cuando se reunieron con él en Los Pinos.
“Seguimos sin tener respuesta positiva de los estudiantes, con lo que dijo de que iba a haber castigo para responsables de esos hechos”, añadió Melitón. Luego, exigió al gobierno federal “seguir las recomendaciones que habrá en los próximos días por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tienen que ser cumplidas y ejecutadas tal cual”.
El representante de los padres de familia resaltó que desde que el exprocurador Jesús Murillo Karam dio su “verdad histórica”, las acciones de búsqueda se suspendieron, así como todas las reuniones informativas para dar seguimiento a la investigación.
“No hay nada de contacto (con el gobierno), a lo mejor lo que están pensando es que ahí está la ‘verdad histórica’ y ya no hay nada qué hacer. A raíz de eso viene ese olvido, piensan que ya para qué si está resuelto”, dijo Ortega. Enseguida, exigió al gobierno de Peña Nieto atender las recomendaciones del GIEI así como ampliar el tiempo de su mandato.
Derechohabientes del IMSS se manifiestan en San Lázaro en el marco del Tercer Informe de EPN
Derechohabientes se dicen preocupados por una posible privatización de los servicios del IMSS.
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provenientes del estado de Guanajuato mantienen un campamento a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir que la institución detenga el recorte a 30 medicamentos básico, entre ellos insulina, y que otorgue las pensiones pendientes.
Carmen Mendiola Quintana, integrante de asociación de Derechohabientes y Pensionados de Guanajuato detalló que a tres años existe un retroceso en materia de salud y además existe un ambiente de incertidumbre sobre una posible privatización en la materia.
“Existen un silencio y una total indiferencia, que han caracterizado esta administración. Nadie dice nada de los medicamentos básicos que nos quitaron y en el seguro, donde nos atendemos la mayoría de los mexicanos, sólo nos dicen que le hagamos como podamos”, opinó Mendiola.
Derechohabientes afuera del San Lázaro. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Los inconformes colocaron cruces blancas, mantas y un ataud y piden ser escuchado por los nuevos legisladores federales. Sin embargo nadie los ha atendido por tal motivo y ante el tiempo lluvioso montaron un campamento.
“Nadie nos ha atendido y no nos iremos hasta que nos escuchen”, dijo un manifestante, minutos antes de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregara el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Somos invisibles para el Gobierno. No puede ser que la salud no sea una prioridad. No se dan cuenta que una persona enferma no es productiva”, declaró Carmen Mendiola.
A pesar que se previeron diversas movilizaciones no se concretaron y disminuyó el operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Manifestante afuera de San Lázaro. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Fuente: Proceso| Gloria Leticia Díaz| Sin Embargo| Sergio Rincón
