Mujeres en la sierra tarahumara.
Foto: J. Guadalupe Pérez
Por este motivo, se declaró en resistencia contra dicha auditoría. Sus representantes consideraron que es un acto intimidatorio por su trabajo en favor de las comunidades indígenas. Y es que éste ha sido blanco de una campaña mediática de desprestigio en contra de los defensores de derechos humanos que los han apoyado, como el sacerdote jesuita, Javier El Pato Ávila.
María Teresa Guerrero, integrante de Contec, explicó que son una asociación pequeña formada por siete personas, casi todas con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, pues pertenecieron a la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La consultora detalló que en el último año, las comunidades indígenas que asesoran han obtenido tres éxitos jurídicos. El primero consistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de que las comunidades afectadas por el proyecto turístico Barrancas del Cobre, sean integradas al Consejo Consultivo del fideicomiso formado para esa obra.
Además, ganaron el amparo contra la falta de consulta en la construcción del aeropuerto de Creel, el juez obligó a reconocer el territorio indígena y realizar dicha consulta. Por último, hace unas semanas, un juez federal le dio 24 horas el gobierno estatal para construir el fideicomiso de Barrancas del Cobre, medida que había dejado de lado.
En respuesta a esos triunfos en litigios federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó auditar a Contec, durante todo un año. En ese lapso, revisaron no sólo los fondos públicos que les han otorgado sino donaciones de fundaciones internacionales, por ejemplo.
Según la asociación, no había objeción pues la intención era transparentar el uso de los recursos. No obstante, en el transcurso del año observaron irregularidades que se convirtieron en acto intimidatorios.
“Primero nos hicieron una visita domiciliaria para ver si habíamos cumplido con las obligaciones fiscales. Luego hubo amenazas verbales, decían que a su parecer la contabilidad no estaba bien, que parecía un mercado, a pesar de que estaba revisando cuestiones que no eran de su competencia”, explicó la abogada Isabel Saldívar.
No fue lo único. Les rechazaron varias pólizas bajo el argumento de que no había deducibilidad de impuestos; y aunque los defensores les explicaron que no eran una sociedad mercantil, los auditores les advirtieron que les aplicarían ese criterio.
Y es que, como parte de su labor, las activistas viajan continuamente a la sierra, donde aplican parte de los fondos obtenidos, pero gran parte de las comunidades no tienen facturas para comprobar gastos.
El acoso de los auditores continuó pues les advirtieron que debían pagar unos 300 mil pesos de impuestos, cantidad que prácticamente paralizaría las actividades de un año de la organización, explicó María Teresa Guerrero.
“Hemos cumplido con el SAT, no somos sociedad mercantil, no nos tomaban en cuenta nada de lo que estaba contablemente comprobado. Les explicamos que nuestro trabajo no es lucrativo”, agregó.
En los más de 15 años que ha operado la organización, agregó, que han obtenido apoyo de fundaciones internacionales como Ford, Miserio, el gobierno alemán –que los apoyó ocho años– y la fundación Christensen de Estados Unidos, enfocada en la defensa biocultural del planeta.
La entrevistada detalló que las autoridades no entienden que las comunidades indígenas se ven afectadas en su vida cotidiana, porque después de vivir tranquilamente durante años, de pronto les interrumpen su vida y sin un trato digno; ello genera malestar y los lleva hasta el amparo.
Los logros jurídicos que han tenido, añadió, son un parteaguas para exigir una democracia real del Estado, pero las autoridades temen porque la sentencia es bondadosa para los indígenas.
“Los funcionarios no los asumen como sujetos de derecho, sólo de un apoyo o una ayuda, porque les obliga a colocarse en un plano horizontal con ellos”, detalló Isabel Saldívar.
“Nosotros no representamos a nadie, los rarámuri se representan a ellos mismos, sólo necesitan asesoría para saber con quién dialogar. Ese trabajo le corresponde a la Procuraduría Agraria, defender los derechos de los campesinos y de los indígenas, pero no lo hace”, acusó María Teresa Guerrero.
“Lo mismo pasa con la Semarnat, Profepa y otras instituciones. Hay cartas de denuncias contra la explotación forestal, desde 1941”, agregó Saldívar.
Ante este panorama, Contec informó al gobierno estatal que no firmará la auditoría porque no está de acuerdo con el procedimiento intimidatorio.
En su apoyo, organizaciones civiles del estado entregaron una carta al secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, para pedirle frenar la auditoría pues temen su manipulación con fines políticos.
El funcionario informó que la auditoría fue suspendida, pero Contec no ha sido notificada de manera oficial.
Resistencia contra gasoducto
Los actos de oposición en Chihuahua continúan. El sábado pasado, la comunidad de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, se declaró en resistencia contra la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo.
De hecho, informó a las autoridades federales y estatales, así como a la empresa TransCanadá su desacuerdo con que el gasoducto pase por su comunidad y pidió el reconocimiento a su territorio y el cambio del trazo de la obra, bajo el argumento de que representa un peligro para los bosques y manantiales de la comunidad.
Ante ello, la Secretaría de Energía (Sener) convocó el sábado pasado en Creel, Bocoyna, una reunión con algunas comunidades indígenas por cuyo territorio pasará el gasoducto.
Al encuentro asistieron el padre Javier El Pato Ávila, asociaciones civiles acompañantes de indígenas y el vocal ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González García.
El funcionario estatal, Miguel Ángel González, les informó de la conclusión de la etapa informativa de la consulta. Dijo que continuarían con la construcción del gasoducto, aun cuando el gobernador de Repechique, Luis Javier Pérez, les informó de la oposición de su comunidad.
