Peña Nieto durante un anuncio de inversiones en México.
Foto: Germán Canseco
En su iniciativa, Peña pide a la Cámara Alta que dé luz verde a la portación de armas de los “servidores públicos extranjeros” que acompañen “como agentes de seguridad” a los “jefes de Estado, de gobierno, ministros o equivalente” en sus visitas oficiales a México.
Lejos de plantear un enfoque de seguridad pública nacional para justificar las modificaciones a la ley, el Ejecutivo lanzó su iniciativa en el marco de la vertiente “México Próspero” del Programa de Desarrollo Nacional 2013-2018, con argumentos exclusivamente económicos.
Así, en la introducción del documento se subraya la importancia de establecer un “clima de estabilidad económica mediante la generación de igualdad de oportunidades” y la instrumentación de “condiciones favorables para el desarrollo económico a través de una regulación que propicie la sana competencia entre las empresas”.
Lo anterior, según la lógica presidencial, se logrará mediante la implementación de “procesos que faciliten el flujo de personas y productos de una manera segura, ágil, eficiente y a un bajo costo” o, en otros términos, al “fortalecer la cooperación migratoria y aduanera de México”.
La introducción queda muy clara en cuanto al objetivo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: Estados Unidos, “el principal socio comercial de México” y receptor de 77% de las exportaciones mexicanas en 2012.
Peña Nieto propone un esquema de cooperación bilateral con el vecino del norte, que permitiría “instrumentar la preinspección aduanera de mercancías por parte de autoridades aduaneras mexicanas en territorios extranjeros y de autoridades aduaneras de otros países en el territorio de México, con el objeto de facilitar y agilizar el tránsito de mercancías entre dichos países”.
Y al final del documento se lee: “Se busca permitir que, sujetos al principio de reciprocidad, los funcionarios aduaneros ingresen y porten sus armas de cargo en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicano que sean seleccionadas para la instrumentación de estos nuevos esquemas”.
Pero el artículo 28, tal como lo propuso el presidente, habla no solamente de “servidores públicos extranjeros de aduanas”, sino también “de migración”, y tampoco restringe su aplicación al “despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales”, sino que también se aplicaría en los “puntos de tránsito internacionales”, aunque no precisa cuáles.
En su texto de 19 hojas, el gobierno federal repite nueve veces la palabra “reciprocidad” –dos en los artículos modificados y creados– y subraya la importancia de la “colaboración”, la “cooperación” y su carácter “bilateral”.
Sin embargo, no precisa si la administración de Barack Obama permitiría que agentes migratorios mexicanos lleven armas de ese lado de la frontera… en un marco de “reciprocidad”.
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
