Las aulas de Ayotzinapa habilitadas como dormitorios.
Foto: Octavio Gómez
“Se va a tratar de trabajar, nos estamos preparando para que la semana que entra estén los jóvenes con sus maestros” para que sigan en su proceso de formación, dijo.
Hernández Rivera afirmó que los padres de los estudiantes de la Normal apoyan la propuesta para que no pierdan el año escolar.
“Van a hacer un esfuerzo importante los jóvenes, los maestros y los padres de familia que están apoyando a los jóvenes, es una situación muy fuerte, muy triste lo que pasó”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.
Sobre los señalamientos del presunto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien acusó al directivo de recibir dinero de operadores de la banda criminal de Los Rojos para enviar a los normalistas a realizar “desmadres” a Iguala, sostuvo que hasta el momento no ha sido llamado para declarar.
Incluso dijo que él mismo entregó en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo una carta para pedir ser citado.
Hernández Rivera reiteró que no tenía información de las actividades que realizaban los estudiantes el 26 y 27 de septiembre pasado, cuando 43 de ellos fueron desaparecidos y tres más perdieron la vida, junto con otras tres personas.
El directivo rechazó la versión que lo apunta como responsable de que los normalistas llevaran armas a Iguala, y aseveró que “cuando se da el enfrentamiento contra policías es piedras contra balazos”.
Aseguró que hasta el momento no ha sido llamado para declarar por el caso e insistió que nunca recibió dinero para que los normalistas fueran a Iguala, como lo aseguró El Cepillo, señalado por la PGR como uno de los autores materiales del “asesinato” de los normalistas.
“Los que conocen la Escuela Normal saben cómo se dan las actividades de estudiantes, trabajadores y directivos”, detallando que cada cuerpo tiene sus actividades. “Nosotros no nos metemos en el aspecto de que hacen una manifestación, como nos acusan”, señaló.
De acuerdo con Hernández Rivera, cuando terminan las actividades en las aulas, tanto maestros como alumnos realizan sus reuniones, sin que se informe de estas asambleas a la parte administrativa.
“Los jóvenes tienen una organización estudiantil, hacen sus asambleas en las tardes, ellos se organizan. Los trabajadores (la delegación sindical) tienen su propia organización, hacen sus asambleas y se organizan. Los directivos allí no nos metemos”, subrayó.
Y recordó que cuando ocurrieron los hechos de Iguala “nosotros andábamos en la ciudad de Chilpancingo, en la zona centro, y de ahí nos hablaron los periodistas” para saber si estaba o no detenido.
Desde el pasado 29 de enero Hernández Rivera negó haber sido notificado para declarar ante la PGR por el caso de la masacre y desaparición de los 43 estudiantes del plantel que dirige, luego de que la dependencia emitió un comunicado en el que aseguró que desde el 27 de enero “se invitó al director de la Normal de Ayotzinapa a rendir su declaración ministerial” y hasta el momento “no se ha presentado”.
“A mí no me han enviado oficio alguno”, expresó Hernández Rivera ante el señalamiento plasmado ese día en el boletín de la PGR.
En esa ocasión dijo que se comunicaría vía telefónica con funcionarios de la PGR para preguntar si existía un requerimiento para que acudiera a declarar sobre el caso.
Ese mismo día el director de la Normal volvió a rechazar los señalamientos que hizo el presunto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, quien lo acusó de recibir dinero de operadores de la banda criminal de Los Rojos para enviar a los normalistas a realizar “desmadres” a Iguala.
José Luis Hernández dijo que se siente tranquilo frente a la imputación que, aseguró, carece de sustento lógico.
Hernández Rivera consideró que las acusaciones de El Cepillo, utilizadas por la PGR para involucrarlo en el caso, hasta el momento no ponen en riesgo su integridad; reiteró que su labor se ha enfocado en la docencia y que la principal actividad en la Normal es académica.
Por caso Ayotzinapa, empresarios cierran filas en torno a militares
“Por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles”, sostuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.
Al ser cuestionado sobre la demanda de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló:
“Tengo mucha pena por lo que les pasó pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más intima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército”, enfatizó.
El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que los derechos humanos son fundamentales “pero lo que si es muy importante es que no nada más se tienen que defender el de los delincuentes, muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes a favor de las víctimas y sí a favor de los victimarios”.
Al encuentro, realizado en el Club de Industriales ubicado en Polanco, los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no dieron declaraciones a la prensa) y empresarios afiliados al organismo como Claudio X. González.
Gutiérrez Candiani, detalló que la reunión fue para firmar un apéndice del convenio firmado el 6 de septiembre de 2013 entre las dos instituciones y el organismo empresarial con miras a establecer mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de la protección civil, una bolsa de trabajo para el personal militar en retiro, detección de “focos rojos” en temas de seguridad, entre otras metas.
Al ser cuestionado sobre la demanda de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló:
“Tengo mucha pena por lo que les pasó pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más intima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército”, enfatizó.
El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que los derechos humanos son fundamentales “pero lo que si es muy importante es que no nada más se tienen que defender el de los delincuentes, muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes a favor de las víctimas y sí a favor de los victimarios”.
Al encuentro, realizado en el Club de Industriales ubicado en Polanco, los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no dieron declaraciones a la prensa) y empresarios afiliados al organismo como Claudio X. González.
Gutiérrez Candiani, detalló que la reunión fue para firmar un apéndice del convenio firmado el 6 de septiembre de 2013 entre las dos instituciones y el organismo empresarial con miras a establecer mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de la protección civil, una bolsa de trabajo para el personal militar en retiro, detección de “focos rojos” en temas de seguridad, entre otras metas.
PF impide a padres de los 43 tomar caseta de Palo Blanco
Chilpancingo
Elementos de la Policía Federal tomaron bajo su control la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, ante la presencia en el lugar de padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Alrededor de las 11:00 horas, unos 40 padres de los estudiantes desaparecidos llegaron a la caseta de Palo Blanco.
De inmediato fueron abordados por elementos de la Policía Federal, quienes les dijeron que no se les permitiría que interrumpieran el cobro de peaje a los automovilistas ni que les pidieran a estos cooperación económica.
Algunos de los familiares de los normalistas, entre ellos Faustino Álvarez, aclararon que estaban ahí para informar que el movimiento no ha menguado y que su inconformidad con la versión de la Procuraduría General de la República, sobre lo que normalistas fueron asesinados e incinerados, se mantiene.
Luego de un diálogo, los agentes de la PF les permitieron instalarse a poca distancia de la caseta, mostrando los carteles con las imágenes de sus hijos, para que distribuyeran la información sobre su movimiento.
En ningún momento se suspendió el cobro de peaje en la caseta.
Luego de un par de horas con su actividad, los padres de los normalistas se retiraron del lugar.
Fuente: Proceso| La Redacción| La Jornada| Por Juan Carlos Miranda| Milenio| ROGELIO AGUSTÍN