Y es que, desde marzo del año pasado, los indígenas de Repechique solicitaron al gobierno y la empresa –tanto de palabra como por escrito– cambiar el trazo del gasoducto.
Las irregularidades se presentaron durante la propia reunión convocada por el gobierno federal, denunció Contec, pues los funcionarios de la Sener apresuraron a los indígenas para firmar el acta de acuerdo y violó las formas tradicionales.
La asociación explicó que la consulta requiere de formas tradicionales de las comunidades, hasta lograr el consenso colectivo. Por ello, acusaron que las autoridades violentaron el principio internacional de consulta que establece que ésta debe ser culturalmente adecuada y excluyeron el Protocolo de Consulta.
Peor aún, el apresuramiento ignoró los objetivos de las etapas informativa y deliberativa, ya que no les dieron información sobre los riesgos del gasoducto en por lo menos 12 de 21 comunidades indígenas.
También faltó claridad en los criterios para aceptar o no los proyectos ofrecidos como pago por las afectaciones provocadas por parte de la empresa.
La asociación denunció que las autoridades hablaron con cada uno de los gobernadores indígenas a solas, “en un claro acto de presión nunca visto, para finalmente conseguir las firmas y retomar a la brevedad las obras de construcción del gasoducto, con el que han perjudicado el entorno de las comunidades rarámuri”.
La Coordinadora de la Tarahumara, aseguró en un comunicado de prensa, que todas las partes firmaron el acuerdo para reanudar los trabajos de construcción del gasoducto en la Sierra Tarahumara.
Según el texto, el funcionario estatal, González García, dijo que se aceptó la mayoría de los proyectos sugeridos por las comunidades indígenas, como construcción de puentes colgantes, arreglo de caminos, programas de abastecimientos de agua y la habilitación de una universidad en alguna de las comunidades, el cuidado y conservación de los bosques.
En el boletín aseveró: “Vamos a revisar todas y cada una de las propuestas y programas con los gobernadores indígenas; seremos garantes de que cada comunidad reciba lo que se prometió, para eso se establecerá un comité que se reúna de inmediato para ver en cada una de las comunidades, algunos planteamientos que tienen que ver con la población, planeación y varias otras cosas”.
Sobre el aeropuerto de Creel, el titular de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, informó que ya se aplican los protocolos de consulta en cuatro comunidades, de las cuales ya hay convencimiento en “casi a todas”, excepto a Repechique –la que ganó el amparo–, donde tendrán la reunión el 1 de marzo.
El funcionario estatal no aclaró si reconocerán el territorio de los indígenas, como lo ordenó el juez, para continuar con la negociación.
La zona donde se proyecta la obra está dentro de la Región Prioritaria de Conservación (RPC) Sierra Tarahumara.
Trampa en la traducción
El pasado 25 de enero, académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acudieron a la comunidad de Bawinocachi del ejido Panalachi, municipio de Bocoyna, donde desarrollan un proyecto para identificar los valores que manejan los indígenas en la conservación en bosques.
Sin embargo, cuando llegaron a una capilla del pueblo, sitio pactado con la comunidad y las maestras de un albergue, hallaron a funcionarios estatales y representantes de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste, quienes acapararon la reunión para hablar del gasoducto.
“Nos sorprendió llegar al sitio acordado para la reunión y ver a un grupo de gente de la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y la compañía constructora del gasoducto Los Encinos-Topolobampo alegando que ellos tenían un oficio entregado a la comunidad desde diciembre. Usaron nuestro espacio y tiempo para hacer una presentación sobre el proyecto del gasoducto”, acusó Citlali Cortés.
La académica ingresó a la reunión para presenciar la metodología de la consulta. Ahí observó la proyección de un video en español, pero “fue interrumpido por el encargado de la parte ambiental para hacer la reunión más ágil”.
Como espectadores estuvieron traductores de Norogachi, capacitados en temas de manejo forestal y conceptos básicos de ecología. Sin embargo, la traducción al rarámuri hecha por los encargados de la consulta fue deficiente pues abusaron de palabras en español y omitieron buena parte de la información, acusó.
“A la gente que hace traducción simultánea se le debe capacitar en la terminología y conceptos básicos de los temas que se tratarán en el material a traducirse. Además de la traducción deficiente, el equipo del gasoducto no contestó las preguntas hechas en la reunión por dos hombres rarámuri. Una vez que se suspendió el video, una de las personas que trabajan en la parte ambiental del proyecto, procedió a explicar cuáles eran los impactos del gasoducto sobre los terrenos indígenas”, contó la investigadora.
Las preguntas de los indígenas fueron sobre los impactos del gasoducto en el bosque y los cultivos. Sin embargo, las autoridades sólo dijeron que debían esperar pues dicha información se las entregarían más adelante.
Acusaron que los funcionarios de gobierno federal y estatal avalan el proceso tácitamente pues no aclararon cuál fue su papel en la reunión. Y sentenciaron, “es más una estrategia intimidatoria a la gente que una consulta”.
“Esto es una falta de respeto a la autoridad indígena al no reconocer su presencia ni agradecer el tiempo que está dando la comunidad para llevar a cabo la reunión. El gobernador indígena de Bawinocachi es un señor mayor, sordo, que con trabajos habla el español. Por una falta total de entendimiento de los usos, costumbres, y formas de gobierno locales, el equipo del gasoducto se ‘cuelga’ de la autoridad indígena y no averiguan quiénes son interlocutores importantes a los que también hay que tomar en cuenta”, criticó.
Fuente: Proceso| PATRICIA MAYORGA
